Denuncia. El hecho ocurrió en noviembre de 1973; su madre presentó ayer la denuncia
Justicia investigará sustracción de un bebé durante la dictadura
Una ex "correo" del MLN-Tupamaros presentó ayer ante la Justicia la denuncia penal por la presunta sustracción de su hijo, en noviembre de 1973. Treinta y siete años después contó su historia. "Solamente queremos saber la verdad", dijo la denunciante en diálogo con LA REPUBLICA.
Por Marcelo Bustamante
Justicia investigará sustracción de un bebé durante la dictadura
Una ex "correo" del MLN-Tupamaros presentó ayer ante la Justicia la denuncia penal por la presunta sustracción de su hijo, en noviembre de 1973. Treinta y siete años después contó su historia. "Solamente queremos saber la verdad", dijo la denunciante en diálogo con LA REPUBLICA.
Por Marcelo Bustamante
Tribunales. López Goldaracena y Mary Elena Gil Rodríguez al ingresar al juzgado.
La ex integrante del MLN-T Mary Elena Gil Rodríguez y su representante legal, el abogado Oscar López Goldaracena, arribaron a la Oficina de Recepción y Distribución de Asuntos (ORDA), ubicada en el Palacio de los Tribunales, sobre las 13.10 horas para interponer formalmente la denuncia penal, de la cual diera cuenta ayer, en exclusiva, LA REPUBLICA.
La denuncia cayó bajo la órbita del juez Penal de 20º Turno, Alejandro Guido, y la fiscal Adriana Costa, ante lo cual abogado y denunciante partieron hacia el Juzgado Penal de Mercedes 1337 y Ejido para su ratificación. Media hora después, ambos narraron los pormenores de la historia.
"Quiero saber la verdad sobre lo que pasó con mi hijo. Me lo llevaron para un control y nunca más lo vi; el estaba bien (...) pero no me lo trajeron nunca más", dijo la ex "correo" del MLN-T, tras ratificar la denuncia penal por la presunta sustracción de su hijo, en noviembre de 1973.
Gil aseguró haber sido perseguida política durante la Dictadura por "ser frenteamplista". "Me llevaban por las Medidas Prontas de Seguridad, pero nunca me comprobaron nada. Fui correo tupamaro, pasaba cartas del correo, me inicié en el FA y fui pasando", contó.
La mañana del 14 de noviembre de 1973 Mary Gil dio a luz a su hijo Roberto Luzué Gil, tras ocho meses de embarazo. El bebé pesó 2,150 kg. El médico lo revisó y estaba sano, incluso su madre le cambió los pañales, le puso un conjunto amarillo y lo amamantó. Estuvo varias horas con hijo en brazos. Sin embargo, durante la ronda de "nursery" de la tarde el bebé fue llevado a un control "porque era prematuro". "Nunca más lo vi", contó Gil. El 15 de noviembre le informaron que su hijo había muerto, pero tanto ella como su entonces marido no pudieron ver el cuerpo ni enterrarlo. Entonces comenzaron las dudas y el silencio "por miedo" hasta que, con el triunfo electoral del Frente Amplio en 2005, Mary Gil recobró el valor e inició una nueva investigación.
Las acciones adoptadas ante el Hospital Pereira Rossell agregaron nuevas dudas. La indagatoria del nosocomio determinó que "la partida de defunción es falsa y que hay cosas que no concuerdan, no nos entregaron el cuerpo, no lo vimos enterrar ni está enterrado en ningún cementerio". "Solamente queremos saber la verdad, si murió que nos presenten la ficha de donde está enterrado y si no murió buscarlo, para saber si fue secuestrado por la dictadura". "Mi única intención, si está vivo, es poder conocerlo", dijo Gil a LA REPUBLICA.
Diversas irregularidades
El abogado López Goldaracena aclaró que la denuncia penal se presentó "luego de haber finalizado una investigación administrativa movilizada en el Hospital Pereira Rossell, en la cual se comprueba que no está la Historia Clínica de mi cliente ni del nacimiento de su hijo; y por otra parte, se pidió un informe al Registro de Estado Civil, donde se constata que la partida de defunción presenta una serie de anomalías".
