SALTA: CUENTA REGRESIVA PARA EL JUEZ FEDERAL MEDINA-INSPECCIONAN CASA DONDE FUE SECUESTRADO BUSTOS.

Medina afectó la credibilidad de la Justicia, afirman en el Consejo de la Magistratura
Según el dictamen mayoritario de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura que aconsejó abrir el procedimiento de remoción del juez federal Nº2 de Salta, Miguel Medina, el magistrado debió haberse excusado de actuar en las causas Ragone y Palomitas por haber defendido con anterioridad a uno de los imputados -Andrés Soraire- y en las causas en que actuó su socio y amigo, el abogado Raimundo Sosa.

Juez federal Miguel Medina
Un extenso y duro escrito firmado por el consejero Mariano Candioti -juez de Cámara de Casación- y respaldado por otros cuatros consejeros, será puesto a consideración del plenario del Consejo.
Allí el magistrado llegó a la conclusión que debido a que no quiso apartarse de las causas, resulta impensado que los salteños que conocen la relación de Medina con Soraire y con Sosa, "crean que en las investigaciones judiciales llevadas adelante por el magistrado hayan tenido como objetivo la dilucidación de los terribles actos que enlutaron a nuestro país y cuya recomposición durará años, seguramente más de los debido por la actuación del doctor Medina".
Abogado de Soraire

En más de veinte páginas, el magistrado considera probado que Medina trabajó como abogado para el policía Andrés Soraire en 1988, y no solamente de manera "formal", como intentó argumentar el magistrado salteño en su defensa.Soraire es un ex policía que trabajaba en la Guardia del Monte que quedó imputado en el homicidio, en 1977 de José Lino Salvatierra y Oscar Rodríguez, dos jóvenes que conducían un camión con carbón hacia Salta y cuyos cuerpos fueron arrojados en un paraje cercano a Metán, con un cartel que decía "por cuatreros".
Con otros policías integraban entonces la llamada "Guardia del Monte" de la Policía provincial que aunque supuestamente creada para combatir el cuatrerismo, se dedicó a la persecución ideológica. Logró permanecer prófugo durante veinte años en Tucumán.Durante su defensa que ejerció en diciembre pasado, Medina había argumentado que entre el escrito su designación como abogado de Soraire y el de su renuncia -por diferencia de criterios con su colega Víctor Martínez- sólo hubo veinte días en los que no tuvo ninguna actuación profesional.
Lider del grupo

Sin embargo, Candioti sostuvo que el propio Medina admitió que tuvo una entrevista con Soraire -"porque era el que lideraba el grupo", con lo cual, según el integrante del Consejo, "ya está demostrando conocimiento sobre el accionar y jerarquía del grupo involucrado en distintas causas relacionadas con delitos de lesa humanidad".Pese a esos antecedentes, Medina actuó entre 2004 y 2007 y durante dos años y medio, en la causa Ragone, en la que estaban imputados, además de Soraire, Santos Acosta y Miguel Angel Corvalán, también miembros de la Guardia del Monte que había patrocinado.
Sin embargo, en 1999, según Candiotti, ya había empezado a "violar su deber de excusación", cuando comenzó a desempeñarse en la causa Palomitas, que instruyó hasta 2005. Medina intentó convencer que en esa causa Soraire no estaba como imputado, pero Candioti consideró probado que el ex policía estaba sospechado, y que eso bastaba, según la jurisprudencia, para considerarlo imputado y para que Medina se excuse.
Tono negativo

Un efecto negativo tuvo en los consejeros el tono que utilizó el juez salteño en su defensa, cuando calificó como una "excursión de pesca" las auditorías que se realizaron en su juzgado luego de las primeras denuncias en su contra."Tales consideraciones llevan a esta instrucción a sostener que el doctor Medina tiene un desacertado concepto de lo que es la cosa pública en un Estado y en una Sociedad que se definen como modernos, republicanos y democráticos", dice el dictamen.
Tampoco ayudaron a Medina otros antecedentes que puso de manifiesto Candioti en su propuesta: entre ellos, el de haber sido designado en la década del 70 como funcionario judicial por el gobierno de facto de Roberto Augusto Ulloa. Y el de que su antecedente como defensor de Soraire fue desconocida por la Comisión de Acuerdos y Asesora de la Magistratura al momento de tratar su designación como magistrado federal.
Fuentedeorigen:Nuevodiariodesalta.
Fuente:Rdendh

Inspeccionarán la casa donde secuestraron a Melitón Bustos
El Tribunal Oral se trasladará a Tartagal
Mañana martes a las 11, los jueces, el fiscal, la defensa, la querella y los imputados se constituirán en la morada del escribano.

