GUILLERMO MADUEÑO Y OSCAR HERMELO: UN JUEZ PRÓFUGO Y UN FISCAL REPRESORES

Está acusado por complicidad en delitos de lesa humanidad
Fue juez y ahora es prófugo número uno
Es uno de los 39 acusados por crímenes cometidos durante la dictadura militar que aún no fueron detenidos.

Actuó como magistrado federal en Bahía Blanca y está acusado de haber avalado los simulacros de enfrentamientos y de encubrimiento.
Por Martina Noailles

Cañón. El ex fiscal quiso detener a Madueño en 2006 pero el juez lo ordenó recién ahora.

Guillermo Federico Madueño sonríe para la foto. Luce camisa azul a cuadros, cadena dorada al cuello, una nariz pronunciada y un enorme mensaje sobre su frente: “Buscado”. Otra de los afiches aclara que quien pueda dar detalles de su paradero puede recibir 100 mil pesos de recompensa. Aunque suene paradójico, hasta hace sólo cuatro años, el hombre que hoy encabeza la lista de prófugos en la web del Ministerio de Justicia de la Nación, era juez del Tribunal Oral Federal Nº 5. Su rol de encubridor del terrorismo de Estado en Bahía Blanca lo convirtió en uno de los acusados por delitos de lesa humanidad. Y ahora integra la lista de quienes aún se escabullen de la Justicia.

En marzo de 1976 Madueño ya era juez federal de Bahía Blanca, una ciudad con fuerte presencia militar. Desde ese cargo, se ubicó en un eslabón fundamental de la cadena de terror. No sólo rechazó sistemáticamente los hábeas corpus que presentaban los familiares de los secuestrados, tal como lo hicieron otros magistrados de la dictadura. También se encargó de archivar sin investigar, los fusilamientos que las Fuerzas Armadas disfrazaban de enfrentamientos, ordenó seccionar las manos de supuestos NN para luego simular su identificación y hasta se pasó tres años “trabajando” en una parodia de causa por “infiltración marxista” en la Universidad Nacional del Sur.

El prontuario, que se conoció de manera pública en 2004 a partir de una investigación del diario Página/12, motivó al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura. Su renuncia, meses después, le evitó tener que enfrentar un jury de enjuiciamiento.

Sin embargo, desde que dejó de ser juez, Madueño vivió libre y sin ningún tipo de preocupación. Ni siquiera se inquietó cuando en 2006, los entonces fiscales de Bahía Blanca, Hugo Cañón y Antonio Castaño, pidieron su detención junto a la de otros 74 represores. Su ex colega, el juez federal Alcindo Álvarez Canale, le dio tiempo: recién dos años y medio después, en mayo pasado, ordenó su captura. Claro, Madueño ya no estaba en su casa y nunca más apareció.

“Mi relación era con el juez federal Guillermo Madueño. Nos reuníamos en compañía de nuestras esposas en el domicilio del general Azpitarte. Las señoras se iban al comedor mientras el juez, el general y yo permanecíamos en el living conversando secretamente de todo lo que acontecía en la subzona 51 contra la subversión y el terrorismo”. El que habla es el general Acdel Vilas, segundo comandante del V Cuerpo del Ejército, que encabezaba Azpitarte. Su declaración ante la Cámara Federal de Bahía Blanca data de 1987 y demuestra la amistad entre el juez y la cúpula del terrorismo de Estado de esa ciudad del sur de Buenos Aires.

En esos encuentros nocturnos quedaba sellada también, la estrategia para cubrir con un manto de “legalidad” las acciones delictivas de la dictadura. Sólo durante el primer año, el V Cuerpo informó en el diario La Nueva Provincia sobre una decena de supuestos enfrentamientos, en los que fueron asesinadas 22 personas. Todas ellas habían sido secuestradas y torturadas en el centro clandestino La Escuelita. En la mayoría de estos hechos, Madueño ordenó seccionar las manos de los muertos para dar con su identidad que, en realidad, ya se conocía. Luego de los falsos reconocimientos, el juez archivaba la causa sin cuestionar la versión oficial. También sobreseyó sin investigar la muerte por torturas de Daniel Bombara, el primer desaparecido de Bahía Blanca.