En la partida de defunción "no se registra el nombre de los padres, figura que no fue inscripto de oficio, sin embargo, los padres nunca contrataron una empresa fúnebre, por el contrario, solicitaron ver a su hijo fallecido". Asimismo, el nicho del Cementerio del Norte donde se le afirmó a la madre que estaría enterrado se encontraba vacío. "Le dijeron que ahí no había ningún enterramiento de Roberto Lezué", dijo el abogado. "Hay que tener presente que el niño nació sano, fue inscripto (porque) hay una partida de nacimiento y recién movilizada la investigación, a partir de 2005, se comprueba que la partida de defunción tendría anomalías y se comprueban irregularidades en el Registro de Estado Civil", expresó López Goldaracena. Ante estas supuestas irregularidades se radicó la denuncia penal.
Caso Julien: según el abogado denunciante, padecen "repentinos ataques de amnesia"
Maurente y Soca no aportaron ningún dato
Los militares (r) Luis Maurente y Ernesto "Drácula" Soca comparecieron ayer ante el juez penal de 20º Turno, Alejandro Guido, y la fiscal Adriana Costa para declarar en la causa por la cual se indaga la sustracción y secuestro de los hermanos Anatole y Victoria Julien, en 1976.
Los militares aseguraron desconocer o no acordarse de los hechos sustanciados durante el proceso cívico militar. "La Justicia está tratando de descubrir la forma de operar del Servicio de Información y Defensa (SID), pero algunos militares tienen repentinos ataques de amnesia y otros entran en contradicciones", afirmó el abogado denunciante Pablo Chargoñia en diálogo con LA REPUBLICA.
Por ejemplo, durante la audiencia de ayer Maurente dijo no recordar tener antecedentes penales (recientemente fue condenado a 20 años de penitenciaría por una veintena de delitos de homicidio muy especialmente agravados), desconoció la existencia de torturas durante el período dictatorial y rechazó los informes presentados por los ex comandantes en jefe de las FFAA Angel Bertolotti y Enrique Bonelli al Poder Ejecutivo. Soca, en tanto, "no se acordaba" de su actividad en Argentina, dijo Chargoñia.
Sin embargo, "la falta de conocimiento era tan ridícula y absurda que no creo que hayan podido generarse dudas (...) porque de ciertas denegatorias y ciertos silencios también pueden obtenerse datos reveladores", reflexionó el abogado.
Sin embargo, los "escuetos" testimonios aportados por ambos indagados ante el juez Guido permitieron confirmar el nombre de algunos integrantes del SID durante los años de la represión dictatorial, como el del representante de la FAU, el coronel aviador (r) José Uruguay Araújo Umpiérrez. "Araújo Umpiérrez tenía una posición relevante dentro del aparato represivo de la época y estos testimonios ameritarían su citación", reflexionó Chargoñia.
"De a poco se va armando, en una tarea que es muy difícil, muy compleja y de largo aliento, un rompecabezas para determinar cómo operaba el SID, en el que hay muchas cosas por descubrir".
En este sentido, el abogado recordó que la denuncia se planteó para determinar la responsabilidad de "todos" los efectivos militares y policiales o funcionarios civiles del aparato represivo del Estado. "Era un aparato organizado de poder (y) ese aparato tenía funcionarios con distintas atribuciones. La denuncia no procura perseguir figuras desprestigiadas sino desentrañar la globalidad del aparato represivo y determinar todos los responsables", indicó Chargoñia.
Gesto. El anuncio del Presidente fue bien recibido por los diputados frentistas
Mujica antepone unidad del FA y deja sin efecto polémico proyecto
El presidente José Mujica, antepuso la unidad del Frente Amplio (FA) a su postura personal y filosófica de excarcelar sin exclusión a las personas mayores de 70, asimismo planteó la necesidad de modificar la visión de la izquierda sobre las Fuerzas Armadas (FFAA).
La denuncia cayó bajo la órbita del juez Penal de 20º Turno, Alejandro Guido, y la fiscal Adriana Costa, ante lo cual abogado y denunciante partieron hacia el Juzgado Penal de Mercedes 1337 y Ejido para su ratificación. Media hora después, ambos narraron los pormenores de la historia.
"Quiero saber la verdad sobre lo que pasó con mi hijo. Me lo llevaron para un control y nunca más lo vi; el estaba bien (...) pero no me lo trajeron nunca más", dijo la ex "correo" del MLN-T, tras ratificar la denuncia penal por la presunta sustracción de su hijo, en noviembre de 1973.
