“Necesitamos saber qué pasó con la clase pensante de nuestros países”
Una investigación de la Universidad de La Plata revela cómo operó durante la dictadura el Plan Cóndor universitario, una red de información que seguía a los estudiantes considerados subversivos.
Una investigación de la Universidad de La Plata revela cómo operó durante la dictadura el Plan Cóndor universitario, una red de información que seguía a los estudiantes considerados subversivos.
Por Julián Bruschtein
Estudiantes y docentes universitarios argentinos y de otras nacionalidades latinoamericanas fueron vigilados y perseguidos mediante un plan sistemático, acusados de subversión durante la dictadura.
Estudiantes y docentes universitarios argentinos y de otras nacionalidades latinoamericanas fueron vigilados y perseguidos mediante un plan sistemático, acusados de subversión durante la dictadura.
De acuerdo con una investigación que está llevando adelante la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) –basada en documentos y expedientes iniciados por las intervenciones militares–, entre 1976 y 1978 funcionó un Plan Cóndor universitario, un circuito de información que alertaba a todas las casas de estudios sobre el comportamiento de los estudiantes considerados sospechosos.
“Esta es una lucha contra la impunidad, necesitamos saber qué pasó con la clase pensante de Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y de todos nuestros países que sufrieron la persecución continental”, resumió el educador paraguayo Martín Almada, que acompaña la iniciativa.Cerca de siete años atrás, se encontraron en dependencias de la Facultad de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la UNLP fichas de estudiantes confeccionadas por las autoridades que los militares pusieron en funciones durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional.
En cada ficha figuraba “nombre y apellido, la universidad a la que pertenecían con el año, generalmente ’76, ’77 o ’78, e iban acompañados por las inscripciones: suspendido, expulsado o a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”, explicó a Página/12 Gustavo González, director del Centro de Investigación y Capacitación en Estudios de Opinión Pública (Ciceop).
El exhaustivo estudio de los expedientes llevó a los investigadores a deshilvanar el sistema por el que se informaba a todas las universidades sobre el comportamiento de los alumnos.
“Cualquiera que desarrollara lo que ellos llamaban actividades subversivas era informado por la facultad, que informaba al rectorado, éste a todo el sistema universitario nacional, que finalmente alertaba a todas las universidades de todo el país.
Es decir que si te sancionaban o expulsaban por actividades ideológicas, no podías ingresar a ninguna institución”, detalló González.
Según aclaró el director del Ciceop en el estudio, éste se centra en lo que se pudo “certificar y chequear a través de los expedientes”.Entre la documentación hallada se detectaron fichas de seguimiento no sólo referidas a estudiantes argentinos, sino también a universitarios de distintas nacionalidades.
Alumnos paraguayos, peruanos, bolivianos, colombianos y ecuatorianos sufrieron la persecución ideológica del régimen militar.
A partir de las fichas encontradas, los investigadores cruzaron los datos con los archivos de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep): “Encontramos que poco más de 20 estudiantes figuraban como desaparecidos”, dijo González.
Del informe se desprende que al menos 34 estudiantes extranjeros fueron sancionados o expulsados por actividades prohibidas por los militares en Argentina.
Según los datos recabados por la UNLP, las universidades nacionales más golpeadas fueron la de Córdoba, con 258 casos de expulsados y suspendidos, y la de Cuyo, con 247 casos. Entre las razones que esgrimieron aquellas autoridades –en un primer término militares, luego civiles– para perseguir a los alumnos, se destacan: erradicar la subversión, prohibir el proselitismo político, realizar actos contra la seguridad, o ya estar detenidos a disposición del Poder Ejecutivo.
“A partir de allí nos pusimos en contacto con Martín Almada y empezamos a estudiar lo que fue el Plan Cóndor Universitario.” Almada fue el primer paraguayo en graduarse en Ciencias de la Educación, carrera que cursó en la UNLP, aunque fue su trabajo sobre el Plan Cóndor, que sufrió en carne propia durante la dictadura de Alfredo Stroessner, lo que llevó a los investigadores argentinos a buscarlo. Fue encarcelado y torturado por la dictadura paraguaya hasta que logró ser liberado y viajar a Europa. Allí, durante quince años, se dedicó a estudiar el Plan Cóndor, y volvió a su país tras la caída de Stroessner.
