COMUNICADO DE PRENSA
Los abajo firmantes Organismos de Derechos Humanos de Tucumán queremos manifestar nuestra posición en relación a los últimos acontecimientos que tuvieron lugar en el marco del Juicio oral y público del CCD “Jefatura de Policía”, poniendo de relieve la importancia que representa para el conocimiento fehaciente de la verdad histórica buscada a través de estos 34 años, siendo este el eje central de nuestra lucha inclaudicable.
La documentación aportada por un testigo, que fuera sustraída del Departamento de Inteligencia de la Policía de Tucumán, hecho inédito en los que a juicios de lesa humanidad se refiere, ya que es la primera vez en el país que se hallan listas de desaparecidos confeccionadas por los propios genocidas. Estos documentos históricos dan cuenta del horror vivido en la sociedad durante la década del 70, y nos confirma sin apelaciones ni eufemismos, lo que hace años venimos sosteniendo en base a relatos de los sobrevivientes de aquel horror, esto es la existencia de centros clandestinos de detención donde se redujo a las personas allí alojadas a condiciones infrahumanas de cautiverio, vejámenes, torturas físicas y psicológicas, ejecuciones, apropiación de niños, y por si aún esto no fuera suficiente, la creación de la figura del DESAPARECIDO con el estigma que ello significó para los familiares.
La importancia de esta documental radica en que se rompió con el manto de silencio, significando ello el fin de la impunidad de los genocidas, con el convencimiento de que a pesar de todas las maniobras realizadas para ocultar sus delitos, no lo consiguieron.
Nos parece atinado, en este sentido citar una conclusión de la Procuración General de la Nación de Junio del 2008, en donde se advierte sobre la necesidad de analizar el contexto de acción en el que tuvieron lugar las conductas típicas imputadas a las personas que se encontraban detenidas en los centros clandestinos utilizados durante el terrorismo de estado, previstas para contextos opresivos en los que existe un riesgo cierto de pérdidas de bienes esenciales como la vida y la integridad física.
Ante ello queremos instar a los testigos a que aporten con su memoria a esta búsqueda de la verdad y justicia, principio rector de nuestras acciones, dejando de lado posiciones individualistas y con el convencimiento de que no podemos erigirnos en jueces para evaluar la conducta de quienes también fueron víctimas de este perverso plan sistemático.
En este juicio Tucumán pudo comprobar, tras el testimonio de los sobrevivientes, cómo funcionó el aparato genocida en Tucumán por lo que reivindicamos su valentía y agradecemos su memoria para dar este gran paso para el fin de la Impunidad, ya que esperamos condenas ejemplificadoras cumplidas en cárceles comunes como le corresponde a los aberrantes delitos cometidos.
Por la memoria de los 30000 compañeros detenidos desaparecidos.
CARCEL COMÚN Y EFECETIVA A TODOS LOS GENOCIDAS!!!
FA.DE.TUC. (Familiares de Desaparecidos de Tucumán)
H.I.J.O.S. (Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)
ANDHES (Abogados y Abogadas del Norte Argentino por los Derechos Humanos y Estudios Sociales)
Los abajo firmantes Organismos de Derechos Humanos de Tucumán queremos manifestar nuestra posición en relación a los últimos acontecimientos que tuvieron lugar en el marco del Juicio oral y público del CCD “Jefatura de Policía”, poniendo de relieve la importancia que representa para el conocimiento fehaciente de la verdad histórica buscada a través de estos 34 años, siendo este el eje central de nuestra lucha inclaudicable.
La documentación aportada por un testigo, que fuera sustraída del Departamento de Inteligencia de la Policía de Tucumán, hecho inédito en los que a juicios de lesa humanidad se refiere, ya que es la primera vez en el país que se hallan listas de desaparecidos confeccionadas por los propios genocidas. Estos documentos históricos dan cuenta del horror vivido en la sociedad durante la década del 70, y nos confirma sin apelaciones ni eufemismos, lo que hace años venimos sosteniendo en base a relatos de los sobrevivientes de aquel horror, esto es la existencia de centros clandestinos de detención donde se redujo a las personas allí alojadas a condiciones infrahumanas de cautiverio, vejámenes, torturas físicas y psicológicas, ejecuciones, apropiación de niños, y por si aún esto no fuera suficiente, la creación de la figura del DESAPARECIDO con el estigma que ello significó para los familiares.
La importancia de esta documental radica en que se rompió con el manto de silencio, significando ello el fin de la impunidad de los genocidas, con el convencimiento de que a pesar de todas las maniobras realizadas para ocultar sus delitos, no lo consiguieron.
Nos parece atinado, en este sentido citar una conclusión de la Procuración General de la Nación de Junio del 2008, en donde se advierte sobre la necesidad de analizar el contexto de acción en el que tuvieron lugar las conductas típicas imputadas a las personas que se encontraban detenidas en los centros clandestinos utilizados durante el terrorismo de estado, previstas para contextos opresivos en los que existe un riesgo cierto de pérdidas de bienes esenciales como la vida y la integridad física.
Ante ello queremos instar a los testigos a que aporten con su memoria a esta búsqueda de la verdad y justicia, principio rector de nuestras acciones, dejando de lado posiciones individualistas y con el convencimiento de que no podemos erigirnos en jueces para evaluar la conducta de quienes también fueron víctimas de este perverso plan sistemático.
En este juicio Tucumán pudo comprobar, tras el testimonio de los sobrevivientes, cómo funcionó el aparato genocida en Tucumán por lo que reivindicamos su valentía y agradecemos su memoria para dar este gran paso para el fin de la Impunidad, ya que esperamos condenas ejemplificadoras cumplidas en cárceles comunes como le corresponde a los aberrantes delitos cometidos.
