AHORA PIDIO POR LOS REPRESORES
Guelar sigue en la misma
Diego Guelar no se rinde. Tras proponer una amnistía para los represores una vez que hayan concluido los juicios o una consulta popular para evitar nuevas investigaciones, el secretario de Relaciones Internacionales de PRO pidió que los represores “que tengan una avanzada edad puedan purgar el resto de sus condenas en sus hogares, con sus familiares, víctimas involuntarias también de tan horrorosa historia”. Su alma caritativa no cosechó ningún apoyo en el PRO, mientras que la oposición porteña le reclamó a Mauricio Macri que lo eche de la dirección de la Fundación del Banco Ciudad. Guelar aseguró que “de ninguna manera” le pidió la renuncia.
Tras sus primeras declaraciones, Guelar consiguió unificar en su contra tanto a los opositores porteños como a referentes de los diversos sectores del macrismo. Con mayor o menor vehemencia, lo criticaron el vicepresidente primero de PRO José Torello, el secretario general Jorge Macri, buena parte de los diputados y legisladores macristas y hasta el propio Macri. De todas formas, el jefe de Gobierno pidió más tolerancia para sus opiniones, aunque dijo que en PRO no hay que “perseguir fantasmas del pasado” y sostuvo que está “a favor de que se juzgue absolutamente todo lo que sucedió en el pasado y que aquellos que cometieron cualquier tipo de homicidio paguen las consecuencias”.
Guelar es el segundo funcionario que plantea la propuesta de una amnistía luego del fugaz ministro de Educación Abel Posse, lo que obligó al PRO a comunicar que no se trata de una posición partidaria. Sin embargo, al ex embajador de Carlos Menem en Washington no lo amilanaron los reproches de los macristas. Consideró que Macri no lo censuró, sino que “al contrario, ha dicho públicamente que él respeta mi opinión, que no es la posición de PRO y, además, yo nunca dije que lo fuera”.
Fuentedeorigen:Pagina12
Guelar es Pro
Chaparrón de verano. Mauricio empezó el 2010 como terminó el 2009.
El macrismo y su visión sobre la dictadura.
Por Adrian Murano
Guelar sigue en la misma
Diego Guelar no se rinde. Tras proponer una amnistía para los represores una vez que hayan concluido los juicios o una consulta popular para evitar nuevas investigaciones, el secretario de Relaciones Internacionales de PRO pidió que los represores “que tengan una avanzada edad puedan purgar el resto de sus condenas en sus hogares, con sus familiares, víctimas involuntarias también de tan horrorosa historia”. Su alma caritativa no cosechó ningún apoyo en el PRO, mientras que la oposición porteña le reclamó a Mauricio Macri que lo eche de la dirección de la Fundación del Banco Ciudad. Guelar aseguró que “de ninguna manera” le pidió la renuncia.
Tras sus primeras declaraciones, Guelar consiguió unificar en su contra tanto a los opositores porteños como a referentes de los diversos sectores del macrismo. Con mayor o menor vehemencia, lo criticaron el vicepresidente primero de PRO José Torello, el secretario general Jorge Macri, buena parte de los diputados y legisladores macristas y hasta el propio Macri. De todas formas, el jefe de Gobierno pidió más tolerancia para sus opiniones, aunque dijo que en PRO no hay que “perseguir fantasmas del pasado” y sostuvo que está “a favor de que se juzgue absolutamente todo lo que sucedió en el pasado y que aquellos que cometieron cualquier tipo de homicidio paguen las consecuencias”.
Guelar es el segundo funcionario que plantea la propuesta de una amnistía luego del fugaz ministro de Educación Abel Posse, lo que obligó al PRO a comunicar que no se trata de una posición partidaria. Sin embargo, al ex embajador de Carlos Menem en Washington no lo amilanaron los reproches de los macristas. Consideró que Macri no lo censuró, sino que “al contrario, ha dicho públicamente que él respeta mi opinión, que no es la posición de PRO y, además, yo nunca dije que lo fuera”.
