COMUNICADO DE PRENSA
La Asociación por la Memoria , Verdad y Justicia – Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ex presos políticos de Santiago del Estero, manifestamos suma preocupación ante las maniobras dilatorias que se vienen planteando en el desarrollo de las causas federales donde se investigan delitos de lesa humanidad.
No podemos dejar de señalar lo que consideramos maniobras de los genocidas. Intentan privarnos de la posibilidad de acusarlos en el Debate Oral, sea cuestionando nuestra posibilidad de ser querellantes o tejiendo maniobras dilatorias de diversa índole, entre ellas la de evitar el inicio Debate oral y público. Una vez más están intentando excluir del mismo a quienes como víctimas, somos actores históricos de las graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en nuestra provincia: familiares de detenidos desaparecidos, ex detenidos políticos y víctimas del Terrorismo de Estado en Santiago del Estero. Representamos el interés colectivo en la investigación y castigo de los delitos de lesa humanidad y en la construcción de Memoria, Verdad y Justicia.
No podemos dejar de señalar lo que consideramos maniobras de los genocidas. Intentan privarnos de la posibilidad de acusarlos en el Debate Oral, sea cuestionando nuestra posibilidad de ser querellantes o tejiendo maniobras dilatorias de diversa índole, entre ellas la de evitar el inicio Debate oral y público. Una vez más están intentando excluir del mismo a quienes como víctimas, somos actores históricos de las graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en nuestra provincia: familiares de detenidos desaparecidos, ex detenidos políticos y víctimas del Terrorismo de Estado en Santiago del Estero. Representamos el interés colectivo en la investigación y castigo de los delitos de lesa humanidad y en la construcción de Memoria, Verdad y Justicia.
Sin embargo, no podemos observar este inaudito hecho como aislado, sino como parte de una avanzada nacional en la que los genocidas intentan evitar pagar su deuda con la sociedad. Ejemplos de ello lo constituyen similares planteos en la provincia de Tucumán y otros lugares del país que los Organismos de Derechos Humanos venimos denunciando.
Al mismo tiempo , queremos hacer pública nuestra preocupación por la falta de fijación de fecha para el inicio del Debate Oral y público de la causa Kamenetsky, tratándose de una causa donde se investigan delitos de lesa humanidad, cuyos responsables a más de 30 años de sucedidos los hechos, continúan impunes. Esta situación profundiza el descrédito social ante un proceso judicial atravesado por dilaciones de todo tipo: por excusaciones por amistad con implicados, inexplicables razonamientos sobre prescripción de causas y aún por haber tenido dentro de su estructura personajes acusados de encubrimiento en las causas y que forjaron su trayectoria jurídica bajo el imperio de la ley marcial de la dictadura. Hechos todos que constituyen un nuevo rostro de la IMPUNIDAD.
Santiago del Estero, 31 de agosto de 2009
ASOCIACION POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA, EX-DETENIDOS POLITICOS Y FAMILIARES DE DESAPARECIDOS
SANTIAGO DEL ESTERO
ASOCIACION POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA, EX-DETENIDOS POLITICOS Y FAMILIARES DE DESAPARECIDOS
SANTIAGO DEL ESTERO
DEMORA - Van ocho meses desde que fue elevado a juicio oral y no hay tribunal
Denuncian falta de compromiso de jueza con el caso Kamenetzky
Negativa. Hay malestar en organismos de DD. HH. locales por la actitud de algunos jueces que se niegan a integrar el tribunal oral cuando “no tienen motivos para excusarse”.
Denuncian falta de compromiso de jueza con el caso Kamenetzky
Negativa. Hay malestar en organismos de DD. HH. locales por la actitud de algunos jueces que se niegan a integrar el tribunal oral cuando “no tienen motivos para excusarse”.
Una segunda autopsia (en 2004) aportó datos sobre cómo murió el estudiante.
Entre la bronca y la preocupación, organismos de Derechos Humanos de Santiago del Estero se quejan por la excesiva demora que tiene la Justicia Federal para integrar el tribunal oral que juzgue a los responsables del crimen de Cecilio Kamenetzky Bulgarelli.