Por su insistencia, llegó hasta un archivo escondido que contenía información sobre el accionar de los militares sobre todo lo que consideraban oposición, incluyendo fichas de extranjeros que hoy continúan desaparecidos.
“El Operativo Cóndor fue una red armada por (Augusto) Pinochet, que era el capataz de (Henry) Kissinger –explicó Almada a este diario–. Argentina tiene 30 mil desaparecidos y calculamos que los detenidos desaparecidos y torturados en América latina fueron más de 100 mil. El 60 por ciento, aproximadamente, son cuadros sindicales, gremiales.
Después vienen los intelectuales, los estudiantes, los profesores, la clase pensante que se tronchó con el Operativo Cóndor”, agregó con enojo. Ante la convocatoria de la UNLP, el educador guaraní se involucró rápidamente con la propuesta.
“Esta universidad es mi casa, pero vengo a alentar este estudio para que se sepa realmente qué pasó con ese capital social que tiene la Argentina.
Sobre todo para llegar hasta los culpables para que actúe la Justicia.”
La Operación Cóndor –llamada también Plan Cóndor u Operativo Cóndor– fue un esquema multinacional de eliminación de dirigentes de la izquierda suramericana ideado y ejecutado por Estados Unidos y las dictaduras del Cono Sur de América (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) que alcanzó su clímax en la década de 1970. Pero sigue vigente y multiplicada claro que con otros nombres y en diferentes latitudes.
Cóndor introdujo y multiplicó en la región episodios tan crueles como el secuestro y asesinato en París del dirigente marroquí Mehdi Ben Barka, uno de los organizadores de la Conferencia Tricontinental de La Habana de 1966, quien pereció en 1965 en una criminal operación de inteligencia en la capital francesa.
(1) Pareciera que todo esto pertenece al pasado, pero los grandes medios informativos ocultan que Estados Unidos lleva a cabo una suerte de Nueva Operación Cóndor planetaria, con secuestros, ejecuciones secretas, centros de tortura ilegales como Guantánamo y prisiones clandestinas flotantes y en tierra firme en diferentes lugares del mundo.
Cóndor practicó secuestros y asesinatos “estilo Ben Barka” en todo el Cono Sur, e incluso sus tentáculos a menudo llegaron más lejos, como en el bombazo al automóvil del ex canciller y ex ministro de defensa del Dr. Salvador Allende, Orlando Letelier del Solar, muerto por orden de Augusto Pinochet el 21 de septiembre de 1976, en Washington DC, en las narices de la Casa Blanca, la CIA y el FBI.
El asesino principal fue el estadounidense Michael Townley, quien manufacturó el ingenio explosivo electrónico secundado por un equipo de terroristas de origen cubano como Dionisio Suárez Esquivel y los hermanos Ignacio y Guillermo Novo Sampoll, entre otros secuaces de Luis Posada Carriles, quienes gozan hoy de libertad e impunidad para fraguar más crímenes.
(2) Sólo en Buenos Aires, la Operación Cóndor secuestró, dio muerte y/o desapareció a notables personalidades exiliadas en Argentina, como el general Juan José Torres, ex presidente de Bolivia muerto el 2 de junio de 1976 por órdenes del dictador Hugo Bánzer Suárez, y cuyos restos debieron trasladarse a México para recibir allí honras fúnebres. Otra víctima fue el ex comandante en jefe del ejército chileno bajo Salvador Allende, general Carlos Prats González, asesinado por bomba el 30 de septiembre de 1974 junto a su esposa Sofía Cuthbert, por orden del dictador Augusto Pinochet.
La bomba fue instalada por el mismo individuo que dio muerte a Letelier, el agente CIA-DINA (Dirección Nacional de Inteligencia de Chile) Michael Townley.
Pero la Operación Cóndor también secuestró, trasladó secretamente de un país a otro, torturó y exterminó a numerosos dirigentes de menor relevancia, e incluso simples militantes políticos, como los uruguayos Rosario del Carmen Barredo y William Whitelaw, entre muchos más. Cóndor también dio cobertura mediática a asesinatos secretos cometidos en Chile por la DINA, que dirigía Manuel Contreras, un militar cercano a Pinochet hoy preso, como ocurrió con 119 hombres y mujeres detenidos y desaparecidos cuyo trágico destino fue “blanqueado” en 1975 por dos publicaciones de prensa –revista Lea de Buenos Aires y diario O Día de Curitiba, Brasil– como si se hubieran matado entre ellos mismos, en un falso enfrentamiento de facciones chilenas rivales “en las pampas argentinas”.
