Aparecen los nombres de los hermanos Griselda y Francisco Ponce y de su sobrino, Julio Burgos. También están Gerván y los hermanos Villegas.
Gorda”, “Lalo”, “Gringo”, “Lucrecia”, “Chazamán”, “Kike”, “Negro Balanto”. Mencionados así son sólo algunos apodos sueltos que se usaron para nombrar a seres humanos, surgidos de algún rasgo de personalidad, de fisonomía o de alguna anécdota de vida. Connotan mucho más porque aparecen sueltos, prolijamente escritos a máquina, en una columna de la escalofriante lista de detenidos durante la última dictadura que aportó un testigo en el juicio que sigue la justicia federal tucumana en contra del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.
En el proceso, del que fue separado el ex general Antonio Domingo Bussi por razones de salud, la presentación de estos documentos oficiales por parte de un ex preso político convertido en represor, Juan Carlos “El Perro” Clemente, se convirtieron en una de las pruebas más relevantes porque confirman con sello oficial la suerte que corrieron 293 personas que permanecieron detenidas en la Jefatura General de Tucumán.
En esa lista figuran los nombres de seis catamarqueños, tres de ellos secuestrados en esta provincia entre abril y diciembre de 1976. Francisco Gregorio “Negro Balanto” Ponce, Griselda del Huerto “Gris” Ponce y Julio Genaro “El Flaco” Burgos, todos integrantes de una misma familia diezmada por la represión ilegal que figuran con la “observación” “DF”, que se aplicaba para denominar lo que se llamó “disposición final”, o sea la muerte.
Con el orden 89 está escrito el nombre de otro catamarqueño, Luis Oscar “El Cura Gaucho” Gerván, secuestrado en Tucumán también a fines de 1976. En la columna final de la temible lista se menciona que a él también se le aplicó la “disposición final”.
La lista contiene los nombres de otros dos catamarqueños secuestrados en Tucumán, mientras cursaban estudios universitarios: Aída Inés Villegas, detenida el 2 de noviembre de 1976, a quien se le asigna el apodo de “Sofía”, y su hermano Jorge Villegas, alias “Cacho”, secuestrado el 8 de junio de 1977. A ambos, según el documento, se les aplicó la “disposición final”.
Clemente, que hoy volverá a presentarse para declarar ante las partes en el juicio contra Menéndez, guardó celosamente los documentos durante 34 años. Su revelación causó una mezcla de alivio, dolor y repudio entre los querellantes particulares que intervienen en el proceso contra Bussi y Menéndez. Acreditan con tinte documental la forma en que operaban los grupos de tareas militares y policiales y son una suerte de certificado de defunción para 195 “desaparecidos”, ese término ambiguo con el que desde hace más de tres décadas se menciona a miles de víctimas de la represión ilegal en la Argentina.
El converso
Clemente fue un militante peronista que intervino también en la Juventud Obrera Católica (JOC) –la misma a la que pertenecían los hermanos Ponce-, quien fue detenido por los militares y que luego se pasó al bando contrario.
Aseguran que incluso participó de actos de tortura y que la espontánea presentación de los documentos que ocultó inexplicablemente durante tanto tiempo pretende ser una suerte de salvoconducto hacia la impunidad de sus actos.
Originalmente Clemente figuraba en el proceso como testigo de la defensa y su declaración era rechazada por la querella particular que ejercen varias personas que fueron víctimas de la represión ilegal. Sin embargo, la aparición del testigo con documentos oficiales que se creía que ya no existían fue luego recibida con beneplácito por los abogados que llevan parte de la acusación en contra de los represores, entre los que se encuentran además de Luciano Menéndez, tres policías.
DESAPARECIDOS CATAMARQUEÑOS
GRISELDA PONCE
Trabajaba en una concesionaria de automóviles y también militaba en la Juventud Obrera Católica. Fue secuestrada en su casa de calle 9 de Julio al 1.200 por un grupo de tareas, el 15 de diciembre de 1976. En los meses previos había realizado una denodada búsqueda de su hermano Francisco.
FRANCISCO PONCE
Tenía 37 años y era sindicalista de SMATA y militante de la JOC. Fue secuestrado el 6 de abril de 1976 en inmediaciones de la plaza 25 de Agosto. Del secuestro, dijeron testigos, participaron tanto militares como policías locales. Fue visto en centros de detención de Tucumán.
JULIO GENARO BURGOS
Era muy joven, sobrino de Griselda y Francisco Ponce. Vivía en Buenos Aires y se encontraba de paseo en la casa de sus parientes. No se le conocía militancia política alguna. Sobre su destino no existían registros, por lo que la documentación aportada por Clemente es el primer dato.
LUIS GERVÁN.
Fue secuestrado en Tucumán a fines de 1976. Era nacido en Belén.
AÍDA INÉS VILLEGAS.
Identificada con el apodo de "Sofía" en la lista, fue detenida el 2 de noviembre de 1976. Estudiaba en esa provincia.
JORGE VILLEGAS.
Fue secuestrado el 8 de junio de 1977. "Cacho" era su alias.
El testigo que pasó de secuestrado a trabajar para la policía
Los documentos brindados por "El Perro" Clemente
Querellante. Díaz Martínez.
La documentación, dos biblioratos con más de 250 hojas, fue resistida por la defensa de Menéndez, que consideró que no era el momento procesal oportuno para introducir nueva prueba. Pero la búsqueda de la verdad real es siempre un buen argumento para sortear obstáculos procesales formales y, finalmente, fue aceptada por los jueces que llevan adelante el proceso oral y público, Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi.
El diario Página 12, que tuvo acceso a la documentación clasificada, señala que en ella hay “una nómina de subversivos que se encuentran en la clandestinidad y cuya captura se hace necesaria” y fotos carné de personas que luego serían detenidas en el centro de tortura que funcionó en el barrio Norte de San Miguel de Tucumán.
Los documentos también contienen un listado de cadáveres identificados entre 1975 y 1978, al tiempo que se detalla dónde fallecieron. Los papeles con sellos y firmas oficiales, aseguró “El Perro” Clemente, fueron rescatados de entre las llamas y del poco rastro documental que dejó la represión sangrienta de los años de plomo.
Clemente relató que mantuvo oculta toda la documentación durante 34 años, ya que vivía bajo la sombra de amenazas y por temor eligió preservarlas hasta considerar oportuno el momento para sacarlas a la luz.
Incorporación
Para el caso de los catamarqueños Griselda del Huerto y Francisco Ponce y Julio Burgos, por cuya detención ilegal existe hoy una causa en la que hay varios ex militares procesados, se trata de una prueba fundamental.
Guillermo Díaz Martínez, abogado querellante en el expediente, explicó a este diario que particularmente sobre Burgos no había constancias del lugar donde fue detenido.
“No teníamos ningún registro que nos indicara cuál fue su suerte”, indicó, al tiempo que adelantó que solicitará al juez Ricardo Antonio Moreno la incorporación de esa documentación en la causa que se tramita en el Juzgado Federal de Catamarca. Es que permite saber, 34 años después, que los hermanos Ponce y su sobrino Burgos tuvieron el peor de los destinos.
FuentedeOrigen:ElAncasti
Fuente:AgnDH
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