Gil aseguró haber sido perseguida política durante la Dictadura por "ser frenteamplista". "Me llevaban por las Medidas Prontas de Seguridad, pero nunca me comprobaron nada. Fui correo tupamaro, pasaba cartas del correo, me inicié en el FA y fui pasando", contó.
La mañana del 14 de noviembre de 1973 Mary Gil dio a luz a su hijo Roberto Luzué Gil, tras ocho meses de embarazo. El bebé pesó 2,150 kg. El médico lo revisó y estaba sano, incluso su madre le cambió los pañales, le puso un conjunto amarillo y lo amamantó. Estuvo varias horas con hijo en brazos. Sin embargo, durante la ronda de "nursery" de la tarde el bebé fue llevado a un control "porque era prematuro". "Nunca más lo vi", contó Gil. El 15 de noviembre le informaron que su hijo había muerto, pero tanto ella como su entonces marido no pudieron ver el cuerpo ni enterrarlo. Entonces comenzaron las dudas y el silencio "por miedo" hasta que, con el triunfo electoral del Frente Amplio en 2005, Mary Gil recobró el valor e inició una nueva investigación.
Las acciones adoptadas ante el Hospital Pereira Rossell agregaron nuevas dudas. La indagatoria del nosocomio determinó que "la partida de defunción es falsa y que hay cosas que no concuerdan, no nos entregaron el cuerpo, no lo vimos enterrar ni está enterrado en ningún cementerio". "Solamente queremos saber la verdad, si murió que nos presenten la ficha de donde está enterrado y si no murió buscarlo, para saber si fue secuestrado por la dictadura". "Mi única intención, si está vivo, es poder conocerlo", dijo Gil a LA REPUBLICA.
Diversas irregularidades
El abogado López Goldaracena aclaró que la denuncia penal se presentó "luego de haber finalizado una investigación administrativa movilizada en el Hospital Pereira Rossell, en la cual se comprueba que no está la Historia Clínica de mi cliente ni del nacimiento de su hijo; y por otra parte, se pidió un informe al Registro de Estado Civil, donde se constata que la partida de defunción presenta una serie de anomalías".
En la partida de defunción "no se registra el nombre de los padres, figura que no fue inscripto de oficio, sin embargo, los padres nunca contrataron una empresa fúnebre, por el contrario, solicitaron ver a su hijo fallecido". Asimismo, el nicho del Cementerio del Norte donde se le afirmó a la madre que estaría enterrado se encontraba vacío. "Le dijeron que ahí no había ningún enterramiento de Roberto Lezué", dijo el abogado. "Hay que tener presente que el niño nació sano, fue inscripto (porque) hay una partida de nacimiento y recién movilizada la investigación, a partir de 2005, se comprueba que la partida de defunción tendría anomalías y se comprueban irregularidades en el Registro de Estado Civil", expresó López Goldaracena. Ante estas supuestas irregularidades se radicó la denuncia penal.
Caso Julien: según el abogado denunciante, padecen "repentinos ataques de amnesia"
Maurente y Soca no aportaron ningún dato
Los militares (r) Luis Maurente y Ernesto "Drácula" Soca comparecieron ayer ante el juez penal de 20º Turno, Alejandro Guido, y la fiscal Adriana Costa para declarar en la causa por la cual se indaga la sustracción y secuestro de los hermanos Anatole y Victoria Julien, en 1976.
Los militares aseguraron desconocer o no acordarse de los hechos sustanciados durante el proceso cívico militar. "La Justicia está tratando de descubrir la forma de operar del Servicio de Información y Defensa (SID), pero algunos militares tienen repentinos ataques de amnesia y otros entran en contradicciones", afirmó el abogado denunciante Pablo Chargoñia en diálogo con LA REPUBLICA.
Por ejemplo, durante la audiencia de ayer Maurente dijo no recordar tener antecedentes penales (recientemente fue condenado a 20 años de penitenciaría por una veintena de delitos de homicidio muy especialmente agravados), desconoció la existencia de torturas durante el período dictatorial y rechazó los informes presentados por los ex comandantes en jefe de las FFAA Angel Bertolotti y Enrique Bonelli al Poder Ejecutivo. Soca, en tanto, "no se acordaba" de su actividad en Argentina, dijo Chargoñia.
Sin embargo, "la falta de conocimiento era tan ridícula y absurda que no creo que hayan podido generarse dudas (...) porque de ciertas denegatorias y ciertos silencios también pueden obtenerse datos reveladores", reflexionó el abogado.