El ocaso del mecánico de Massera
La Esma era el lugar de trabajo de quien por décadas sería fiscal de la Nación. Scilingo era su jefe.

Cómo cayó Oscar Hermelo, un condecorado por su actividad en la ESMA.
Por Laureano Barrera

Aunque de su pasado puede inferirse que nunca fue un gran amante de las leyes y la Constitución, el ex fiscal de Ejecución Penal Oscar Hermelo, denunciado públicamente por haber colaborado en la Esma, logró mantenerse a flote en el cargo hasta que hace unos días, cuando un sumario administrativo ordenado por la Procuración General de la Nación y llevado adelante por la fiscalía ante los Tribunales Orales Federales al que tuvo acceso Miradas al Sur y recomendaba su remoción, lo forzó a anticiparse y presentar su renuncia.

El fiscal Alejandro Plagia remitió la investigación al Juzgado Federal N°12 a cargo de Sergio Torres y pidió que el renunciante sea indagado por “la eventual comisión de un delito doloso, que en este caso tiene la característica de ser un delito de lesa humanidad” en su paso por la Esma, tal cual dice el texto del informe.

Para evaluar si pedirá detención e indagatoria, decisión por la que el juzgado mantiene un absoluto hermetismo, el juez Torres contará con una prueba lapidaria que estaba sepultada bajo los 276 cuerpos de investigación principal, 559 incidentes y más de 500 anexos que acumula el laberíntico expediente: una distinción a marinos y civiles “al esfuerzo y la abnegación”, rubricada por el propio Massera, que incluye al “agente civil A.R.A.” –Armada Argentina– “Dr. Oscar Hermelo”. La condecoración, plasmada en la resolución Coar 736/78 y entregada en íntima ceremonia el 12 de septiembre de 1978 por el mismísimo Almirante Cero, destaca en sus fundamentos que entrega “para premiar hechos heroicos y acciones de méritos extraordinarios, individuales o de conjunto”, y que el “personal que revista o revistó en el Grupo de Tareas 3.3 en operaciones reales de combate” se halla encuadrado en ella.

“El documento fue encontrado por el equipo jurídico del Cels en uno de los anexos de la causa Esma, que es enorme, pero no está incluido en el sumario porque surgió después de que se cerrara con la renuncia de Hermelo”, contó a este diario Gabriela Sosti, secretaria de la fiscalía que estuvo abocada a la investigación.

La confesión de un marino. La primera vez que se vinculó a Oscar Hermelo con la metódica represión ilegal que la Armada desató en las profundidades de la Esma, fue a través de un fax que se emitió desde el domicilio del ex capitán de corbeta Adolfo Scilingo y se recibió en el de Horacio Verbitsky, el 30 de noviembre de 1995. Desde hacía un tiempo, el periodista estaba manteniendo una serie de entrevistas en las que el marino arrepentido había confesado minuciosamente las atrocidades de las que había sido partícipe en el centro clandestino de Avenida Del Libertador. La misiva, impresa en la hoja carbónica del fax, revelaba que en el año ’77 Oscar Hermelo (h) había sido su subordinado en el Taller de Automotores de la Esma, donde cumplía funciones de encargado del pañol de repuestos y era un hombre de confianza del grupo de tareas. En ese momento, Oscar Hermelo ya ocupaba el cargo de fiscal de Ejecución Penal al que había ascendido en 1994.

A los pocos días, Verbitsky publicó la información en el diario Página 12 y pronto se replicó en otros medios gráficos y radiales. Ante las denuncias, los organismos de derechos humanos comenzaron a exigir la remoción del fiscal, que sin embargo, gracias a la desidia en los mecanismos institucionales de depuración y ciertos contactos encaramados en el poder, logró hacer equilibrio en el cargo hasta el 1º de septiembre pasado. Como prueba irrefutable de lo que contaba, Scilingo acompañó una segunda carta ratificatoria y una foto –que ilustra esta nota– en la que se veía a un Scilingo paternal entregando, en sentido homenaje, la maqueta de un automóvil en miniatura a un flaco y espigado Hermelo, con quien –contará en su libro Por siempre Nunca Más– llegaron a ser grandes amigos, al punto de convertirse “en su mano derecha y hombre de total confianza” durante el período en el cual él fue Jefe del Taller de Automotores de la Esma.

