Juicio al D2: la etapa de testigos comienza la próxima semanaEl ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército reivindica ser juzgado por militares y cuestiona al Tribunal Oral Federal Nº1. Dijo ser una "víctima de la inseguridad jurídica". El resto de los acusados negaron los hechos que se les imputan.
Por Magdalena Da Porta
El represor Luciano Benjamín Menéndez volvió hoy a cuestionar la competencia de la Justicia Federal para juzgarlo por los crímenes de la dictadura, reclamando ser investigado por la Justicia Militar, y se calificó a sí mismo como "víctima de la inseguridad jurídica" del país.
En este segundo día de juicio se completará la lectura de la acusación por los secuestros y tormentos de diez personas, una de las cuales está desaparecida. Por lo que en la jornada de hoy no se podrá iniciar con las declaraciones de testigos como estaba previsto.
La ronda de testimonios, referidos al crimen del subcomisario Ricardo Fermín Albareda, ocurrido en 1979, comenzará el próximo martes ya que mañana no habrá audiencia.
Primeros descargos. Menéndez se negó a declarar calificando de “incompetente” al tribunal que lo juzga. “A mis acusadores les debe sorprender desagradablemente que yo siga pensando igual”, afirmó tras lo cual releyó el escrito que había leído en el juicio anterior. Menéndez concluyó calificándose como una “víctima de la inseguridad jurídica” que según su visión reina en el país.
El ex policía Hugo Britos negó los hechos que se le atribuyen. “Me enseñaron a defender al gobierno constituido y a defender la vida. Siempre hice lo mismo y si estuviera en actividad lo seguiría haciendo”.
Por su parte, Hugo Calixto Flores, además de negar su acusación advirtió que “están inventando algo” indicando que por su condición de fiel católico “nunca hizo”.
“Soy veterano de la guerra contra la subversión y un perseguido político y judicial”, aseveró. Culpando que todo se trata de una venganza de Charlie Moore, a quién detuvo en abril de 1974, y quien luego incriminó al acusado por una carta.
En tanto, César Armando Cejas negó su participación en tareas de inteligencia de la Policía, aclarando que sólo se desempeñaba en áreas administrativas por lo que aclaró que no podría tener conocimiento sobre hechos desarrollados fuera de su órbita. Luego accedió a ser interrogado por la fiscalía y las partes querellantes.
El fiscal Carlos Gonella, comenzó el interrogatorio presentándole al acusado tres legajos con firmas que tras observarlas las desconoció.
La querella, representada por Martín Fresneda, requirió al tribunal que se le exhiba a del legajo la foja 326, en donde hay una firma y un sello que hacen referencia al puesto que ejercía Cejas como subjefe de la Dirección de Inteligencia, según la acusación, situación que el imputado desconoció.
“Esto para mi es tremendo y lo debo decir a viva voz porque somos gente humilde y yo enseñé lo que aprendí”, se lamentó.
La fiscalía, la querella de la causa Albareda, y el defensor de Cejas, Carlos Bustamante, solicitaron que se realicen pericias caligráficas sobre los documentos que le fueron mostrados al acusado, extendiéndola a su propio expediente en donde consta toda su carrera en la Policía. Luego el pedido se hizo extensivo por el defensor público Marcelo Arrieta sobre los documentos presentados.
El militar Rodolfo Campos, quien fuera titular de la Policía de Córdoba en la época en que sucedieron los hechos, mediante comunicación por teleconferencia advirtió que niega “enfáticamente todas las circunstancias y acusaciones”.
Contra el fiscal. Alejandro Cuestas Garzón, abogado de Menéndez, presentó una denuncia penal contra Gonella y el procurador general de la Nación, Esteban Righi, por la supuesta "designación ilegal" del funcionario para este caso.
Se espera que el Tribunal corra vista a las distintas partes para que analicen el planteo y luego se pase a cuarto intermedio, para volver con una resolución.
Cuestas Garzón ya había intentado apartar al fiscal con un planteo de nulidad e inconstitucionalidad de la designación de Gonella que fue rechazado por los jueces Jaime Díaz Gavier, Sergio Grimaux y José Quiroga Uriburu
Acusado debió retirarse por problemas de tensión
Por Magdalena Da Porta
Durante la lectura de los cargos, el ex policía Hugo Calixto Flores pidió retirarse de la sala por un problema de tensión, por lo que se le suministró medicación.