Sin embargo, los "escuetos" testimonios aportados por ambos indagados ante el juez Guido permitieron confirmar el nombre de algunos integrantes del SID durante los años de la represión dictatorial, como el del representante de la FAU, el coronel aviador (r) José Uruguay Araújo Umpiérrez. "Araújo Umpiérrez tenía una posición relevante dentro del aparato represivo de la época y estos testimonios ameritarían su citación", reflexionó Chargoñia.
"De a poco se va armando, en una tarea que es muy difícil, muy compleja y de largo aliento, un rompecabezas para determinar cómo operaba el SID, en el que hay muchas cosas por descubrir".
En este sentido, el abogado recordó que la denuncia se planteó para determinar la responsabilidad de "todos" los efectivos militares y policiales o funcionarios civiles del aparato represivo del Estado. "Era un aparato organizado de poder (y) ese aparato tenía funcionarios con distintas atribuciones. La denuncia no procura perseguir figuras desprestigiadas sino desentrañar la globalidad del aparato represivo y determinar todos los responsables", indicó Chargoñia.
Gesto. El anuncio del Presidente fue bien recibido por los diputados frentistas
Mujica antepone unidad del FA y deja sin efecto polémico proyecto
El presidente José Mujica, antepuso la unidad del Frente Amplio (FA) a su postura personal y filosófica de excarcelar sin exclusión a las personas mayores de 70, asimismo planteó la necesidad de modificar la visión de la izquierda sobre las Fuerzas Armadas (FFAA).
Tres horas. El Presidente recibió en Suárez y Reyes a la bancada de diputados del FA.
El mandatario dedicó gran parte de su exposición a aclarar su postura personal de excarcelar a los mayores de 70 años sin exclusiones.
En tal sentido dijo que no tiene ningún proyecto para enviar al Parlamento con respecto a la prisión domiciliaria de los mayores de 70 años violadores de los derechos humanos, pero que ello no quita que su pensamiento continúe siendo que estas personas no deben estar encarceladas y sin excepciones. "No vale la pena romper la unidad del Frente Amplio por una razón táctica", expresó el mandatario ante el silencio de los legisladores, muchos de los cuales no comparten la postura del mandatario. Mujica remarcó que el FA está unido y no va a violentar la unidad de la izquierda. A la vez consideró que una persona que está en prisión domiciliaria "está presa igual", y no viola para nada el espíritu de justicia respecto a los violadores de los derechos humanos, pero sí contempla un aspecto humano". LA REPUBLICA adelantó en exclusiva el pasado viernes 9 que el gobierno no remitiría al Parlamento ningún proyecto de ley de prisión domiciliaria para violadores de los derechos humanos.
Por otro lado, Mujica acotó ayer que no le enmendará la plana al Parlamento y que no interpondrá el veto a ninguna iniciativa aunque no le guste.
En tanto, el diputado Doreen Javier Ibarra (Fidel) expresó sentirse "tranquilo" al saber de primera mano que no habrá ley. A su turno el diputado Luis Puig (Espacio 609-PVP) expresó una posición más discordante con el máximo mandatario y aseguró que entendía el pensamiento de Mujica, pero que su postura se refería a la necesidad de alcanzar la justicia. "Teníamos nuestra visión, pero el Presidente ya tenía resuelto que no iba a mandar ningún proyecto al Parlamento, lo cual me parece que es una postura política importante la que expresó Mujica al reafirmar la unidad de acción de la fuerza política y exteriorizar sus convicciones filosóficas", dijo Puig. Por su lado, el diputado Aníbal Pereyra (MPP) planteó que Mujica "entiende que había una necesidad a futuro, que no implica cambiar ideas sobre el pasado, sino dar gestos para construir la unidad". Pereyra dijo que no hubo marcha atrás porque el mensaje de Mujica sigue en la línea de unidad. En tanto, el diputado Carlos Varela (Asamblea Uruguay) definió como un hecho trascendente la reunión de ayer y la calificó como la posición de un Presidente que es un estadista que está posicionado en una postura de largo plazo. Durante el encuentro el mandatario planteó la necesidad de que el gobierno y la izquierda modifiquen su visión sobre las FFAA (exposición que también realizó el pasado