El juez federal resolvió la situación procesal de once personas vinculadas a delitos de lesa humanidad
Procesan a ex militares por los desaparecidos en Catamarca
Los procesados son Menéndez, Lucena, Otero Arán y el ex jefe policial Rauzzino. A cinco imputados se les dictó falta de mérito y se sobreseyó a dos.--
Procesan a ex militares por los desaparecidos en Catamarca
Los procesados son Menéndez, Lucena, Otero Arán y el ex jefe policial Rauzzino. A cinco imputados se les dictó falta de mérito y se sobreseyó a dos.--
Acusado. Luciano Menéndez
El juez federal Ricardo Antonio Moreno dictó el procesamiento en distinto grado de cuatro ex jerarcas militares por su supuesta responsabilidad en la desaparición forzada de Francisco Gregorio Ponce, Griselda del Huerto Ponce, Julio Genaro Burgos y Nelly Yolanda Borda, hechos ocurridos entre abril de 1976 y enero de 1977, durante el último gobierno militar. En la resolución, a la que este diario tuvo acceso, se declaró a los hechos investigados como delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles para la ley penal. Asimismo, se dispuso el dictado de falta de mérito de cinco ex oficiales del Ejército -seguirán vinculados a la causa- y el sobreseimiento de otros dos, uno de ellos Rodolfo Sergio Mujica, el primer imputado que tuvo la causa por la desaparición de los hermanos Ponce y del sobrino de éstos, Burgos. Los ex militares procesados son el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez; el ex jefe del Regimiento 17 de Infantería, Alberto Carlos Lucena; de Darío Otero Arán, ex encargado del sector inteligencia del RI 17, y de Juan Daniel Rauzzino, quien ocupó la Jefatura de la Policía provincial durante los años de plomo. Fueron beneficiados con la falta de mérito los ex oficiales Alfredo Alberto Svendsen, Raúl Horacio Gallardo, Enrique Henzi Basso, Jorge Isaac Ripoll y Carlos Ricardo Ruiz. Finalmente, se dictó el sobreseimiento total y definitivo de Rodolfo Sergio Mujica y Francisco Gabriel Castañeda.
Embargos
En la resolución, el juez Moreno aclaró que la figura penal enrostrada a los acusados -privación ilegítima de la libertad agravada- fue fijada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán al resolver uno de los tanto incidentes presentados por la defensa de los acusados. En ese sentido, el tribunal de alzada consideró que no podía achacárseles la muerte de las víctimas porque éstas fueron vistas luego con vida en centros clandestinos de detención de Tucumán. En uno de los acápites el magistrado dispuso trabar embargo sobre los bienes de Menéndez por la cantidad de 300 mil pesos y de Darío Otero Arán, Lucena y Rauzzino por 100 mil pesos a cada uno de ellos. En la parte medular de la pieza procesal el juez Moreno consideró que si bien los integrantes del RI 17 "carecían de experiencia" para realizar tareas inherentes al terrorismo de Estado como autores mediatos, "tales desapariciones forzadas no pudieron realizarse sin la participación de algunos miembros del Ejército y la Policía locales, que en la práctica se encontraba bajo el mando militar". El juez reconoció que por el tiempo transcurrido desde los acontecimientos, más de 30 años, "resulta imposible la reconstrucción total de los mismos a través de documentación generada por los órganos clandestinos de represión".Y sobre la responsabilidad de los procesados, Moreno recordó la estructura "verticular" que regía los ámbitos castrenses. Por caso, señaló que "Lucena era el vértice superior, nada se hacía en el ámbito castrense de Catamarca sin que él lo ordenara".
(Fuente: Rdendh-Elancasti).
ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS CUESTIONAN a lucio montero POR DEFENDER A MILITARES DE LA DICTADURA
Más repudios para el secretario Parlamentario
Luego de que diario LA UNION diera a conocer que el designado secretario Parlamentario de la Cámara de Diputados, Lucio Montero, es el abogado de militares que cumplieron funciones durante el último gobierno de facto y que en la actualidad están siendo investigados por la desaparición de personas en ese proceso, las repercusiones al respecto no se hicieron esperar.
El presidente de la Comisión de Presos Políticos, Ernesto Rojas, cuestionó la designación de Monteros en el Poder Legislativo.
