MEDIA SANCIÓN A LAS LEYES DE IDENTIDAD.

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Media sanción a las leyes de identidad
Los jueces pueden ordenar la extracción de ADN y se establecen métodos alternativos para los análisis genéticos de las víctimas. El registro de datos biológicos funcionará bajo la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Por Jesica Bossi

Celebración y dolor. Las organizaciones defensoras de derechos humanos celebraron la aprobación desde los palcos y aplaudieron el discurso de la diputada Victoria Donda, apropiada al nacer, impulsora de la norma.
Con negociaciones intensas a último momento y posturas divididas dentro de los propios bloques, la Cámara de Diputados dio ayer media sanción a dos sensibles proyectos de ley que buscan acelerar la recuperación de la identidad y que eran reclamados por las organizaciones de derechos humanos para los casos de hijos de desaparecidos. Las iniciativas, enviadas al Congreso por Cristina Fernández de Kirchner, establecen la obtención obligatoria –aunque por métodos “menos lesivos”– de muestras de ADN y la creación de un banco genético nacional.
En una sesión con momentos emotivos, el debate se abrió con la intervención de la miembro informante de la bancada K, Nora César, que se quebró y casi no pudo terminar su discurso. A su turno, el legislador oficialista Remo Carlotto hizo una encendida defensa del proyecto que dispone la obtención de ADN de las víctimas de sustitución de identidad durante la dictadura aun cuando no estén de acuerdo. “No se trata de dulces adopciones. En sólo 15 de los 98 nietos encontrados se actuó de buena fe. El resto se trata de casos vinculados a represores”, sostuvo. Desde los palcos, asentían Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, entre las que se encontraba su propia madre, Estela de Carlotto. Esa iniciativa, que ahora deberá tratar el Senado, regula un vacío legal al modificar el artículo 218 del Código Penal y establecer que la obtención de ADN se haga “del modo menos lesivo para la persona y sin afectar su pudor”. Si el presunto hijo de desaparecidos se resiste, el juez podrá ordenar el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo, por ejemplo ropa o un cepillo. Entre los retoques que se incluyeron ayer en el recinto se dejó en claro en el texto –al quitar la palabra “preferentemente”– que la Justicia siempre deberá recurrir a las alternativas menos agresivas. Sin embargo, no quedó explicitada la prohibición de la extracción compulsiva de sangre, eje de las críticas de Unión PRO, la Coalición Cívica y la UCR.
Con un resultado de 154 votos a favor, 32 en contra y 14 abstenciones, el proyecto cortó transversalmente a la mayoría de las bancadas. En la Coalición Cívica hubo dos dictámenes de minoría y uno de ellos planteaba una disidencia del jefe de bloque, Adrián Pérez. “La identidad es un derecho, no una obligación”, disparó Fernanda Gil Lozano, la más dura del espacio, quien además sostuvo que el proyecto abre la puerta para que “desnuden, estaqueen y les saquen sangre” a las víctimas. Del mismo bloque, en cambio, Horacio Alcuaz, Virginia Linares y Fabián Peralta, que responden al GEN de Margarita Stolbizer, optaron por el Sí.
También se dividió el bloque del Movimiento Popular Neuquino, habitual aliado del Gobierno –dos diputados rechazaron la ley y uno votó a favor–, y gran parte del radicalismo pidió permiso para abstenerse con el argumento de que necesitaba más tiempo de tratamiento en comisión. Finalmente, el socialismo y algunos peronistas disidentes avalaron la norma después de los cambios introducidos.
“Nos entregaban como si fuéramos cachorros a otras familias”, relató Victoria Donda, nacida en la ESMA y apartada de su verdadera familia hasta hace cinco años. Fue el instante más estremecedor de la jornada. Tenía en el cuello un pañuelo blanco –de los que usan las Madres de Plaza de Mayo en la cabeza– y con la voz entrecortada valoró que el proyecto les quita el peso a los hijos de desaparecidos de acusar a sus apropiadores, en algunos casos queridos por las víctimas. “Te sacás una mochila de plomo. ¿Saben la tortura que significa estar esperando la muerte de personas que vos querés, como tus padres (de crianza), para saber quiénes son los verdaderos?”, describió.
La otra iniciativa que aprobó ayer la Cámara de Diputados fue el traslado del banco genético –que funciona desde 1987 en el Hospital Durand, bajo la órbita de la Ciudad de Buenos Aires– al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ese destino fue modificado ayer, luego de que parte de la oposición y de referentes de derechos humanos, como Adolfo Pérez Esquivel, solicitaran que no dependiera del Ministerio de Justicia. ¿El motivo? En esa cartera está la Secretaría de Derechos Humanos, impulsora de juicios contra apropiadores, lo que generaría una andanada de planteos de los acusados porque el banco estaría en la misma jurisdicción. Tras las correcciones a las que accedió el kirchnerismo, ese proyecto fue avalado por 134 diputados.
El archivo que no resiste Carrió
El archivo le jugó una mala pasada a la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió. Ayer, militantes de organismos de derechos humanos que presenciaron el debate distribuyeron un proyecto de declaración que manifestaba “honda preocupación y enérgico repudio” a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que daba marcha atrás con la decisión de realizar extracción compulsiva de ADN a una hija de desaparecidos, en 2003. Entre los firmantes, estaba la líder de la Coalición Cívica, ahora una de las más férreas opositoras a la norma aprobada por los diputados.
La polémica entre Carrió y las asociaciones defensoras de derechos humanos se desató cuando la chaqueña sostuvo que el proyecto era para “perseguir” a la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, por la adopción de sus dos hijos. A raíz de esa posición, Carrió fue expulsada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y en ese ámbito es considerada persona no grata.
(Fuente:Rdendh-CD).