LA LEY DE ADN.

Sangre, sudor o lágrimas
Por Horacio Verbitsky
La contienda entre las Abuelas de Plaza de Mayo y el Grupo Clarín prosiguió el martes 10 cuando un juez declaró inconstitucional un decreto presidencial referido al Banco Nacional de Datos Genéticos y el miércoles 18 con la sanción por el Senado de tres leyes originadas en un acuerdo entre Abuelas y el gobierno nacional ante el sistema interamericano de derechos humanos. Una de esas leyes perfecciona las disposiciones del decreto objetado.
Para que el análisis que aceptaron realizarse los jóvenes Marcela y Felipe Noble Herrera se efectuara en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia, Bergesio tuvo que declarar inconstitucional el decreto 511/09, firmado por la presidente CFK en mayo, tal como lo solicitaron los abogados de la señora Ernestina Herrera de Noble, Alejandro Carrió, Jorge Anzorreguy y Roxana Piña. Alejandro Carrió también es el abogado de Francisco De Narváez, principal accionista de América TV, en la causa por el tráfico de efedrina. Al mismo tiempo, el abogado preside la Asociación por los Derechos Civiles, que se pronunció en contra de la nueva ley audiovisual, objetada por Noble y De Narváez. Pese a que su prima hermana, la diputada de la Coalición Cívica Libertadora, Elisa Carrió, dijo que el proyecto de ley sobre ADN era “fascismo puro”, sólo un voto se opuso en el Senado a su aprobación. Esa ley regula de qué modo podrán disponer los jueces la toma de muestras de material genético. Con un margen menor también se sancionó la ley que crea un banco y un archivo nacionales de datos genéticos. La ley del siglo pasado también autorizaba la extracción de sangre. La novedad es que también podrán obtener saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas y disponer “el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo, para lo cual podrán ordenarse medidas como el registro domiciliario o la requisa personal”. En el Banco y el Archivo se almacenarán los resultados obtenidos. Sólo por orden judicial se los cotejará con todos los casos registrados en el Archivo Nacional de Datos Genéticos para determinar identidades.
El primer juez de la causa, Roberto Marquevich, ordenó que el análisis se realizara en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Una vez apartado ese juez de la causa, Bergesio aceptó una propuesta de los jóvenes Noble Herrera: que lo efectuara el Cuerpo Médico Forense, las muestras sólo se cotejaran con las de dos familias querellantes (García-Gualdero y Miranda-Lanuscou) y luego se destruyeran. Además, solicitó a la Comisión Nacional por la Identidad y a las Abuelas información sobre otras 22 familias que buscan chicos desaparecidos antes de las adopciones de la señora de Noble. En mayo de este año, CFK firmó el decreto 511/09. Sostiene que el desarrollo de técnicas más complejas de identificación exige que la dirección del Banco sea ejercida por profesionales en bioquímica o biología molecular con experiencia en genética forense y que la Constitución Nacional y la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos obligan a proteger los datos asentados en el banco. Su artículo primero dispone que el director del Banco sea elegido en concurso público de oposición y antecedentes. El segundo estipula que el Banco sólo podrá entregar la información almacenada por orden judicial en una causa, para respaldar las conclusiones de sus peritajes y permitir su control por los peritos de parte. Invocando ese decreto, las Abuelas de Plaza de Mayo reclamaron que el juez dejara sin efecto el análisis en el Cuerpo Médico Forense. Carrió, Anzorreguy y Piña replicaron que “so pretexto de reglamentar leyes de alcance general” el Poder Ejecutivo había excedido sus facultades “en exclusivo beneficio de una parte”. Bergesio aceptó ese razonamiento e insistió en que no había inconveniente en hacer el análisis en el organismo de la Corte Suprema, donde podrían destruirse las muestras como exigen los Noble Herrera, “aunque el Cuerpo Médico Forense tercerice el examen pues siempre se pueden adoptar las medidas tendientes a evitar peligros colaterales”. No es una cuestión menor. El Cuerpo Médico Forense está intervenido por la Corte Suprema, como culminación de una década de escándalos. Un editorial del diario La Nación, socio de Clarín, sostuvo