Para que sepan qué vecino vive allí
Organismos y militantes realizaron un acto contra el ex integrante de la patota de Feced, excarcelado por la justicia. "Si no hay justicia, hay escrache popular", fue la consigna.
Lofiego vive en el octavo piso de Mendoza 1480.
Por Lorena Panzerini
Organizaciones de derechos humanos y sociales marcharon anoche por calle Paraguay, entre Córdoba y Mendoza, para repudiar la excarcelación de los represores José Rubén Lofiego, Mario Marcote y Ramón Vergara, imputados en la causa Díaz Bessone (ex Feced) por cometer crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar. El 30 de abril pasado, fueron liberados por la sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, tras pagar una fianza de 135 mil pesos, en total. La movilización se concentró en el domicilio de "El Ciego" Lofiego, donde lo escracharon con proyecciones en su balcón, bombas de estruendo y al grito de "asesino". El desagrado con la determinación judicial cobró fuerza cuando se conoció el argumento de la Cámara de Casación, que los benefició con la libertad "vigilada": "Es una hipocresía que los genocidas tengan este derecho por el tiempo que llevan detenidos sin que se realice el juicio. Ni la sociedad, ni las víctimas, ni los querellantes y testigos son responsables de esta situación, sino el propio Poder Judicial que permitió y avaló que estos juicios se dilaten. Venimos reclamando que los juzguen desde 1984", indicaron los organismos. Además, exigieron "que el gobierno provincial tenga una política clara sobre los derechos humanos, que está muy floja". También pedirían al Tribunal Oral Federal, que juzgará a estos represores desde el 21 de julio, que permanezcan detenidos durante los juicios por la seguridad de los testigos y querellantes.
Para el Espacio Juicio y Castigo y la agrupación H.I.J.O.S., la excarcelación de los represores fue "una provocación por parte de miembros de la corporación judicial. Es un despropósito político y jurídico, y no hace otra cosa que abonar el largo camino de impunidad de décadas consagradas con el Punto Final, la Obediencia Debida y los indultos desde los poderes constituidos y avalados en distintas instancias", apuntaron.
"La justicia se vende por 135 lucas", decía una de las proyecciones en los balcones del edificio de Mendoza 1480, en referencia a la fianza que pagaron Lofiego y Cía.
Tras partir de la plaza Pringles, la marcha se dirigió, por Paraguay, a calle Mendoza, al grito de "alerta, alerta, alerta que caminan milicos asesinos por las calles rosarinas", mientras se colocaban carteles viales simulados, que marcaban la ruta hasta la casa de Lofiego. El represor reside en el octavo piso del edificio que se emplaza sobre Mendoza 1480, donde unos seis oficiales de policía custodiaban la puerta, mientras los manifestantes advertían: "Si no hay justicia, hay escrache popular".
El torturador, fue liberado hace un mes, junto a Marcote y Vergara. Los tres eran miembros del servicio de información, y "responsables de la desaparición, muerte y tortura de la mayor parte de los detenidos y desaparecidos entre el '76 y el '83, en la zona de Rosario". Sobre la excarcelación, Laura Ferrer, querellante de la causa señaló: "Según sabemos deben presentarse una vez por semana, pero circulan libremente por la ciudad. A causa de una Justicia garantista, ellos están libres; pero esa garantía debería ser para el conjunto de la población, los testigos, querellantes y abogados; porque el hecho que se les dio es un peligro para nosotros", advirtió. Además, recordaron lo sucedido con los testigos Silvia Suppo y Julio López.
Por su parte, Esteban Mariño, también querellante de la causa, indicó: "Hay que tener en cuenta que la Cámara de Casación que excarceló a los torturadores, es la misma que dio lugar a las chicanas políticas que dilataron el juicio. Es la principal responsable".
El reclamo fue más allá, y llegó a las autoridades provinciales: "Queremos que se reconozca políticamente que esta gente tiene que estar presa y pedimos que estos juicios se desarrollen con los acusados presos", dijo Ferrer, a lo que Juan Pablo Bustamante, también querellante de la causa, agregó: "Como damnificados y víctimas de la época de la represión, necesitamos que estas personas estén controladas y vigiladas para proteger a la sociedad. Conociéndolos a ellos, les inspira un ánimo muy grande de venganza, lo manifiestan fervientemente -dijo ; por eso, necesitamos una política activa".
Luego agregaron: "El gobierno provincial tuvo conocimiento de la excarcelación porque los genocidas estaban detenidos en la alcaldía que depende la policía provincial, y no estableció los mecanismos para las organizaciones de derechos humanos y sociales, testigos, querellantes, y a los que están en el Programa de Protección a Testigos. Este hecho es irresponsable".