JORGE LUIS VILLADA.

El Tribunal, en pleno con los acusados incluidos, se constituirá en ese lugar donde, hace 32 años, dos hombres de civil, a punta de pistola, se llevaron por la fuerza a Bustos, en presencia de su hijo de 16 años. El testigo reconoció a Arias como uno de los secuestradores y, hasta el momento, aparece como el más comprometido con este hecho ocurrido en plena dictadura militar. Su situación se complicó más aún el miércoles pasado, con el testimonio del ex piquetero Juan Domingo Javier, quien declaró que vió cuando al escribano lo sacaron de su domicilio, aquella madrugada del 2 de febrero de 1978. Javier aseguró que entre los raptores alcanzó a reconocer la figura del entonces teniente Arias.
Habrá dos paréntesis
De acuerdo con la resolución del Tribunal Oral Federal, luego de la inspección ocular en Tartagal, el juicio a los dos militares se reanudará el 22 del corriente; pero habrá otro paréntesis hasta el 8 de marzo. La medida fue dispuesta debido a que el juez Jorge Luis Villada se ausentará de la jurisdicción. Es que fue designado para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación en el proceso que se sigue contra el juez federal Faggionato Marquez. También, los imputados y sus defensores fueron notificados para que informen la asistencia en la inspección. Es a los efectos de disponer las medidas de seguridad necesaria, para el traslado a la cuidad norteña.
Fernando Petrina y Pablo Tobío, los defensores de los coroneles Arias y Zírpolo, manifestaron que los imputados expresaron su firme voluntad de asistir a la medida judicial de mañana martes.
El juicio a los coroneles retirados, Carlos Alberto Arias y Luis Angel Gastón Zírpolo va llegando a su fin.
Fuentedeorigen:Eltribuno.
Fuente:Rdendh

DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN SAN LUIS
Denuncian paralización de causas de la dictadura
Familiares de víctimas denunciaron que se dictó la falta de mérito para cuatro represores y con "distintas argucias técnicas" se paralizaron los juicios.
Familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura militar en la provincia de San Luis, denunciaron que con "distintas argucias técnicas", se paralizaron las causas que debían seguirse por parte de la Justicia Federal puntana.
Segundo y Francisco "Pancho" Ledesma, padre y hermano respectivamente de Pedro Valentín, desaparecido durante la dictadura, señalaron que "tras casi un año de la condena ejemplar del Tribunal Oral Federal de San Luis", que terminó con dos militares y tres policías condenados a reclusión perpetua, las compulsas que se abrieron para los restantes responsables están en "vía muerta".
Señalaron que los integrantes de la cúpula militar que acompañó a Miguel Angel Fernández Gez en su paso por el Comando de Artillería con asiento en San Luis el juez federal de primera instancia, Juan Maqueda, dictó la falta de mérito para los cuatro investigados.
"Maqueda resolvió en un fallo vergonzoso dejar en libertad a 4 represores que son los principales impulsores del plan sistemático de desaparición y torturas de personas en Cuyo, como son Tamer Yapur -que hoy está siendo llevado a juicio por los mismo hechos en Mendoza- y los represores miembros de la plana mayor Daract, López y Quiroga", enfatizó Francisco y que luego de dictar la falta de mérito, el juez se apartó de la causa.
Agregó que "eso demuestra que en San Luis, tanto el juez como la fiscal (que también se excusó), con argucias técnicas buscan apartarse de la investigación o excusarse invocando no poder continuar con las causas, cuando en realidad han demostrado que no se quiere ir a fondo con todos los que participaron del crimen de Pedro".
Según el menor de los Ledesma, el juez, "deliberadamente partió de hechos falsos para llegar a conclusiones falsas que le permitieron llevar a cabo su intención de liberar a los 4 genocidas".
Sostuvo que "en ese contexto, se suma que en diciembre fueron liberados por la Cámara Federal de Mendoza dos genocidas más que son el Capitán Godoy, torturador como Pla, y el represor del Ejército, Alemán Urquiza, que fue precisamente a la Cámara que los organismos de Derechos Humanos de aquella provincia denunciaron ante el Consejo de la Magistratura por liberar represores en los juicios de allá".
Los Ledesma señalaron que, de ser necesario, recurrirán a tribunales internacionales para que se llegue a fondo con la causa por la desaparición de Pedro Valentín, secuestrado de las manos del padre por un grupo de tareas, luego de ser liberado en una comisaría de la capital puntana el 23 de septiembre de 1976.
Como se recordará, el 12 de marzo de 2009 el Tribunal Oral Federal de San Luis, integrado por los jueces Raúl Rodríguez, Roberto Burad, Roberto Nacif y Héctor Cortez (suplente) condenaron con prisión perpetua e inhabilitación de por vida a los militares Miguel Angel Fernández Gez y Carlos Pla, jefe del Comando de Artillería y Subjefe de la Policía de la provincia en 1976, respectivamente.
También resultaron sentenciados, los policías Víctor David Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Orozco, integrantes del Departamento de Informaciones D2, que actuaba en la denominada "lucha contra la subversión" en ese período.
Los represores fueron condenados en la causa que investigó el asesinato de Graciela Fiochetti, las desapariciones y asesinatos de Pedro Valentín Ledesma y "Sandro" Santana Alcaráz y los tormentos sufridos por Víctor Carlos Fernández cuando estuvo detenido y que finalmente logró sobrevivir.
El Tribunal Oral hizo también lugar al pedido de compulsa que realizaron la querella y la fiscalía y los integrantes de la plana mayor que en 1976 estaba al frente del GADA 141 y el Comando de Artillería 141.
Igual suerte corrió el ahora ex camarista mendocino Carlos Martín Pereyra González, que en ese año era Secretario del Juzgado Federal de San Luis, y también se ordenó la investigación del ex juez Federal de San Luis, Eduardo Allende por sus actuaciones en ese momento.
Una nueva causa se abrió también para el ex jefe del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, ya que de él dependía el área 333 con asiento en San Luis.
El Tribunal también ordenó la investigación del ex obispo de San Luis, Juan Rodolfo Laise, ya que uno de los imputados, Miguel Angel Fernández Gez lo acusó de haberle pedido que hiciera desaparecer a un sacerdote que estaba enfrentado con el prelado; todas estas causas que están hoy en vía muerta.
Fuentedeorigen:Criticadigital
Fuente:Rdendh