Flores reconoció 3.800 pesos y tras ser preguntado en dos ocasiones por su sobrenombre admitió que "según figura en las causas" le decían "el Chato".
El ya condenado a perpetua Menéndez dijo que como ingresos tiene 5 mil pesos mensuales. Campos (81) informó que gana unos cuatro mil pesos como militar coronel retirado, tras lo cual una asistente legal indicó las afecciones médicas que le impidieron viajar a Córdoba.
César Armando Cejas dijo que ganaba entre 5 mil y 6 mil pesos e insistió en su argumento de defensa según el cual no estuvo en el D2, aunque en la causa se le atribuye haber sido el subjefe en 1979. Jamás trabajé ni pertenecí al D2", remarcó.
Por último, el ex cabo Miguel Gómez reconoció que lo conocían como "Gato" o "Sargento Gato", y admitió que ya estuvo preso por una condena en la Justicia Provincial, entre el 15 de marzo de 1978 hasta el 21 de julio de 1983. Dijo sólo percibe 90 pesos mensuales a modo de remuneración por su trabajo de cocinero en el penal de Bower.
Casi no quedan dudas del suicidio del testigo del juicio al D2
Familiares y una vecina de González, muerto el viernes, declararon hoy ante el fiscal Vidal Lascano. El ex policía no había dado señales de la trágica decisión pero sí había hablado de la inminencia de su presentación.
Por Juan Carlos Simo
Con el informe escrito de la autopsia y los testimonios de familiares y allegados al ex policía Jesús González (58),ya casi no quedan dudas de que el testigo del segundo juicio por la represión en Córdoba se quitó la vida, aunque quedan abiertos interrogantes sobre porqué decidió hacerlo cinco días antes del comienzo del proceso.
"Se estaría confirmando la hipótesis del suicidio. Todo parece indicar que se trató de una decisión personal", dijo a LAVOZ.com.ar el fiscal federal Nº2 de Córdoba, Gustavo Vidal Lascano, a cargo de la causa.
La investigación sólo seguirá en pie si existe algún delito: al tratarse de una acción privada, el suicidio no lo es. Sólo es punible la "instigación al suicidio".
Hoy declararon la hija y el yerno de González, además de una vecina, quienes dijeron que no habían detectado movimientos extraños en torno al domicilio y en ningún momento el ex intengrante del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía había brindado indicios que hicieran suponer que estaba por tomar una decisión drástica.
"No hubo ni cartas ni notas ni nada. Sólo hizo algún tipo de manifestación acerca de que tenía que ser testigo en el juicio, pero no con temor o como si estuviera preocupado. no hubo ni amenaza ni visita extraña", dijo Vidal Lascano.
González fue hallado muerto el viernes por la mañana en el baño de su casa de barrio Alejandro Carbó y según la autopsia hay signos de que se habría quitado la vida luego de cortarse las muñecas e hincarse en el pecho con un elemento punzo cortante, apenas cinco días antes de que comenzara el segundo juicio por la represión en Córdoba, con Luciano Benjamín Menéndez y otros ex miembros del D2 en el banquillo.
Durante la dictadura, el ex policía cumplió tareas de vigilancia en al menos dos centros clandestinos de detención: el Destacamento Caminero de Pilar-Río Segundo y la Casa de Hidráulica, donde fue asesinado el subcomisario Ricardo Fermín Albareda, la principal víctima del actual juicio.
González estaba ahora jubilado y no realizaba ninguna labor, según dijo Vidal Lascano, quien mañana continuará tomando declaraciones.
El ex policía había declarado en diciembre de 2006 durante la instrucción de la causa que está siendo sometida a juicio, confirmando cómo se organizaba el D2 en Casa de Hidráulica y también se esperaba que ahondara en detalles sobre lo ocurrido el 25 de setiembre de 1979, día en el que llegó secuestrado Albareda, para ser torturado, asesinado y desparecido luego .
Lo llamativo del caso es que había sido solicitado como testigo por la defensa del imputado y ex policía Hugo Britos, quien pretendía que testificara en contra de otro ex uniformado que lo había involucrado en el caso.
(Fuente:Rdendh).
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