Ante una serie de notas periodísticas en las que Scilingo reforzaba los vínculos con el fiscal y tras una solicitud expresa del Cels, el entonces Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, impulsó el sumario administrativo M212/98 en el que se comprometía a pedirle explicaciones de “la vida personal y pública” de Hermelo y hasta analizar “la ideología de sus dictámenes”. Pero el trámite no prosperó más allá de algunas medidas de prueba: difícilmente lo haría cuando el propio jefe de los fiscales aparecía enredado en nexos muy oscuros con el despojo de bienes de los desaparecidos que se implementó desde la Esma. El sobreviviente del campo y periodista Juan Gasparini, en su libro La delgada línea blanca, desteje una trama oscura en la que el propio Becerra aparece como abogado defensor del abogado mendocino y profesor de tenis de su hijo Manuel Andrés Campoy, vinculado al plan de los reducidores navales. Según la investigación de Gasparini, Becerra utilizó sus influencias en el poder judicial mendocino para que los marinos que habían arrancado 27 hectáreas en las exclusivas Chacras de Coria –valuadas en unos 20 millones de dólares– falsificando títulos de propiedad, con nombres ficticios y sociedades comerciales fantasmagóricas, y deshaciéndose de sus dueños en las profundidades siniestras de la Esma, quedaran absueltos.

En 2001, a tres años de iniciado el expediente administrativo paralizado en una comisión de disciplina que no se expidió argumentando que no tenía facultades, Hermelo no sólo se mantenía en el cargo, sino que el Jefe de los fiscales resaltaba en el balance anual del organismo que presidía los exasperados ataques de Hermelo contra las garantías procesales de los reos.

El sumario. Ante un nuevo pedido del diputado Juan Cabandié –cuyos padres fueron desaparecidos en la Esma– para que se investigara a Hermelo por su actuación en el campo de exterminio, el Procurador Esteban Righi encomendó una investigación administrativa a la fiscalía de Alejandro Plagia, que se inició el 28 de octubre del año pasado. El resultado del expediente, que consta de varios cuerpos y ahora está en el Juzgado Federal 12 que instruye la megacausa Esma, es un “informe inicial” de 54 páginas que enumera 18 evidencias contra el ex fiscal, que fue cerrado con su renuncia, y al que accedió Miradas al Sur. La prueba medular es, sin dudas, la confesión de Adolfo Scilingo ante medios periodísticos y en su propio libro, Por siempre Nunca Más. Pero hay otras.

No hay dudas de que Oscar Hermelo trabajó en la Esma, aunque no figure como miembro de la institución ni como personal de oficiales, suboficiales, conscriptos ni como Personal Civil. En el descargo del primer sumario, dijo sin especificar que “alguien” le había ofrecido trabajar en los Talleres de la Esma. No había terminado la carrera universitaria de abogacía, trabajaba por las mañanas en Justicia y a las dos de la tarde entraba en su nuevo conchabo, la administración de repuestos, reparación y camuflaje de los autos de los Grupos de Tarea.

Scilingo contó que fue contratado por “el grupo operativo” por ser “un hombre de confianza”, a través –según cree– de un abogado –primo del Tigre Acosta y compañero de la Facultad de Hermelo– que le hizo el yeite, y que muchos sobrevivientes acusan de haber presenciado las sesiones de picana. Cobraba en negro casi lo mismo que en el Juzgado y se quedaba “a veces hasta una, dos de la mañana trabajando”, según el marino.

