"La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue superada"
El premio Nobel Alternativo 2002 Martín Almada sostuvo ayer que el respeto por los derechos humanos debería ser exigible y no una mera declaración, como ocurre ahora.
El premio Nobel Alternativo 2002 Martín Almada sostuvo ayer que el respeto por los derechos humanos debería ser exigible y no una mera declaración, como ocurre ahora.
Martín Almada.
"Nosotros no creemos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Creemos que es una etapa superada. Creemos que tiene que pasarse a una etapa superadora, hacerse una cosa exigible", sostuvo.
Almada integra el comité ejecutivo de la Asociación Americana de Juristas y en su país, Paraguay, es una figura simbólica de la lucha por los derechos humanos y la denuncia de las atrocidades cometidas por el régimen de Alfredo Stroessner.
"Nosotros no creemos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Creemos que es una etapa superada. Creemos que tiene que pasarse a una etapa superadora, hacerse una cosa exigible", sostuvo.
Almada integra el comité ejecutivo de la Asociación Americana de Juristas y en su país, Paraguay, es una figura simbólica de la lucha por los derechos humanos y la denuncia de las atrocidades cometidas por el régimen de Alfredo Stroessner.
Él mismo fue un preso político y sufrió la tortura, y debió exiliarse en Europa. De regreso a su país fue el descubridor de los archivos del terror y de documentos que prueban la existencia del Plan u Operativo Cóndor, un acuerdo militar de represión del que participaron Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia y Chile.
Ayer estuvo en Salta, de paso hacia la ciudad de Orán, donde ayer dio una charla y hoy participará del Tercer Encuentro de Derechos Humanos.En charla con Nuevo Diario, Almada afirmó que hay "mucha hipocresía en materia de derechos humanos".
"La Declaración Universal de Derechos Humanos se dio en 1948 y la situación de los derechos humanos en América Latina está peor, hay falta de trabajo, falta de estabilidad laboral, la situación de los pueblos originarios, el problema de las mujeres, todo eso es atentatorio a los derechos humanos".
Por otra parte, Almada, pedagogo, abogado y doctor en ciencias de la educación, destacó el lugar de preponderancia que ocupa hoy América Latina, en cuanto es un lugar donde se está discutiendo la política establecida. "Antes los cambios venían de Europa (...)
Ahora los cambios vienen de América Latina, viene de Cuba, de Venezuela, Bolivia y de a poco de Paraguay", enfatizó.
"Y como soy ecologista, tengo que decir que la destrucción viene del primer mundo", acusó. También recordó que mientras el gobierno de los Estados Unidos dice fomentar la transparencia en la política, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), los integrantes del Banco Mundial (entre ellos EEUU) "son el que provocan corrupción en mi país" y "ellos mismos financian los cursos de mejoramiento de la democracia".
Hipocresía jurídica En cuanto a la marcha de los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad, Almada estimó que "lo que pasa en Paraguay pasa en América Latina: hay mucha hipocresía jurídica". Contó que la justicia paraguaya tiene dos tiempos: uno para los procesos que se tramitan en tribunales de Asunción y otro para los radicados en juzgados de provincias, que "están estancados". "Nosotros decimos que los jueces (de las provincias) sufren de una enfermedad, son seres invertebrados: una llamada telefónica y se agachan".
Recordó que Paraguay sufrió 70 años de gobiernos militares y eso generó una cultura de terror: "La segunda piel del paraguayo es el miedo". "En América Latina veo que hay una hipocresía jurídica. En Argentina funcionan los tribunales de Buenos Aires, pero en las provincias hay demoras, y más en las del norte".
UNIDAD EN LA ACCION CONTRA LA IMPUNIDAD Y LA CRIMINALIZACION DE LAS PROTESTA SOCIAL
Nuevamente estamos en Orán convocados por Memoria, Verdad y Justicia.
