MASACRE LA TABLADA: JUSTICIA VERDE OLIVA-M.RODRIGUEZ:DE TORTURADOR A PROFESOR.

Justicia verde oliva

Foto: Archivo
El Ejército hace trámites para el tribunal que benefició a los militares, una Cámara dictaminó que los fusilamientos durante el copamiento no fueron crímenes de lesa humanidad. Antecedentes polémicos.
Por Franco Mizrahi

En el mundillo judicial, la Justicia Federal de San Martín es conocida por no fallar justamente en sintonía con los derechos humanos. Quienes frecuentan sus pasillos saben que la influencia de Campo de Mayo, comprendida en su jurisdicción, ha jugado un papel relevante en la conformación del tribunal durante los años de plomo. A pesar de los 27 años de democracia todavía se ven sus huellas: se utilizan camiones del Ejército para realizar mudanzas del ámbito tribunalicio, como el flete que realizó un vehículo militar para el Tribunal Oral Federal 4, en el año 2007. En esta sintonía, no sorprende que los exámenes para ingresar a la justicia “sanmartiniana” se realizaran en el Liceo Militar. Menos aún que una resolución de los primeros días de febrero de este año haya revocado lo establecido en primera instancia por el juez Germán Castelli, al considerar que los fusilamientos de La Tablada no fueron crímenes de lesa humanidad.

El 23 de enero de 1989, un grupo de militantes del Movimientos Todos por la Patria (MTP) intentó copar el Regimiento de Infantería Mecanizada Número III, en la Tablada. La represión militar y policial consecuente dejó un saldo de 28 civiles muertos y otros 3 desaparecidos, junto a 11 abatidos en las fuerzas de seguridad. A pesar de la envergadura de la masacre, la causa tuvo un largo derrotero. La última etapa judicial se abrió el 10 de noviembre de 2009 con la sentencia del juez Castelli, que respaldó su decisión en un dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El magistrado determinó que los fusilamientos de los sublevados se realizaron “en representación del Estado argentino y contrariando las directivas del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas”. Todo parecía encaminado pero surgió un nuevo obstáculo.

Luego de la apelación de los acusados, la causa recayó en la Cámara Federal de San Martín y tuvo un giro de 180 grados: “No se advierte de lo actuado que confluyan en el sub examen los elementos objetivos y subjetivos que caracterizan a los crímenes de lesa humanidad. (…) Se trató de un acto aislado, espontáneamente emprendido y no planificado con anterioridad, en respuesta a la inesperada agresión ilegítima a la que fueron objeto tanto la instalación del Ejército Argentino como sus efectivos”.

Según una máxima judicial, los jueces hablan por sus fallos. Y si se leen algunas de las sentencias que han venido firmando Jorge Barral, Hugo Fossati y Alberto Criscuolo –los tres magistrados que conformaron la “sala de feria” que analizó el caso–, lo establecido por la Cámara respecto a la masacre de La Tablada, era previsible:

- El fallo del 22 de noviembre de 2004, que lleva la firma de Fossati, Barral y Lugones, habla por sí solo: declara la inconstitucionalidad de la ley 25.779, mediante la cual el Congreso consideró nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Para los camaristas de San Martín, el Congreso se arrogó facultades que no le correspondían. Fue la primera vez que un tribunal se pronunció en ese sentido y habilitó la excarcelación a tres militares retirados, entre ellos, el coronel Raúl Harsich, presunto responsable de la desaparición, tortura y muerte de un menor de 15 años según la Conadep. Fue la Corte, en 2005, la que resolvió el conflicto declarando inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, hecho que permitió reencauzar los juicios a los genocidas.