Esta diabólica invención conocida como “El Caso de Los 119” involucró a medios de prensa –grandes diarios, estaciones de televisión, radios y agencias informativas internacionales– y a periodistas chilenos que publicaron la falsa “noticia” y participaron en la farsa, llamada “Operación Colombo”, un montaje de Cóndor que fue divulgado como un hecho auténtico en todo el mundo.
Masacre de latinoamericanos También en Buenos Aires, por instrucciones del entonces presidente de Uruguay Juan María Bordaberry, los agentes Cóndor secuestraron el 18 de mayo de 1976, y más tarde asesinaron, al senador y periodista uruguayo Zelmar Raúl Michelini Guarch, plagiado simultáneamente con su amigo Héctor Gutiérrez Ruiz, ex presidente de la Cámara de Diputados de su país, cuyos cadáveres fueron hallados juntos el 21 de mayo.
El 17 de mayo de 2002, la revista uruguaya Brecha publicó testimonios hasta entonces desconocidos que describen una reunión entre Bordaberry, sus ministros de Interior y Defensa, los tres comandantes en jefe y un coronel argentino, en que se acordó la muerte de Michelini y de Gutiérrez. (3)
Margarita Michelini, hija del senador, fue secuestrada el 13 de julio de 1976 en Buenos Aires, recluida en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti y trasladada después en secreto a Uruguay, junto con otros 21 ciudadanos uruguayos.
Margarita estuvo desaparecida cuatro meses, hasta que fue “blanqueada” y procesada por la justicia militar uruguaya ante la presión internacional. Su hermano Rafael Michelini, hoy senador (2005-2010) del Frente Amplio de Uruguay, al dar su testimonio – en 2002– en una causa que investigó el Plan Cóndor en Argentina, reveló ante el juez Jorge Urso que en octubre de 1976 el entonces coronel uruguayo Nino Gavazzo apareció en su casa para mostrarle que en el asiento trasero de su automóvil estaban con vida su hermana Margarita y su marido, Ricardo Altuna. El senador Michelini hijo aseguró también que el ex presidente uruguayo Jorge Batlle (2000-2005) le reveló que María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, nuera del periodista y escritor argentino Juan Gelman, casada con su hijo Marcelo Gelman, fue secuestrada con su esposo en Buenos Aires cuando tenía 8 meses de embarazo.
Trasladada clandestinamente a Uruguay, María Claudia dio a luz en cautiverio, pero los militares se apoderaron de la criatura y la madre fue asesinada después por policías uruguayos.
La nieta de Juan Gelman, que nació en 1976, finalmente fue encontrada por su abuelo cuando tenía 23 años. El 5 de junio de 2000 se conoció el resultado de una prueba ADN que permitió el cambio legal de su identidad, de “María Macarena Tauriño Vivian” a María Macarena Gelman García, hija de Marcelo y de María Claudia. El cuerpo de Marcelo Gelman apareció en Argentina en los años 80, cuando regresó la democracia. Todo esto ocurrió cuando gobernaba por el dictador Jorge Rafael Videla.
En su declaración ante el juez Urso, el hoy senador Michelini explicó que, además de los 22 uruguayos que fueron trasladados en julio de 1976 desde Orletti a Montevideo, entre septiembre y octubre del mismo año otros 27 ciudadanos de ese país salieron del mismo encierro bonaerense, a cargo del represor Aníbal Gordon, hacia un centro clandestino del Servicio de Inteligencia y Defensa (SID) de Uruguay, al otro lado del Río de la Plata. Reveló que tras la fuga de dos detenidos que provocó el cierre de Orletti, Gordon le pidió a Gavazzo que retuviera en Uruguay a cinco ciudadanos argentinos, entre ellos a Beatriz Saes, quien pudo haber estado embarazada. El senador reveló también que el ex jefe del ejército argentino Martín Balza, en un encuentro que sostuvieron en 1995, le reconoció que hubo coordinación entre las dictaduras del Cono Sur en la década del 70 y le aseguró que Zelmar Michelini no era un “blanco” de los represores argentinos pero que “debió haber una zona liberada para que se actuara con la impunidad con la que se actuó”. (4)
Más víctimas de Cóndor Otra víctima chilena de esta operación transnacional fue el sociólogo chileno Jorge Isaac Fuentes Alarcón, dirigente del MIR apresado y torturado en Asunción, Paraguay, en 1975, y trasladado secretamente a Chile, donde fue visto por otros detenidos que sobrevivieron en el campo de exterminio de Villa Grimaldi, en Santiago, convirtiéndose hasta hoy en detenido desaparecido, cuyos restos jamás aparecieron.