Los que colocaron el grito en el cielo ante tal designación, fueron los distintos organismos de Derechos Humamos de la provincia.
En este sentido, quien llevó la preocupación general de las organizaciones fue el presidente de la Comisión de Presos Políticos de Catamarca, Ernesto Rojas, quien aseguró que la designación de Montero, por parte del controversial presidente de Diputados Luis Barrionuevo, “nos ha causado estupor, porque estamos en una etapa democrática y sabemos muy bien quién es el doctor Lucio Montero”.
En esa línea, el referente de la lucha por los DDHH, remarcó que el designado secretario parlamentario en distintas publicaciones periodísticas corrobora que él apoya concretamente al terrorismo de Estado”.
“Montero mantiene un pensamiento en el cual se trasluce lo que sería una visión dictatorial y renegando de esto que nos ha costado tanto conseguir como es la democracia”, agregó
Asimismo, Rojas aseguró que el nombramiento de Montero llamó mucho la atención a los defensores de DDHH, de que un diputado provincial tome o nombre como secretario Parlamentario a un señor que justamente repudia los hechos democráticos”.
De igual forma, Rojas marcó la diferencia en lo que significa Montero como abogado de militares comprometidos con los procesos de represión y genocidio en la República Argentina”.
“No negamos el debido proceso que están pasando estos señores, y ojalá existan muchos Monteros que defiendan a estas personas. Derechos que establece la Constitución Nacional y que a nosotros no nos dieron”, remarcó.
Pero nuestro reproche es que un hombre con una mentalidad totalmente ajena a lo que es el sistema democrático, ya que apoyó concretamente el golpe de Estado, esté en este momento siendo nombrado como secretario parlamentario en una institución democrática como lo es la Cámara de Diputados”.
Medidas
Consultado sobre si los organismos de DDHH tomarán alguna medida a raíz de la designación de Montero, Rojas indicó que “estuvimos hablando con una serie de diputados, planteándole nuestro reproche a esta designación. Tenemos que ver cómo sigue esto, porque la actividad en la Cámara recién comenzará para mayo del año próximo”.
El presidente de la Comisión de Presos Políticos de Catamarca remarcó que “la ciudadanía tiene que tomar conciencia que con este nombramiento van a ir poco a poco cavando el sistema democrático y ocupando casilleros que no les pertenecen”.
Por último, Rojas exhortó a los responsables de este nombramiento y a los dirigentes del MIRA, que tomen conciencia de quiénes van a nombrar para que cumplan determinadas e importantes funciones democráticas”.
Preocupación por juicios contra represores
A través de un comunicado, organismos de DDHH de todo el país manifiestan la preocupación por “el desarrollo de las causas que se llevan en el Juzgado Federal de Catamarca, donde se investigan delitos de lesa humanidad perpetrados en la década del ‘70, y particularmente las investigaciones de las desapariciones de Francisco Gregorio Ponce, Griselda del Huerto Ponce, Julio Genaro Burgos Ponce y de Nelly Yolanda Borda realizadas por miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad nacional y provincial”. En esa línea, observan con inquietud “el desenvolvimiento de la causa Ponce-Borda por la lentitud de la investigación, ya que la causa lleva casi 10 años instruyéndose en el Juzgado Federal de Catamarca. Asimismo, se benefició al represor Alberto Carlos Lucena con la prisión domiciliaria, siendo ello una excepción sólo para enfermos terminales. Se benefició de libertad a todos los represores imputados por delitos de lesa humanidad, imprescriptibles”.
Reprochan además, que se dictó la falta de mérito del represor Rodolfo Sergio Mujica, contrariando todos los elementos probatorios en la causa. Se observa un trato preferencial a los represores imputados protegiendo la imagen pública de los imputados, ya que las audiencias indagatorias son cambiadas de fecha y hora para que la prensa no saque fotos, sin notificar a los querellantes; Trato de total cordialidad y benevolencia con los represores imputados en el marco de las audiencias indagatorias”.
Ante tal situación, los organismos declaran que “otra falta de mérito o un posible sobreseimiento significan impunidad, y pedimos la inmediata detención y cárcel común para todos los represores imputados”.