"Por el Servicio de Informaciones pasaron alrededor de 2 mil secuestrados ilegalmente. Hombres, jóvenes, niños y mujeres embarazadas que fueron sometidos a los más crueles tormentos y de los cuales cientos de ellos se encuentran desaparecidos", recordó Juicio y Castigo. Fuente:Rosario12
Por Lorena Panzerini
Organizaciones de derechos humanos y sociales marcharon anoche por calle Paraguay, entre Córdoba y Mendoza, para repudiar la excarcelación de los represores José Rubén Lofiego, Mario Marcote y Ramón Vergara, imputados en la causa Díaz Bessone (ex Feced) por cometer crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar. El 30 de abril pasado, fueron liberados por la sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, tras pagar una fianza de 135 mil pesos, en total. La movilización se concentró en el domicilio de "El Ciego" Lofiego, donde lo escracharon con proyecciones en su balcón, bombas de estruendo y al grito de "asesino". El desagrado con la determinación judicial cobró fuerza cuando se conoció el argumento de la Cámara de Casación, que los benefició con la libertad "vigilada": "Es una hipocresía que los genocidas tengan este derecho por el tiempo que llevan detenidos sin que se realice el juicio. Ni la sociedad, ni las víctimas, ni los querellantes y testigos son responsables de esta situación, sino el propio Poder Judicial que permitió y avaló que estos juicios se dilaten. Venimos reclamando que los juzguen desde 1984", indicaron los organismos. Además, exigieron "que el gobierno provincial tenga una política clara sobre los derechos humanos, que está muy floja". También pedirían al Tribunal Oral Federal, que juzgará a estos represores desde el 21 de julio, que permanezcan detenidos durante los juicios por la seguridad de los testigos y querellantes.
Para el Espacio Juicio y Castigo y la agrupación H.I.J.O.S., la excarcelación de los represores fue "una provocación por parte de miembros de la corporación judicial. Es un despropósito político y jurídico, y no hace otra cosa que abonar el largo camino de impunidad de décadas consagradas con el Punto Final, la Obediencia Debida y los indultos desde los poderes constituidos y avalados en distintas instancias", apuntaron.
"La justicia se vende por 135 lucas", decía una de las proyecciones en los balcones del edificio de Mendoza 1480, en referencia a la fianza que pagaron Lofiego y Cía.
Tras partir de la plaza Pringles, la marcha se dirigió, por Paraguay, a calle Mendoza, al grito de "alerta, alerta, alerta que caminan milicos asesinos por las calles rosarinas", mientras se colocaban carteles viales simulados, que marcaban la ruta hasta la casa de Lofiego. El represor reside en el octavo piso del edificio que se emplaza sobre Mendoza 1480, donde unos seis oficiales de policía custodiaban la puerta, mientras los manifestantes advertían: "Si no hay justicia, hay escrache popular".
El torturador, fue liberado hace un mes, junto a Marcote y Vergara. Los tres eran miembros del servicio de información, y "responsables de la desaparición, muerte y tortura de la mayor parte de los detenidos y desaparecidos entre el '76 y el '83, en la zona de Rosario". Sobre la excarcelación, Laura Ferrer, querellante de la causa señaló: "Según sabemos deben presentarse una vez por semana, pero circulan libremente por la ciudad. A causa de una Justicia garantista, ellos están libres; pero esa garantía debería ser para el conjunto de la población, los testigos, querellantes y abogados; porque el hecho que se les dio es un peligro para nosotros", advirtió. Además, recordaron lo sucedido con los testigos Silvia Suppo y Julio López.
Por su parte, Esteban Mariño, también querellante de la causa, indicó: "Hay que tener en cuenta que la Cámara de Casación que excarceló a los torturadores, es la misma que dio lugar a las chicanas políticas que dilataron el juicio. Es la principal responsable".
El reclamo fue más allá, y llegó a las autoridades provinciales: "Queremos que se reconozca políticamente que esta gente tiene que estar presa y pedimos que estos juicios se desarrollen con los acusados presos", dijo Ferrer, a lo que Juan Pablo Bustamante, también querellante de la causa, agregó: "Como damnificados y víctimas de la época de la represión, necesitamos que estas personas estén controladas y vigiladas para proteger a la sociedad. Conociéndolos a ellos, les inspira un ánimo muy grande de venganza, lo manifiestan fervientemente -dijo ; por eso, necesitamos una política activa".
