SAN MARTÍN: CÁMARA FEDERAL LIBERÓ AL REPRESOR ALFONSO .

La Cámara Federal de San Martín liberó al ex secretario del Ejército
Regresó la obediencia debida
Aunque está documentada la participación de Eduardo Alfonso en un operativo en el que se asesinó a un hombre y se secuestró a una mujer embarazada, los jueces dijeron que “no puede afirmarse fehacientemente que conociera la finalidad del grupo operativo”.
Por Diego Martínez

El ex secretario del Ejército Eduardo Alfonso fue liberado por los jueces Jorge Barral y Hugo Fossati.
Acreditar la participación de un militar en un allanamiento ilegal, un asesinato y el secuestro de una mujer embarazada no es motivo suficiente para procesarlo. Primero porque “no puede afirmarse fehacientemente que conociera la finalidad del grupo operativo”. Segundo, porque las heridas que recibió bien pudieron haberlo dejado fuera de juego antes de que se cometieran los delitos. El razonamiento pertenece a los jueces Jorge Eduardo Barral y Hugo Rodolfo Fossati, de la Cámara Federal de San Martín, y derivó en la falta de mérito y la liberación del general Eduardo Alfonso, ex secretario general del Ejército. Abuelas de Plaza de Mayo repudió “la decisión política de no procesar a autores directos de crímenes de lesa humanidad”, consideró que el tribunal “se sumó a la larga y penosa tradición de buena parte de la corporación judicial de proteger a los genocidas” y anticipó que analiza la posibilidad de impulsar un juicio político contra los camaristas.



El 12 de enero de 1977 el teniente primero Alfonso integró el grupo de tareas que asesinó a Antonio García y secuestró a Beatriz Recchia. La mujer fue trasladada a Campo de Mayo y desapareció tras dar a luz a su hija, que recuperó la identidad en febrero. Alfonso hizo carrera, llegó a general y organizó desde la Secretaría del Ejército la contraofensiva contra la Justicia durante los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. El año pasado, Página/12 reveló su actuación en los hechos, que surge del Boletín 4148 del Ejército: “Con motivo de operaciones realizadas en Villa Martelli el 12 de enero de 1977. Medalla ‘Herido en combate”. Citado a declarar, dijo que fue herido pero a quince cuadras, durante “un control vehicular”. El entonces juez Martín Suares Araujo lo procesó y lo envió al penal de Marcos Paz.La Cámara de San Martín admitió que el militar mintió para ocultar su participación. Luego elaboró un razonamiento que ningún defensor privado se había animado a plantear. Afirmó que la inteligencia fue “fundamental para combatir a la subversión” (sic). Citó al sobreviviente Juan Carlos Scarpatti para destacar que el Comando de Institutos Militares “trataba de rotar” a los miembros de las patotas para “hacerles poner los dedos a todos” e invocó un testimonio anónimo de un supuesto asesor de inteligencia militar para dar por hecho que la orden de participar de un operativo “era emanada como para que un militar concurriera al combate, considerando la situación como de guerra”.Conclusión: “no puede presumirse el conocimiento” de Alfonso sobre “el real motivo para el que fue convocado toda vez que tales sucesos eran planificados y llevados a cabo por ‘Equipos especiales’ con reserva del objetivo”. Para los camaristas también la prueba documental juega a favor del imputado. “Como consecuencia de las heridas recibidas Alfonso habría quedado de inmediato fuera de combate y ajeno a todo aquello que sucedió con posterioridad”, dado que era “un elemento intercambiable y hasta prescindible en la concreción de los ilícitos que se desplegaban”.
(Fuente:Pagina12).



polémica por un fallo judicial
Represor libre por “no saber”
La Cámara Federal de San Martín excarceló al ex secretario del Ejército Eduardo Alfonso. Había participado en el secuestro de dos jóvenes en 1977.

Por Martina Noailles



Alfonso. En diciembre del año pasado quedó detenido luego de declarar en los Tribunales de San Martín. Ayer quedó libre.



La Sala I de la Cámara Federal de San Martín reavivó el fantasma de la obediencia debida. En un polémico fallo que generó el repudio de Abuelas de Plaza de Mayo, la Justicia dejó en libertad al ex secretario general del Ejército, Eduardo Alfonso, quien participó del secuestro y asesinato de dos jóvenes en 1977. Aunque los jueces Jorge Barral y Hugo Fossati dieron por probado que el represor fue parte del operativo, argumentaron que “no puede confirmarse que supiera el objetivo del ataque” ya que no revistaba en el área de Inteligencia. “La explicación es burda e inconsistente. Parece que a Alfonso lo llevaron inocentemente y por causalidad a la operación que terminó con la muerte de Domingo García y el secuestro de Beatriz Recchia, embarazada de seis meses. Nos produce enorme indignación”, se enojó Estela de Carlotto, presidenta del organismo.


En 2005 la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida y puso fin a la estrategia de los mandos medios militares, que, por dos décadas, había logrado permanecer impunes. Aunque evitaron nombrarla, los camaristas de San Martín reflotaron aquella idea y dictaron la falta de mérito para Alfonso, preso desde diciembre pasado, cuando se comprobó que había sido miembro, al menos una vez, de las patotas que comandaba Santiago Omar Riveros en la Zona IV. “El imputado constituía un elemento intercambiable y hasta prescindible en la concreción de los ilícitos”, dice el fallo que le quita responsabilidad a Alfonso sólo por su rango de teniente primero de la Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral”, con asiento en Campo de Mayo.


Alfonso, quien llegó a ser la mano derecha del ex jefe del Ejército Ricardo Brinzoni, fue procesado en diciembre de 2008, cuando la Secretaría de Derechos Humanos aportó a la Justicia un dato de su legajo que había pasado inadvertido, pero que servía de punta del ovillo: el 6 de julio de 1977 fue premiado por el Ejército con la medalla “herido en combate”, por los disparos que recibió en “las operaciones en la localidad de Villa Adelina, el 12 de enero de 1977”.


Esa noche, una patota de treinta miembros del Ejército vestidos de civil irrumpieron en la casa en la que vivían García y Recchia, donde se produjo un tiroteo en el que el joven resultó asesinado. Recchia fue secuestrada y llevada a Campo de Mayo, donde, en cautiverio, dio a luz a una niña que fue apropiada y recuperó su identidad en enero pasado. En la vivienda también estaba Juliana, de tres años, que al día siguiente fue entregada a su abuela.


Ayer, Juliana recibió con “bronca y dolor” la noticia de la liberación del único miembro de la patota hasta ahora detenido. “Hoy la impunidad tiene el nombre de Barral y Fossati. ¿Estos jueces creen que Alfonso fue a mi casa a leerme un cuentito? Que me expliquen por qué dejan libre a quien mató a mi papá”.
(Fuente:CD).
(Fuente:Rdendh).