TUCUMÁN: MOVILIZACIÓN POR EL ASESINATO DE CHOCOBAR.

"Marchamos para que la justicia deje de mirar para otro lado"
PUEBLOS ORIGINARIOS MOVILIZACIÓN A PLAZA INDEPENDENCIA POR EL ASESINATO DE JAVIER CHOCOBAR







La Unión de la Nación del Pueblo Diaguita encabezó hoy una importante movilización para reclamar justicia ante el asesinato de Javier Chocobar por parte del terrateniente Darío Amín y ex policías a su servicio, que dejó además un saldo de 4 heridos, uno de ellos en grave estado. El ataque se llevó a cabo en la localidad de El Chorro, Trancas. Vuelven a exigir que el estado cumpla con sus obligaciones y respete el derecho de los Pueblos Originarios en la provincia, en particular la Ley 26.160. CONTRAPUNTO.






Mientras los medios de comunicación masiva de la provincia siguen presentando y reduciendo el hecho a algo policial, hoy cerca de 700 personas movilizaron a plaza Independencia desde las distintas Comunidades de la provincia para reclamar el cese a la violencia y persecución a los Pueblos Originarios de la provincia. Exigen que se cumplan las leyes que los protegen y reclaman juicio y castigo a los autores del asesinato de Don Javier Chocobar (de 68 años), miembro de la Comunidad Indígena de Chuschagasta (Trancas), perpetrado por Darío Amín, reconocido terrateniente de la zona, y dos ex policías Jorge Valdivieso y Luis Gómez; este último, compañero de andanzas del represor Mario “Malevo” Ferreira en el Comando Atila, grupo parapolicial liderado por este último.





Las comunidades informaron que "el ataque se hizo con la complicidad de ex oficiales exonerados: Luís Gómez, cuñado del actual Jefe de Policía de la provincia Hugo Sánchez, y José Valdivieso, quienes arremetieron con armas de fuego de grueso calibre a miembros de la Comunidad que se encontraban en actitud pacífica cuidando los recursos naturales comunitarios"."Los agresores eran legionarios al mando del tristemente célebre “Malevo Ferreira”, enlistados en la asociación ilícita 'el Comando Atila'. Por este motivo, alertamos a la opinión publica en general, a las organizaciones sociales y de derechos humanos, la gravedad de la situación que viven los hermanos de Chuschagasta ya que fueron objeto de una brutal agresión" manifestaron los oradores del acto.





El Cacique de la Comunidad manifestó -entrevistado por ContraPunto- que "la Comunidad está destrozada, porque nunca hubiésemos pensado que pase una cosa como ésta, que los lleve la avaricia y la ambición a estos terratenientes, como Darío Amín, a asesinar a sangre fría a gente que no tenía ni siquiera un palo, que al último se tuvieron que defender con piedras para que no sea una masacre mayor". Agregó que "ellos se han dado a la fuga, y ahora están presos, pero eso no basta, queremos que la justicia deje de mirar para otro lado. Hoy nos atacan más por que antes éramos invisibles, y ahora estamos saliendo de la invisibilidad y los terratenientes están con temor de perder lo que ellos consiguieron matando a los Pueblos Originarios". "Mientras no los veamos tras los barrotes a los responsables, no vamos a tener fe ni expectativas en la justicia" concluyó.





Con respecto a la causa abierta, desde ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) agregaron que "está investigando la justicia tucumana, tanto el homicidio como las lesiones graves de los heridos de bala. Se están tomando declaraciones a los imputados y esperamos que se dicte prisión preventiva como corresponde en estos casos, atento al nivel de violencia y al riesgo cierto que los imputados se fuguen".