Otro chileno que sufrió una suerte parecida fue Edgardo Enríquez Espinoza, tercer hombre en la jerarquía del MIR y hermano del asesinado secretario general, detenido en 1975 al salir de una reunión en Buenos Aires. En esta acción de la Policía Federal argentina y agentes del Departamento Exterior de la DINA chilena, fueron detenidos la joven brasileña Regina Marcondes, también desaparecida, y varios otros chilenos del MIR. Enríquez fue trasladado sucesivamente a los campos de concentración argentinos El Olimpo, Campo de Mayo y a la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), todos en Buenos Aires. La dictadura chilena jamás admitió la detención de Enríquez, pero la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, más conocida como Comisión Rettig, basada en documentos y testimonios fidedignos concluyó que el cautivo –quien gozaba de la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)– fue trasladado a Villa Grimaldi en Santiago.
Esta convicción se fundamentó en un documento confidencial de la DINA dirigido a su servicio exterior con sede en Buenos Aires, que la Comisión pudo examinar, donde se señala que en fecha 23 de diciembre de 1975, o sea cuatro meses antes de su captura, la DINA ya tenía tendido el cerco alrededor del dirigente del MIR y de varios de sus colaboradores y ordena a sus agentes en el extranjero “su traslado a Chile, después de capturarlos”. Otro testimonio dio fe ante la Comisión de que efectivamente existió un mensaje por télex que dio por cumplida la misión.
La obra de Martín Almada Cóndor ha sido el tema central de numerosos libros e investigaciones periodísticas que a través de más de dos décadas han dibujado esta monstruosa actividad transnacional. Muchas personas han participado en esta tarea, pero un hombre clave ha sido el abogado paraguayo Martín Almada, detenido y torturado por la policía paraguaya en 1974 junto con su esposa, la profesora Celestina Pérez de Almada.
Tras perder a su cónyuge, que pereció en la tortura, Almada consagró su vida a los derechos humanos y llegó a descubrir en 1992 lo que hoy se conoce como el “Archivo del Terror” de Paraguay, una valiosa documentación, media tonelada de papeles oficiales sobre Cóndor.
Años más tarde, siguiendo otra pista, en 2005 dio con el “Archivo del Terror II”, en Formosa, Argentina, otro tesoro documental de origen paraguayo, mantenido en depósito apenas al otro lado del río Paraguay.
Por su labor, el abogado recibió el Premio Nóbel Alternativo de derechos humanos en 2002. Almada llegó a la conclusión de que "hay más de 120 paraguayos desaparecidos en Argentina" por ordenes del dictador Alfredo Stroessner. “Hay miles de familias destrozadas que todavía no pueden elaborar sus duelos. No es el pasado lo que divide a los paraguayos sino la falta de justicia. Sin justicia el pasado es un doloroso presente”. Cuando el abogado estuvo detenido, reconoció entre sus captores a militares de otros países latinoamericanos.
También supo de la prisión del chileno Jorge Fuentes y del argentino Amílcar Santucho. El abogado paraguayo obtuvo un documento en que Manuel Contreras, siendo jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, le agradeció a Pastor Coronel, Jefe del Departamento de Investigaciones de Paraguay, la "cooperación prestada para facilitar las gestiones relativas a la misión que debió cumplir mi personal en la hermana Republica del Paraguay”, es decir, la recepción física "secreta e ilegal” del prisionero político chileno Fuentes, apresado en territorio paraguayo en compañía del argentino Amílcar Santucho, quien sobrevivió pero falleció en 1995 (Documento 00022F 0152, 25 de septiembre de 1975, Archivo del Terror).