Fuentedeorigen:Pagina12
Guelar es Pro
Chaparrón de verano. Mauricio empezó el 2010 como terminó el 2009.
El macrismo y su visión sobre la dictadura.
Por Adrian Murano
Diego Guelar es Pro. Le sobran antecedentes que lo demuestran: es secretario de Relaciones Internacionales del partido, fue exegeta y embajador de Carlos Menem, alimenta rasgos sibaritas y pidió una “amplia amnistía” para los genocidas de la dictadura.Abel Posse es Pro. Sus credenciales: ex embajador de Videla y Menem, efímero ministro de Educación del gobierno porteño y alma sensible con los represores. “Se está haciendo un exceso de justicia (con ellos)”, escribió. Y también, claro, pidió clemencia para sus ex jefes de facto: “Estamos al borde de la anarquía. Yo plantearía un pacto de amnistía para la convivencia, porque la ruptura ideológica nos frena, nos devuelve al pasado”.Federico Young es Pro. En los albores de la gestión macrista fue nombrado al frente de la Agencia de Control Gubernamental, pero debió renunciar cuando se conocieron sus simpatías. A gusto con la teoría de los dos demonios –que busca equiparar el terrorismo de Estado con los delitos cometidos por la guerrilla–, Young disertó junto a Cecilia Pando para reclamar “memoria completa” y que se juzgue al “terrorismo subversivo”. Fiel a sus principios, en su equipo nombró a dos coroneles retirados y miembros de su partido, uno de ellos ex agente de la SIDE en el menemismo y fundador de la agencia de seguridad Acecho SA. También sumó a 14 ex militares y gendarmes, que fueron contratados como inspectores y administrativos. Entre ellos, al menos seis habrían ocupado cargos de jerarquía en el Ejército en la dictadura, según consignó en su momento el diario Página 12.José Luis Bo es Pro. En agosto de 2009, el ex coronel asistió a una sesión en la Legislatura porteña en calidad de asesor en temas de seguridad de la legisladora macrista María Eugenia Rodríguez Araya. Su presencia provocó revuelo instantáneo: en los noventa, Bo fue condenado en primera instancia por haber sido uno de los oficiales del Ejército que comandó una red de espionaje ilegal sobre las causas de derechos humanos en Córdoba. Tras un extenso camino judicial, que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, la causa prescribió y Bo se recicló como especialista en seguridad del oficialismo porteño.Julián Obiglio es Pro. Ex diputado proclive a los newsletters de autobombo, Obiglio es vocal de la Fundación PensAr, un think tank de pelambre liberal, vinculado a la Fundación Libertad de Rosario, y donde abundan los miembros de Pro. Su director ejecutivo, por caso, es el diputado nacional Jorge Triaca (hijo). De PensAr también era miembro Julio Alberto Cirino, quien quedó al descubierto como agente civil de las Fuerzas Armadas durante los ’70, cuando era agente del Batallón de Inteligencia 601. Allí reportaba bajo las órdenes del coronel Alejandro Arias Duval, ex interventor de la temible Coordinación Federal, desde donde se condujo la cacería de disidentes durante la dictadura. Para cerrar el círculo (militar): María Emilia, la hija del “Gato” Arias Duval, está casada con Fernando Fervenza, quien trabajó como asesor de Obiglio en la Cámara de Diputados.Daniel Pastor es Pro. Abogado, debió renunciar antes de asumir la dirección del Instituto Superior de Seguridad Pública donde se forma la nueva policía porteña. Pastor tuvo que dimitir cuando se supo que estaba en contra de la imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura –incluido el robo de niños– y luego de acusar a los organismos de derechos humanos de “pregonar y practicar inexorablemente la violación de los derechos fundamentales (de quienes) cometieron las graves violaciones a los derechos humanos (y de las no tan graves)”. En el mismo artículo, Pastor había incluido una curiosa reflexión sobre la muerte de Walter Bulacio, el chico que falleció tras una golpiza propinada por policías en la previa a un recital de Los