lunes a sus secretarios de Estado, durante el Consejo de Ministros), aseguró que no remitirá al Parlamento ningún proyecto de ley que proponga la excarcelación de aquellos reclusos mayores de 70 años, incluidos quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad y afirmó que excluirá de la ley de impunidad todos los casos que sean necesarios. La reunión fue calificada por parte de los legisladores como "muy directa y llana" donde el máximo mandatario realizó un planteo muy "frontal". "Debemos asumir que hay un problema social importante con la mayoría de las FFAA en lo que tiene que ver con la tropa y parte de los oficiales de menor rango, que están dentro de los índices de pobreza", señaló el mandatario según aseguraron a LA REPUBLICA fuentes participantes del encuentro. Ello significa que serán contemplados en el Presupuesto nacional, pero de todas maneras se tratará de un proceso "gradual de mejora de su situación". Mujica dijo que llevando adelante una política inclusiva "seguramente cambiará la imagen que existe del Ejército nacional", entre otras cosas porque los actores de la pasada dictadura militar (1973-1985) en su mayoría han fallecido y otros eran muy jóvenes". Acotó que lo importante es el objetivo referido a la necesidad de construir "una sociedad más justa e igualitaria y propender al desarrollo de las fuerzas productivas del Uruguay y en ese barco se nos va la vida a todos los orientales y todos debemos estar involucrados". Asimismo Mujica aclaró que no tiene ningún tipo de planteo de disolución de las Fuerzas Armadas a las que considera "necesarias" para la construcción de una sociedad democrática. En ese marco, el mandatario remarcó que el asunto radica en establecer para qué son necesarias las FFAA, y planteó que personalmente considera que deben "aportar a la sociedad". Por lo cual insistió con la idea de involucrarlas en los proyectos de nación, por ejemplo: "el Plan de solidaridad habitacional, en el cuidado de las fronteras, de las aguas del mar territorial o la participación en el control de trafico aéreo relacionado con el narcotráfico". Es decir, tienen un papel importante en la seguridad y defensa nacional y en la construcción de una sociedad más justa y en la batalla frontal contra la pobreza.
En otro orden, Mujica aseguró a los legisladores que continuará por la senda que inició el presidente Vázquez en cuanto a la exclusión de la Ley de Caducidad de aquellas personas que fueron detenidas o desaparecidas durante la pasada dictadura con lo cual abrirá la posibilidad de reanudar las investigaciones.
Aseguró que excluyó de la Ley de Caducidad el caso de Roberto Gomensoro Josman, caso archivado durante la presidencia de Julio María Sanguinetti.
En el encuentro de Mujica con los diputados también participaron Alberto Breccia (secretario de Presidencia) y Diego Cánepa (prosecretario) y se desarrolló en la residencia oficial de Suárez y Reyes entre las 9 y las 12.00.
El mandatario dedicó gran parte de su exposición a aclarar su postura personal de excarcelar a los mayores de 70 años sin exclusiones.
En tal sentido dijo que no tiene ningún proyecto para enviar al Parlamento con respecto a la prisión domiciliaria de los mayores de 70 años violadores de los derechos humanos, pero que ello no quita que su pensamiento continúe siendo que estas personas no deben estar encarceladas y sin excepciones. "No vale la pena romper la unidad del Frente Amplio por una razón táctica", expresó el mandatario ante el silencio de los legisladores, muchos de los cuales no comparten la postura del mandatario. Mujica remarcó que el FA está unido y no va a violentar la unidad de la izquierda. A la vez consideró que una persona que está en prisión domiciliaria "está presa igual", y no viola para nada el espíritu de justicia respecto a los violadores de los derechos humanos, pero sí contempla un aspecto humano". LA REPUBLICA adelantó en exclusiva el pasado viernes 9 que el gobierno no remitiría al Parlamento ningún proyecto de ley de prisión domiciliaria para violadores de los derechos humanos.
Por otro lado, Mujica acotó ayer que no le enmendará la plana al Parlamento y que no interpondrá el veto a ninguna iniciativa aunque no le guste.