que “los cuerpos de peritos deben ser absolutamente confiables. El fuerte deterioro moral que conllevan dictámenes falaces o amañados, producto de presiones inducidas desde posiciones política o económicamente influyentes [...] daña las bases mismas del sistema judicial”. La Nación detectó una estructura ilegal y “un encadenamiento de hechos irregulares perpetrados por profesionales médicos, que ha llevado al juez a requerir peritajes fuera del ámbito del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, bajo la sospecha de que sus procedimientos son incorrectos y sus dictámenes falsean la verdad”. Junto con la intervención, la Corte ordenó una auditoría, que fue realizada por su integrante Carmen Argibay. Entre otras irregularidades, constató que los abogados bien conectados elegían los peritos de su preferencia. La mayoría eran interinos o contratados, se los designaba sin concurso, tenían hasta tres y cuatro empleos y no cumplían horario. El decano era vitalicio. Argibay espera tener terminado antes de fin de año el nuevo reglamento. Incluye el sorteo informático de los expedientes, la designación por concurso y la elección de las autoridades por votación de los propios peritos médicos. No obstante, el 80 por ciento de sus integrantes no se ha renovado. Uno de los sorpresivos hallazgos de Argibay fue que los análisis genéticos se derivaban a laboratorios privados pero llevaban la firma de la vicedecana del Cuerpo Médico Forense, Rosario Alicia Sotelo Lagos, como si ella los hubiera realizado. A raíz de ello, Sotelo Lagos está sumariada. “Es uno de los problemas complejos a resolver, porque el Cuerpo no tiene ni aparatos ni expertos para realizar análisis de ADN”, dijo Argibay ante una consulta para esta nota.
Esta es tal vez la causa más politizada de la justicia federal en la última década, en la que no hay actores ingenuos. La resolución de Bergesio tiene varios aspectos notables: no especificó qué artículo de la Constitución afectaría el decreto y anuló hasta el procedimiento de designación por concurso de las autoridades del Banco Nacional de Datos Genéticos. Marquevich fue destituido en juicio político por denuncia del Grupo Clarín. Ahora las Abuelas y el gobierno estudian si no ha llegado el momento de denunciar a Bergesio.

La ley de ADN, Videla y el caso Noble el dictador será indagado sobre el origen de los hijos de la directora de clarín
Comprometidos. Según un testimonio que obra en la causa, el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, habría dicho que el dictador Jorge R

por Daniel Cecchini
De acuerdo con información suministrada por organismos de derechos humanos a Miradas al Sur, la sanción en el Senado de la ley que autoriza la recolección de ADN por métodos no invasivos impactará positivamente –a corto o mediano plazo– en el desarrollo de alrededor de 60 procesos relacionados con la restitución de la identidad a hijos de desaparecidos que fueron apropiados ilegalmente durante la última dictadura. Mientras tanto, el viernes próximo, el genocida Jorge Rafael Videla deberá prestar declaración indagatoria ante el juez federal de San Isidro Conrado Bergesio, en el marco de la causa que investiga la presunta apropiación de dos hijos de desaparecidos por parte de la directora del grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble.Ahora, la indagatoria a Videla será el primer paso procesal en casi dos meses, después del infructuoso careo realizado a principios de octubre entre el CEO del grupo Clarín, Héctor Magnetto, y el periodista José Ignacio López, autor de El hombre de Clarín, una biografía autorizada del propio Magnetto, para esclarecer la posible participación de este último en la adopción de los niños –hoy jóvenes adultos– inscriptos irregularmente como Marcela y Felipe Noble Herrera. La citación al dictador se debe al testimonio del ex dueño de La Razón, José Pirillo, quien declaró que Héctor Magnetto le relató que, en 1976, él mismo le había conseguido los dos niños a Ernestina Herrera de Noble por intermedio de Videla. Por esta razón, en el proceso también está previsto realizar un careo entre el hombre fuerte de Clarín y Pirillo, aunque todavía no se le ha fijado fecha debido a que el ex propietario de La Razón (diario que hoy pertenece al Grupo Clarín) se encuentra en el exterior.