Redonditos de Ricota. El abogado consideró esa muerte como un “infortunio”, debido a que se trataba de “una persona que intentaba disfrutar, aparentemente sin pagar, de un concierto, que parece haber recibido malos tratos de parte de la policía y falleció no por ellos sino por otra circunstancia”. Al respecto, Pastor concluyó: “No puede hablarse de tortura, a lo sumo de malos tratos. Esto no puede ser nunca una grave violación a los derechos humanos”. La sucesora de Pastor en el instituto, Virginia Gamba, también fue acusada de pregonar una defensa al terrorismo de Estado. “Los jueces que han procesado y los que están juzgando a militares por sus responsabilidades durante la guerra contra el terrorismo actuaron y actúan ignorando lo que es la guerra, las normas que la regulan y la historia de la formación por parte del Estado argentino de los cuadros militares para desempeñarse en ella”, decía el texto de la discordia, firmado con el mismo nombre que la funcionaria, y publicado en el sitio procesista “La historia paralela”. Ante el escándalo, el Gobierno de la Ciudad desmintió que Gamba escribiera en ese portal. Pero no repudió el contenido del artículo.Mauricio Macri no es Pro. El intendente porteño, fundador del partido, jefe político y responsable de los funcionarios y dirigentes mencionados hasta aquí, se subió a la ola de repudios provocada por la propuesta de Guelar. “Yo estoy a favor de que se juzgue absolutamente todo lo que sucedió en el pasado, y que todos aquellos que hayan cometido cualquier tipo de homicidio paguen las consecuencias”, surfeó. Pobre Mauricio: debe ser incómodo estar rodeado de gente que piensa exactamente lo contrario.
EL ATAQUE A LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y LA CESANTIA DE PERSONAL EN SEGURIDAD BONAERENSE
Un asunto interno detrás del robo
El mismo día en que al menos un policía robaba documentos de Derechos Humanos fueron cesanteados seis abogados de la Auditoría General de Asuntos Internos. A su cargo estaban unos 1200 sumarios a miembros de la Bonaerense por presuntos delitos graves.
Por Gustavo Veiga
La paradoja contiene más de una coincidencia. El 30 de diciembre pasado, a las 17.15, al menos un policía robó legajos con denuncias por delitos de lesa humanidad, una computadora portátil, dos celulares, una filmadora y dinero de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, en la esquina de 8 y 54, en La Plata. Unas tres horas antes, a cuatro cuadras de allí, en el edificio de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, en 51 entre 10 y 11, se cesanteaba a seis abogados de esa dependencia que instruían unos 1200 sumarios a uniformados por presuntos delitos graves. En ambos episodios, los damnificados acababan de celebrar el brindis de fin de año: el personal que se desempeña junto a Sara Derotier de Cobacho en el organismo asaltado y los despedidos que reportaban a las órdenes de la auditora general María Alejandra Provítola. Un par de días después diría la secretaria de Derechos Humanos: “En Asuntos Internos están en problemas, les sacaron personal civil”. El secretario de Organización de ATE, Julio Ortellado, gremio que intervino en el conflicto laboral, completó: “Resulta extraño que se despida a los trabajadores que investigaban a policías”.
En los cuatro pisos de la Auditoría General no siempre se siguió la pista de integrantes de la Bonaerense sospechados de delinquir. Antes de que se mudara allí Asuntos Internos, funcionaba una compañía de turismo, Silver Viajes, del ex presidente del club Gimnasia y Esgrima La Plata, Juan José Muñoz –aquel que cobrara triste notoriedad en el entretiempo de un partido con Boca por amenazar al ex árbitro Daniel Giménez–. Al Ministerio de Seguridad el inmueble se lo vendió Facundo Martín Muñoz, el hijo menor del controvertido dirigente futbolístico peronista. El Estado provincial habría pagado por él unos 6.300.000 pesos gracias al decreto 1516 del 15 de julio de 2005.
