EL INADI CONTRA EL DISCURSO REPRESIVO.

El INADI contra el discurso represivo. Criminalizan demandas mapuches
REDACCION ROSARIO
Como en épocas de la campaña genocida del general Roca, estancieros y empresarios rionegrinos acusan a los mapuches por los reclamos y ocupación de tierras. En sus ataques a los derechos de los pueblos originarios, con apoyo de medios periodísticos como Clarín y La Nación, se acusó a organizaciones mapuches con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) e incluso la ETA de España.
Ante ello, Julio Accavallo, delegado Río Negro del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), señaló que “como plantea el Ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, se debe entender que el Estado argentino cometió un genocidio con los pueblos originarios y por lo tanto es necesaria una reparación para las comunidades que hoy están sufriendo las consecuencias de ese intento de exterminio”.
“Es peligroso el discurso que se pretende instalar respecto a que los mapuches son chilenos y que mataron a los tehuelches que eran argentinos y por lo tanto no tienen derechos sobre los territorios que ocuparon. No se pueden atribuir nacionalidades a pueblos preexistentes a la formación del estado argentino y chileno, por lo tanto se intenta utilizar la discusión histórica como mecanismo de negación de los derechos indígenas”, sostuvo Accavallo.
También destacó el reconocimiento que realizó el Estado a nivel constitucional sobre su carácter pluriétnico y multicultural y reconoce que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas y apropiación de sus tierras, territorios y recursos.
Además, resaltó cuatro derechos fundamentales: el derecho territorial preexistente; el derecho al reconocimiento de su personería jurídica como pueblos; el derecho a la biodiversidad biológica y el derecho a la interculturalidad (que incluye el respeto a su identidad en la educación, el idioma y el sistema económico y social, entre otros).
Estancieros, firmas mineras, petroleras, forestales e inversores turísticos, apuestan y subsidian la falsificación de la historia y el encubrimiento mediático para justificar el criminalizar y reprimir a las demandas surgidas en el marco de los derechos constitucionales.
(Fuente:Argenpress).