Entre la bronca y la preocupación, organismos de Derechos Humanos de Santiago del Estero se quejan por la excesiva demora que tiene la Justicia Federal para integrar el tribunal oral que juzgue a los responsables del crimen de Cecilio Kamenetzky Bulgarelli.
Las excusaciones de algunos de los jueces evidencian, para ellos, una falta de compromiso, como el caso puntual de la jueza Josefina Curi, quien insiste en no participar del proceso a pesar de que un Tribunal Oral Federal (TOF) y la Cámara Nacional de Casación Penal (CCP) rechazaron sus pedidos de excusación.
Por este motivo, durante los próximos días solicitarán audiencias en el Juzgado Federal local y llegado el caso, elevarán nota ante quien corresponda, para evitar que haya más dilaciones. Así lo adelantó ayer a EL LIBERAL Luis Garay, integrante de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de familiares de desaparecidos, detenidos y ex presos políticos.
“En realidad estamos por un lado preocupados y por otro bastante molestos por la demora excesiva, habida cuenta por los tiempos que venimos esperando por justicia”, dijo. Expuso que hay una dilación en la integración del tribunal desde diciembre, fecha en que fue elevado a juicio oral la causa. “Y el proceso no se concreta, sobre todo teniendo en cuenta la dificultad para integrar el tribunal oral, ante la falta de responsabilidad de los jueces que se excusan a integrarlo”, protestó.
Recordó que ante las distintas excusaciones intervino la CCP que designó a un tribunal con magistrados de Paraná, los que resolvieron quiénes estaban en condiciones de ser jueces. Sin embargo, cuestionó que tras la designación, surgieron nuevos reparos de algunos elegidos. “Esto hace que sea un juego de ida y vuelta y que produce dilataciones”, manifestó.
En el ámbito de la Justicia Federal local, hay malestar con la actitud de la jueza Josefina Curi, quien tras ser confirmada como una de las integrantes del tribunal, envió un oficio a la CCP para que reviera su caso y se lo devolvió por improcedente, porque la resolución del TOF no es apelable. Curi alega que subroga algunas causas puntuales y que no podría hacerse cargo de la causa de Santiago del Estero.
“Evidentemente hay o temor o falta de compromiso a tener que juzgar algo con lo cual no coinciden. Ante esta situación se le agrega una contra más en el sentido de que si ni ellos están dispuestos a juzgar, de quién podemos esperar justicia”, concluyó Garay.
Cecilio José Kamenetzky Bulgarelli tenía 18 años cuando fue secuestrado, torturado y luego asesinado en el Departamento de Investigaciones Policiales (DIP) el 13 de noviembre de 1976, a manos del grupo de tareas que comandaba Musa Azar Curi. A más de 30 años, sus familiares y las agrupaciones de derechos humanos reclaman justicia y esa justicia también tiene que ver con que no haya más dilaciones para iniciar el debate público, pero sí compromiso para juzgar a los responsables.
Resta una indagatoria en el “Grupo Cuatro”
Ayer, se concretó la penúltima indagatoria del primer grupo de 14 imputados, antes de que el juez federal de Instrucción, Guillermo Molinari, dictare el auto de procesamiento en las causas que integran el Grupo Cuatro. Durante la mañana, fue indagado José Gregorio Brao, ex oficial auxiliar que cumplió funciones en la DIP y en esta semana sería convocado Carlos Héctor Capella, otro ex miembro de la DIP, con lo que concluirían la primera parte de las indagatorias. Desde las 9.15 hasta las 10.30 declaró Brao ante el juez Molinari, el fiscal José Manuel Díaz Vélez y el secretario de Derechos Humanos, Federico Bothamley. Asistido por el abogado Emiliano Aguirre, respondió a las preguntas y negó los hechos que se le imputan: asociación ilícita, tortura y privación ilegítima de la libertad. Según Aguirre, Brao, que respondía a Tomás Garby y Musa Azar Curi, cumplía funciones administrativas. Sin embargo, EL LIBERAL tuvo acceso a las dos causas en su contra, y en una de ellas, Héctor Galván lo acusa de haber sido su torturador durante su detención en la DIP.
