Prisión perpetua con inhabilitación
El alegato del juicio contra Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo consideró que se produjo prueba suficiente de que los imputados fueron ejecutores del plan de represión ilegal.
Mabel Colalongo terminó ayer su exposición de 17 horas sobre los hechos probados en la causa.
"Pido la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para los cinco imputados por el cargo que detentaban en el Destacamento de Inteligencia, los perjuicios ocasionados a las víctimas, los mecanismos empleados, el sadismo, la cobardía, la imposición de tormentos en forma cruel, las terribles condiciones de detención, el aprovechamiento perverso de las víctimas indefensas, la impunidad y ausencia de arrenpentimiento de los acusados". De este modo concluyó ayer su alegato la fiscal federal Mabel Colalongo, el pedir la condena para Oscar Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo. Hoy comenzarán a hablar las defensas de los imputados, en las instancias finales del juicio.
Colalongo finalizó su alegato ayer ante el Tribunal Oral Federal Nº1, luego de 17 horas de exposición concretadas en tres jornadas. "Cada uno de los testimonios en esta audiencia pone en evidencia la existencia de un plan criminal organizado de quienes se habían apoderado de todas las instituciones del estado, desde los municipios hasta el gobierno nacional", dijo la funcionaria judicial.
Asimismo, Colalongo manifestó que "los acusados fueron fieles ejecutores del plan de represión ilegal", y agregó que "los mismos permanecieron en las filas del ejército golpista porque su conciencia les permitió cometer los mas aberrantes crímenes, cumplir con ordenes ilegales, inmorales". No obstante, la fiscal añadió que "si no lo hicieron por convicción, entonces la otra opción es que lo hayan hecho por cobardía, y la cobardía no exculpa, no es una justificante."
Por su parte, en relación al rol de las víctimas, la representante del Ministerio Público mencionó que "muchas veces se ha desequilibrado la balanza en contra de las víctimas", y en ese sentido destacó que no se puede desconocer "que en 30 años no se ha dado un solo hecho de justicia por mano propia por partes de las víctimas, al contrario de todos los pronósticos". La fiscal alegó: "Tantos años de impunidad, tantos años de miedo, han hecho que muchas veces nos conformemos con un poquito de legalidad, un poquito de garantías con tal de tener un poquito de justicia".
En cuanto a la aplicación de la sanción, Colalongo subrayó que "la imposición de la pena a los acusados por los hechos que se han probado en este juicio es la manera de mostrar que nadie, ningún gobierno, puede utilizar el estado para imponer un sistema de terror, y que no existen dos sistemas jurídicos sino uno, el elegido por esta sociedad para su representación, que es el estado de derecho".
En tanto, al momento de pedir las penas, la fiscal argumentó en función de "el cargo que detentaban en el destacamento, los perjuicios ocasionados a las víctimas, los mecanismos empleados, el sadismo, la cobardía, la imposición de tormentos en forma cruel, inhumana, la colocación de otras víctimas en estado absoluto de indefensión pero además obligándolas a escuchar gritos de terror, de padecimiento, las terribles condiciones de detención en las que se encontraban las víctimas, el aprovechamiento perverso y cobarde de víctimas indefensas que no podían ofrecer resistencia, el amparo en el cual se escudaron para cometer estos hechos, la impunidad y por supuesto la falta absoluta de arrepentimiento por parte de los acusados".
Para la abogada querellante Daniela Asinari, el alegato de la fiscal "fue muy sólido". La profesional destacó que la representante del Ministerio Público "valoró toda la prueba colectada en el juicio, demostrando cómo ese caudal de elementos probatorios acredita sin lugar a dudas los hechos por lo que se acusa a los cinco imputados y la responsabilidad penal que a cada uno de ellos le cabe".
Los de Batallon 601
Que no trabajen en el Estado
La diputada provincial de SI Alicia Gutiérrez presento un pedido de informes solicitándole a Poder Ejecutivo que constatara si algún agente que presta actualmente servicios en organismos dependientes del gobierno provincial figura en los informes desclasificados como personal civil del Batallón 601 de Inteligencia durante la última dictadura militar y si los mismos se encuentran bajo investigación por delitos de lesa humanidad.
"Durante muchos años, los organismos de Derechos Humanos, partidos políticos y organizaciones sociales solicitaron a los distintos gobiernos provinciales que separaran a los funcionarios, miembros de las fuerzas de seguridad y personal de planta de la provincia, que formaron parte de las fuerzas represivas de la dictadura militar de 1976. Basta citar a Nicolás Correa, al teniente coronel Riege, Bernhardt, Sfulcini, y otros", expresó la legisladora, quien apuntó que "a pesar de que existen denuncias fundadas, nunca se logro concretar aquel objetivo".