EL COMUNICADO DE PRENSA DE LA FAMILIA LEDESMA
Denuncia denegación de justicia en causa de delitos de lesa humanidad por desaparición de Pedro Ledesma
Venimos a poner en conocimiento de la opinión pública que en esta provincia en el ámbito de la Justicia Federal, no existe la mínima intención de alcanzar verdad y justicia por la investigación de los delitos de lesa humanidad y el homicidio de Pedro Ledesma.
Luego de la sentencia histórica del TOC que condenó a los represores Fernández Gez, Pla, y los 3 policías Becerra, Orozco y Pérez a cárcel común y perpetua declarando que en San Luis hubo -como parte del resto del país- un genocidio, no se hizo absolutamente mas nada, a pesar de las denuncias que realizó nuestra familia y el pedido de compulsa que solicito en el TOC.
O sea que luego de casi un año, no se hizo absolutamente nada más.
Eso demuestra que en San Luis, tanto el juez como la fiscal, con argucias técnicas buscan apartarse de la investigación o excusarse invocando no poder continuar con las causas, cuando en realidad han demostrado que no se quiere ir a fondo con todos los que participaron del crimen de Pedro.
Un ejemplo de ello es que el Juez federal Maqueda resolvió en un fallo vergonzoso dejar en libertad a 4 represores que son los principales impulsores del plan sistemático de desaparición y torturas de personas en Cuyo, como son Tamer Yapur –que hoy esta siendo llevado a juicio por los mismo hechos en Mendoza- y los represores miembros de la plana mayor Darac, López y Quiroga.
Para el Juez Juan Maqueda, directamente la sentencia de condena y la orden del TOC para que se procese a la plana mayor del GADA no existió pues su fallo no cumplió con los requisitos que la ley exige y que tiene que tener todo fallo.
No fue motivado
Omitió prueba
No valoró la prueba del juicio
No tuvo en cuanta las actas del debate oral y publico del juicio
No tuvo en cuenta los argumentos de la sentencia de los jueces del TOC.
Es así que este Juez llegó a partir de esa intencionada omisión a conclusiones contradictorias con todos los fallos de la Corte y del país. O sea que deliberadamente partió de hechos falsos para llegar a conclusiones falsas que le permitieron llevar a cabo su intención de liberar a los 4 genocidas.
En ese contexto, se suma que en diciembre fueron liberados por la Cámara Federal de Mendoza dos genocidas mas que son el Capitán Godoy, torturador como Pla, y el represor del Ejército Alemán Urquiza, que fue precisamente la Cámara que los organismos de Derechos Humanos de aquella provincia denunciaron por ante el Consejo de la Magistratura por liberar represores en los juicios de allá.
Todos recordamos lo que le paso a Pereyra Gonzáles, y eso demuestra que en este caso, en todo el país y en San Luis en particular, no solo los jueces “reciclados” de la democracia que fueron cómplices de la dictadura, sino también jueces como Maqueda, no quieren llegar a que se siga avanzando con los juicios.
Lo mismo ocurre con el Ministerio Público. Si bien la Unidad Fiscal de seguimiento de los Juicios esta realizando una labor impulsando e instruyendo fiscales en todo el país para que las causas avancen, en San Luis, la Unidad Fiscal, prácticamente puso su esfuerzo hasta ahora aliniando fiscales díscolos pero solo para que se llegara al juicio histórico de Pedro, Graciela, Santana y el gringo … pero luego de eso, no hicieron mas nada.
Prueba de ello es que tampoco tenemos a la fecha fiscal que reemplace a la Dra. Spagnuolo que se excuso graciosamente.