Así como hace cinco años en el edificio ya no hay vestigios de la agencia de viajes, tampoco quedan rastros de la reforma policial que había emprendido el ex ministro de Seguridad León Arslanian en 2004. Durante su gestión, Asuntos Internos se nutría de un 70 por ciento de civiles y un 30 por ciento de policías. Ahora la proporción se invirtió. El gobernador Daniel Scioli y su ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, desde 2007 profundizaron esta tendencia. El primero firmó el 3 de diciembre las cesantías de los seis abogados que recibieron la noticia cuando se disponían a alzar las copas con dos centenares de compañeros. Quizá se estimó que a fin de año no ofrecerían resistencia. Una de las afectadas, hija de un ex comisario de la fuerza, ex funcionario de la seguridad deportiva y, además, ex árbitro de fútbol, había sido elegida delegada por ATE y estaba a punto de recibir los fueros gremiales. A todos los echaron en medio de un acuerdo paritario incumplido. Y no les permitieron siquiera permanecer en el edificio tras el brindis.
Cada uno de los seis jóvenes letrados instruía unos doscientos expedientes contra policías por una grilla de delitos que van desde los apremios ilegales y la extorsión hasta el abuso sexual y enfrentamientos fraguados. De ahí sale el número de 1200 investigaciones que podrían quedar desactivadas o pasarían a manos de uniformados. La mayoría se siguen a vigilantes o suboficiales. Casi no había oficiales de alta graduación entre los imputados. Las pesquisas demoraban hasta seis o siete meses según los despedidos, que cobraban 3376 pesos mensuales para auditar, junto con un reducido número de compañeros que continúan en sus puestos, el desempeño de 55.238 efectivos en actividad.
La auditora Provítola (graduada en abogacía con promedio 8,92 en la Universidad de El Salvador) trabajaba con Stornelli en los tribunales federales de Comodoro Py cuando él era fiscal. Ambos desembarcaron juntos en la provincia de Buenos Aires a fines de 2007. La auditora y su adjunto, José Miguel Guerrero, quien suele interrumpir las asambleas que el personal civil realiza en el edificio de la avenida 51, le imprimieron a Asuntos Internos una disciplina que, según ATE, se transforma en maltrato. El sindicato difundió un comunicado donde describe que “los despidos se produjeron en condiciones humillantes, ya que los trabajadores fueron obligados a abandonar sus lugares de tareas de manera compulsiva por orden de la responsable del área, María Alejandra Provítola”. Por eso, concluyó que “se está produciendo un vaciamiento del área de Asuntos Internos, ya que con el despido de los trabajadores civiles sólo quedarán policías para proceder a la investigación del resto de los integrantes de la fuerza de seguridad”.
Las autoridades desmienten la interpretación del vaciamiento a partir de los despidos. En cambio, una fuente del Ministerio de Seguridad le dijo a Página/12 que “extraoficialmente se dice acá que los echaron porque trabajaban desde la época de Arslanian”. En el grupo de abogados había quienes tenían muchos años en Asuntos Internos, incluso estaban desde antes de que llegara el ex ministro en 2004, durante la gobernación de Felipe Solá. Los problemas para ellos comenzaron cuando decidieron sindicalizarse en ATE y reclamar un aumento de sueldo y el pase a planta permanente. Les sacaron expedientes y cayeron en desgracia. Con reserva de la fuente sostienen que “Provítola llamó por lo menos en seis ocasiones a cincuenta policías cuando protestamos con una radio abierta. El edificio fue vallado varias veces”. El 28 de diciembre se agregó personal de caballería a la custodia, dos días antes de las cesantías.