Firman el documento: Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora; Hijos; Movimiento Libres del Sur; Victoria Moyano Artigas (nieta recuperada, ciudadana ilustre del Uruguay); Mirtha de Clérici (Liga Argentina por los Derechos del Hombre - Catamarca); diputada nacional Victoria Donda junto con 7 legisladores más, entre muchos otros.
El juez federal Ricardo Antonio Moreno dictó el procesamiento en distinto grado de cuatro ex jerarcas militares por su supuesta responsabilidad en la desaparición forzada de Francisco Gregorio Ponce, Griselda del Huerto Ponce, Julio Genaro Burgos y Nelly Yolanda Borda, hechos ocurridos entre abril de 1976 y enero de 1977, durante el último gobierno militar. En la resolución, a la que este diario tuvo acceso, se declaró a los hechos investigados como delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles para la ley penal. Asimismo, se dispuso el dictado de falta de mérito de cinco ex oficiales del Ejército -seguirán vinculados a la causa- y el sobreseimiento de otros dos, uno de ellos Rodolfo Sergio Mujica, el primer imputado que tuvo la causa por la desaparición de los hermanos Ponce y del sobrino de éstos, Burgos. Los ex militares procesados son el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez; el ex jefe del Regimiento 17 de Infantería, Alberto Carlos Lucena; de Darío Otero Arán, ex encargado del sector inteligencia del RI 17, y de Juan Daniel Rauzzino, quien ocupó la Jefatura de la Policía provincial durante los años de plomo. Fueron beneficiados con la falta de mérito los ex oficiales Alfredo Alberto Svendsen, Raúl Horacio Gallardo, Enrique Henzi Basso, Jorge Isaac Ripoll y Carlos Ricardo Ruiz. Finalmente, se dictó el sobreseimiento total y definitivo de Rodolfo Sergio Mujica y Francisco Gabriel Castañeda.
Embargos
En la resolución, el juez Moreno aclaró que la figura penal enrostrada a los acusados -privación ilegítima de la libertad agravada- fue fijada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán al resolver uno de los tanto incidentes presentados por la defensa de los acusados. En ese sentido, el tribunal de alzada consideró que no podía achacárseles la muerte de las víctimas porque éstas fueron vistas luego con vida en centros clandestinos de detención de Tucumán. En uno de los acápites el magistrado dispuso trabar embargo sobre los bienes de Menéndez por la cantidad de 300 mil pesos y de Darío Otero Arán, Lucena y Rauzzino por 100 mil pesos a cada uno de ellos. En la parte medular de la pieza procesal el juez Moreno consideró que si bien los integrantes del RI 17 "carecían de experiencia" para realizar tareas inherentes al terrorismo de Estado como autores mediatos, "tales desapariciones forzadas no pudieron realizarse sin la participación de algunos miembros del Ejército y la Policía locales, que en la práctica se encontraba bajo el mando militar". El juez reconoció que por el tiempo transcurrido desde los acontecimientos, más de 30 años, "resulta imposible la reconstrucción total de los mismos a través de documentación generada por los órganos clandestinos de represión".Y sobre la responsabilidad de los procesados, Moreno recordó la estructura "verticular" que regía los ámbitos castrenses. Por caso, señaló que "Lucena era el vértice superior, nada se hacía en el ámbito castrense de Catamarca sin que él lo ordenara".
(Fuente: Rdendh-Elancasti).
ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS CUESTIONAN a lucio montero POR DEFENDER A MILITARES DE LA DICTADURA
Más repudios para el secretario Parlamentario
Luego de que diario LA UNION diera a conocer que el designado secretario Parlamentario de la Cámara de Diputados, Lucio Montero, es el abogado de militares que cumplieron funciones durante el último gobierno de facto y que en la actualidad están siendo investigados por la desaparición de personas en ese proceso, las repercusiones al respecto no se hicieron esperar.
El presidente de la Comisión de Presos Políticos, Ernesto Rojas, cuestionó la designación de Monteros en el Poder Legislativo.Los que colocaron el grito en el cielo ante tal designación, fueron los distintos organismos de Derechos Humamos de la provincia.En este sentido, quien llevó la preocupación general de las organizaciones fue el presidente de la Comisión de Presos Políticos de Catamarca, Ernesto Rojas, quien aseguró que la designación de Montero, por parte del controversial presidente de Diputados Luis Barrionuevo, “nos ha causado estupor, porque estamos en una etapa democrática y sabemos muy bien quién es el doctor Lucio Montero”.
