CASOS Serán elevados a debate oral las desapariciones y torturas ocurridas antes y durante la dictadura
Después de siete años avanza a juicio una megacausa por DD.HH.
Después de siete años avanza a juicio una megacausa por DD.HH.
Crímenes. En la Justicia Federal se trabaja para concluir las investigaciones que se iniciaron en 2003, de hechos cometidos durante la década del 70.La Justicia Federal santiagueña avanza hacia la elevación a juicio oral de una megacausa en la que se investigan delitos por graves violaciones a los Derechos Humanos cometidos antes y durante la dictadura militar en la provincia por represores santiagueños.
Se trata de numerosas causas incluidas en los denominados grupos Uno y Dos, cuyas instrucciones están terminadas y en los próximos días el juez Federal, Guillermo Molinari, les correrá vista a los querellantes y a las defensas de los acusados para que interpongan sus cuestionamientos al proceso si es que lo consideran necesarios. A ellas se suman, las causas que están dentro del Grupo Tres, que finalizará su etapa instructiva en lo inmediato, según indicaron fuentes judiciales.
Los principales acusados son los represores Musa Azar Curi y Tomás Garbi, junto a un séquito de policías y militares que actuaron en Santiago del Estero durante la época de la represión. Las causas que se elevarán corresponden a los secuestrados y desaparecidos antes y después del golpe militar de 1976 y a los que fueron detenidos y torturados antes de que comenzara el tristemente célebre “Proceso de Reorganización Nacional”.
La mayoría de las causas comenzaron a tramitarse en el año 2003 con el advenimiento del kirchnerismo. Luego la Corte declaró la inconstitucionalidad de las leyes del perdón (Obediencia Debida, Punto Final e Indulto) y el Congreso terminó, dos años más tarde, dándole la estocada final a las normas que impedían los juicios.
En este contexto llegan las causas de DDHH a este momento previo a su elevación a debate oral y público. El requerimiento de elevación a juicio fue presentado en octubre del año pasado, y tras resolver varios planteos el juez notificó a las querellas.
“Ellos tienen hasta mediados de junio aproximadamente, depende de cada parte, para que los querellantes formulen sus requerimientos de elevación a juicio o se adhieran al que formuló el fiscal o formulen observaciones porque hipotéticamente también pueden estar en desacuerdo y pedir que se cumplan otras medidas”, indicó una calificada fuente de la Justicia Federal.
Una vez vencido el plazo de los querellantes, se comunicará a las defensas de un total de 11 imputados, la mayoría de ellos representados por abogados oficiales, que tendrán 12 días para realizar todos aquellos planteos que no realizaron durante la instrucción, inclusive pueden repetir algunos que ya hayan realizado. Una vez cumplidos todos esos plazos procesales los casos que integran las causas Grupo Uno, Dos y Tres, estarán en condiciones de ser, mediante un breve decreto, elevada a juicio oral, tal la intención del magistrado federal.
La idea es enjuiciar a los procesados locales que intervinieron en la desaparición forzada de personas porque ya finalizaron las instrucciones judiciales, se insistió desde el Juzgado Federal. Víctimas y victimarios
En el grupo Uno se investigan 14 casos de desaparecidos antes del golpe de estado de 1976, entre los que están los más conocidos de Emilio “Chongo” Abadala, Ana María Mrad de Medina y Luis Alejandro Lescano (un abogado radical). Los imputados en estas causas son Musa Azar Curi, Tomás Garbi, Ramiro López Veloso, entre otros. Las acusaciones son por asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, tortura, homicidio calificado y desaparición forzada de persona. En el grupo Dos son 26 las causas investigadas por asociación ilícita, tortura, secuestro y violación de domicilio contra ciudadanos que actualmente, la mayoría de ellos, forman parte de organizaciones de Derechos Humanos, entre los más conocidos, Luis Garay, Cristina Torres y Alcira Chávez. La Justicia tiene a 10 imputados, encabezados por Musa Azar Curi, Tomás Garbi, López Veloso y Juan Bustamante.
En tanto, el Grupo tres, investiga 17 desaparecidos durante el golpe militar en Santiago del Estero, entre los que se encuentran Marta Azucena Castillo, Hugo Concha (un ex conscripto), Santiago Augusto Díaz (hijo de un ex diputado nacional), Dardo Ezequiel Arias, Abdala Auat, Roberto Bugatti (un ingeniero catamarqueño), Héctor Carabajal, Daniel Enrique Dichiara, Mario Giribaldi, Miguel Ángel Lema (de nacionalidad uruguaya), Guillermo Augusto Miguel y Julio César Salomón.
También están imputados Musa Azar Curi y Garbi por asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, tortura, homicidio calificado, entre los delitos más graves. A ellos, los acompañan Jorge Videla, Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi.
DICIEMBRE DE 1975
La desaparición de Emilio “El Chongo” Abdala
Uno de los casos emblemáticos del Grupo Uno es el de Emilio “El Chongo” Abdala. Él era un dirigente y concejal del MID en Clodomira y, según relatan los testigos de la causa, desapareció luego de visitar la Casa de Gobierno de Santiago del Estero, en 1975, para reunirse con un ministro. Según el expediente judicial nunca más volvió a saberse del “Chongo” luego de que fuera citado en diciembre de 1975 por el entonces ministro de Gobierno, Robín Zaiek, quien lo recibió en su despacho acompañado del temible jefe del aparato represivo de la provincia, Musa Azar Curi. El relato del expediente judicial indica que Musa Azar Curi se habría encargado de llevarlo ante el jefe del Batallón de Ingenieros del Ejército, el teniente coronel Correa Aldana, porque necesitaba hablar con él. Después de ese día, la familia de Abdala comenzó un peregrinar para encontrar a Emilio pero nunca más volvieron a verlo.