Resta una indagatoria en el “Grupo Cuatro”
Ayer, se concretó la penúltima indagatoria del primer grupo de 14 imputados, antes de que el juez federal de Instrucción, Guillermo Molinari, dictare el auto de procesamiento en las causas que integran el Grupo Cuatro. Durante la mañana, fue indagado José Gregorio Brao, ex oficial auxiliar que cumplió funciones en la DIP y en esta semana sería convocado Carlos Héctor Capella, otro ex miembro de la DIP, con lo que concluirían la primera parte de las indagatorias. Desde las 9.15 hasta las 10.30 declaró Brao ante el juez Molinari, el fiscal José Manuel Díaz Vélez y el secretario de Derechos Humanos, Federico Bothamley. Asistido por el abogado Emiliano Aguirre, respondió a las preguntas y negó los hechos que se le imputan: asociación ilícita, tortura y privación ilegítima de la libertad. Según Aguirre, Brao, que respondía a Tomás Garby y Musa Azar Curi, cumplía funciones administrativas. Sin embargo, EL LIBERAL tuvo acceso a las dos causas en su contra, y en una de ellas, Héctor Galván lo acusa de haber sido su torturador durante su detención en la DIP.
SANTIAGO - Investigación a los represores encabezados por Musa Azar Curi
Hay cerca de un centenar de causas por los delitos de lesa humanidad
En virtud de la complejidad de los distintos casos, de la importancia de las investigaciones, y para un trabajo más prolijo, en la Justicia Federal local se decidió en su momento separar las diferentes causas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Santiago, en cuatro grupos. En todos ellos aparece como principal involucrado Musa Azar Curi:
Hay cerca de un centenar de causas por los delitos de lesa humanidad
En virtud de la complejidad de los distintos casos, de la importancia de las investigaciones, y para un trabajo más prolijo, en la Justicia Federal local se decidió en su momento separar las diferentes causas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Santiago, en cuatro grupos. En todos ellos aparece como principal involucrado Musa Azar Curi:
Grupo Uno: investiga a los culpables de las desapariciones que ocurrieron antes del último golpe de Estado. Se trata de seis casos de santiagueños asesinados durante el gobierno de Carlos Juárez; esta causa tiene a seis represores imputados.
Grupo Dos: corresponde a más de una treintena de casos de personas detenidas y torturadas antes del 24 de marzo de 1976, con más de 10 imputados entre policías y militares.
Grupo Tres: en esta investigación, la Justicia Federal trata de establecer quiénes fueron los responsables de la desaparición forzada de 17 personas y fueron imputadas 15 personas, pero sólo se procesó a ocho. Se trata de los desaparecidos después del golpe de Estado de 1976.
Grupo cuatro: la causa está ahora en marcha y en esta semana culminarán las primeras 14 indagatorias y luego el juez federal Guillermo Molinari resolverá la situación procesal de los imputados. Se busca establecer la culpabilidad por el secuestro y tortura de 44 jóvenes santiagueños. La mayoría de las víctimas del aparato represivo, comandado por Azar Curi y dos militares, fueron menores de 20 años. Incluye el período en el que se extendió la dictadura.
COMUNICADO DE PRENSA
Ref. Para la Cámara Federal de San Martín
la obediencia debida sigue vigente
COMUNICADO DE PRENSA
Ref. Para la Cámara Federal de San Martín
la obediencia debida sigue vigente
La Cámara Federal de San Martín dejó en libertad al represor Eduardo Alfonso, ex secretario general del Ejército, quien estaba imputado como autor material del asesinato de Antonio García y el secuestro de Beatriz Recchia, que dio a luz en cautiverio y permanece desaparecida.
A pesar de que se consideró probada su presencia en el operativo represivo –de hecho recibió dos balazos–, el Tribunal entendió que Alfonso ignoraba para qué lo llevaban. Según los jueces, al no revistar como oficial de Inteligencia, no tendría responsabilidad por lo que allí sucedió, consagrando así una obediencia debida de facto.
Cabe consignar que Beatriz Recchia permaneció detenida en Campo de Mayo donde dio a luz a una joven que recuperó su identidad en enero de este año, luego de haber sido apropiada por un alto mando de Inteligencia.