Es mas, ni siquiera impulso la denuncia penal que interpuso nuestra familia en contra de Carlos Pereyra Gonzáles. Nunca vimos que un fiscal de San Luis interpusiera un pronto despacho o mas aún, que saliera a denunciar a Maqueda por denegación o retardo de justicia, tal lo instruido por la Procuración.
En este caso, y en todos los demás, todos los jueces subrogantes se lavaron las manos.
Nadie quiere ocuparse de estos juicios por falta de agallas o por conexiones y negocios que tienen con la justicia federal.
Lo afirmado también se prueba viendo la lista de abogados subrogantes para que asuman causas cuando un juez se excusa o es recusado.
Esa lista la maneja discrecionalmente el Juez Juan Maqueda, y son todos los abogados amigos del “poder” y los abogados de Alberto y Adolfo Rodríguez Saa, firmantes de la carta a Masera.
Por este tema el propio Colegio de Abogados lo denunció ante la Federación Argentina de Colegios Abogados.
Es así que en considerando la situación descripta hemos decidido hacer público a través de los medios que siempre nos acompañaron lo siguiente:
Estaremos pidiendo a Mendoza que nos remitan todas las pruebas que se están colectando en los juicios de allí que demuestran claramente como funcionaba coordinadamente el accionar represivo entre el GADA a través de su plana mayor y la zona de seguridad 33 de Mendoza, ya que para el Juez Maqueda, lo que sentenció el TOC es insuficiente para procesar a los represores de la plana mayor.
Interpondremos pronto despacho ante el juzgado y la fiscalía para que cumplan los plazos procesales previstos, ya que siempre deliberadamente demoran todos los pasos procesales impunemente;
Solicitaremos al Procurador Esteban Righi que de manera urgente designe un Fiscal de Instrucción idóneo y valiente dispuesto a llamar a indagatoria a los amigos del poder y miembros de las familias patricias puntanas.
Solicitaremos a la Cámara Nacional de Casación Penal una audiencia para ir a denunciar denegación y retardo de justicia en San Luis y solicitarle que se cumpla con la nueva acordada de la CSJN para que procedan a designar un Juez designado constitucionalmente de manera urgente.
Reclamaremos a la CSJN que designe los miembros faltantes de la Cámara Federal de Mendoza para que resuelvan la apelación del fallo que libero a los 4 represores Darac, López, Quiroga y Yapur.
Denunciaremos al Juez Federal Juan Esteban Maqueda ante el Conejo de la Magistratura por mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que de manera impune e ilegal desobedeció a la CSJN que fijo los estándares de juzgamiento para los delincuentes terroristas de Estado en los juicios de lesa humanidad.
Cuando tengamos contacto con la causa, haremos pública la actitud cobarde de los abogados de la matrícula que no se animaron a juzgar represores inventando falsas excusaciones y le pediremos a la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Publico de Abogados de San Luis que se pronuncie.
En suma, en San Luis, luego de la sentencia histórica del juicio a los genocidas Pla, Fernández Gez, Orozco, Becerra y Pérez, reina la impunidad, y nos encontramos ante un caso único en el país que un expediente no tiene JUEZ ni FISCAL. Esto es denegación de justicia.
Seguiremos por todos los medios legales posibles hasta obtener una sentencia justa a todos los responsables del crimen y torturas de Pedro, agotando todas las instancias posibles, e inclusive -si fuera necesario-, ante la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos.
San Luis, 4 de febrero de 2010.-
Fuente:Rdendh