Todos los casos, un caso. Contra lo que podía hacer suponer la fuerte campaña en contra de los medios más concentrados de la Argentina y las virulentas críticas de algunos dirigentes de la oposición, la ley de ADN fue aprobada en la Cámara alta por una aplastante mayoría de 58 votos contra uno. A la hora de votar, ningún senador tuvo en cuenta las dos falacias que ensuciaron el debate público: que se trataba de una herramienta compulsiva que afectaba los derechos de las víctimas y que era una ley diseñada para atacar al Grupo Clarín, como se cansó de repetir una diputada electa con vocación por las profecías apocalípticas. Sí es cierto que, al brindar una nueva herramienta para devolver la identidad a todos los hijos de desaparecidos apropiados durante la dictadura, la ley golpea bajo la línea de flotación la estrategia de los defensores de Ernestina Herrera de Noble, que se oponen a que el material genético de los niños inscriptos irregularmente como Felipe y Marcela sea comparado en el Banco Nacional de Datos Genéticos con el de 30 grupos de familiares de víctimas del terrorismo de Estado entre los que podrían encontrarse sus familias biológicas. Los abogados de la directora de Clarín se oponen a brindar muestras de sangre de Felipe y Marcela para compararlas en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Pretenden, en cambio, realizar análisis comparativos de ADN en un centro privado, limitándolos a sólo dos familias (Lanoscou-Miranda y García-Gualdero) con las que están casi seguros de que los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble no tienen ningún parentesco. Entonces, con los resultados negativos de esos únicos dos casos en la mano, intentarían cerrar la causa. La ley desbarata esta estrategia y obliga al juez a ordenar la obtención de manera no invasiva (extrayéndolo de peines, cepillos de dientes o ropas) de material genético de los dos jóvenes, para compararlo con 12 grupos familiares en el caso de Marcela y con otros 18 en el caso de Felipe. Una medida solicitada desde hace años por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.Sin embargo, la aplicación de la ley podría demorarse. “El procedimiento debería realizarse cuanto antes, pero el juez ha mostrado una y otra vez su falta de voluntad para hacer avanzar la causa, demorando los pasos procesales de una manera llamativamente funcional a la estrategia de la defensa. No nos extrañaría que ahora tomara alguna otra medida dilatoria, incluso que llegara a declarar la inconstitucionalidad de la ley”, dijeron, preocupados, a Miradas al Sur cerca de la querella. La desconfianza no carece de fundamentos. Bergesio se hizo cargo de la causa luego de que el anterior juez, Roberto Marquevich –que había ordenado la detención de Ernestina Herrera de Noble por los delitos de “falsificación de documentos públicos, inserción de datos falsos y uso de documento falso” durante la inscripción de los dos niños como sus hijos–, fuera suspendido por el Consejo de la Magistratura. Desde entonces, el proceso avanzó poco y nada.En la práctica, el juez Bergesio contaba con herramientas para ordenar los análisis comparativos de ADN aún antes de que se aprobara la ley. Es una medida que otros magistrados ya han ordenado en nueve casos de hijos de desaparecidos. El más notorio fue el de Evelyn Vázquez, una niña apropiada que se negaba a someterse al examen de ADN para proteger a sus apropiadores. En octubre de 2003, la Corte Suprema de Justicia –con su anterior composición– se pronunció en contra de la extracción obligatoria de sangre para realizar los análisis comparativos. El tribunal fundó su resolución en el “derecho a la intimidad” de la joven. La medida fue apelada por Abuelas de Plaza de Mayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). En 2007, el juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid ordenó la obtención de material genético mediante el allanamiento del domicilio de la joven y su comparación permitió descubrir que era hija de Rubén Bauer y Susana Pegoraro, y que había sido apropiada ilegalmente por el marino Policarpo Vázquez y su mujer.El caso más reciente data de hace apenas dos meses, cuando la Corte Suprema ordenó la recolección, mediante un allanamiento de domicilio, de material biológico para realizar pruebas de histocompatibilidad de los jóvenes inscriptos como Emiliano y Guillermo Prieto, también hijos de desaparecidos. “Con estos antecedentes, Bergesio debería haber tomado la medida hace tiempo, sin embargo no hizo absolutamente nada”, señalaron fuentes cercanas a la querella.
