OPINIÓN.

Acefalía del Registro Único de la Verdad

Para hablar de memoria hay que tener memoria y compromiso…

Hace muy pocos días, el 1 de junio precisamente, en un mes tan caro a la memoria trágica del Peronismo (bombardeo a Plaza de Mayo, fusilamientos de la penitenciaría nacional y José León Suárez, Masacre de Ezeiza) envié nota con carácter de pronto despacho (1) al ministro de Gobierno de la provincia, denunciando el retroceso general en las políticas de Estado referidas a Derechos Humanos, iniciadas con la creación de la Subsecretaría de DDHH y con aquel histórico decreto firmado por Jorge Pedro Busti / José Carlos Halle (2), gestionado por Marta Zamarripa. En los párrafos finales de la nota digo: “El límite de la paciencia y la comprensión de las dificultades institucionales está dado por el agravio a la dignidad de las personas y el abuso del poder estatal con el consiguiente incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos…” “…Estas situaciones denunciadas en el ámbito del gobierno provincial, en áreas tan sensibles de su incumbencia política institucional, son contradictorias con el modelo nacional y popular y marcan un notorio retroceso en la política de Estado de DDHH”. (Por Alejandro Richardet -responsable de la JP Regional II en la década del '70-)
La noticia del reclamo de un par de organismos de Paraná dedicados a los DDHH de la memoria reciente, y la respuesta de la funcionaria política “todo terreno” a cargo de la temática oficial, dejan a las claras que si hay algo que enturbia la cuestión de la verdad, la memoria y la justicia, son las luchas intestinas por los espacios de poder estatal. El caso del Registro Único de la Verdad, es una notable evidencia. Si bien fue creado por la acción de un grupo de ex presos/as políticos organizados como familiares en la década de los ‘90, y que obtuvo importantes logros, también es cierto que la actual situación es fruto de disputas internas plagadas de sectarismos y mezquindades, entre integrantes de esa misma agrupación, que en hechos de dominio público, generó el alejamiento de familiares, militantes, querellantes y colaboradores y la exclusión de abogados.
Si a ello sumamos que el gobierno provincial, con políticas acertadas en otras áreas, designa a cargo de un espacio prestigiado por figuras como la de José Carlos Halle (3), a una persona no solo sin compromiso con los DDHH, sino con antecedentes de actitudes personales y posturas políticas emparentadas ya no con “la teoría de los dos demonios”, sino antagónicas con las luchas históricas de la Resistencia Peronista y la Tendencia Revolucionaria del Peronismo, contra las dictaduras cívico militares, de los 50, 60 y 70 (4); nobleza obliga a una reflexión.
Lisa y llanamente nadie ha hecho más que el peronismo y puntualmente en gestiones de los funcionarios mencionados (Busti y Halle) a los que debe incorporarse la gestión de Mario Mathieu en la UADER, de Graciela Bar en el primer gobierno de Busti, y de Jorge Kerz en el CGE. Guste o no a algunos que vienen criticando por izquierda y cobrando por derecha, fue en las gobernaciones de Jorge Busti, con funcionarios capacitados y con compromiso militante como Halle y Zamarripa, donde se concretó el avance más importante en las políticas de Estado de DDHH. Cabe preguntar ¿por qué este retroceso justamente en un gobierno también justicialista que se alinea con el gobierno nacional en todos los sentidos?
Es necesaria una autocrítica y una corrección inmediata de las prácticas de los responsables de estos grupos, y del funcionariado actual, que no está incluida en el reclamo ni en la solución de compromiso ofrecida. Aquí lo que está en juego no son nombres ni cargos, ni los discursos mediáticos de tecnócratas reciclados del neoliberalismo, sino que el Registro Único de la Verdad no se reduzca, como casi ocurrió, a un espacio reservado a un grupo exclusivo de amigos, sin la participación de familiares directos y militantes querellantes, así como de todos los organismos de DDHH y organizaciones sociales que defienden los DDHH integrales e indivisibles, en todo el ámbito provincial.
El intento de imponer como únicas referencias, la de grupos “locales”, tal como lo afirma la funcionaria en su discurso de ocasión, suena a la exageración de los conversos. Para seguir participando se ofrece una presidencia de “una suerte de consejo consultivo permanente ad honorem, que va a ser el encargado de diagramar las políticas de derechos humanos” en la provincia. Contradicción flagrante con la función principal del registro que es llevar archivos de la represión ilegal e inconstitucional, de toda la provincia (y no sólo de Paraná), y apoyar las querellas a los responsables del terrorismo de Estado, que no comenzó justamente en la última dictadura cívico militar, ni es patrimonio de la memoria reciente. Hemos luchado y lo seguimos haciendo por una visión integral de los DDHH, que arranca con la gesta independentista, incluyendo pueblos originarios, luchas de género y los procesos nacionales populares y revolucionarios que hoy se expresan en democracias con justicia social en la Patria Grande Latinoamericana. (5)
Esto lo sabemos muy bien los militantes peronistas, que tenemos memoria de la “revolución fusiladora”, del “bombardeo de Plaza de Mayo”, de “la Masacre de Trelew”, que luchamos contra las dictaduras de Juan Carlos Onganía / Alejandro Lanusse y resistimos contra Jorge Rafael Videla/ Roberto Eduardo Viola/ Leopoldo Galtieri, mientras otros como familiares y amigos de funcionarios “usurpantes” en gobiernos de facto o provenientes de familias con identidad antiperonista, estaban en la agenda de besamanos de Monseñor Tortolo y Juan Carlos Trimarco. Como dijera nuestro paradigmático líder de los Pueblos Libres, precursor del Federalismo democrático José Gervasio Artigas; “con libertad no ofendo ni temo”.
Referencias
1) Esta nota es corolario de una denuncia del 02/09/09, que presentaba acusaciones de abuso de autoridad y exceso de atribuciones de la funcionaria política a cargo de la UADER, sin ninguna respuesta a la fecha.
2) Decreto Nº 6404/88 del 5 de diciembre de 1988. Inclusión de la Cátedra de DDHH en los institutos superiores de formación docente de la provincia, para el año lectivo 1989. Al año siguiente en la misma línea de pensamiento y acción Busti /Halle el 25 de julio del año 1990 firman el Decreto Nº 3216/90, creando la Cátedra Abierta de DDHH en la Dirección de Enseñanza Superior dependiente del CGE.
3) Subsanando el grave error cometido al designar en el primer gobierno de Busti, en la Subsecretaría de DDHH, a la ex funcionaria también “todo terreno” de origen diamantino Mónica Torres.
4) El Semanario Análisis de la Actualidad, en una nota de tapa del año 2004, fruto de una profunda y detallada investigación periodística en Diamante sobre la funcionaria Lucila Haidar de Cordero, exime de mayores comentarios.
5) El 22/05/10 nuestro aporte “La perspectiva crítica latinoamericana” fue presentado en el Paseo del Bicentenario incluido en el libro Son tiempos de Revolución publicado en la Colección Semana de Mayo por la Universidad Madres de Plaza de Mayo, en adhesión al Bicentenario.
FuentedeOrigen:Analisis
Fuente:Agndh