Almada descubrió documentos demostrativos de que Contreras, siendo jefe de la DINA, invitó en octubre de 1975 al entonces jefe de Policía de Paraguay, general Francisco Britez Borges, a asistir a la fundación de la Operación Cóndor, en un cónclave secreto que ya hoy es la famosa reunión multinacional de inteligencia efectuada en Santiago de Chile entre el 25 noviembre y el 1º de diciembre de 1975, para estructurar la red Cóndor, según consta en el documento 00022F 0153 del Archivo del Terror de Paraguay.
Teoría y práctica "Cóndor" Contreras, quien ostentaba entonces el grado de coronel, acompañó a la invitación un "paper" con sus propuestas "teóricas" para conformar la red Cóndor, a saber: "
a) Fundamentos,
b) Proposición,
c) Países participantes,
d) Sede del sistema y visión general,
e) Esquema orgánico propuesto,
f) Mecánica de consulta,
f) Programa general,
g) Programa de trabajo,
h) Informaciones para los asistentes e
i) Clave (Documentos 00022F 0155 al 00022F 0165).
Según otro papel del Archivo del Terror descubierto por Almada (Documento 00022F 0154, Asunción, 6 de noviembre de 1975), el portador de la invitación y plan de trabajo represivo fue el coronel chileno de aviación Mario Jahm, sub director de la DINA, quien se entrevistó con el Jefe de Policía de la Capital, general Francisco Britez Borges. Fuentes Alarcón, llamado por sus amigos "El Trosko Fuentes", fue trasladado a Chile como si fuera un objeto. Almada citó el Informe 00048 F 19999, del 6 de junio de 1975, en que Francisco Bogado F., director de Políticas y Afines de Paraguay,"remitió al coronel Juan Ramón Escobar, comandante de la Guardia de Seguridad, al prisionero político chileno".
En otro papel del Archivo del Terror (Documento 00021F 1532, 12 de abril de 1976), el general Alejandro Fretes Dávalos, jefe del ESMAGENFA II, Departamento FF.AA., expresa lo siguiente (Pedido de Búsqueda No 11/76): "Se tiene conocimiento que el gobierno alemán habría aceptado oficialmente el ingreso a dicho país de los extremistas Amílcar Latino Santucho y Jorge Fuentes Alarcón. Sobre la liberación de los mismos, habrían presionado al gobierno de la Republica del Paraguay, las organizaciones internacionales de Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas".
El defensor paraguayo de derechos humanos le hizo saber al juez chileno Juan Guzmán, que procesó a Pinochet y a Contreras, que "según Informe No 267, del 12 de septiembre de 1978, llegó a Asunción el general Héctor Orozco Sepúlveda, Director de Inteligencia del Estado Mayor General de Chile". Por lo tanto, razonó el jurista,"en merito a las pruebas que arrimo pido la ampliación del Sumario Criminal involucrando en el expediente a los generales chilenos Augusto Pinochet y Manuel Contreras, autores morales y materiales del ‘Operativo Cóndor’.
Proveer de conformidad será un acto de estricta justicia". La Escuela de las Américas II Almada, junto a otros luchadores por los derechos humanos, hoy está empeñado en que desaparezca la nueva versión de la Escuela de las Américas, un centro clave de formación de torturadores de la Operación Cóndor. Establecida en Panamá en 1946, la fatídica SOA (por su sigla en inglés), fue trasladada a Fort Benning, Georgia, en 1984, donde actualmente funciona con otro nombre.
Las protestas contra esta escuela del crimen provienen también de ciudadanos estadounidenses decentes, entre otros la organización SOA Watch. El jurista Almada está pidiéndole al gobierno de Fernando Lugo que Paraguay cese de enviar soldados a la escuela de asesinato y tortura del ejército estadounidense que funciona en Georgia bajo el nombre de Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, WHINSEC por su sigla en inglés), con sucursales en El Salvador y Perú. Habría que exigir lo mismo a la mayoría de los gobiernos latinoamericanos.