Luego agregaron: "El gobierno provincial tuvo conocimiento de la excarcelación porque los genocidas estaban detenidos en la alcaldía que depende la policía provincial, y no estableció los mecanismos para las organizaciones de derechos humanos y sociales, testigos, querellantes, y a los que están en el Programa de Protección a Testigos. Este hecho es irresponsable".
"Por el Servicio de Informaciones pasaron alrededor de 2 mil secuestrados ilegalmente. Hombres, jóvenes, niños y mujeres embarazadas que fueron sometidos a los más crueles tormentos y de los cuales cientos de ellos se encuentran desaparecidos", recordó Juicio y Castigo. Fuente:Rosario12
Escracharon al torturador Lofiego
“Por este barrio camina un genocida”
El espacio Juicio y Castigo Rosario, integrado por testigos y querellantes de las causas contra el terrorismo de estado, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles de la ciudad, realizaron este viernes un masivo escrache frente al domicilio de uno de los tres tres represores del Servicio de Informaciones liberados por la Sala II de la Cámara de Casación Penal de la Nación, José Rubén Lofiego, alias el “Ciego”. Además recordaron los dos meses del asesinato de Silvia Suppo, la testigo de la causa Brusa que pareció acuchillada en su local de ventas en la ciudad de Rafaela.
“Por este barrio camina un genocida, por este barrio camina un represor, está en el kiosco y en la carnicería y aunque no se lo diga es un torturador” cantaba la multitud que partió a las 18.30 desde la plaza Pringles (Paraguay y Córdoba), hacia la casa de Lofiego, ubicada en el departamento 1 del octavo piso del edificio de calle Mendoza 1480.
La nutrida columna, encabezada por las banderas de APDH e HIJOS, se completó con una gran cantidad de gente “suelta” más la masiva presencia del Movimiento Evita de Rosario, seguido por las agrupaciones Libres del Sur, Martín Fierro, Santiago Pampillón, La Fede y PTS, entre otros. Además se pudo ver a dirigentes gremiales y políticos de la ciudad entre los manifestantes, que en su gran mayoría eran jóvenes.
Los rostros de la marcha mostraban la renovación de las generaciones de militantes, a pesar de que los referentes históricos de derechos humanos como Ana Moro, Alicia Lesgart o Marta Díaz, también estaban presentes en la manifestación.
“Si bien todo el año pasado nuestra energía estuvo puesta en el apoyo al primer juicio oral a los genocidas, con esta liberación de los represores volvieron los escraches. Nosotros siempre dijimos que si no hay justicia, hay escrahce”, explicó Gerardo, un militante de HIJOS, que estaba acompañado por su su chiquito Facundo de dos años y medio.
La corta pero intensa movilización, que en su curso recibió los saludos de gente desde los locales todavía abiertos en el centro, como los ya clásicos mozos de la Pizzería Argentina, rodeó el edificio de mendoza 1480, que para la “batisorpresa” de los presentes ‒como la calificó José, uno de los asistentes‒, estaba señalizado con un proyector que instalaba una flecha sobre la fachada del octavo piso, donde reside el represor Lofiego, y que indicaba que ahí vive un genocida.
En medio de cantos y putedas contra el represor, los integrantes del espacio Juicio y Castigo leyeron un documento que expresó las “sensaciones que provocó en los testigos, querellantes y todos los que luchamos durante años contra la impunidad, la liberación de los tres genocidas”, tal cual presentaron desde los parlantes, instalados en una suerte de escenario móvil montado sobre una vieja camioneta.
“Queremos recordar que Lofiego, Marcote y Vergara, los tres represores liberados por la Sala II de Casación Penal, están imputados de gravísimos delitos de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones que funcionó durante la dictadura en la ex Jefatura de Policía al mando del siniestro Agustín Feced”, comenzó leyendo Matilde Gatti, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
“Esta liberación de Lofiego, Marcote y Vergara, otorgada por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal es a nuestro entender un despropósito desde todo punto de vista, tanto político como jurídico y no hace otra cosa que abonar el largo camino de impunidad de décadas consagrados con el Punto Final, la Obediencia Debida y los indultos desde los poderes constituidos y avalados en distintas instancias, entre ellas la de la corporación judicial. Despropósito judicial porque la Cámara de Casación otorga este “beneficio” a los torturadores, juzgados por delitos de Lesa Humanidad, como si fueran delincuentes comunes”, agregó Gatti.