El diario Clarín, por su parte, publicó en 1998 que ese influyente fue Ricardo Hermelo, un primo suyo que era Capitán de Navío y estaba encaramado bien alto en el organigrama de la Armada, tanto que llegó a ocupar el entorno íntimo del ex jefe, almirante Lambruschini. En cualquier caso, quien recomendó a Oscar Hermelo para un puesto tan delicado debió considerarlo fiel devoto de la “guerra contra la subversión”. Y no se equivocaba.

Consultado por Clarín, Hermelo dijo que nunca tuvo vinculación con el Grupo de Tareas de la Esma. “Yo ayudé a Scilingo a liquidar sueldos de la gente. Esa área no tenía vinculación con grupos operativos. Conocimos mucho después lo que pasaba. Yo fui amigo de Scilingo. La amistad terminó. La de él es una operación de prensa contra mí. Estoy estudiando junto a otros colegas hacer una presentación judicial contra Scilingo.” Al retrucarlo, Scilingo fue fulminate: “No. Miente… él hacía la planilla de liquidación de sueldos, pero además llevaba todo el control logístico, de repuestos” y agregó que lo que sucedía en la Esma “era un tema diario, inclusive cuando llegaba algún vehículo, que había, que tenía alguna operación y que llegaba con sangre lo veía y todo; mire, es imposible negar eso. No, no puede negarse”. El testimonio de Scilingo fue probado como verídico en el juicio que lo condenó a 640 años de cárcel en España.

Su padre y homónimo. Oscar era un juez de Menores conocido como el cosaco en los pasillos de Tribunales. En 1982, a cargo del Juzgado de Menores N° 9, se desentendió de una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo. La ex jueza de ese fuero Alicia Oliveira, en su declaración en la causa judicial que investiga el robo sistemático de la dictadura, menciona a Oscar Hermelo (p) como “un hombre muy cercano a la Marina”, y que “dadas las características de la ideología reinante en los Juzgados de Menores” había pedido “que se revisen todos los expedientes tutelares y las guardas otorgadas en los juzgados de Instrucción y Correccionales de la Capital Federal, porque tiene serias sospechas de que allí se han entregado en guarda para la adopción a niños secuestrados con sus padres o nacidos en los centros clandestinos de detención”.

El reciclaje. En democracia, el Poder Judicial absorbió más de 400 operadores judiciales que habían jurado como jueces de la dictadura. Hoy, varios de ellos se han encumbrado en tribunales jerárquicos del organigrama, como la cuestionada Cámara de Casación, con varios miembros con antecedentes de nostalgia por la dictadura. Uno de ellos fue Oscar Hermelo, que no había interrumpido su carrera judicial ni cuando cubría el turno tarde en los galpones de la Esma. Durante su desempeño como fiscal de ejecución penal montó una cruzada sin cuartel para socavar las morigeraciones procesales que el Código Penal prevé para los reos.

En un informe de 2001 incluido en el balance anual de la Procuración, Hermelo embistió contra estas garantías. Sin embargo, su condición de duro flaqueaba con cierta clase de presos.

En diciembre de 2000, el mecánico de Massera, a través de un informe positivo, había dado su bendición para que el juez Trovato, prófugo seis meses en Brasil y condenado en juicio oral a seis años de prisión por aceptar un placard de 20.000 pesos de una de las empresas investigadas, obtuviera la libertad condicional luego de cumplir dos tercios de la pena. Acérrimo enemigo del garantismo, Hermelo libró su última batalla mediática como fiscal contra el juez Sergio Delgado, acusándolo ante el Consejo de la Magistratura de otorgar incorrectamente libertades transitorias o extraordinarias a una importante cantidad de presos.

Ahora, muy posiblemente, será él quien deba rendir cuentas por las 151 privaciones ilegales de la libertad reiteradas en el abismo de la Esma que se le adjudican en el sumario “en calidad de partícipe secundario”, por haber acondicionado los Falcon verdes para que salieran a secuestrar el Tigre Jorge Acosta, el Ángel de la muerte Alfredo Astiz, y el resto de los esbirros desaparecedores de la Marina.

(Fuente:Rdendh).