Obligados a revisar lo ocurrido en este tiempo en las luchas contra los centenares de genocidas en Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, no hacemos más que confirmar que éstos siguen gozando de impunidad.
Esto nos lleva a conjeturar que los responsables de la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad creada en marzo pasado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para coordinar y agilizar las causas, ignoran lo que sucede en estas tierras.
Invitamos entonces a sus responsables, los doctores Alfredo Kraut y Walter Venditti, a visitar el Norte ya que nos es imposible acudir a sus despachos en la Capital Federal porque carecemos de fondos, tanto para viajar como para enfrentar los juicios.
Desde la ética de la Memoria, Verdad y Justicia ejercemos la autonomía, lo que nos da la libertad para fijar nuestras posiciones.
Desafiamos las connivencias y complicidades de los grupos de poder y de presión y de la política misma, que pretenden un olvido sin justicia.
La permanente construcción de la Memoria es una tarea colectiva y social.
Garantizar la justicia es responsabilidad de los poderes del Estado, en especial del Poder Judicial, dado que tiene todas las herramientas legales.
Pero, mientras se deciden, les informamos que la Cámara Federal de Apelaciones de Salta otorgó el arresto domiciliario a los genocidas Mariano Rafael Braga y Néstor Eusebio Sing.
En tanto, pese a las pruebas en el más de un centenar de causas entre ellos los de Braga y Sing, la Justicia de Jujuy no ha mostrado el menor interés en cumplir con la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Inclusive el juez Carlos Olivera Pastor dijo públicamente que no detendría a ningún represor porque "no tenía lugar para alojarlos".
En Catamarca, el juez federal Ricardo Moreno no le fue en zaga, imputó pero los dejó en libertad a los militares Eduardo Carrizo Salvadores, Mario Nakagama, Juan Rauzzino, Darío Otero Aran, Carlos Lucena y Horacio Gallardo.
En la causa Masacre de Capilla del Rosario donde se fusilaron a 16 combatientes argentinos y uruguayos tras rendirse, Carrizo Salvadores y Nakagama, dijeron que ellos estuvieron lejos del “teatro de operaciones”, pero quienes estuvieron en lugar era los jefes de la Compañía A y B del Regimiento, Jorge Acosta y Aldo Rico.
En Salta, tienen asegurada la impunidad genocidas como Carlos Mulhall, Juan Carlos Alzugaray, Joaquín Guil, Víctor Viste, Miguel Gentil, Andrés del Valle Socaire, César Espeche, Luis Arenas, el ex juez federal Ricardo Lona, por citar algunos nombres.
Un listado en el que falta el represor Antonio Arrechea Andrade. Según dicen, está prófugo.
Por ahora las ejecuciones, los secuestros, el robo de bebés, la complicidad empresarial, el fusilamiento de presos políticos como los de Palomitas, siguen en la lista de espera y parece que los señores jueces no tienen interés en que los responsables sean condenados.
Tucumán por el momento tiene dos condenados, Bussi y Menéndez, los demás represores, bien gracias. Es decir: Mario Zimmermann, Roberto Albornoz, Héctor Amaya, Mario Escalada, Dulio Figueroa, Susana Auad Leoni, Angel Moreno, Alberto Cattaneo, Armando de Cándido, entre otros. A los que hay agregar dos prófugos Norberto Villegas y Héctor Schwab.
En Santiago del Estero, Antonio Musa Azar, Ramiro López Veloso, Juan Bustamante, Miguel Garbi, Jorge Damico, Cayetano Fiorini, Dido Andrada, José Brao, Eduardo Baudano, Héctor Capella, Roberto Díaz, Francisco Laitán, Rolando Salvatierra, Leopoldo Sánchez, entre otros represores están imputados en más de un centenar de causas.
Pero, al igual que en las otras provincias del norte, en Santiago del Estero la Justicia Federal agota todos los recaudos legales para que los genocidas gocen de un proceso, ese que nunca tuvieron los nuestros.