FuentedeOrigen:ElLiberal
Fuente:Rdendh
Serios reproches del Consejo de la Magistratura al ex juez Otero Álvarez
El organismo aseguró que el magistrado jubilado durante la dictadura "habría adoptado un rol pasivo frente a una denuncia de torturas".
El Consejo de la Magistratura de la Nación cuestionó la actuación durante la dictadura del ahora ex juez federal Carlos Otero Álvarez.
El ex juez que integró el tribunal que condenó por primera vez a Luciano Benjamín Menéndez, había sido denunciado ante el Consejo por el secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Miguel Baronetto.
Cuando la denuncia del funcionario cordobés llegó al organismo nacional, se generó una polémica y Otero Álvarez terminó renunciando.
Según el Consejo de la Magistratura, Otero Álvarez, como secretario penal de la Justicia Federal de Córdoba durante la dictadura, "habría adoptado un rol absolutamente pasivo frente a la denuncia de torturas al momento de recibir declaraciones indagatorias y declaraciones testimoniales".
"Asimismo, tampoco realizó ninguna denuncia penal frente a allanamientos manifiestamente ilegítimos, ya que fueron producidos sin orden judicial, por personal policial vestido de civil y en horario nocturno", agrega la resolución, que fue elaborada por la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo y aprobada por el plenario.
Incluso se menciona que ante el pedido del padre de un detenido de apellido Barrera, el magistrado que se jubiló "denegó la revisación médica" del joven y de su esposa.
El organismo encargado de designar y juzgar a los magistrados nacionales contrastó esta actitud con la de la ex jueza y por entonces también secretaria Cristina Garzón de Lascano.
Para el cuerpo, la ex jueza federal Nº3 de la ciudad de Córdoba "frente a la denuncia de torturas por parte de una imputada, certificó sus manifestaciones (...) y solicitó su atención al médico forense".
FuentedeOrigen:LaVozdelInterior
Fuente:Rdendh
DICIEMBRE DE 1975
La desaparición de Emilio “El Chongo” Abdala
Uno de los casos emblemáticos del Grupo Uno es el de Emilio “El Chongo” Abdala. Él era un dirigente y concejal del MID en Clodomira y, según relatan los testigos de la causa, desapareció luego de visitar la Casa de Gobierno de Santiago del Estero, en 1975, para reunirse con un ministro. Según el expediente judicial nunca más volvió a saberse del “Chongo” luego de que fuera citado en diciembre de 1975 por el entonces ministro de Gobierno, Robín Zaiek, quien lo recibió en su despacho acompañado del temible jefe del aparato represivo de la provincia, Musa Azar Curi. El relato del expediente judicial indica que Musa Azar Curi se habría encargado de llevarlo ante el jefe del Batallón de Ingenieros del Ejército, el teniente coronel Correa Aldana, porque necesitaba hablar con él. Después de ese día, la familia de Abdala comenzó un peregrinar para encontrar a Emilio pero nunca más volvieron a verlo.
FuentedeOrigen:ElLiberal
Fuente:Rdendh
Serios reproches del Consejo de la Magistratura al ex juez Otero Álvarez
El organismo aseguró que el magistrado jubilado durante la dictadura "habría adoptado un rol pasivo frente a una denuncia de torturas".
El Consejo de la Magistratura de la Nación cuestionó la actuación durante la dictadura del ahora ex juez federal Carlos Otero Álvarez.
El ex juez que integró el tribunal que condenó por primera vez a Luciano Benjamín Menéndez, había sido denunciado ante el Consejo por el secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Miguel Baronetto.
Cuando la denuncia del funcionario cordobés llegó al organismo nacional, se generó una polémica y Otero Álvarez terminó renunciando.
Según el Consejo de la Magistratura, Otero Álvarez, como secretario penal de la Justicia Federal de Córdoba durante la dictadura, "habría adoptado un rol absolutamente pasivo frente a la denuncia de torturas al momento de recibir declaraciones indagatorias y declaraciones testimoniales".
"Asimismo, tampoco realizó ninguna denuncia penal frente a allanamientos manifiestamente ilegítimos, ya que fueron producidos sin orden judicial, por personal policial vestido de civil y en horario nocturno", agrega la resolución, que fue elaborada por la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo y aprobada por el plenario.
Incluso se menciona que ante el pedido del padre de un detenido de apellido Barrera, el magistrado que se jubiló "denegó la revisación médica" del joven y de su esposa.
El organismo encargado de designar y juzgar a los magistrados nacionales contrastó esta actitud con la de la ex jueza y por entonces también secretaria Cristina Garzón de Lascano.
Para el cuerpo, la ex jueza federal Nº3 de la ciudad de Córdoba "frente a la denuncia de torturas por parte de una imputada, certificó sus manifestaciones (...) y solicitó su atención al médico forense".
FuentedeOrigen:LaVozdelInterior
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