Complicidad e inacción política
Referentes de la Comunidad de Chuschagasta denunciaron que esto no es nuevo, que "los poderosos siempre tienen la justicia a favor de ellos" y hoy siguen recibiendo amenazas por mensajes de texto con rumores de desalojos. "Personas del mismo gobierno son las que están actuando para apropiarse de nuestras tierras". Como ejemplo de esto nombraron a Silvia Chiarello, delegada de Ancajuli que intentaría hacerles firmar papeles de propiedad a ancianos de la Comunidad, hostigándolos permanentemente para después presentarse como dueña de esas tierras.
Sara Mrad, de Madres de Plaza de Mayo, se solidarizó y manifestó que "las comunidades desde hace muchos años vienen soportando el atropello, el asesinato y la muerte, siempre por intereses económicos. Por eso las Madres no podíamos estar ausentes hoy, porque los Pueblos Originarios son un ejemplo de resistencia durante tantos siglos, es por eso nuestro abrazo solidario. Tengamos en cuenta que la única lucha que se pierde es la que se abandona".


La semana pasada, miembros de las Comunidades fueron recibidos por el Secretario de Derechos Humanos del gobierno provincial, Daniel Posse, quién se comprometió a avanzar en el cumplimiento de los derechos que se reclaman. Valentina García Salemi, abogada de ANDHES, dijo que "las respuestas de los funcionarios fueron bastante evasivas, muy abstractas en el sentido de encontrar rápidamente soluciones estructurales a este problema". Esta semana también hubo una reunión con el Defensor del Pueblo, en la que se avanzaron algunos puntos. "Seguimos reclamando que los funcionarios accionen en consecuencia de lo que corresponde a las constituciones nacionales y provinciales", sostuvo la abogada.


¿Un enfrentamiento?
José Valdiviezo ya declaró y fue imputado de homicidio simple. Según alegaron en declaraciones a La Gaceta -que sigue levantando la teoría del enfrentamiento-, ellos "se defendieron del ataque de un grupo de hombres", que "no querían causar problemas" pero que "mientras estaban trabajando fueron agredidos por los comuneros con piedras lajas, palos y machetes". Alegaron defensa propia, aunque para considerarlo, la defensa tiene que ser proporcional al ataque, y quienes tenían armas de fuego y dispararon contra los miembros de la comunidad fueron estas tres personas, matando a Chocobar e hiriendo a cuatro personas, entre ellas un niño, al tiempo que Andrés Mamani se encuentra en grave estado en el Hospital Centro de Salud. La causa la está investigando el fiscal Arnoldo Suasnábar.


Solidaridad
Desde toda la provincia llegaron desde temprano delegaciones a la plaza Independencia, las distintas Comunidades de la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita se congreraron masivamente, a pesar de las dificultades en poder llegar desde sus lugares de origen, muchas veces sin posibilidades de transporte público y dejando sus obligaciones laborales. Las banderas whipalas flamearon una vez más por las calles de la capital tucumana desde Tafí del Valle, Amaicha, Casas Viejas, El Mollar, Quilmes, Colalao del Valle, El Tolombón, Pueblo Lule, Chuschagasta, La Angostura, San Pedro de Colalao, El Nogalito, Potrero y el resto de las comunidades integrantes de la Unión. Antes de marchar, se hizo una ofrenda a la Pachamama en el centro de plaza.



También participaron de la movilización delegaciones de Pueblos Indígenas de Salta y Jujuy, que acercaron su solidaridad una vez que la movilización se apostó frente a los tribunales de calle Sarmiento. Además, marcharon junto a las comunidades organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo, ANDHES, H.I.J.O.S, APDH y organizaciones políticas y sociales, entre las que estuvieron Fogón Andino, Estudiantes de Trabajo Social, Partido Obrero, Autoconvocados de la Salud, CCC, PCR, Sindicato Municipal de Aguilares, La murga Los Tocafondos del Centro Cultural de La Bombilla, Tucumán Danza, Familiares de Víctimas contra la Impunidad de Tucumán y ASANOA, entre otras.La columna de manifestantes llegó a ser cerca de 700 personas, cubrió cerca de 2 cuadras y media, y se dirigió al juzgado provincial. Luego volvió hacia plaza Independencia para concluir frente a los Tribunales Federales de Congreso y Las Piedras, en donde volvieron a exigir el cumplimiento de la Ley 26.160 que prohíbe los desalojos en las Comunidades hasta tanto no se realice el relevamiento territorial en la provincia.