Con esta decisión, la Cámara Federal de San Martín se sumó a la larga y penosa tradición de buena parte de la corporación judicial de proteger a los genocidas de la última dictadura militar. Esta misma cámara, en su momento, se expidió en contra de la nulidad de la obediencia debida y el punto final por considerarla inconstitucional, a contramano de lo que había dispuesto el Congreso de la Nación.
Abuelas de Plaza de Mayo repudia la decisión política de no procesar a los autores directos de estos crímenes de lesa humanidad que impide llevarlos a juicio, por lo cual recurrirá a la Cámara de Casación Penal. Se está analizando asimismo la posibilidad de iniciar juicio político a los magistrados por este fallo arbitrario y de acudir a las instancias judiciales superiores que correspondan.
La presidenta y el equipo jurídico de Abuelas atenderán las consultas de la prensa a partir de las 13.30 de hoy en la sede de Virrey Cevallos 592 de la Capital Federal. También estará presente la hija de Domingo García y Beatriz Recchia, Juliana García Recchia, querellante junto con la institución en esta causa.
Abuelas de Plaza de Mayo
Buenos Aires, 1º de septiembre de 2009.
A pesar de que se consideró probada su presencia en el operativo represivo –de hecho recibió dos balazos–, el Tribunal entendió que Alfonso ignoraba para qué lo llevaban. Según los jueces, al no revistar como oficial de Inteligencia, no tendría responsabilidad por lo que allí sucedió, consagrando así una obediencia debida de facto.
Cabe consignar que Beatriz Recchia permaneció detenida en Campo de Mayo donde dio a luz a una joven que recuperó su identidad en enero de este año, luego de haber sido apropiada por un alto mando de Inteligencia.
Con esta decisión, la Cámara Federal de San Martín se sumó a la larga y penosa tradición de buena parte de la corporación judicial de proteger a los genocidas de la última dictadura militar. Esta misma cámara, en su momento, se expidió en contra de la nulidad de la obediencia debida y el punto final por considerarla inconstitucional, a contramano de lo que había dispuesto el Congreso de la Nación.
Abuelas de Plaza de Mayo repudia la decisión política de no procesar a los autores directos de estos crímenes de lesa humanidad que impide llevarlos a juicio, por lo cual recurrirá a la Cámara de Casación Penal. Se está analizando asimismo la posibilidad de iniciar juicio político a los magistrados por este fallo arbitrario y de acudir a las instancias judiciales superiores que correspondan.
La presidenta y el equipo jurídico de Abuelas atenderán las consultas de la prensa a partir de las 13.30 de hoy en la sede de Virrey Cevallos 592 de la Capital Federal. También estará presente la hija de Domingo García y Beatriz Recchia, Juliana García Recchia, querellante junto con la institución en esta causa.
Abuelas de Plaza de Mayo
Buenos Aires, 1º de septiembre de 2009.
el ex jefe de la policía y el segundo de bussi en celdas VIP
Persisten los privilegios en Tucumán
Persisten los privilegios en Tucumán
Aunque hace ya un año la ministra de Defensa, Nilda Garré, estableció que ningún represor esté tenido en una unidad militar, aún existen jueces que incumplen la orden.
Esta vez, los beneficiados son el ex jefe de la policía tucumana, Albino Zimmerman, y el segundo de Antonio Bussi en la Quinta Brigada de Infantería, Alberto Cattáneo.
Las instalaciones que se transformaron en celdas vip son las del ex arsenal Miguel de Azcuénaga, donde funcionó uno de los tantos centros clandestinos de Tucumán.
La noticia llegó sin querer el 5 de agosto pasado, cuando Garré recibió en su casilla de correo un e-mail titulado “Se escapan los represores detenidos en Tucumán”.
El texto denunciaba que el general Cattáneo y el coronel Zimmerman se habían escapado del arsenal para ir a una reunión con Bussi en su casa del country de Yerba Buena, donde cumple su detención domiciliaria.
“Las guardias están compradas, les pagan para no registrar.
Nadie dice nada”, terminaba el e-mail firmado por un tal Daniel Díaz.
Si bien aún no se pudieron comprobar las salidas de los ex militares, lo que quedó al descubierto –y ya fue confirmado por el juez federal Daniel Bejas– es que Cattáneo y Zimmerman están presos en un sitio prohibido por las leyes de Seguridad Interior y de Defensa Nacional.
