Comunidades Indígenas de la provincia movilizarán el martes a plaza Independencia
PUEBLOS ORIGINARIOS ANTE EL ASESINATO DE JAVIER CHOCOBAR Y EL AVANCE DE LA JUSTICIA Y LOS TERRATENIENTES EN SUS TERRITORIOS
Miembros de la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita concentraron hoy en Plaza Independencia ante el gravísimo hecho ocurrido en Chuschagasta. Se reunieron con el Secretario de Derechos Humanos de la provincia, Daniel Posse.
PUEBLOS ORIGINARIOS ANTE EL ASESINATO DE JAVIER CHOCOBAR Y EL AVANCE DE LA JUSTICIA Y LOS TERRATENIENTES EN SUS TERRITORIOS
Miembros de la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita concentraron hoy en Plaza Independencia ante el gravísimo hecho ocurrido en Chuschagasta. Se reunieron con el Secretario de Derechos Humanos de la provincia, Daniel Posse.
Ayer el terrateniente de apellido Amín, acompañado de 2 paramilitares armados dispararon contra miembros de la Comunidad Indígena, matando a una persona e hiriendo a cuatro.
Los comuneros se resistieron a que estas personas los echen de un terreno que decían era de su propiedad. Los medios masivos de la provincia como el oficialista Canal 10 levantaron la teoría del enfrentamiento, cuando a los muertos, los sigue poniendo el pueblo.
En la audiencia de hoy, Daniel Posse y los miembros del gobierno provincial se comprometieron una vez más a dar difusión a la Ley 26.160 que prohíbe los desalojos y a hacer cumplir con los derechos de los Pueblos Originarios en la provincia.
"Tenemos entendido que no están presos los asesinos de nuestro hermano, ya que con la excusa de estar lastimados habrían eludido la captura policial", manifestaron desde el área de prensa de la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita. "El gobierno dice que quiere ayudarnos, pero ¿cómo? ¿matando a nuestros hermanos?, queremos el diálogo, que abran una mesa de diálogo en donde podamos avanzar para que nuestros derechos se cumplan".
La criminalización contra los Pueblos Originarios avanza, con causas que ya llevaron a la detención de Sergio Condorí de la Comunidad India Quilmes el año pasado y de Donato Nieva de Tolombón este año. Se suman los desalojos de EL Nogalito, Colalao del Valle, El Mollar la semana pasada y el conflicto en la Ciudad Sagrada de Quilmes, por nombrar los más recientes, orquestados por los terratenientes y por una justicia que desconoce leyes y derechos de orden público, que deben aplicarse en todo el territorio nacional, como la Ley 26.160, y las Constituciones Nacional y Provincial.
La UNPD ante esto volverá a marchar desde la plaza Independencia la semana que viene, el día martes a las 9hs para repudiar el asesinato de Chocobar, exigir justicia y el cumplimiento de sus derechos como Pueblos Originarios.
En horas de la tarde llevaron el cuerpo de Javier Chocobar a Chuschagasta para ser velado, y mañana será enterrado en Potrero.
No habrá justicia que aplaque el dolor, no habrá enemigo que aplaque la rebeldía. Hay dolor… y habrá lucha.
Carta de Adolfo Perez Esquivel al gobernador José Alperovich
PYBLOS ORIGINARIOS “ESPERO SEÑOR GOBERNADOR, PUEDA USTED IMPONER LA NECESARIA Y DEBIDA JUSTICIA EN ESTE CASO”
El premio Nobel de la Paz se dirigió al gobernador de Tucumán en repudio a los desalojos y el asesinato de Javier Chocobar en Chuschagsta.
"Tenemos entendido que no están presos los asesinos de nuestro hermano, ya que con la excusa de estar lastimados habrían eludido la captura policial", manifestaron desde el área de prensa de la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita. "El gobierno dice que quiere ayudarnos, pero ¿cómo? ¿matando a nuestros hermanos?, queremos el diálogo, que abran una mesa de diálogo en donde podamos avanzar para que nuestros derechos se cumplan".
La criminalización contra los Pueblos Originarios avanza, con causas que ya llevaron a la detención de Sergio Condorí de la Comunidad India Quilmes el año pasado y de Donato Nieva de Tolombón este año. Se suman los desalojos de EL Nogalito, Colalao del Valle, El Mollar la semana pasada y el conflicto en la Ciudad Sagrada de Quilmes, por nombrar los más recientes, orquestados por los terratenientes y por una justicia que desconoce leyes y derechos de orden público, que deben aplicarse en todo el territorio nacional, como la Ley 26.160, y las Constituciones Nacional y Provincial.
La UNPD ante esto volverá a marchar desde la plaza Independencia la semana que viene, el día martes a las 9hs para repudiar el asesinato de Chocobar, exigir justicia y el cumplimiento de sus derechos como Pueblos Originarios.