En tanto, el diputado Doreen Javier Ibarra (Fidel) expresó sentirse "tranquilo" al saber de primera mano que no habrá ley. A su turno el diputado Luis Puig (Espacio 609-PVP) expresó una posición más discordante con el máximo mandatario y aseguró que entendía el pensamiento de Mujica, pero que su postura se refería a la necesidad de alcanzar la justicia. "Teníamos nuestra visión, pero el Presidente ya tenía resuelto que no iba a mandar ningún proyecto al Parlamento, lo cual me parece que es una postura política importante la que expresó Mujica al reafirmar la unidad de acción de la fuerza política y exteriorizar sus convicciones filosóficas", dijo Puig. Por su lado, el diputado Aníbal Pereyra (MPP) planteó que Mujica "entiende que había una necesidad a futuro, que no implica cambiar ideas sobre el pasado, sino dar gestos para construir la unidad". Pereyra dijo que no hubo marcha atrás porque el mensaje de Mujica sigue en la línea de unidad. En tanto, el diputado Carlos Varela (Asamblea Uruguay) definió como un hecho trascendente la reunión de ayer y la calificó como la posición de un Presidente que es un estadista que está posicionado en una postura de largo plazo. Durante el encuentro el mandatario planteó la necesidad de que el gobierno y la izquierda modifiquen su visión sobre las FFAA (exposición que también realizó el pasado lunes a sus secretarios de Estado, durante el Consejo de Ministros), aseguró que no remitirá al Parlamento ningún proyecto de ley que proponga la excarcelación de aquellos reclusos mayores de 70 años, incluidos quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad y afirmó que excluirá de la ley de impunidad todos los casos que sean necesarios. La reunión fue calificada por parte de los legisladores como "muy directa y llana" donde el máximo mandatario realizó un planteo muy "frontal". "Debemos asumir que hay un problema social importante con la mayoría de las FFAA en lo que tiene que ver con la tropa y parte de los oficiales de menor rango, que están dentro de los índices de pobreza", señaló el mandatario según aseguraron a LA REPUBLICA fuentes participantes del encuentro. Ello significa que serán contemplados en el Presupuesto nacional, pero de todas maneras se tratará de un proceso "gradual de mejora de su situación". Mujica dijo que llevando adelante una política inclusiva "seguramente cambiará la imagen que existe del Ejército nacional", entre otras cosas porque los actores de la pasada dictadura militar (1973-1985) en su mayoría han fallecido y otros eran muy jóvenes". Acotó que lo importante es el objetivo referido a la necesidad de construir "una sociedad más justa e igualitaria y propender al desarrollo de las fuerzas productivas del Uruguay y en ese barco se nos va la vida a todos los orientales y todos debemos estar involucrados". Asimismo Mujica aclaró que no tiene ningún tipo de planteo de disolución de las Fuerzas Armadas a las que considera "necesarias" para la construcción de una sociedad democrática. En ese marco, el mandatario remarcó que el asunto radica en establecer para qué son necesarias las FFAA, y planteó que personalmente considera que deben "aportar a la sociedad". Por lo cual insistió con la idea de involucrarlas en los proyectos de nación, por ejemplo: "el Plan de solidaridad habitacional, en el cuidado de las fronteras, de las aguas del mar territorial o la participación en el control de trafico aéreo relacionado con el narcotráfico". Es decir, tienen un papel importante en la seguridad y defensa nacional y en la construcción de una sociedad más justa y en la batalla frontal contra la pobreza.
En otro orden, Mujica aseguró a los legisladores que continuará por la senda que inició el presidente Vázquez en cuanto a la exclusión de la Ley de Caducidad de aquellas personas que fueron detenidas o desaparecidas durante la pasada dictadura con lo cual abrirá la posibilidad de reanudar las investigaciones.
Aseguró que excluyó de la Ley de Caducidad el caso de Roberto Gomensoro Josman, caso archivado durante la presidencia de Julio María Sanguinetti.
En el encuentro de Mujica con los diputados también participaron Alberto Breccia (secretario de Presidencia) y Diego Cánepa (prosecretario) y se desarrolló en la residencia oficial de Suárez y Reyes entre las 9 y las 12.00.
Mujica. Defendió cuerpos armados comprometidos con cambios sociales
Actitud "torpe" al no permitir completa integración de FFAA
"No debemos cometer ese error de tremenda ingenuidad política"
Por Marcelo Bustamante
Actitud "torpe" al no permitir completa integración de FFAA
"No debemos cometer ese error de tremenda ingenuidad política"
Por Marcelo Bustamante
Militares. "Los tenemos como a un perro peligroso, atado al fondo".