El gobierno nacional dictó el decreto 1137/2009 donde se releva de la clasificación de seguridad "estrictamente secreto y confidencial" a la documentación relativa al listado del Personal Civil de Inteligencia que prestó servicios en el Destacamento 121 durante los años 1976 y 1979. "La posibilidad de efectuar la contestación sobre demás agentes que prestan actualmente servicios en organismos dependientes del gobierno provincial brindaría a los juicios, iniciados y por iniciarse, una valiosa documentación e información sobre los represores que cometieron crímenes de lesa humanidad en centros clandestinos durante la última dictadura militar", dijo la legisladora.
Fuentedeorigen:Rosario12
Fuente:Rdendh
martes 9 de marzo de 2010
La fiscalía también pidió prisón perpetua
Con varias demoras y suspensiones en el medio, que estiraron aún más el dilatado juicio que lleva el nombre de dos de los imputados, Guerrieri-Amelong -por ser la carátula de dos causas respectivas que fueron acumuladas-, este lunes finalmente la Fiscal Mabel Colalongo logró concluir su acusación contra los cinco represores del Destacamento 121 de Inteligencia Militar de Rosario. Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo tuvieron que escuchar durante unas tres horas y media el tramo final del alegato de la representante del Ministerio Público.
“No existió orden de detención de autoridad competente, ni escrita, ni causa legítima alguna, en todos los casos la detención se produjo de modo violento, los autores vestían de civil aunque pertenecían a una fuerza del estado. Autos sin identificación”, señaló Colalongo para argumentar el carácter ilegal de las detenciones cometidas por los represores.
Las órdenes que recibían los imputados también eran de origen “ilegal”, explicó la fiscal, ya que “no fueron dispuestas por autoridad competente, y que no se exhibieron en el juicio órdenes de detención”. Esto se reflejó para Colalongo en “el ocultamiento de las víctimas, es decir la clandestinidad de la detención. Y en las respuestas negativas de los Hábeas Corpus presentados por los familiares de los desaparecidos, a los que no se daba información”.
En ese tramo de su alegato, la fiscal recordó la declaración del testigo Horacio Bellester, militar del Centro de Militares para la Democracia (CEMIDA), quien desmintió ante el mismo tribunal la supuesta Obediencia Debida que algunos represores alegaron. “No había por qué cumplir una orden manifiestamente ilegal”, indicó Colalongo y agregó: “Los hechos fueron perpetrados como fieles militantes del plan criminal, pudiendo actuar de otro modo, apegados a la ley. Por ello se justifica la división de zonas en zonas y sub zonas, estos señores fijaban los blancos, ellos elegían a los sospechosos. No existen causas que excluyan culpabilidad”.
La fiscal expresó además que “cuando se producen los hechos juzgados ya el derecho Internacional los señalaba como delitos de lesa humanidad”, y detalló que esta figura se cumple debido a hechos probados en el juicio como “ataque sistemático, masivo, ininterrumpido, hacia una población determinada”.
La fiscal apuntó que los delitos “fueron cometidos con violencia, ya la sola privación implica violencia, pero aquí existió mayor violencia, aún más, con amenazas”. Y que “en todos los casos las víctimas fueron sometidas a tormentos, tratos crueles e inhumanos, iInterrogatorios bajo tormentos, picana eléctrica, simulacro de fusilamiento, falta de higiene, crueldad con que eran tratados en los CCD, encapuchamiento desde sus detenciones, ataduras de pies y manos en su cautiverio, incomunicación total con el exterior y entre los detenidos”.
Colalongo aseguró que los homicidios de las víctimas se dieron en “concurso premeditado entre dos o más personas, de modo tal de garantizarse la impunidad”. Agregó en su acusación el agravante de la alevosía, y sobre la procuración de impunidad amplio: “todo lo realizaban a los fines de procurar impunidad: uso de apodos, no usar uniformes, autos civiles, lugares ocultos, no dar información, dictar leyes de auto amnistía, ocultar cadáveres, no dar información de suerte de las víctimas”.
La fiscal fundamentó que “el ocultamiento de los cadáveres no puede ser obstáculo para juzgar los homicidios, ya que esto sería aceptar la legalidad de la ilegalidad”, y afirmó que “teniendo en cuenta la participación de todos los imputados en los CCD, todos son co-autores directos de cada privación ilegítima de la libertad y cada homicidio”.