Una ley contra la trampa. Posiciones como la del juez de la causa Noble son, por sí mismas, prueba de la necesidad de la ley de ADN para esclarecer los casos de apropiación de hijos de desaparecidos, devolver su identidad a las víctimas y castigar a los culpables. “La sanción de la ley, además de ser el resultado de un compromiso del Estado argentino con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, destaca la existencia de un problema: los jueces ya tenían las armas para disponer los estudios de ADN, pero en muchos casos no lo hacían, lo que pone de manifiesto que algunos miembros del Poder Judicial no eran receptivos al criterio de restitución de los nietos a sus familias biológicas”, dijo a Miradas al Sur Rodolfo Yanzón, abogado de la Asociación Liga de los Derechos del Hombre. “Creemos que el impacto será muy bueno, porque va a unificar el criterio de los jueces y otorgará más previsibilidad a las resoluciones. Permitirá optimizar los tiempos judiciales y avanzar más rápidamente en las causas”, coincidió Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.Para lograr una mejor aplicación de la norma, el Ministerio de Justicia de la Nación está capacitando a un grupo de integrantes de las fuerzas de seguridad para participar en los allanamientos. Además, las Abuelas de Plaza de Mayo le han pedido al ministerio público que los fiscales participen de los procedimientos. “Hasta ahora, en algunos participaban jueces, secretarios o funcionarios del Banco de Datos Genéticos. Pedimos que, por lo menos en los casos donde ninguno de éstos participe, lo hagan los fiscales. De ese modo la medida será más eficaz e incuestionable”, dijo Iud a Miradas al Sur.Mientras se esperan los resultados de la declaración indagatoria de Videla en la causa de los hijos adoptivos de la directora de Clarín, la ley contra la que el multimedio más poderoso de la Argentina desató una de sus campañas más feroces y persistentes ya es un hecho. Los resultados de su aplicación –la restitución de su verdadera identidad a decenas de hijos de desaparecidos y el castigo de los responsables– serán la prueba de su enorme dimensión histórica.

“Esta ley terminará con las demoras en la toma de muestras”
Remo Carlotto celebra la sanción de la nueva norma Nuevo Archivo

por natalia Coronel

Remo Carlotto, diputado nacional del FpV y presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, dialogó con Miradas al Sur y dijo que uno de los objetivos de la ley de ADN para los jóvenes que podrían ser hijos de desaparecidos “es no dejar en sus manos la responsabilidad de ser ellos una prueba. Pueden llegar a negarse a hacerse los análisis porque se sienten presionados por sus apropiadores. Con esta ley eso quedará en manos de la Justicia”.–¿Cuál es la expectativa de los Organismos de Derechos Humanos con la ley de ADN?–Impulsamos y apoyamos este proyecto enviado por el Ejecutivo y viene a dar una solución a las demoras que se presentan en la Justicia con respecto a la toma de muestras. La incorporación de este artículo al código procesal penal lo que va a traer son indicaciones claras de cómo proceder usando métodos no invasivos para garantizar la toma de muestras.–¿La ley quitaría presión a los jóvenes que no quieren acceder a los análisis?–Provengo de la militancia en Abuelas y vi cómo los nietos se sienten presionados a ser ellos los que tomen la iniciativa que le corresponde a la Justicia. Algunos se niegan a hacerse los análisis. También se ven presionados por los apropiadores a que no se realicen las pruebas para no inculparlos. Esto dará satisfacción a la necesidad de resolución para los jóvenes y no sentirse presionados por ser los responsables de tomar una medida de este tipo.–¿Esta ley ayudará a avanzar en la causa de los hijos de Ernestina de Noble?