SANTA FE: ARCHIVOS BIEN CERRADOS.

Sin lugar a dudas la información, es poder.- Y como ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva Nro. 5 de fecha 13/11/1985, “…es posible afirmar que una sociedad que no esta bien informada no es plenamente libre.”


Como Organismo de Derechos Humanos, desde siempre y en distintas oportunidades y por diferentes cuestiones hemos reclamado el acceso a la información, y ello como derecho básico garantizado por todos los tratados de derechos humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, en su art. 13 por brindar un ejemplo. Porque este derecho, que se conoce como libertad de expresión, no se limita solo a ello, a expresar nuestras ideas, sino que nos garantiza el poder buscar información y para ello es necesario que se nos permita acceder a la misma.- Por ello resulta llamativo el revuelo creado, cuando quien quiere acceder a la información es quien debería haberlo hecho en primer lugar que es el Poder judicial, específicamente una Fiscal que investiga en una causa, con un indudable trascendencia histórica.-


El viernes 12 de junio terminó el periodo para aportar pruebas en la causa Feced, una de las causas más voluminosas del terrorismo de Estado de la ciudad de Rosario; simultáneamente se saca a la luz, nuevamente, un archivo de las fuerzas militares y policiales del segundo cuerpo de ejército. No estaba escondido, no estaba enterrado, una parte está en la Secretaría de Derechos humanos de la Provincia de Santa Fe y otra bajo la órbita del Ministro Bonfatti.


Mientras tanto los que hemos contribuido desde cada lugar de militancia a la reconstrucción histórica de la verdad y a la lucha por la justicia, en el tema del terrorismo de Estado en la Provincia nos preguntamos ¿porqué no se aportaron esas pruebas a todos los juicios.? ¿Hasta cuando habrá que seguir esperando para que esos archivos sean abiertos?.


La Ex fiscal Tessio, ahora Vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe pudo disponer de los mismos para aportar pruebas a las causas sobre violaciones a los derechos humanos en Santa Fe. ¿Porque, entonces, no pensar que pueden existir otras pruebas que están en ese archivo para los juicios que hoy se están sustanciando en la justicia federal de Rosario?


La búsqueda de prueba documental fue una las tareas más arduas de los organismos de derechos humanos.


En La provincia de Santa Fe hay una cronología de hechos nefastos con respecto a los archivos de la represión:


El 8 de octubre de 1984 en los tribunales provinciales de Rosario, un grupo comando, toma el edificio y se lleva la documentación existente en el juzgado de instrucción 10. En este juzgado estaban los sumarios correspondientes al expediente 6-84 y fundamentalmente, lo que le interesaba al grupo comando: el cúmulo de pruebas producto de los allanamientos realizados por la ex Conadep y el Juez Fermoselle. Un hecho gravísimo que quedó en la impunidad. Ni siquiera se pudo reconstruir algo de la documentación que se había encontrado a pesar que desde los organismos habíamos insistido en que fotocopien los documentos más importantes porque era inminente, después de varios atentados y seguimientos, que algo iba a ocurrir.


En julio de 1993 ex gobernador Reutemann envío un proyecto a la legislatura para quemar los archivos, que se habían encontrado en la ciudad de Santa Fe, nuevamente los organismos de derechos humanos nos opusimos con denuncias públicas y movilizaciones y se volvió atrás con el proyecto de la destrucción de los archivos. En ese momento la directora del Archivo Histórico “reveló que gran parte de la documentación desapareció, y otros voceros aseguraron que el contenido de las carpetas había sido copiado y guardado en un disquete de computación por organismos de inteligencia” (La Capital sábado 31 de julio de 1993).


En Octubre de 1999 mediante el decreto 3054 del gobierno de Obeid se dispone crear una comisión para acceder al archivo. El 16 de noviembre de 1999 Rosúa firmó la resolución 460 que ordenaba a la policía a localizar los archivos en toda la provincia


En diciembre asume Reutemann y no se efectiviza la creación de la comisión.


El 15 de marzo de 2004 por decreto 0327 se dispone de la creación de una comisión integrada por miembros del gobierno, del archivo histórico y representantes de los organismos de derechos humanos. no prosperó por diversas razones, entre ellas la diferencia de tratamiento que se proponía con respecto a los archivos y las diferencias de los propios organismos de derechos humanos.


Volviendo atrás en el tiempo. El 2 de diciembre de 1999 La entonces fiscal federal Griselda Tessio acompañada por el Ministro de gobierno, Rosúa tuvo acceso a los archivos que se encontraban en la seccional 4 de la policía de Santa Fe, el Departamento de Informaciones, la Guardia de Infantería Reforzada y el Comando Radioeléctrico. “la fiscal y el ministro tuvieron una idea más precisa del caudal de documentos que se conservan en Santa Fe, en sitios que ya eran conocidos, pero a los que, paradójicamente nunca antes había ido ningún juez” Rosario12, 03-09.1999. La fiscal encontró documentación importante a partir de una decena de causas que estaba investigando. Preguntamos, porqué entonces el hecho que la Procuradora Fiscal de Rosario haya ido a buscar material que pudiera ser útil en las causas que lleva adelante es tomado con tanta beligerancia. Debiera, por el contrario ser tomado como un gesto auspicioso, como lo fue en su momento el de la actual vicegobernadora de la Provincia.


Aunque cada país resolvió de de manera distinta las políticas que definieron el acceso a la documentación que se encontró en los archivos de la represión, se orientaron entre dos ejes: la apertura total de los archivos para la consulta pública y la restricción al acceso de información de carácter privado de los individuos.


Pero resulta incuestionable sus usos vinculado al ámbito judicial.ya que estos documentos se pueden convertir en registros probatorios en las causas que investigan violaciones a los derechos humanos; este hecho es importante hoy y ahora, y se esperó demasiado.


Desde el hallazgo de los expedientes por la ex -conadep, los hallados en 1989 y luego en el año 1999, la apertura y acceso a los archivos pasan por una serie de gerenciamientos, silencios y disputas, lo que revela una gran preocupación por el uso de los mismos. Preguntamos ¿porqué su uso y acceso es discrecional?. Los servicios de inteligencia policiales o de las fuerzas armadas, ya tienen la información porque la han producido. A tantos años de lucha, los archivos no fueron colocados a disposición de los investigadores, ni de todos los querellantes, ni organizados en lugar público, lo que los hace casi inaccesibles.


Es hora que los jueces y fiscales se constituyan en los lugares donde haya o presuman que pueda haber documentación para recabar pruebas, registros y documentos. Para que los principales actores en la guarda de los documentos sean los organismos de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil. Para que la intervención directa de los jueces y fiscales para conseguir prueba documental no sea la excepción sino la regla.
(Fuente:Rdendh).