Un avance institucional
Rodolfo Yanzón
La Justicia acaba de dar un paso trascendente para la investigación y juzgamiento de los crímenes cometidos por militares y policías en la recuperación del Regimiento de La Tablada, ocurrido en enero de 1989. El Juzgado Federal de Morón decidió que los crímenes cometidos por agentes estatales, consistentes en torturas y homicidios luego de la rendición de quienes habían ingresado en el cuartel, eran imprescriptibles. Como consecuencia de ello, decidió la detención de dos oficiales militares: Jorge Varando y Alfredo Arrillaga.
Al primero se le imputa el homicidio de Iván Ruiz y José Díaz, dos miembros del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que habían sido desarmados y detenidos en buen estado de salud. Por haber dejado de ser blanco militar debieron ser dignamente tratados y llevados ante la Justicia. Por el contrario, fueron torturados y finalmente ejecutados. Sus restos acaban de ser reconocidos.
Arrillaga está imputado por haber tenido a su cargo el operativo, pero se halla privado de libertad por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Debieron pasar muchos años y muchos debates para revertir una situación en la que el juez de la causa, Gerardo Larrambebere, actuó al solo efecto de sostener la versión militar, la reedición de los métodos de la dictadura durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que también creyó el versito.
Los que no habían aparecido muertos o vivos, habían escapado, dijeron. Esos desaparecidos permanecieron con pedidos de captura hasta 1997, año en el cual se conoció el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso, en el que estableció que agentes del Estado habían torturado y matado a personas luego de rendirse. Ese informe es uno de los documentos que el juez tuvo en consideración para tomar esta decisión.
La otra decisión importante había sido tomada el año pasado: ordenó abrir los archivos de la SIDE cuyos agentes también intervinieron y existen pruebas que confirman que estuvieron a cargo de detenidos que retiraron del cuartel, como el caso de Carlos Samojedny, que sigue en calidad de desaparecido. Sin embargo, la aparición del informe de la CIDH no implico automáticamente el funcionamiento de la Justicia. Se debió esperar hasta la designación de Germán Castelli como juez federal de Morón para que hubiera otro criterio, con el agregado de que la fiscalía restó importancia al informe de la CIDH y la persecución penal estuvo exclusivamente a cargo de la querella.
En los hechos de La Tablada se reprodujeron los métodos de la dictadura: tortura, muerte, desaparición, colaboración judicial y una dirigencia que miró para otro lado. Entre otros motivos, ésta es la diferencia con crímenes cometidos por particulares: los que se cometen desde el propio Estado cuentan hasta con el apoyo judicial en muchos casos y su investigación y persecución penal se ven impedidas. Y, a veces, sólo a veces, las acusaciones particulares tienen la fortuna de que algún servidor de la Justicia entienda que para tener instituciones y una democracia serias, los derechos humanos deben ser su piedra fundamental. Bienvenida esta noticia, un avance por la vigencia de los derechos humanos, un avance en la calidad de nuestro sistema institucional.
Rodolfo Yanzón
Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos
(Fuente:Rdendh).
1 comentario:
Muertos todos, subversivos inmundos.
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