El WHINSEC prepara personal de seguridad latinoamericano en las mismas “asignaturas” de “contra insurgencia” que la Escuela de las Américas, bajo el pretexto de la lucha contra el narco tráfico. Entre los 60.000 graduados de la SOA están los responsables de la Operación Cóndor y de los mayores crímenes contra los derechos humanos en América Latina, como Hugo Bánzer Suárez de Bolivia, Leopoldo Galtieri y Roberto Viola de Argentina, sólo para citar algunos. En 1996 el Pentágono fue forzado a abandonar los manuales de entrenamiento en torturas y ejecuciones de la SOA que sus graduados de nivel inferior aplicaron en el asesinato del arzobispo Óscar Romero, de El Salvador, y la masacre de 900 civiles en EL Mozote, en ese mismo país En un intento por desviar las críticas públicas y desasociar a la escuela de su reputación, la SOA fue rebautizada en 2001 como WHINSEC.
El nombre fue cambiado por el departamento de Defensa (Pentágono) para lograr autorización para una partida presupuestaria en el año fiscal 2001 e impedir que los opositores de la SOA aprobaran una legislación que habría desmontado la escuela. El cambio del nombre fue decidido cuando la Cámara de Representantes estuvo a punto de abrir una investigación del Congreso, perdida por apenas diez votos.
Crímenes aquí y ahora… Pero hoy asistimos a una gigantesca Operación Cóndor de nueva factura que se expande a nivel planetario. Existen evidencias de que la CIA utiliza como prisión secreta para sospechosos a una base aérea de EEUU en la isla británica Diego García y trabaja con el gobierno de Londres para impedir el regreso de los habitantes originales que fueron forzados a abandonarla a fines de los años 60.
El general estadounidense jubilado de cuatro estrellas Barry McCaffrey ha indicado que Diego García fue utilizada para detener a sospechosos de terrorismo. Las mismas denuncias provienen de un senador suizo, del relator especial para la tortura de la ONU, de detenidos anteriores y de la organización no gubernamental de derechos humanos Reprieve, del Reino Unido, que ha dedicado varios años a investigar las misteriosas detenciones en prisiones secretas.
El ministerio de Relaciones Exteriores británico continúa apelando ante la Alta Corte por la expulsión ilegal de los 2.000 residentes originales de Diego García. EEUU ha dicho que si permiten su regreso los isleños presentarían un “riesgo inaceptable” a su base.
Solamente han reconocido que en 2002 hubo dos vuelos que transportaron detenidos a Diego García. Abundan, además, las denuncias de que EEUU opera “prisiones flotantes” secretas que mantienen a un número desconocido de prisioneros de su guerra secreta antiterrorista. Según abogados de derechos humanos, EEUU también ha intentado encubrir el número y el paradero de estos detenidos.
Reprieve denunció más de 200 nuevos casos de aprehensión desde 2006 y advirtió que Washington pudo haber utilizado hasta 17 naves de la marina de guerra como “prisiones flotantes” desde 2001, entre otras el USS Bataan, USS Peleliu, USS Ashland, USNS Stockham, USNS Watson, USNS Watkins, USNS Sister, USNS Charlton, USNS Pomeroy, USNS Red Cloud, USNS Soderman, USNS Dahl; MV PFC William B Baugh, MV Alex Bonnyman, MV Franklin J Phillips, MV Louis J Huage Jr, MV PFC William B. Baugh y al MV James Anderson Jr. Los detenidos fueron interrogados a bordo de estos buques y luego derivados a otras naves, a menudo sin revelar ubicaciones, afirma la denuncia. Reprieve también dio a conocer su preocupación por las actividades del navío USS Ashland en Somalia, a principios de 2007, en un supuesto esfuerzo por capturar a terroristas del al-Qaeda.
En ese tiempo más de un centenar de personas fueron secuestradas por fuerzas somalíes, etíopes y kenyanas, en una operación sistemática que incluyó interrogatorios a cargo de individuos considerados miembros del FBI y de la CIA.
Por su propia admisión, el gobierno de EEUU actualmente mantiene a por lo menos a 26.000 personas detenidas sin juicio en prisiones secretas y la información sugiere que hasta 80.000 han pasado “a través del sistema” desde 2001. El gobierno de EEUU está comenzando a ser urgido para que entregue listas de nombres y a informar sobre el paradero de todos esos detenidos. (5) También existen informes de que la administración Bush operó un “anillo ejecutivo de asesinatos” que rendía cuentas directamente al vicepresidente Dick Cheney.