La Fiscal Colalongo realizó un abordaje a hechos y dichos de los imputados señalados a lo largo del juicio, y enrostró a Guerrieri varias máximas del General José de San Martín. “Seguramente San Martín no lo aceptaría en sus filas”, dijo la representante del Ministerio Fiscal.
Finalmente elevó al tribunal su solicitud de prisión perpetua para los cinco imputados: "Pido la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para los cinco imputados por el cargo que detentaban en el Destacamento de Inteligencia, los perjuicios ocasionados a las víctimas, los mecanismos empleados, el sadismo, la cobardía, la imposición de tormentos en forma cruel, las terribles condiciones de detención, el aprovechamiento perverso de las víctimas indefensas, la impunidad y ausencia de arrepentimiento de los acusados".
Al cierre de la audiencia desde el tribunal comunicaron que el juicio continuaría este martes con el inicio del alegato de la defensa del represor Pascual Guerrieri.
Por su parte, organismos de derechos humanos, testigos, querellantes de las causas y organizaciones sociales que constituyeron el espacio Juicio y Castigo Rosario -desde el que se vienen realizando acciones de apoyo público al proceso de juzgamiento a los represores de la dictadura en la ciudad-, anunciaron que “este martes los desaparecidos se harán presentes en el juicio a sus verdugos” y convocaron a una conferencia de prensa y posterior radio abierta a las 11 de la mañana.
martes 9 de marzo de 2010
El alegato de la defensa de Guerrieri
Comenzaron este martes los alegatos de los abogados defensores de los cinco imputados del primer juicio a represores de la dictadura en Rosario. “Esta defensa no va a negar la existencia de plan sistemático durante la dictadura militar, que está probado en la causa 13”, reconoció en una parte de su exposición Mariana Grasso, la representante legal del teniente coronel Pascual Guerrieri. Apenas comenzó la audiencia, testigos, querellantes, organismos de derechos humanos y gente del público, desplegaron las fotos de los desaparecidos y la jueza Beatriz Caballero ordenó desalojar la sala.
Ya desde la tarde anterior los organismos de derechos humanos y grupos que integran el espacio Juicio y Castigo habían anunciado que “harían presente, en el juicio, a los desaparecidos”. La mañana de este martes, cuando comenzó la audiencia, desde el público – y en medio de cantos y gritos de justicia-, desplegaron las fotos de los desaparecidos de la causa y las pegaron sobre las paredes y el blindex que divide el recinto. La jueza Beatriz Caballero, que presidía el tribunal, ordenó desalojar la sala.
Ya fuera del tribunal, los organismos realizaron una conferencia de prensa y explicaron que “la idea fue que las víctimas ausentes, los compañeros que no están porque sus cuerpos fueron ocultados por los asesinos, que no pueden mirar a la cara a sus verdugos, se tengan que bancar la presencia de los desaparecidos”.
“Estamos convencidos de que se tiene que cumplir con el derecho que tienen los genocidas a tener una defensa como corresponde, en el marco de un juicio con todas las de la ley, pero para nosotros estos asesinos son indefendibles, y también estamos seguros de que por la prueba producida, van a ser sentenciados a cadena perpetua”, expresó a su turno Mario Bordesio, militante de la agrupación HIJOS Rosario.
Al cierre de la conferencia de prensa se realizó una radio abierta con la presencia de referentes de la APDH, el Colectivo de ex presos políticos, HIJOS, el Frente Darío Santillán, el Movimiento Evita, COAD, SITRATEL, Poriajú, Santiago Pampillón, el Movimiento y personalidades históricas de la lucha por los derechos humanos, como Ana Moro y Alicia Lesgart. También se acercaron al acto trabajadores de prensa del diario La Capital, que se encuentran en conflicto por una nueva envestida del Grupo Uno contra las fuentes laborales.
Luego del ruidoso episodio comenzó el alegato de la abogada oficial, representante legal de Pascual Guerrieri, Mariana Grasso, quien realizó una muy fundamentada defensa que intentó relativizar algunos aspectos de la contundente prueba producida durante el proceso, aunque reconoció hechos como “el plan sistemático aplicado durante la dictadura miliar”.
