FIN PARA UNA INCERTIDUMBRE.-APELARON EL FALLO QUE HABILITÓ A PATTI.

Gendarmería encontró al testigo desaparecido en causa de DD.HH.
Por Ramiro Rearte

González es testigo por la represión en el Arsenal Azcuénaga.
Desde Tucumán

Después de catorce horas de rastrillaje, un grupo de gendarmes encontró cerca del barrio Villa Angelina, en las afueras de la capital tucumana, a Orlando Argentino González, el testigo desa-parecido en la jornada del martes, quien debía presentarse a declarar en una causa por violaciones a los derechos humanos que tiene como principal acusado a Camilo Orce, mano derecha del suicidado Malevo Ferreyra.

El testigo de 63 años, que es pastor evangelista, fue encontrado en la casa de uno de sus familiares, sano y salvo. Según lo declarado frente a los jueces federales Daniel Bejas y Mario Racedo, ayer pasado el mediodía, se produjo “un malentendido” con respecto a su declaración y posterior desaparición.Cuando Bejas recibió la noticia a través de la abogada querellante Laura Figueroa, dispuso que la Gendarmería, la Policía Federal y la provincial se trasladaran hacia el interior de la provincia para rastrear a González.

Ayer, cerca de las 13.00, los uniformados dieron con el testigo, quien aseguró estar “totalmente confundido”. El juez Bejas aseguró que “lo que pasó durante estos días se lo puede resumir como una situación de estrés y confusión vivida por esta persona que fue objeto de amenazas de parte de allegados a Orce”.

Además, “González nos relató que estuvo desorientado y confundido durante los días previos a la visita a los tribunales” remarcó.El testigo dijo que intentó comunicarse con Figueroa en varias oportunidades a su celular y no pudo dar con ella, ya que debían mantener una reunión con un grupo de psicólogos de los organismos de derechos humanos provinciales.El día de su desaparición el testigo tenía previsto presentar un escrito al fiscal federal en el que daría a conocer las diversas situaciones de presión y amenazas que había sufrido de parte de allegados al represor Orce.

González es una pieza clave de la investigación que está llevando adelante la secretaria de Derechos Humanos Virginia Duffy: es la única persona con vida que vio el accionar de Orce cuando secuestró en los ‘70 a dos miembros de su familia que residían en la localidad de Ranchillos.González contaba con custodia policial en 2008.

Por decisión propia se levantó la medida después de haber sido internado en un hospital.Por otra parte, Bejas adelantó a este diario que González deberá presentarse nuevamente hoy para determinar si quiere o no ser incluido en el Programa Nacional de Protección de Testigos, ya que en el caso de que acepte debería ser trasladado a otra provincia, “y en muchos casos los testigos se niegan por diversos motivos”, sostuvo.Durante la mañana, casi todos los organismos de derechos humanos se trasladaron hasta la sede de tribunales federales, ubicada a dos cuadras de la Casa Histórica, para esperar las novedades del caso. “Buscamos a Orlando; tenemos elementos suficientes para pensar que está pasando por una situación muy difícil, estaba asustado, preocupado, debido a las amenazas constantes. Querían que retirara la denuncia contra el ex comisario Orce.

El juzgado estaba advertido sobre los nuevos acontecimientos y sólo restaba la formalidad del trámite para que el Estado le brindara seguridad”, aseguró la agrupación H.I.J.O.S. en un comunicado de prensa.Según fuentes de tribunales, la semana entrante se instrumentaría un nuevo sistema de protección para testigos, pero de carácter provincial, para que trabajen las fuerzas nacionales con asiento en Tucumán y con dedicación exclusiva a las causas de delitos de lesa humanidad.Luego de una jornada agotadora, González pasó por otro trago amargo.

Cuando el juez le preguntó adónde quería ser trasladado, respondió, “a casa de mi sobrina”. Cuando llegaron al lugar, fueron echados literalmente por los familiares porque, según dijeron, no querían tener problemas judiciales.

Tuvo que volver a la oficina del magistrado a esperar que se le asigne un lugar donde pasar la noche

Apelaron el fallo que habilitó al represor a ser candidato
“El juez no evaluó los antecedentes de Patti”

Los familiares de Diego Muniz Barreto, Gastón Gonçalves y Osvaldo Cambiaso apelaron la resolución del juez federal de La Plata Manuel Blanco que habilitó la candidatura a diputado nacional del represor Luis Abelardo Patti.

Argumentaron que, en su resolución, el magistrado evitó evaluar los antecedentes de la participación del ex comisario en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar y el contexto de impunidad que impidió la investigación de esos hechos.

“La impugnación de Patti se fundó en su falta de legitimidad constitucional para presentarse como candidato a un cargo público, de conformidad con lo prescripto por diversas normas nacionales e internacionales, así como por la doctrina emanada de los órganos de aplicación y control del cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos”, recordaron los abogados Carolina Varsky, del CELS, Ana Oberlin (HIJOS) y Pablo Llonto.

También le reprocharon al juez que no valoró la prueba que presentaron –sobre los crímenes en los que está invulcrado Patti–, no produjo otras pruebas solicitadas y no se pronunció sobre la solicitud de convocar a una audiencia pública sobre el tema.La presentación fue realizada ante Blanco y éste debe remitirla a la Cámara Nacional Electoral para que se expida.

Mientras la Justicia analiza su situación, el represor preso en la cárcel de Marcos Paz tiene previsto hablar hoy desde un teléfono público en un acto en el teatro Brodway que oficiará de lanzamiento oficial de su lista.Los abogados resaltaron que el propio magistrado dijo que no había controversia alguna sobre los delitos atribuidos al represor pero se limitó a rechazar la impugnación porque Patti todavía no había sido condenado.

Lo que se buscó dejar en claro en este escrito es que más allá de que el Código Nacional Electoral contemple que las personas “condenadas” no pueden ser candidatos, el planteo apuntaba a discutir la posibilidad de presentarse para un cargo público de aquellas personas que cometieron delitos de lesa humanidad, sobre todo teniendo en cuenta que durante veinte años no hubo posibilidad de llevar a los sospechados de esos crímenes ante la Justicia.

Recordaron que el Comité de Derechos Humanos de la ONU consideró en 1995 y 2000 que el Estado argentino debía adoptar las medidas necesarias para la exclusión de cargos estatales de personas sospechadas de participación en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar a fin de modificar la “sensación de impunidad”.

“El proceso de impuganción iniciado contra el candidato Patti no es ni más ni menos que una variante para el cumplimiento de esta obligación, ineludible para el Estado argentino”, destacaron. También hicieron mención al proyecto de ley que apunta a prohibir a los represores presentarse a elecciones, que obtuvo media sanción en general en la Cámara de Diputados.

“Es otra variante más que el Estado argentino está desarrollando en la materia”, señalaron. Y aclararon que “la falta de una regulación específica no es óbice para que el Poder Judicial descarte sin más su obligación de desarrollar los esfuerzos y medidas necesarios para determinar la separación de personas sospechadas de participación en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura”.La apelación de los familiares de algunas víctimas de Patti contesta a Blanco en tanto el magistrado aludió a la resolución con la que la Corte Suprema dijo que el Congreso no tenía facultades para excluir al dictador Antonio Domingo Bussi del cuerpo, que fue usada luego como antecedente para el ex comisario: “La Corte analizó la facultad de la Cámara de Diputados para juzgar la idoneidad de sus miembros, aquí se trata de las obligaciones legalmente impuestas a la justicia electoral”.

(Fuente:Rdendh-Pagina12).