OPINION
El asesinato de Javier Chocobar
Por Norma Giarracca *
El 12 de octubre, día en que se recuerda el “hecho colonial” de consecuencias más dramáticas en la historia de la humanidad –surgimiento del concepto de “raza”, genocidios en su nombre y saqueos de territorios–, Tucumán decidió recordarlo con el asesinato de un comunero indígena: Javier Chocobar. Un diaguita de Los Chuschagasta en el norte tucumano fue asesinado mientras otras cuatro personas de la comunidad fueron heridas, incluyendo un niño. Los comuneros defendían sus territorios amenazados –como en muchas otras provincias– por terratenientes, nuevos inversores sojeros o por la especulación inmobiliaria. Un terrateniente y sus “guardias blancas” armados –novedoso fenómeno del neoliberalismo en el país– abrieron fuego contra poblaciones cuyas únicas armas son legislaciones nacionales e internacionales que avalan la propiedad comunal.






El martes 13, el principal diario de Tucumán, en la sección Policiales, menciona el hecho de esta forma: “Un hombre murió y al menos otros cuatro resultaron heridos anoche tras una violenta disputa suscitada en Chuscha, al norte de la provincia”. En tanto, los sitios de Internet definían el hecho como “una batahola entre bandas” o “peleas territoriales”.



Es muy importante estar informados de que en la Argentina todos los días los pobladores corren serios riesgos por defender los bienes naturales comunes de la devastación infligida por el neoliberalismo disfrazado de “desarrollismo productivo”. Actividades extractivas como el agronegocio y la minería o especulativas como el negocio inmobiliario amenazan bosques, montes, aguas, glaciares y derechos de poblaciones que aprendieron a defenderse con las legislaciones.






En noviembre de 2006 fue aprobada por el Congreso de la Nación la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria (26.160), en la que se da un marco de protección a las comunidades frente a los desalojos de sus tierras e incluso suspende procesos judiciales en marcha. No obstante, esta comunidad de Los Chuschagasta es blanco de acosos y amenazas para expulsar a los comuneros de sus tierras ancestrales. Es decir, se violan tratados internacionales y leyes nacionales con el beneplácito de los gobiernos provinciales. Por estas razones fue asesinado un comunero.



Se oyeron las voces de alerta de Anmistía Internacional y de nuestro Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, pero debemos lograr oír muchas más voces, debemos escuchar gritos de todo un país que alguna vez prometió a las nuevas generaciones un “Nunca más”. La muerte de Javier Chocobar no puede pasar inadvertida en la gran ciudad, donde está el corazón del poder político. No pasaron inadvertidas las muertes del maestro Carlos Fuentealba, de aquellos jóvenes luchadores del Puente Pueyrredón o de aquellos cuyos gritos de dolor venían del Norte rebelde en los tiempos de los cortes de ruta en Mosconi y Tartagal. ¿Acaso la muerte de un diaguita en manos de “guardias blancas” que rememoran a las peores épocas de América latina puede pasar inadvertida o reducirse a las secciones policiales de los medios? ¿El asesinato de un comunero indígena perpetuado por hombres del poder económico no nos llena de horror? ¿A qué “mordaza” se referían los periodistas de televisión durante las últimas semanas? ¿Quién los amordaza para no tratar este asesinato, para que no quede oculto en los bosques tucumanos?






Si quedara oculto, como un hecho policial, ya estaríamos transitando ese peligroso sendero que comienza con la “naturalización” de las muertes y los asesinatos de los que resisten y todos sabemos hacia dónde nos puede conducir. Por eso es necesario que todos expresemos el más enérgico repudio a este asesinato y exijamos justicia, el respeto a los tratados internacionales, la puesta en real vigencia de la Ley de Emergencia de Propiedad Comunal y toda la legislación que protege los territorios y sus poblaciones así como el desarme de grupos policíacos privados en todo el país.
* Socióloga, profesora titular de Sociología Rural (Instituto Gino Germani-UBA).
(Fuente:Rdendh-Contrapunto-Pagina12).