“Por el Servicio de Informaciones pasaron alrededor de 2 mil secuestrados ilegalmente. Hombres, jóvenes, niños y mujeres embarazadas que fueron sometidos a los más crueles tormentos y de los cuales cientos de ellos se encuentran desaparecidos. Los tres represores, junto a otros tres imputados, serán llevados a juicio oral el próximo 21 de julio en los tribunales federales de rosario. En este primer juicio oral que se les seguirá por sólo una pequeña porción de los miles de delitos de lesa humanidad que cometieron, serán juzgados por los crímenes cometidos contra 87 víctimas. Crímenes que están acreditados por más de 160 testigos que darán cuenta del funcionamiento de aquel siniestro campo de concentración que funcionó en pleno centro rosarino, y del accionar de los torturadores y asesinos que lo integraron”, expresó a su turno Carlos Novillo, testigo, sobreviviente e integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).
“Además ‒siguió Novillo‒ en este juicio se investigarán los homicidios de entre otros compañeros, Rrut Gonzalez; Miriam Susana Moro de De Vicenzo; Alejandro Víctor Stancanelli; Cristina Cialceta; Roberto De Vicenzo; Carlos Ignacio Kruppa; Osvaldo Matoski Szeverin y Alberto Omar Tion. Compañeros que pusieron su vida al servicio de la construcción de otra sociedad: igualitaria y solidaria, de una patria justa e independiente. Junto a tantos desaparecidos, y a tantos sobrevivientes que sufrieron las cárceles de la dictadura, la tortura, el robo de la identidad de los hijos de los compañeros. Ellos lucharon por un país para todos y se los llevaron para instalar un país para pocos”.
La encargada de cerrar la lectura del documento fue Marina Magnani de HIJOS, quien indicó que “después de muchos años de que familiares, testigos y querellantes sufrieran amenazas, de que Julio López se convirtiera en el desaparecido 30.001 por ser testigo, después del asesinato a manos de sicarios de Silvia Suppo: liberar a estos genocidas es un decisión que no sólo permite su posible fuga, sino que es un acto de intimidación concreta hacia los testigos y querellantes, permitiendo a estos mercaderes de la muerte operar “libremente”, a contrapelo de lo que venimos exigiendo a los distintos estamentos estatales”.
“A tres meses del asesinato de Silvia Suppo ‒continuó Marina‒ seguimos reclamando junto a los familiares una investigación profunda, que nos demuestre que no fue un asesinato político. Así lo demanda su familia, a la que acompañamos en su dolor y su pedido de justicia. Queremos dejar en claro, que para que haya verdadera seguridad para los sobrevivientes de la dictadura, los testigos, querellantes y familiares, los genocidas tienen que estar presos”.
“Por último, y en el marco de esta fecha de reflexión a cerca de los doscientos años de la nación argentina, desde el espacio juicio y castigo afirmamos que queremos un bicentenario con todos los genocidas presos. Queremos comenzar a construir una nación que retome los sueños de las generaciones anteriores que pelearon por una patria para todos, desde los revolucionarios de mayo a los desaparecidos, y donde los verdugos y asesinos del pueblo, sus instigadores y beneficiarios paguen su culpa en el lugar que corresponde, es decir la cárcel”, concluyó Magnani.
Luego del documento volvieron a estallar las canciones, las puteadas. Los aerosoles y los carteles que indicaban “genocida suelto” siguieron siendo colocados en columnas y paredes; un grupo de militantes lo había ido realizando a lo largo de todo el trayecto, incluso colgaban de los cables eléctricos una imitación de grilletes de presos que no les será fácil quitar a los que le toque esa tarea.
“Volveremos volveremos, volveremos otra vez, hasta que si vayas preso, siempre vamos a volver”, decía una de los últimos cantitos que se escuchó, mientras se dispersaban tranquilas, lentamente, las columnas de manifestantes.
Las verdaderas columnas del pueblo advierten a los rosarinos.
Fuente:RedaccionRosario
REGISTRO DEL ESCRACHE.
Imágenes:Graciela Borda Osella
La marcha partió de Plaza Pringles.
Olga Moyano y Carlos Novillo.
Graciela Borda Osella y Carlos "Pucho" Arroyo.
Distintas agrupaciones políticas se hicieron presentes. 
El documento fue leído por representantes de organizaciones de Derechos Humanos del Espacio Juicio y Castigo, testigos y querellantes de las causas. 
Liliana Gómez y el periodista José Maggi.
Ema Lucero
Ema LuceroJorge Palombo
Imágenes proyectadas sobre el balcón del piso donde vive el represor Lofiego.
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