Y que, desde hace un año, el magistrado ignora los reiterados pedidos de los fiscales de la causa para que los represores sean trasladados al penal de Villa Urquiza.
El argumento del juez es que ambos fueron beneficiados por la prisión domiciliaria pero que nunca fijaron una dirección en Tucumán donde poder instalarse.
Piden que se integre el tribunal de la causa Ragone y se haga el juicio
Clotilde Ragone, Alfonso Ragone y Fernando Pequeño pidieron ayer que se integre el tribunal que entenderá en la causa Ragone y se lleve a cabo el debate oral y público contra los ocho hombres que están acusados de haber tenido participación en el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el asesinato del comerciante Santiago Arredes y la herida de bala que sufriera Margarita Martínez de Leal.
Piden que se integre el tribunal de la causa Ragone y se haga el juicio
Clotilde Ragone, Alfonso Ragone y Fernando Pequeño pidieron ayer que se integre el tribunal que entenderá en la causa Ragone y se lleve a cabo el debate oral y público contra los ocho hombres que están acusados de haber tenido participación en el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el asesinato del comerciante Santiago Arredes y la herida de bala que sufriera Margarita Martínez de Leal.
La viuda de Ragone y su nieto Fernando Pequeño.
Destacaron que llevan ya 33 años de espera por una resolución de la Justicia.
"En atención a los años transcurridos desde la perpetración de los crímenes investigados en autos (...) y la necesidad de esclarecer definitivamente los hechos, identificar a todos los responsables y aplicarles las sanciones pertinentes, solicitamos que se adopten medidas urgentes para la conformación del Tribunal Oral, se cite a las partes a juicio y, posteriormente, se fije fecha de audiencia", pidieron los familiares del ex gobernador secuestrado el 11 de marzo de 1976, en las cercanías de su casa en la calle Del Milagro.
Destacaron que llevan ya 33 años de espera por una resolución de la Justicia.
"En atención a los años transcurridos desde la perpetración de los crímenes investigados en autos (...) y la necesidad de esclarecer definitivamente los hechos, identificar a todos los responsables y aplicarles las sanciones pertinentes, solicitamos que se adopten medidas urgentes para la conformación del Tribunal Oral, se cite a las partes a juicio y, posteriormente, se fije fecha de audiencia", pidieron los familiares del ex gobernador secuestrado el 11 de marzo de 1976, en las cercanías de su casa en la calle Del Milagro.
En un escrito entregado ayer al Tribunal Oral en lo Criminal Federal, con el patrocinio del abogado Matías Duarte, los familiares recordaron que los imputados "son personas de avanzada edad y recurrentemente alegan problemas de salud para mejorar su situación procesal" y que "tienen como estrategia la dilación procesal pues, en este caso, el tiempo siempre ha jugado a su favor". El tribunal de la causa Ragone quedó desintegrado porque el presidente, Roberto Frías, se inhibió de participar alegando amistad con el ex juez federal Ricardo Lona y con el ex jefe de Inteligencia de la Policía, Joaquín Guil.
Junto a Luciano Benjamín Menéndez, Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil, Jorge Héctor Zanetto, Andrés del Valle Soraire, Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera, Guil integra el grupo de ocho personas procesadas por el secuestro y desaparición de Ragone. Lona también está imputado en relación a esta causa pero su expediente se tramita por separado. "Convivimos con gente de doble moral, tanto en los tribunales como en le mundo político.
La causa tiene 33 años y no pasa nada. Se mató a un gobernador del que todo el peronismo habla pero el resultado efectivo en la causa con 33 años de investigación es nulo", sostuvo Pequeño al explicar las razones para pedir que el debate se lleve a cabo de una vez."El único medio que nos queda, dado el rápido giro de este país a una concepción que nos acerca a la intolerancia de los 70 de nuevo, es acudir al ámbito internacional reforzando la acción que iniciamos en diciembre del año pasado con nuestra denuncia al Estado argentino por denegación de justicia a más de 33 años de tramitación de una causa que no se resuelve", añadió.
(Fuente:Rdendh).
(Fuente:Rdendh).
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