En horas de la tarde llevaron el cuerpo de Javier Chocobar a Chuschagasta para ser velado, y mañana será enterrado en Potrero.
No habrá justicia que aplaque el dolor, no habrá enemigo que aplaque la rebeldía. Hay dolor… y habrá lucha.
Carta de Adolfo Perez Esquivel al gobernador José Alperovich
PYBLOS ORIGINARIOS “ESPERO SEÑOR GOBERNADOR, PUEDA USTED IMPONER LA NECESARIA Y DEBIDA JUSTICIA EN ESTE CASO”
El premio Nobel de la Paz se dirigió al gobernador de Tucumán en repudio a los desalojos y el asesinato de Javier Chocobar en Chuschagsta.
“Solicito tome usted las medidas necesarias para investigar este caso y hacer justicia, además de que exista un verdadero respeto hacia la existencia, derechos e integridad de nuestros pueblos indígenas”.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.-
Señor
Gobernador de la Provincia de Tucumán
Dr. José Jorge Alperovich
P R E S E N T E
Me dirijo a usted a fin de expresarle mi inquietud e impotencia por las injustas y violentas situaciones por las que deben atravesar los Pueblos Originarios de esa provincia.
Últimamente hemos tomado conocimiento de dos desalojos (Comunidad India Quilmes en Colalao del Valle y el pueblo Lule en el Nogalito) con la violencia que ello implica para quienes se hayan asentados desde hace tiempo en esas tierras, y ahora se denuncia el asesinato del comunero Javier Chocobar, y las heridas sufridas por otros cuatro integrantes de la comunidad Chuschugasta, por parte de un reconocido terrateniente de la zona.
Resulta inconcebible, señor gobernador, que en nuestro país todavía tengan lugar este tipo de hechos, contando con tanta legislación, nacional e internacional, que la Argentina ha ratificado y reconoce explícitamente los derechos de los Pueblos Originarios. Por todo esto, solicito tome usted las medidas necesarias para investigar este caso y hacer justicia, además de que exista un verdadero respeto hacia la existencia, derechos e integridad de nuestros pueblos indígenas.
Estamos a pocos meses de celebrar el bicentenario de nuestra independencia y no podemos tolerar que a ciudadanos argentinos, habitantes originarios de nuestro país, se les falte el respeto de esa manera. Espero señor gobernador, pueda usted imponer la necesaria y debida justicia en este caso. Reciba usted un saludo de Paz y Bien.
Adolfo Pérez Esquivel
Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz
ANDHES
miércoles, 14 de octubre de 2009
ANDHES REPUDIA EL ASESINATO DE UN INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD CHUSCHAGASTA
Además, denuncia fuerte incremento de violencia en contra de la lucha de los pueblos indígenas de Tucumán.
El ataque fue perpetrado presuntamente por el terrateniente de la zona, Darío Amín con la participación de dos ex policías tucumanos Jorge Valdivieso y Luis Gómez; este último, compañero de andanzas del represor Mario “Malevo” Ferreira según publicó Página 12. Además, cuatro comuneros sufrieron heridas de bala. El hecho se da en un marco donde se está analizando la propiedad de los pueblos indígenas sobre territorios ancestrales y el comienzo del relevamiento territorial ordenado por la ley 26.160. Consideramos fundamental que se investigue profundamente lo sucedido y que el Estado provincial garantice la seguridad de las comunidades indígenas.
En la simbólica jornada del lunes 12 de octubre, un integrante de la Comunidad Chuschagasta fue asesinado y otros cuatro sufrieron heridas de bala. El hecho se produjo como brutal respuesta a las acciones legales que está llevando adelante esa comunidad para exigir que se reconozcan terrenos de Chuschagasta como propiedad indígena. La Comunidad acusó de lo sucedido a Darío Amín, reconocido terrateniente de la zona, y a dos ex policías Jorge Valdivieso y Luis Gómez; este último, compañero de andanzas del represor Mario “Malevo” Ferreira según publicó Página 12.En primer lugar, desde andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) consideramos fundamental que la Justicia provincial tome cartas en el asunto y actúe hasta sancionar debidamente a los responsables de estos atroces hechos. En segundo lugar, queremos dejar en claro que este conflicto no es un simple caso de enfrentamiento entre partes sino que se da en el contexto donde una comunidad indígena está reclamando que se reconozcan sus derechos. Asimismo, recordamos que está vigente la ley 26.160 y en este sentido la responsabilidad de su aplicación recae en exclusiva cabeza del Poder Judicial. Dicha normativa, de orden público, ordena la suspensión de todo acto administrativo o judicial que tenga como objetivo desalojar a los pueblos originarios de su territorio por el término de cuatro años, mientras se realiza un relevamiento territorial.