El ministro Stornelli también sufrió el repudio del gremio el día de Reyes. Le hicieron un escrache en la sede del ministerio, donde hubo quema de gomas y se denunció a su auditora general porque “tiene actitudes autoritarias”. Mientras ocurría esto, la sustracción de expedientes en la Secretaría de Derechos Humanos provincial reavivaba la contradicción con la disminución del control civil sobre una fuerza de seguridad de más de 50 mil hombres. En su declaración ante la Justicia, Cobacho afirmó que “no se trató de un robo común” y relacionó el episodio con “nichos de corrupción que todavía siguen enquistados en la Policía Bonaerense”. Uno de los despedidos sugirió que no habrá solución para ello porque “a Stornelli no le interesa investigar”.
El policía Juan Manuel Mateos, detenido por el hecho, era investigado por Asuntos Internos desde principios de diciembre. El domingo 6 de ese mes, desde su automóvil particular salió la bala que mató a Santiago Pellegrini, un niño de 8 años, en Gonnet. Tres individuos que se desplazaban en su Ford Ka intentaban cobrarse una vendetta con un joven que huyó por la misma calle donde jugaba el menor y dispararon al bulto. Separado de la Bonaerense por el presunto delito de encubrimiento agravado en ese crimen, el policía se entregó a la Justicia pero quedó libre. Unos días más tarde fue arrestado como uno de los dos autores del robo a la Secretaría de Derechos Humanos.
EL ATAQUE A LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y LA CESANTIA DE PERSONAL EN SEGURIDAD BONAERENSE
Un asunto interno detrás del robo
El mismo día en que al menos un policía robaba documentos de Derechos Humanos fueron cesanteados seis abogados de la Auditoría General de Asuntos Internos. A su cargo estaban unos 1200 sumarios a miembros de la Bonaerense por presuntos delitos graves.
Por Gustavo Veiga
La paradoja contiene más de una coincidencia. El 30 de diciembre pasado, a las 17.15, al menos un policía robó legajos con denuncias por delitos de lesa humanidad, una computadora portátil, dos celulares, una filmadora y dinero de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, en la esquina de 8 y 54, en La Plata. Unas tres horas antes, a cuatro cuadras de allí, en el edificio de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, en 51 entre 10 y 11, se cesanteaba a seis abogados de esa dependencia que instruían unos 1200 sumarios a uniformados por presuntos delitos graves. En ambos episodios, los damnificados acababan de celebrar el brindis de fin de año: el personal que se desempeña junto a Sara Derotier de Cobacho en el organismo asaltado y los despedidos que reportaban a las órdenes de la auditora general María Alejandra Provítola. Un par de días después diría la secretaria de Derechos Humanos: “En Asuntos Internos están en problemas, les sacaron personal civil”. El secretario de Organización de ATE, Julio Ortellado, gremio que intervino en el conflicto laboral, completó: “Resulta extraño que se despida a los trabajadores que investigaban a policías”.
En los cuatro pisos de la Auditoría General no siempre se siguió la pista de integrantes de la Bonaerense sospechados de delinquir. Antes de que se mudara allí Asuntos Internos, funcionaba una compañía de turismo, Silver Viajes, del ex presidente del club Gimnasia y Esgrima La Plata, Juan José Muñoz –aquel que cobrara triste notoriedad en el entretiempo de un partido con Boca por amenazar al ex árbitro Daniel Giménez–. Al Ministerio de Seguridad el inmueble se lo vendió Facundo Martín Muñoz, el hijo menor del controvertido dirigente futbolístico peronista. El Estado provincial habría pagado por él unos 6.300.000 pesos gracias al decreto 1516 del 15 de julio de 2005.