Un reflejo de la morosidad es la causa del asesinato del joven estudiante Cecilio Kamennetzky. Hace ocho meses fue elevado a juicio oral, pero hace ocho meses que el tribunal no se conforma. Para ellos sigue la dictadura.
Ese es sintéticamente el panorama de los juicios, pero no vamos a dejar de señalar que tampoco estamos ausentes en la defensa y promoción de los derechos sociales, la libertad sindical, el medio ambiente, la salud pública, la educación y contra los desalojos a las familias campesinas e indígenas.
En ese contexto, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, advirtió que reprimirá las manifestaciones, nosotros le respondemos que nos van a encontrar en las calles junto a los que ejercen la libertad de manifestarse.
La ética de Memoria, Verdad y Justicia es un río caudaloso cuyas aguas cristalinas se alimentan con nuestras luchas, nuestras lágrimas, nuestras sonrisas, nuestros encuentros de la militancia, pero fundamentalmente con los sueños y los ideales de los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos a quienes rescatamos íntegramente y no parcialmente.
Entonces hacemos nuestra aquella voluntad política de unir y no de fragmentar, que debilitan.
Unidad en la Acción era la consigna de la década de los '70 y desde Orán la levantamos con la misma fuerza y con el mismo sentido.
La ética de Memoria, Verdad y Justicia es un río que no detendrá la complicidad de la Justicia con los genocidas de Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, por citar las provincias de nuestro norte querido. Nadie nos va a detener ni desviar hasta que todos los genocidas sean enjuiciados.
Unidad en la Acción es nuestro compromiso militante.
Orán, 5 de septiembre de 2009.
Organismos de Derechos Humanos de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucuman, Santiago del Estero, APDH de Rosario y La Plata, Comision Campo de Mayo, Martín Almada y Nora Cortinas.
UNIDAD EN LA ACCION CONTRA LA IMPUNIDAD Y LA CRIMINALIZACION DE LAS PROTESTA SOCIAL
Nuevamente estamos en Orán convocados por Memoria, Verdad y Justicia.
Obligados a revisar lo ocurrido en este tiempo en las luchas contra los centenares de genocidas en Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, no hacemos más que confirmar que éstos siguen gozando de impunidad.
Esto nos lleva a conjeturar que los responsables de la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad creada en marzo pasado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para coordinar y agilizar las causas, ignoran lo que sucede en estas tierras.
Invitamos entonces a sus responsables, los doctores Alfredo Kraut y Walter Venditti, a visitar el Norte ya que nos es imposible acudir a sus despachos en la Capital Federal porque carecemos de fondos, tanto para viajar como para enfrentar los juicios.
Desde la ética de la Memoria, Verdad y Justicia ejercemos la autonomía, lo que nos da la libertad para fijar nuestras posiciones.
Desafiamos las connivencias y complicidades de los grupos de poder y de presión y de la política misma, que pretenden un olvido sin justicia.
La permanente construcción de la Memoria es una tarea colectiva y social.
Garantizar la justicia es responsabilidad de los poderes del Estado, en especial del Poder Judicial, dado que tiene todas las herramientas legales.
Pero, mientras se deciden, les informamos que la Cámara Federal de Apelaciones de Salta otorgó el arresto domiciliario a los genocidas Mariano Rafael Braga y Néstor Eusebio Sing.
En tanto, pese a las pruebas en el más de un centenar de causas entre ellos los de Braga y Sing, la Justicia de Jujuy no ha mostrado el menor interés en cumplir con la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Inclusive el juez Carlos Olivera Pastor dijo públicamente que no detendría a ningún represor porque "no tenía lugar para alojarlos".
En Catamarca, el juez federal Ricardo Moreno no le fue en zaga, imputó pero los dejó en libertad a los militares Eduardo Carrizo Salvadores, Mario Nakagama, Juan Rauzzino, Darío Otero Aran, Carlos Lucena y Horacio Gallardo.