- En la misma línea, el año pasado Fossati y Barral dejaron en libertad al represor Eduardo Alfonso, ex secretario general del Ejército, imputado como autor material del asesinato de Antonio García y el secuestro de Beatriz Recchia –aun permanece desaparecida–, quien dio a luz en cautiverio a una niña que fue apropiada y recién recuperó su identidad en enero del año pasado. Si bien está documentada la participación de Alfonso en el operativo –de hecho fue premiado por el Ejército el 6 de julio de 1977 con la medalla “herido en combate” por los disparos que recibió en esa acción– para los jueces “no puede afirmarse fehacientemente que conociera la finalidad del grupo operativo”. Por este fallo, Juliana, la otra hija de la pareja, dio una conferencia de prensa en la que fue contundente: “Hoy la impunidad tiene el nombre de Barral y Fossati. ¿Estos jueces creen que Alfonso fue a mi casa a leerme un cuentito? Que me expliquen por qué dejan libre a quien mató a mi papá”.

- Hace dos años, en otro de sus fallos controvertidos, la Cámara, esta vez a través de Criscuolo y Horacio Prack (fiscal durante la última dictadura), puso en duda el asesinato del represor de la ESMA, Héctor Febres, y dictó una resolución que dejó libres a los prefectos acusados. Esta decisión puso en alerta a los organismos de derechos humanos. El abogado Luis Bonomi, uno de los querellantes en la causa, alertó: “Esto es una barbaridad. Es peor que dejarlos en libertad: ponen en duda el homicidio”.

La razón del accionar de estos magistrados quizás puede encontrarse en su derrotero judicial: al menos dos de ellos ocuparon cargos de carrera relevantes durante la última dictadura militar. Barral conoció de cerca cómo actuaba la máxima autoridad judicial del país en épocas dictatoriales: ingresó como auxiliar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el ’66 (con la autoproclamada Revolución Argentina que ungió a Juan Carlos Onganía como presidente de facto) e hizo carrera hasta que en 1982 lo nombraron secretario letrado del ministro de la Corte, Elías Guastavino. Alberto Criscuolo se desempeñó como secretario en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Sentencia, Letra T, de 1976 a 1987. En 1991, con el advenimiento del menemismo, ocupó el Juzgado en lo Criminal y Correccional Número 3 de Morón.

Con este nuevo fallo que se suma al legajo de estos tres magistrados, lo sucedido el 23 de enero de 1989 prescribió y quedaría impune. Salvo que la Corte Suprema disponga lo contrario, la Justicia seguirá en deuda.
Fuentedeorigen:Revista23

Fuente:Rdendh


MARTIN RODRIGUEZ, CAPITAN DEL EJERCITO, DECLARO Y FUE PRESO
De torturador a profesor
“Su nombre de guerra era Toro, pertenecía a uno de los grupos de tareas más temidos”, contó hace años el ex sargento Víctor Ibáñez. El capitán se había reciclado como docente de la Universidad Católica de Salta. Quedó detenido en Marcos Paz.