Así como hace cinco años en el edificio ya no hay vestigios de la agencia de viajes, tampoco quedan rastros de la reforma policial que había emprendido el ex ministro de Seguridad León Arslanian en 2004. Durante su gestión, Asuntos Internos se nutría de un 70 por ciento de civiles y un 30 por ciento de policías. Ahora la proporción se invirtió. El gobernador Daniel Scioli y su ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, desde 2007 profundizaron esta tendencia. El primero firmó el 3 de diciembre las cesantías de los seis abogados que recibieron la noticia cuando se disponían a alzar las copas con dos centenares de compañeros. Quizá se estimó que a fin de año no ofrecerían resistencia. Una de las afectadas, hija de un ex comisario de la fuerza, ex funcionario de la seguridad deportiva y, además, ex árbitro de fútbol, había sido elegida delegada por ATE y estaba a punto de recibir los fueros gremiales. A todos los echaron en medio de un acuerdo paritario incumplido. Y no les permitieron siquiera permanecer en el edificio tras el brindis.
Cada uno de los seis jóvenes letrados instruía unos doscientos expedientes contra policías por una grilla de delitos que van desde los apremios ilegales y la extorsión hasta el abuso sexual y enfrentamientos fraguados. De ahí sale el número de 1200 investigaciones que podrían quedar desactivadas o pasarían a manos de uniformados. La mayoría se siguen a vigilantes o suboficiales. Casi no había oficiales de alta graduación entre los imputados. Las pesquisas demoraban hasta seis o siete meses según los despedidos, que cobraban 3376 pesos mensuales para auditar, junto con un reducido número de compañeros que continúan en sus puestos, el desempeño de 55.238 efectivos en actividad.
La auditora Provítola (graduada en abogacía con promedio 8,92 en la Universidad de El Salvador) trabajaba con Stornelli en los tribunales federales de Comodoro Py cuando él era fiscal. Ambos desembarcaron juntos en la provincia de Buenos Aires a fines de 2007. La auditora y su adjunto, José Miguel Guerrero, quien suele interrumpir las asambleas que el personal civil realiza en el edificio de la avenida 51, le imprimieron a Asuntos Internos una disciplina que, según ATE, se transforma en maltrato. El sindicato difundió un comunicado donde describe que “los despidos se produjeron en condiciones humillantes, ya que los trabajadores fueron obligados a abandonar sus lugares de tareas de manera compulsiva por orden de la responsable del área, María Alejandra Provítola”. Por eso, concluyó que “se está produciendo un vaciamiento del área de Asuntos Internos, ya que con el despido de los trabajadores civiles sólo quedarán policías para proceder a la investigación del resto de los integrantes de la fuerza de seguridad”.
Las autoridades desmienten la interpretación del vaciamiento a partir de los despidos. En cambio, una fuente del Ministerio de Seguridad le dijo a Página/12 que “extraoficialmente se dice acá que los echaron porque trabajaban desde la época de Arslanian”. En el grupo de abogados había quienes tenían muchos años en Asuntos Internos, incluso estaban desde antes de que llegara el ex ministro en 2004, durante la gobernación de Felipe Solá. Los problemas para ellos comenzaron cuando decidieron sindicalizarse en ATE y reclamar un aumento de sueldo y el pase a planta permanente. Les sacaron expedientes y cayeron en desgracia. Con reserva de la fuente sostienen que “Provítola llamó por lo menos en seis ocasiones a cincuenta policías cuando protestamos con una radio abierta. El edificio fue vallado varias veces”. El 28 de diciembre se agregó personal de caballería a la custodia, dos días antes de las cesantías.
El ministro Stornelli también sufrió el repudio del gremio el día de Reyes. Le hicieron un escrache en la sede del ministerio, donde hubo quema de gomas y se denunció a su auditora general porque “tiene actitudes autoritarias”. Mientras ocurría esto, la sustracción de expedientes en la Secretaría de Derechos Humanos provincial reavivaba la contradicción con la disminución del control civil sobre una fuerza de seguridad de más de 50 mil hombres. En su declaración ante la Justicia, Cobacho afirmó que “no se trató de un robo común” y relacionó el episodio con “nichos de corrupción que todavía siguen enquistados en la Policía Bonaerense”. Uno de los despedidos sugirió que no habrá solución para ello porque “a Stornelli no le interesa investigar”.