Grasso apeló al derecho internacional e hizo alusión a varios autores de la biblioteca garantista, con la intención de atemperar la pena solicitada por las querellas y la fiscalía –todos solicitaron cadena perpetua-. La abogada de Guerreiri citó entre otros a “Darío Solo, sociólogo, marxista” y a Ana Harent, por dar algunos ejemplos.
La defensora oficial se refirió a la cobertura periodística del juicio. “Afecta la garantía de imparcialidad. En todos los casos los justiciables eran tratados con el apelativo de “Genocidas” o “asesinos”, dijo Grasso.
La abogada del represor apuntó también contra “el paso del tiempo” como estrategia para debilitar la fortaleza de las declaraciones de los testigos. Grasso quiso mostrarse respetuosa con los sobrevivientes, pero afirmó que “los cuestionamientos de las testimoniales en modo alguno es en cuanto a sinceridad, sino que es un proceso de contaminación necesario que tiene que ver con el paso del tiempo”.
La abogada oficial explicó que “la misión de la defensa es marcar las fisuras en la hipótesis acusadoras” y se dedicó a plantear, según su análisis de la prueba, cuáles fueron esas fisuras, para terminar pidiendo la absolución de su defendido, en base a que consideró que había demasiadas “dudas” respecto de lo producido en el juicio.
Finalizado el alegato, El Diario del Juicio consultó a varios de los abogados de las víctimas, que reconocieron la dedicación que puso en su tarea la defensora oficial, pero que coincidieron en señalar “que lo por ella expuesto no puede modificar en nada la suerte de los imputados, ya que la prueba es contundente”.
El juicio continuará el martes próximo a las 9, con más alegatos de los defensores de los imputados.
Fuente:Diariodeljuicio
EXPUSO LA DEFENSORA DEL REPRESOR GUERRIERI
Sin fotos de desaparecidos en la sala
Por José Maggi
Las defensas de los represores de la causa Amelong-Guerrieri, comenzaron ayer a explicar sus argumentos. El primer turno fue para la defensa del imputado Oscar Pascual Guerrieri, quien integrara el Cuerpo Comando del Destacamento de Inteligencia 121 del II Cuerpo del Ejército durante la dictadura militar con el grado de Teniente Coronel. Apenas comenzó la audiencia, testigos, querellantes, organismos de derechos humanos y público, desplegaron las fotos de los desaparecidos y la jueza Beatríz Caballero de Baravani ordenó desalojar la sala.
Los abogados de oficio que en doble turno se tomaron unas cuatro horas para su alegato no dejaron de "reconocer la repugnancia de los delitos de esta laya, la gravedad de los hechos y el marco histórico en que se produjeron", según dijo Mariana Grasso, abogada de la defensa. No obstante la letrada intentó demostrar que "la prueba de cargo producida durante el juicio no resultaría suficiente para acreditar la responsabilidad de Guerrieri en los hechos por los que se lo acusa".
La defensa solicitó que, "en caso de dictarse una sentencia condenatoria, se mantengan las actuales condiciones de detención de Guerrieri, esto es, prisión domiciliaria, argumentando razones de salud y la avanzada edad del imputado". Grasso intentó relativizar algunos aspectos de la contundente prueba producida durante el proceso, aunque reconoció hechos como "el plan sistemático aplicado durante la dictadura militar".
Grasso apeló al derecho internacional e hizo alusión a varios autores de la biblioteca garantista con la intención de atemperar la pena solicitada por las querellas y la fiscalía. La defensora oficial también se refirió a la cobertura periodística del juicio. "Afecta la garantía de imparcialidad. En todos los casos los justiciables eran tratados con el apelativo de 'genocidas' o 'asesinos'" dijo Grasso.
La abogada del represor apuntó también contra el paso del tiempo como estrategia para debilitar la fortaleza de las declaraciones de los testigos.
Los organismos de derechos humanos y grupos que integran el espacio Juicio y Castigo habían anunciado que "harían presente en el juicio a los desaparecidos". Así cuando comenzó la audiencia desde el público, en medio de cantos y gritos de justicia, desplegaron las fotos de los desaparecidos de la causa y las pegaron sobre las paredes y el blindex que divide el recinto. La jueza de Baravani, que presidía el tribunal, ordenó desalojar la sala. Ya afuera del tribunal, los organismos realizaron una conferencia de prensa y explicaron que "la idea fue que las víctimas ausentes, los compañeros que no están porque sus cuerpos fueron ocultados por los asesinos, que no pueden mirar a la cara a sus verdugos, se tengan que bancar la presencia de los desaparecidos".
Fuente:Rosario12
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