–Es un proyecto pensado para todas las causas investigadas por Abuelas. Vemos con preocupación que la estructura pericial que utilizan los jueces no sea el Banco Nacional de Datos Genéticos para hacer los análisis y la ley marca con mucha claridad que el lugar donde se deben realizar estos estudios es allí. En el caso de estos dos jóvenes (Felipe y Marcela), el juez de la causa determinó que hubo una paralización de la causa para hacer una extracción de sangre para cotejarla en el Banco Nacional de Datos Genéticos. La reforma del código no es aplicable en este caso porque el juez de la causa dictaminó que la sangre se entrecruce con 22 grupos familiares. De esta manera la situación está en principio resuelta, nosotros queremos que las muestras de sangre queden en el Banco como se hacen en todas las causas judiciales. En los últimos nueve casos encontrados por las Abuelas se utilizaron estos métodos. –¿Por qué creés que Elisa Carrió se opuso con tanto énfasis a esta ley?–La verdad, no sé. Porque los que forman la Coalición Cívica votaron en favor del proyecto de ADN. En el caso de los hijos adoptivos de Ernestina de Noble, nosotros sabemos muy bien que hay una adopción en forma irregular, donde se inscribieron a esos jóvenes con el apellido de una persona que había muerto 10 años antes y tiene toda una connotación que llevó a las Abuelas a sospechar que podían ser hijos de desaparecidos. Carrió buscó ser más papista que el papa porque ni los abogados de Noble cuestionaron la idea de que los jóvenes se hicieran análisis; el cuestionamiento estaba en que ellos querían que el análisis se realizara con un sólo grupo familiar y que las muestras de sangre se destruyeran. El planteo de Abuelas y de los querellantes era que se entrecruce con todos los datos genéticos que se pudieran del Banco Nacional de Datos Genéticos que está creado por ley. Carrió buscó bastardear la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo con una actitud que nos ofendió a todos. Así lo expresó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos donde Carrió era una integrante y fue expulsada por sus declaraciones.–También se votó un proyecto para que los organismos de Derechos Humanos sean querellantes...–Esto es para posibilitar que en casos similares al de Herrera de Noble se pueda presentar Abuelas como querellante y solicitar el entrecruzamiento con un grupo familiar o con la totalidad de los grupos. Ahora estamos a la espera de que el Ejecutivo reglamente el proyecto del Banco de Datos Genéticos como el de querellantes para que sean instrumentos que la Justicia tenga para acelerar los términos de estas causas.–¿Es la herramienta que faltaba para el esclarecimiento de los casos de apropiación de niños?–Sí, porque va a ayudar a acelerar las causas. De los últimos 10 casos que resolvió Abuelas, 9 se resolvieron a partir de tomar muestra de esta manera. Esperamos que los jueces, con la posibilidad que nos da este nuevo artículo en el código procesal, dé celeridad a las causas que hay presentadas en la Justicia. Que tomen la determinación de realizar los análisis de acuerdo con el procedimiento que se estipula y podamos empezar a trabajar para que Abuelas encuentre a los nietos que está buscando y se genere un acto reparador para el resto de la sociedad.

La libertad no se entiende sin la identidad
la nueva ley sobre ADN deja en claro los derechos que se deben privilegiar bajo ciertas urgencias
“Somos libres porque pudimos entender nuestro ADN, ése que nadie pudo cambiar”, aseguró Victoria Donda en el Congreso. por pablo llonto

El recuerdo apareció hace unos días. Fue cuando el Senado votó las leyes que muy pronto tendremos como patrimonio universal en la legislación sobre Derechos Humanos. Era en 1983. Septiembre. Decenas de jóvenes pintaban sobre papeles de diarios que habían ensamblado como láminas de dos metros, las siluetas de hombres y mujeres. Sobre ellas, un nombre, un apellido y una fecha. De pronto, algunas de aquellas siluetas voceaban otra historia. Siluetas de mujeres embarazadas, siluetas de niños o niñas.Los ojos de aquellos jóvenes pintores no eran ojos tristes. Mucho menos eran ojos de la derrota. Sus ojos ayudaban y ejecutaban el mismo ritual: pintar, pegar, colgar. En cuestión de horas Plaza de Mayo, avenida de Mayo y muchas calles del centro quedaron relucientes de un reclamo visual impactante: ¡con vida los llevaron, con vida los queremos! La consigna era para todos, pero se sabía que el sueño de lograrlo tenía un más claro destino: los niños. A los niños se los podía encontrar.Cuando las recientes leyes votadas entren en vigencia y las heroicas Abuelas rompan de nuevo el cerco de la mentira y el olvido encontrando otro nieto, aquellas siluetas agradecidas, tal vez estropeadas en algún cajón o en algún galpón, irán rumbo a los 27 años, después de ver como pasaban jueces, normas, fallos, libros y doctrinas.El derecho y la justicia eran infames en 1977 cuando ellas se juntaron bajo el jacarandá que las vio unidas por primera vez. Luego vinieron otros tiempos y otros códigos y otros jueces. Y siempre las abogadas y abogados que llevaban causas de nietos a recuperar debían saltear obstáculos, textos, demoras, maldades e ineficacias. Salvo la honra de unos pocos magistrados, el equipaje judicial no fue liviano.Ahora, esta serie de leyes que reconstruyeron consensos y creaciones inteligentes nos permitirán el orgullo de tener las mejores herramientas para evitar algunos estúpidos fallos que dieron vergüenza.Dirá una de estas leyes que los jueces están facultados a obtener el ADN con “admisibles mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas, a efectuarse según las reglas del saber médico, cuando no fuere de temer perjuicio alguno para la integridad física de la persona sobre la que deba efectuarse la medida, según la experiencia común y la opinión del experto a cargo de la intervención. La misma será practicada del modo menos lesivo para la persona y sin afectar su pudor...”Un buen adiós para las discusiones sobre compulsividad. Las palabras de Vicky Donda al apoyar las nuevas leyes sobre ADN enseñan mucho a quienes aún dudan de cuáles son los derechos que debemos privilegiar bajo ciertas urgencias. Habló de la libertad y lo hizo en nombre de muchos hijos que fueron apropiados: “Somos libres porque recuperamos lo que nos robaron, porque pusimos las cosas en su lugar y así pudimos entender nuestro ADN, ése que nadie pudo cambiar”.La recuperación de identidad como parte de la defensa del derecho a la libertad. Nada menos. Pero, con las leyes, ¿alcanza? A lo mejor sí. Es decir, veremos a los jueces en acción. En el país donde el Poder Judicial nos debe autocrítica, limpieza y democracia.Todos los días, sabemos, nos persigue el latiguillo demoledor de “la ley es lo que los jueces dicen que es”. Y en definitiva quedamos, como sociedad, a merced del único poder que no es elegido por el voto popular y directo. Si algún día en las facultades pretendieran enseñar cuáles han sido las causas que demostraron la existencia de una Justicia especial para ricos, sólo habrá que llevarles el expediente “Noble”. A siete años de ser enviada unas horas a prisión VIP ante la evidencia de dos adopciones ilegales, la dueña de Clarín goza de las atenciones de unos cuantos jueces, camaristas y miembros de la Corte Suprema que no tienen ni valentía ni coraje ni voluntad para terminar con una de las más grandes barbaries que se cocinaron en Tribunales. ¿Quién va a ponerle fin al ocultamiento de la apropiación de Marcela y Felipe Noble?Por eso se aplauden estas leyes, con las mismas manos con que se escriben los reclamos para que aparezcan jueces que tengan la visión (cristiana, diría mi abuelita) de proteger a los más débiles.Pero cerrar esta columna sin acordarnos de una mujer, puede resultar irrespetuoso.Mire señora Carrió, o Lilita, o Elisa María Avelina. Usted ya está grande. Cumplirá 53 años el mes que viene y no es grato, para tanta madurez, que ande por allí mendigando dos o tres minutos de televisión en algún programa.Ya sabemos que a usted la ley de ADN que se ha votado esta semana en el Senado, le parece una ley fascista. Y que seguramente, cuando asuma como diputada, coherente con su pensamiento y sus principios intentará, después del 10 de diciembre, lograr una alianza con el solitario senador salteño Juan Pérez Alsina, el único que se opuso a la norma que permitirá conseguir ADN por otros medios.Por eso permítanos el consejo: busque en alguna de sus alacenas bebidas espirituosas, o un buen whisky, y relájese escuchando un poco de música. Por ejemplo, aquel tema de Sabina: Doble vida.
(Fuente:Rdendh-Miradasalsur).