En esa línea, el referente de la lucha por los DDHH, remarcó que el designado secretario parlamentario en distintas publicaciones periodísticas corrobora que él apoya concretamente al terrorismo de Estado”.
“Montero mantiene un pensamiento en el cual se trasluce lo que sería una visión dictatorial y renegando de esto que nos ha costado tanto conseguir como es la democracia”, agregó
Asimismo, Rojas aseguró que el nombramiento de Montero llamó mucho la atención a los defensores de DDHH, de que un diputado provincial tome o nombre como secretario Parlamentario a un señor que justamente repudia los hechos democráticos”.
De igual forma, Rojas marcó la diferencia en lo que significa Montero como abogado de militares comprometidos con los procesos de represión y genocidio en la República Argentina”.
“No negamos el debido proceso que están pasando estos señores, y ojalá existan muchos Monteros que defiendan a estas personas. Derechos que establece la Constitución Nacional y que a nosotros no nos dieron”, remarcó.
Pero nuestro reproche es que un hombre con una mentalidad totalmente ajena a lo que es el sistema democrático, ya que apoyó concretamente el golpe de Estado, esté en este momento siendo nombrado como secretario parlamentario en una institución democrática como lo es la Cámara de Diputados”.
Medidas
Consultado sobre si los organismos de DDHH tomarán alguna medida a raíz de la designación de Montero, Rojas indicó que “estuvimos hablando con una serie de diputados, planteándole nuestro reproche a esta designación. Tenemos que ver cómo sigue esto, porque la actividad en la Cámara recién comenzará para mayo del año próximo”.
El presidente de la Comisión de Presos Políticos de Catamarca remarcó que “la ciudadanía tiene que tomar conciencia que con este nombramiento van a ir poco a poco cavando el sistema democrático y ocupando casilleros que no les pertenecen”.
Por último, Rojas exhortó a los responsables de este nombramiento y a los dirigentes del MIRA, que tomen conciencia de quiénes van a nombrar para que cumplan determinadas e importantes funciones democráticas”.
Preocupación por juicios contra represores
A través de un comunicado, organismos de DDHH de todo el país manifiestan la preocupación por “el desarrollo de las causas que se llevan en el Juzgado Federal de Catamarca, donde se investigan delitos de lesa humanidad perpetrados en la década del ‘70, y particularmente las investigaciones de las desapariciones de Francisco Gregorio Ponce, Griselda del Huerto Ponce, Julio Genaro Burgos Ponce y de Nelly Yolanda Borda realizadas por miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad nacional y provincial”. En esa línea, observan con inquietud “el desenvolvimiento de la causa Ponce-Borda por la lentitud de la investigación, ya que la causa lleva casi 10 años instruyéndose en el Juzgado Federal de Catamarca. Asimismo, se benefició al represor Alberto Carlos Lucena con la prisión domiciliaria, siendo ello una excepción sólo para enfermos terminales. Se benefició de libertad a todos los represores imputados por delitos de lesa humanidad, imprescriptibles”.
Reprochan además, que se dictó la falta de mérito del represor Rodolfo Sergio Mujica, contrariando todos los elementos probatorios en la causa. Se observa un trato preferencial a los represores imputados protegiendo la imagen pública de los imputados, ya que las audiencias indagatorias son cambiadas de fecha y hora para que la prensa no saque fotos, sin notificar a los querellantes; Trato de total cordialidad y benevolencia con los represores imputados en el marco de las audiencias indagatorias”.
Ante tal situación, los organismos declaran que “otra falta de mérito o un posible sobreseimiento significan impunidad, y pedimos la inmediata detención y cárcel común para todos los represores imputados”.
Firman el documento: Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora; Hijos; Movimiento Libres del Sur; Victoria Moyano Artigas (nieta recuperada, ciudadana ilustre del Uruguay); Mirtha de Clérici (Liga Argentina por los Derechos del Hombre - Catamarca); diputada nacional Victoria Donda junto con 7 legisladores más, entre muchos otros.
(Fuente:Rdendh-Launion).
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