En la causa Masacre de Capilla del Rosario donde se fusilaron a 16 combatientes argentinos y uruguayos tras rendirse, Carrizo Salvadores y Nakagama, dijeron que ellos estuvieron lejos del “teatro de operaciones”, pero quienes estuvieron en lugar era los jefes de la Compañía A y B del Regimiento, Jorge Acosta y Aldo Rico.
En Salta, tienen asegurada la impunidad genocidas como Carlos Mulhall, Juan Carlos Alzugaray, Joaquín Guil, Víctor Viste, Miguel Gentil, Andrés del Valle Socaire, César Espeche, Luis Arenas, el ex juez federal Ricardo Lona, por citar algunos nombres.
Un listado en el que falta el represor Antonio Arrechea Andrade. Según dicen, está prófugo.
Por ahora las ejecuciones, los secuestros, el robo de bebés, la complicidad empresarial, el fusilamiento de presos políticos como los de Palomitas, siguen en la lista de espera y parece que los señores jueces no tienen interés en que los responsables sean condenados.
Tucumán por el momento tiene dos condenados, Bussi y Menéndez, los demás represores, bien gracias. Es decir: Mario Zimmermann, Roberto Albornoz, Héctor Amaya, Mario Escalada, Dulio Figueroa, Susana Auad Leoni, Angel Moreno, Alberto Cattaneo, Armando de Cándido, entre otros. A los que hay agregar dos prófugos Norberto Villegas y Héctor Schwab.
En Santiago del Estero, Antonio Musa Azar, Ramiro López Veloso, Juan Bustamante, Miguel Garbi, Jorge Damico, Cayetano Fiorini, Dido Andrada, José Brao, Eduardo Baudano, Héctor Capella, Roberto Díaz, Francisco Laitán, Rolando Salvatierra, Leopoldo Sánchez, entre otros represores están imputados en más de un centenar de causas.
Pero, al igual que en las otras provincias del norte, en Santiago del Estero la Justicia Federal agota todos los recaudos legales para que los genocidas gocen de un proceso, ese que nunca tuvieron los nuestros.
Un reflejo de la morosidad es la causa del asesinato del joven estudiante Cecilio Kamennetzky. Hace ocho meses fue elevado a juicio oral, pero hace ocho meses que el tribunal no se conforma. Para ellos sigue la dictadura.
Ese es sintéticamente el panorama de los juicios, pero no vamos a dejar de señalar que tampoco estamos ausentes en la defensa y promoción de los derechos sociales, la libertad sindical, el medio ambiente, la salud pública, la educación y contra los desalojos a las familias campesinas e indígenas.
En ese contexto, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, advirtió que reprimirá las manifestaciones, nosotros le respondemos que nos van a encontrar en las calles junto a los que ejercen la libertad de manifestarse.
La ética de Memoria, Verdad y Justicia es un río caudaloso cuyas aguas cristalinas se alimentan con nuestras luchas, nuestras lágrimas, nuestras sonrisas, nuestros encuentros de la militancia, pero fundamentalmente con los sueños y los ideales de los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos a quienes rescatamos íntegramente y no parcialmente.
Entonces hacemos nuestra aquella voluntad política de unir y no de fragmentar, que debilitan.
Unidad en la Acción era la consigna de la década de los '70 y desde Orán la levantamos con la misma fuerza y con el mismo sentido.
La ética de Memoria, Verdad y Justicia es un río que no detendrá la complicidad de la Justicia con los genocidas de Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, por citar las provincias de nuestro norte querido. Nadie nos va a detener ni desviar hasta que todos los genocidas sean enjuiciados.
Unidad en la Acción es nuestro compromiso militante.
Orán, 5 de septiembre de 2009.
Organismos de Derechos Humanos de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucuman, Santiago del Estero, APDH de Rosario y La Plata, Comision Campo de Mayo, Martín Almada y Nora Cortinas.
(Fuente:Rdendh).
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