Bajo el presidente Bush, las operaciones militares especiales de asesinato fueron realizadas en muchos países –no sólo en Iraq y Afganistán, sino también en América Latina y alrededor del mundo– pero los sicarios no hablaban con los embajadores ni con el jefe de la estación local de la CIA. Sólo buscaban a la gente de una lista, la encontraban, la mataban y se marchaban. La unidad especial de asesinatos actuó bajo el Comando de Operaciones Especiales fuera de su sede de Florida.
Una de las unidades que trabajan protegidas por el paraguas de este Comando se conoce como Joint Special Op-JSOC, un grupo especial de elite conocido también como “Unidad Negra”, que entre su personal posee asesinos formados en el Navy Seals de la marina y en la Delta Force del ejército. Las blancos, o víctimas, fueron ordenados a través de la oficina del vicepresidente Cheney.
El autor de la denuncia, Seymour Hersh, de The Nation, no sabe si el grupo de asesinato todavía continúa actuando bajo de presidente Obama.(6) La Operación Cóndor sigue potencialmente latente. Los nuevos centros estadounidenses contra los derechos de los ciudadanos del mundo, como Guantánamo, las prisiones flotantes en buques de la marina de guerra de EEUU que deambulan por los mares del planeta o las cárceles secretas habilitadas clandestinamente incluso en Europa son manifestaciones contemporáneas de una gigantesca Neo Operación Cóndor.
Al igual que en la Escuela de las Américas de Panamá, la mojigatería o hipocresía de EEUU no permite torturar en su propio territorio “para no violar la ley”, sino que la exporta y globaliza.
La amenaza Cóndor, por lo tanto, sigue latiendo…
Notas:
1) En el secuestro y posterior asesinato participaron los servicios de inteligencia de Francia (al parecer, sin conocimiento del entonces presidente Charles de Gaulle) y del Mossad israelí. El luchador fue torturado y asesinado en presencia del entonces ministro del interior de Marruecos, general Muhammed Oufkir, quien después fue también ministro de defensa del rey Hassan II …pero murió por órdenes de su propio amo, después de un fallido intento de golpe y asesinato acaecido el 16 de agosto de 1972. El general apareció muerto por la espalda, acribillado a balazos, pero la versión oficial aseguró que se había quitado la vida. Para la conexión del Mossad y la inteligencia francesa ver Mossad, la historia secreta, de Gordon Thomas, 528 pp, sello Byblos, 2005.
El capítulo sobre Ben Barka puede leerse en http://books.google.cl/books?id=khOBhxFzuzwC&pg=PA161&lpg=PA161&dq=oufkir+ben+barka&source=bl&ots=MC-D2KY1&sig=Shm0EHDTYnHhdS3kMETeXhWezhY&hl=es&ei=uyg1Sp7_LaqxtgfsgYn5Dg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#PPA162,M1 2) El fiscal estadounidense Eugene Propper, quien investigó el asesinato de Orlando Letelier por cuenta del departamento de Justicia de EEUU, escribió en colaboración con Taylor Branch el libro Laberinto (Laberynth, Penguin Books, Nueva York, 1983, 623 pp), que contiene los primeros antecedentes conocidos sobre la Operación Cóndor y constituye una verdadera enciclopedia sobre las acciones de terrorismo promovidas por EEUU con agentes de origen cubano, tales como Luis Posada Carriles y Orlando Bosh Ávila, entre muchos otros.
3) Página 12, sábado, 18 de mayo de 2002 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-5276-2002-05-18.html
4) Para mayor información sobre “el capítulo uruguayo” de Cóndor, ver http://www.pvp.org.uy/oliveracondor.htm
5) Resúmenes de historias periodísticas ocultadas por la gran prensa de EEUU y el mundo, elegidas entre cientos de noticias estudiadas por el Proyecto Censurado de la Universidad Sonoma State de California para la selección final de 25 historias relevantes a publicarse en el anuario Censored 2009/2010, de próxima aparición.
6) “Secret US Forces Carried Out Assassinations in a Dozen Counties” Democracy Now! March 31, 2009 http://www.democracynow.org/2009/3/31/seymour_hersh_secret_us_forces_carried *) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno (sobreviviente de la Operación Cóndor en Buenos Aires, Argentina, en 1974, cuando aún se llamaba “Convenio Sudamericano de Policía”).
(Fuente:Rdendh).
No hay comentarios:
Publicar un comentario