El policía Juan Manuel Mateos, detenido por el hecho, era investigado por Asuntos Internos desde principios de diciembre. El domingo 6 de ese mes, desde su automóvil particular salió la bala que mató a Santiago Pellegrini, un niño de 8 años, en Gonnet. Tres individuos que se desplazaban en su Ford Ka intentaban cobrarse una vendetta con un joven que huyó por la misma calle donde jugaba el menor y dispararon al bulto. Separado de la Bonaerense por el presunto delito de encubrimiento agravado en ese crimen, el policía se entregó a la Justicia pero quedó libre. Unos días más tarde fue arrestado como uno de los dos autores del robo a la Secretaría de Derechos Humanos.
“Faltas éticas y abusos”
Por Gustavo Veiga
La Auditoría General de Asuntos Internos que conduce María Alejandra Provítola tiene cuatro auditorías sumariales, tres de las cuales son para cubrir jurisdicciones y una temática. En ellas se desempeñaban los civiles despedidos que instruían sumarios con motivo de delitos graves y de acuerdo con lo que fija el decreto 1050/09. Las funciones del personal están determinadas por la Ley 13.204 que establece para el organismo “planificar y conducir las acciones tendientes a prevenir, identificar, investigar y sancionar aquellas conductas vinculadas directa o indirectamente con la actuación del personal con estado policial perteneciente a las Policías de la Provincia de Buenos Aires, que puedan constituir faltas éticas y abusos funcionales graves que por su magnitud y trascendencia afecten a la Institución y a sus integrantes”.
La Ley 13.204 también establece que “para un eficaz cumplimiento de su cometido, la Auditoría General de Asuntos Internos se organizará con personal civil y por aquellos funcionarios de las Policías de la Provincia de Buenos Aires que en virtud de su capacitación específica sean estrictamente necesarios”. Todos los abogados que fueron cesanteados pertenecían a la categoría de “planta permanente sin estabilidad” y aspiraban a conseguir esta última, además de un aumento de salarios ya que, aducen, no lo recibían desde hacía un año.
Estos profesionales denuncian también que “desde hace varios meses se encuentran obligados a confeccionar el acto administrativo final, la resolución, que luego es rubricado por la auditora general, siendo que esa tarea es propia de la Dirección Técnica y Legal”.
Fuentedeorigen:Pagina12.
Por Gustavo Veiga
La Auditoría General de Asuntos Internos que conduce María Alejandra Provítola tiene cuatro auditorías sumariales, tres de las cuales son para cubrir jurisdicciones y una temática. En ellas se desempeñaban los civiles despedidos que instruían sumarios con motivo de delitos graves y de acuerdo con lo que fija el decreto 1050/09. Las funciones del personal están determinadas por la Ley 13.204 que establece para el organismo “planificar y conducir las acciones tendientes a prevenir, identificar, investigar y sancionar aquellas conductas vinculadas directa o indirectamente con la actuación del personal con estado policial perteneciente a las Policías de la Provincia de Buenos Aires, que puedan constituir faltas éticas y abusos funcionales graves que por su magnitud y trascendencia afecten a la Institución y a sus integrantes”.
La Ley 13.204 también establece que “para un eficaz cumplimiento de su cometido, la Auditoría General de Asuntos Internos se organizará con personal civil y por aquellos funcionarios de las Policías de la Provincia de Buenos Aires que en virtud de su capacitación específica sean estrictamente necesarios”. Todos los abogados que fueron cesanteados pertenecían a la categoría de “planta permanente sin estabilidad” y aspiraban a conseguir esta última, además de un aumento de salarios ya que, aducen, no lo recibían desde hacía un año.
Estos profesionales denuncian también que “desde hace varios meses se encuentran obligados a confeccionar el acto administrativo final, la resolución, que luego es rubricado por la auditora general, siendo que esa tarea es propia de la Dirección Técnica y Legal”.
Fuentedeorigen:Pagina12.
Fuente:Rdendh
No hay comentarios:
Publicar un comentario