El presidente José Mujica consideró que nuestra sociedad tiene una "actitud torpe" al no permitir la completa integración de las Fuerzas Armadas, porque si en el futuro alguna crisis económica deriva en una crisis social, los cuerpos armados serán la verdadera garantía para "cuidar el funcionamiento institucional, obligar a respetar la democracia y que no existan aventuras golpistas".
Mujica comenzó su audición "Hablando al Presidente", que se emite por la radio de FM M24, señalando su intención de hablar sobre un tema de "enorme profundidad", pero que considera "olvidado".
En este sentido, el Presidente destacó la importancia que tiene el servicio de las armas en momentos cruciales y señaló que "es torpe una nación que no se ocupa de la salud política, moral, ética y del grado de compromiso de sus cuerpos armados".
En el Uruguay "nos pasa que hemos vivido una dictadura muy dura, entonces, en los hechos tendemos a endilgarles a estas Fuerzas Armadas de hoy la responsabilidad de cosas que pasaron hace muchos años". El mandatario dijo que con esta actitud "dejamos al costado, como despreciados, a nuestros cuerpos armados".
"En todo caso, los tenemos como a un perro peligroso, atado en el fondo, no lo queremos ni mirar mucho y, sin embargo, está integrado y hecho por hombres de nuestro pueblo y de nuestra sociedad, que en los hechos tienen nada más y nada menos que la responsabilidad de llevar las armas del país", remarcó.
"Creo que asumimos una actitud torpe, torpe con el futuro, con el porvenir, porque la gran garantía de todas las luchas del pueblo uruguayo, por mejorar, por distribuir mejor, se va a poner a prueba, no sé cuándo, algún día, cuanto más lejos mejor, cuando alguna crisis mundial nos traiga una crisis de reparto".
"Y en esa hora tendrá un inmenso valor que los cuerpos armados de nuestro país obliguen a respetar la democracia, a que no existan aventuras, a que tengamos las tensiones que tengamos que tener, pero sin cataclismos institucionales", sostuvo. Para Mujica, esto será posible "si no dejamos que las ineludibles tendencias fascistoides, que también existen en una sociedad, sean propietarias o estén largando al porvenir un mensaje que esté como allí, como latiendo, como esperando su circunstancia favorablemente golpista, porque en las crisis de reparto, en las grandes crisis sociales, obviamente, las instituciones a los ojos de mucha gente pierden valor práctico, porque la penuria tiende a obnubilar la visión de las grandes masas".
Consideró que el país tiene que tener "cuerpos armados hondamente comprometidos con las transformaciones de la sociedad, ser parte de la sociedad y no cosas que quedan como al costado, como que no se ven, como que no participan, como que no son ciudadanos. No debemos cometer ese error de tremenda ingenuidad política", aseveró.
GARANTIA: LOS CUERPOS ARMADOS
En este marco, el mandatario preguntó: "¿Cuál es la última garantía en una sociedad, del juego y de la existencia institucional de la democracia de derecho que conocemos?". Para Mujica, en América Latina y en otras partes del mundo, hemos visto casos que calificó como "formas directas", donde algunos militares asumen el gobierno, aunque también ha habido "formas indirectas" donde los militares "sacan un gobierno civil y ponen a otro".
Prácticamente, "hemos visto todas las variantes en la historia de América Latina" y volvió a preguntar: "¿Cuál es la honda garantía en el juego de la democracia institucional en el país?". Opinó que hay varios factores que juegan, como la educación de los jóvenes por el respeto a las instituciones y la democracia y también nuestra cultura.
"Pero la gran garantía es que los cuerpos armados, en la hora de las tensiones sociales, defiendan la estabilidad institucional, no permitan ser arrastrados a la aventura, no permitan alinearse atrás de aventuras golpistas o semigolpistas", enfatizó.
"Esta cuestión pasa a ser vital y no consideramos que los responsables de los golpes de Estado sean directamente los cuerpos armados, en el fondo hay otros factores que juegan, pero esos factores hondos, si se quedan sin instrumento práctico, serán fuerzas negativas de nuestra sociedad, pero no mucho más", indicó.
"La verdadera garantía para una nación es que sus cuerpos armados, en los grandes momentos de tensión, cuiden y respeten el funcionamiento institucional; esto no tiene vuelta y no hay que disimularlo", subrayó.