Martín Rodríguez fue localizado por una investigación de Pablo Llonto.
Por Diego Martínez
Hace treinta años, como capitán del Ejército, Martín Rodríguez interrogaba a secuestrados en Campo de Mayo. Tras el retiro se recibió de licenciado en Ciencia Política en la Universidad Kennedy y se radicó en Salta. Fue entrenador de rugby del Jockey Club y dirigió la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica, que encabeza el arzobispo Mario Antonio Cargnello. Una investigación de Pablo Llonto, abogado de los hijos del ex diputado Diego Muniz Barreto, permitió identificarlo. Ayer, con 63 años y media vida impune, se presentó bolsito en mano en el juzgado de San Martín, a cargo de Juan Manuel Yalj. Dos horas después salió con esposas, que mostró con odio ante el fotógrafo de Página/12, y ya pasó su primera noche en el penal de Marcos Paz.
“Su nombre de guerra era Toro, pertenecía a uno de los grupos de tareas más temidos”, contó el ex sargento Víctor Ibáñez años atrás. “Terminó procesado por un asunto de robos de autos. Entre sesión y sesión de tortura les hacía firmar a los prisioneros un formulario de transferencia para quedarse con los vehículos”, recordó el ex guardia de El Campito.
La segunda pieza la aportó Juan José Fernández, secuestrado junto a Muniz Barreto en febrero de 1977. Ambos pasaron por las manos de Luis Patti y luego fueron trasladados a El Campito. El 6 de marzo, adormecidos, fueron arrojados al fondo de un arroyo en el interior de un Fiat 128. Fernández sobrevivió y, antes de exiliarse, declaró ante un escribano. Dejó constancia de un diálogo telefónico que escuchó en cautiverio:
–Habla el capitán Rodríguez, comuníqueme con el coronel Sambrano –grabó en su mente.
Luego el capitán transmitió información arrancada bajo torturas. Con esos datos, Llonto preguntó al Ejército cuántos capitanes Rodríguez había en Campo de Mayo en 1977. Respuesta: uno. Citado a declarar, Ibáñez no dudó al ver la foto del represor. “Era el más salvaje”, agregó.
Ayer a las once, con barba crecida, remera y saco gris, Rodríguez se presentó ante el juez. Ante la ausencia del fiscal Jorge Sica, declaró sólo ante Yalj y su secretario. Tres horas después salió esposado. “No vas a tener perdón”, le gritó Juana Muniz Barreto, que perdió a su padre cuando tenía quince años. Rodríguez se subió al patrullero y, a diferencia de Luis Patti, que se cubría las esposas, mostró las suyas para la foto.
“El corazón me latía fuerte –contó luego Juana–. Ahora siento paz: la satisfacción de haber logrado algo por lo que venimos batallando hace tiempo, la tranquilidad de saber que ya no está entre nosotros como un profesor respetable. Siento haber cumplido con mi deber de hija. Pensé todo el tiempo en mi papá, en lo feliz y agradecida de haberlo tenido quince años, en el orgullo que siento por su valentía, y estoy segura de que él estaría orgulloso de su hija”, confesó. “También pensé en mis hijos: éste es el mejor legado que puedo dejarles”, concluyó. Llonto se mostró satisfecho “porque en un mes, después de años de investigación, cayeron dos de los torturadores más salvajes de Campo de Mayo”. El otro es Carlos Somoza, alias Gordo, ex interrogador del Batallón 601.
Rodríguez nació el 14 de marzo de 1946 en Posadas, Misiones. Cuando se produjo el golpe de Estado era teniente primero. En diciembre de 1976 ascendió a capitán, grado que anteponía a su apellido y que permitió identificarlo. En 1976 y 1977 alternó destinos entre la Escuela de Servicios General Lemos y el Comando de Institutos Militares. Sus calificaciones a fines de 1977 demuestran que tenía un óptimo concepto por parte de sus superiores. “Un brillante oficial que prestigia al instituto”, escribió el coronel Eugenio Guañabens Perelló, que ahora afronta su primer juicio por crímenes de lesa humanidad.
El decano de la Facultad de Derecho de la UCA salteña, Armando Isasmendi, se enteró de la detención por Página/12 y dijo ignorar la citación judicial. “Sabíamos que estaba por declarar y estábamos a la expectativa de ver qué sucedía”, admitió segundos después Martín Andrés Rodríguez, homónimo y director de la carrera de Relaciones Internacionales.
–¿Lo sorprende la noticia?
–Y... sí, uno sabe que son militares de esa época, pero dice “son profesores”, mejor no meterse en esos temas.
–¿Muchos militares como profesores?
–Sí, la UCA tiene relación con Ejército y Gendarmería. También por el perfil de las materias: geopolítica, estrategia.
Un ex alumno consultado por Página/12 recordó a Rodríguez como “una persona querida, muy correcto”. “No era un defensor de los derechos humanos pero tenía posiciones racionales –recordó–. Muchas veces comentaba cosas de la dictadura pero nunca hablaba de su propio rol. Sólo decía que debía actuar la Justicia.”
Fuentedeorigen:Pagina12

Fuente:Rdendh