En esta línea, también hay que destacar que a más de 3 años de sancionada la nueva Constitución local el Poder Legislativo Provincial no reglamentó el art. 149 —sobre los derechos fundamentales de las Comunidades Indígenas— en lo atinente a la problemática territorial.Justamente, hace unas tres semanas comenzó el relevamiento territorial en Tucumán (que es realizado por la Universidad Nacional de Tucumán, por un convenio firmado con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), que vino acompañado de una fuerte ofensiva por parte de sectores terratenientes que, en algunas ocasiones, contaron con el apoyo de jueces provinciales y las fuerzas de seguridad. En este sentido, cabe destacar que desde que se sucedieron las primeras reuniones informativas con los pueblos indígenas, ya tuvieron lugar tres desalojos —a la Comunidad India Quilmes, a la Comunidad El Nogalito y Comunidad de El Mollar— y varios intentos a otras comunidades más. Este relevamiento territorial servirá para hacer un análisis de la situación de los territorios indígenas, saber cuál es el mapa y poder actuar en consecuencia.
Por eso, desde andhes consideramos esencial que el Estado provincial, en sus tres poderes, garantice la seguridad de los Pueblos Indígenas que hoy sufren amenazas, persecuciones, violencia y desalojos; y asegure además la efectiva aplicación de la ley 26.160 para que se pueda llegar a una solución de raíz, respetando los derechos constitucionales y ancestrales indígenas.
ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales).
ANDHES
miércoles, 14 de octubre de 2009
ANDHES REPUDIA EL ASESINATO DE UN INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD CHUSCHAGASTA
Además, denuncia fuerte incremento de violencia en contra de la lucha de los pueblos indígenas de Tucumán.
El ataque fue perpetrado presuntamente por el terrateniente de la zona, Darío Amín con la participación de dos ex policías tucumanos Jorge Valdivieso y Luis Gómez; este último, compañero de andanzas del represor Mario “Malevo” Ferreira según publicó Página 12. Además, cuatro comuneros sufrieron heridas de bala. El hecho se da en un marco donde se está analizando la propiedad de los pueblos indígenas sobre territorios ancestrales y el comienzo del relevamiento territorial ordenado por la ley 26.160. Consideramos fundamental que se investigue profundamente lo sucedido y que el Estado provincial garantice la seguridad de las comunidades indígenas.
En la simbólica jornada del lunes 12 de octubre, un integrante de la Comunidad Chuschagasta fue asesinado y otros cuatro sufrieron heridas de bala. El hecho se produjo como brutal respuesta a las acciones legales que está llevando adelante esa comunidad para exigir que se reconozcan terrenos de Chuschagasta como propiedad indígena. La Comunidad acusó de lo sucedido a Darío Amín, reconocido terrateniente de la zona, y a dos ex policías Jorge Valdivieso y Luis Gómez; este último, compañero de andanzas del represor Mario “Malevo” Ferreira según publicó Página 12.En primer lugar, desde andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) consideramos fundamental que la Justicia provincial tome cartas en el asunto y actúe hasta sancionar debidamente a los responsables de estos atroces hechos. En segundo lugar, queremos dejar en claro que este conflicto no es un simple caso de enfrentamiento entre partes sino que se da en el contexto donde una comunidad indígena está reclamando que se reconozcan sus derechos. Asimismo, recordamos que está vigente la ley 26.160 y en este sentido la responsabilidad de su aplicación recae en exclusiva cabeza del Poder Judicial. Dicha normativa, de orden público, ordena la suspensión de todo acto administrativo o judicial que tenga como objetivo desalojar a los pueblos originarios de su territorio por el término de cuatro años, mientras se realiza un relevamiento territorial.
En esta línea, también hay que destacar que a más de 3 años de sancionada la nueva Constitución local el Poder Legislativo Provincial no reglamentó el art. 149 —sobre los derechos fundamentales de las Comunidades Indígenas— en lo atinente a la problemática territorial.Justamente, hace unas tres semanas comenzó el relevamiento territorial en Tucumán (que es realizado por la Universidad Nacional de Tucumán, por un convenio firmado con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), que vino acompañado de una fuerte ofensiva por parte de sectores terratenientes que, en algunas ocasiones, contaron con el apoyo de jueces provinciales y las fuerzas de seguridad. En este sentido, cabe destacar que desde que se sucedieron las primeras reuniones informativas con los pueblos indígenas, ya tuvieron lugar tres desalojos —a la Comunidad India Quilmes, a la Comunidad El Nogalito y Comunidad de El Mollar— y varios intentos a otras comunidades más. Este relevamiento territorial servirá para hacer un análisis de la situación de los territorios indígenas, saber cuál es el mapa y poder actuar en consecuencia.
Por eso, desde andhes consideramos esencial que el Estado provincial, en sus tres poderes, garantice la seguridad de los Pueblos Indígenas que hoy sufren amenazas, persecuciones, violencia y desalojos; y asegure además la efectiva aplicación de la ley 26.160 para que se pueda llegar a una solución de raíz, respetando los derechos constitucionales y ancestrales indígenas.
ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales).
(Fuente:Rdendh).
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