FuentedeOrigen:LaRepública
El presidente José Mujica consideró que nuestra sociedad tiene una "actitud torpe" al no permitir la completa integración de las Fuerzas Armadas, porque si en el futuro alguna crisis económica deriva en una crisis social, los cuerpos armados serán la verdadera garantía para "cuidar el funcionamiento institucional, obligar a respetar la democracia y que no existan aventuras golpistas".
Mujica comenzó su audición "Hablando al Presidente", que se emite por la radio de FM M24, señalando su intención de hablar sobre un tema de "enorme profundidad", pero que considera "olvidado".
En este sentido, el Presidente destacó la importancia que tiene el servicio de las armas en momentos cruciales y señaló que "es torpe una nación que no se ocupa de la salud política, moral, ética y del grado de compromiso de sus cuerpos armados".
En el Uruguay "nos pasa que hemos vivido una dictadura muy dura, entonces, en los hechos tendemos a endilgarles a estas Fuerzas Armadas de hoy la responsabilidad de cosas que pasaron hace muchos años". El mandatario dijo que con esta actitud "dejamos al costado, como despreciados, a nuestros cuerpos armados".
"En todo caso, los tenemos como a un perro peligroso, atado en el fondo, no lo queremos ni mirar mucho y, sin embargo, está integrado y hecho por hombres de nuestro pueblo y de nuestra sociedad, que en los hechos tienen nada más y nada menos que la responsabilidad de llevar las armas del país", remarcó.
"Creo que asumimos una actitud torpe, torpe con el futuro, con el porvenir, porque la gran garantía de todas las luchas del pueblo uruguayo, por mejorar, por distribuir mejor, se va a poner a prueba, no sé cuándo, algún día, cuanto más lejos mejor, cuando alguna crisis mundial nos traiga una crisis de reparto".
"Y en esa hora tendrá un inmenso valor que los cuerpos armados de nuestro país obliguen a respetar la democracia, a que no existan aventuras, a que tengamos las tensiones que tengamos que tener, pero sin cataclismos institucionales", sostuvo. Para Mujica, esto será posible "si no dejamos que las ineludibles tendencias fascistoides, que también existen en una sociedad, sean propietarias o estén largando al porvenir un mensaje que esté como allí, como latiendo, como esperando su circunstancia favorablemente golpista, porque en las crisis de reparto, en las grandes crisis sociales, obviamente, las instituciones a los ojos de mucha gente pierden valor práctico, porque la penuria tiende a obnubilar la visión de las grandes masas".
Consideró que el país tiene que tener "cuerpos armados hondamente comprometidos con las transformaciones de la sociedad, ser parte de la sociedad y no cosas que quedan como al costado, como que no se ven, como que no participan, como que no son ciudadanos. No debemos cometer ese error de tremenda ingenuidad política", aseveró.
GARANTIA: LOS CUERPOS ARMADOS
En este marco, el mandatario preguntó: "¿Cuál es la última garantía en una sociedad, del juego y de la existencia institucional de la democracia de derecho que conocemos?". Para Mujica, en América Latina y en otras partes del mundo, hemos visto casos que calificó como "formas directas", donde algunos militares asumen el gobierno, aunque también ha habido "formas indirectas" donde los militares "sacan un gobierno civil y ponen a otro".
Prácticamente, "hemos visto todas las variantes en la historia de América Latina" y volvió a preguntar: "¿Cuál es la honda garantía en el juego de la democracia institucional en el país?". Opinó que hay varios factores que juegan, como la educación de los jóvenes por el respeto a las instituciones y la democracia y también nuestra cultura.
"Pero la gran garantía es que los cuerpos armados, en la hora de las tensiones sociales, defiendan la estabilidad institucional, no permitan ser arrastrados a la aventura, no permitan alinearse atrás de aventuras golpistas o semigolpistas", enfatizó.
"Esta cuestión pasa a ser vital y no consideramos que los responsables de los golpes de Estado sean directamente los cuerpos armados, en el fondo hay otros factores que juegan, pero esos factores hondos, si se quedan sin instrumento práctico, serán fuerzas negativas de nuestra sociedad, pero no mucho más", indicó.
"La verdadera garantía para una nación es que sus cuerpos armados, en los grandes momentos de tensión, cuiden y respeten el funcionamiento institucional; esto no tiene vuelta y no hay que disimularlo", subrayó.
FuentedeOrigen:LaRepública
Fuente:Rdendh
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