Por la memoria de los 30000 compañeros detenidos desaparecidos.
CARCEL COMÚN Y EFECETIVA A TODOS LOS GENOCIDAS!!!
FA.DE.TUC. (Familiares de Desaparecidos de Tucumán)
H.I.J.O.S. (Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)
ANDHES (Abogados y Abogadas del Norte Argentino por los Derechos Humanos y Estudios Sociales)
APDH Tucumán (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos)
Caso 'La Jefatura': "La expectativa es que el Tribunal dicte prisión perpetua y cárcel común"
Expresó uno de los abogados querellantes del juicio Jefatura de Policía, Emilio Guagnini. La sentencia se conocerá la otra semana. “A estos imputados por la naturaleza aberrante de estos delitos les corresponde ir a un penal como cualquier delincuente”, sostuvo.
Emilio Guagnini, abogado querellante de HIJOSExpresó uno de los abogados querellantes del juicio Jefatura de Policía, Emilio Guagnini. La sentencia se conocerá la otra semana. “A estos imputados por la naturaleza aberrante de estos delitos les corresponde ir a un penal como cualquier delincuente”, sostuvo.
El juicio por la megacausa Jefatura de Policía va llegando a su fin. Esta semana comienza la etapa de alegatos. Mientras que el 8 de julio está previsto conocer la sentencia. Para esto, una de los pruebas más importantes que tendrán en cuenta los jueces serán las que aportó el testigo Juan Carlos Clemente con dos biblioratos donde se detalla la sistematización de la tortura, secuestro y desaparición de personas en uno de los centros clandestinos más grandes del país.
“Todas las victimas que forman parte de este juicio están en la lista aportada por Clemente. Cada uno de ellos tiene la siglas DF, Destino Final, o sea la muerte. Además se acredita el accionar conjunto de las Fuerzas de Seguridad. Es decir, la policial provincial supervisada por un militar (González Naya). Aportes sobre el funcionamiento interno del SIC, la patota de policías. El valor probatorio es enorme”, explicó.
En este sentido el letrado indicó que “la expectativa es prisión perpetua y cárcel común” para los que están imputados por crímenes de lesa humanidad: Luciano Benjamín Menéndez, Luis De Cándido, Roberto Albornoz. “Entiendo que Justicia a medias no es Justicia. A estos imputados por la naturaleza aberrante de estos delitos les corresponde ir a un penal como cualquier delincuente”.
Y agregó que “hoy en nuestro país si uno recorre las diferentes cárceles nos encontraremos con un montón de personas mayores de 70 años, con problemas de salud y no gozan del beneficio de la prisión domiciliaria”. Porque “esto es una cuestión facultativa del Tribunal”.
Para finalizar disparó: “si otorgan la prisión domiciliaria atentarían contra las víctimas y familiares que esperan Justicia verdadera y real”, hace más de 30 años.
Sebastián Ganzburg
FuentedeOrigen:TucumanHoy
Fuente:Agndh
Pedirán condena perpetua y cárcel común para los represores
Hoy comenzará los alegatos de los querellantes y se espera que pidan la máxima pena y cárcel común para Luciano Benjamín Menéndez, “El Tuerto” Albornoz y Luis De Cándido. El 1 de julio será el turno de la exposición del fiscal Alfredo Miguel Terraf y el 8 de julio será la hora del veredicto.
Condena perpetua y cárcel común para los represores de la última dictadura. Desde que se reactivaron las causas por delitos de lesa humanidad en 2003 este fue un reclamo constante por parte de los familiares, hijos y defensores de los derechos humanos y ahora los querellantes tendrán por primera vez la oportunidad de pedirlo ante los jueces del Tribunal Oral Federal de Tucumán en el marco del juicio que se sigue a Luciano Benjamín Menéndez, Roberto “El Tuerto” Albornoz y a los ex policías Luis y Carlos De Cándido por las 22 víctimas que estuvieron en cautiverio en la ex Jefatura de Policía durante la última dictadura militar.
Este martes se iniciarán los alegatos de los querellantes y el primer turno, a las 9.30, será de la abogada Laura Figueroa, quien representa a los familiares de las víctimas Carlos Román Apaza, Hugo Díaz y Joaquín Fariño. Luego, seguirán los abogados Valentina García Salemi y Daniel Weisamberg (ANDHES), quienes a partir de las 12.30, expondrán en representación de la familia de la médica desaparecida Graciela Bustamante de Argañaraz.
El miércoles 30 de junio será el turno de los querellantes Emilio Guagnini y Julia Vitar (FADETUC-H.I.J.O.S), por el caso de Rolando Coronel y su hija Marta, secuestrados en mayo de 1977. Precisamente por este caso está acusado Luis De Cándido, quien está procesado por los delitos de privación ilegítima de libertad y de usurpación de la casa de las víctimas ubicada en Chacabuco al 400. En tanto, su hermano, Carlos, el imputado menos complicado en el juicio, está procesado por encubrimiento y usurpación por este hecho.
Después, a las 12.30, expondrá Daniel Mendivil, querellante de la familia de Diana Oesterheld y su esposo Carlos Araldi. A la tarde, 15.30, será el turno de Bernardo Lobo Bugeau, quien por un lado es querellante por el caso del periodista desaparecido Eduardo Ramos, junto a su esposa Alicia Cerrota, y por el otro, representa a la Secretaría de Derechos Humanos en la causa Coronel.
El 1 de julio tomará la palabra el fiscal federal general Alfredo Miguel Terraf, quien realizará su alegato por las 22 víctimas que fueron secuestradas y estuvieron en cautiverio en la ex Jefatura de Policía, uno de los centros clandestinos de detención más sangrientos que funcionó durante los años negros de los ‘70.
En tanto, los abogados de los acusados, el defensor oficial público Ciro Lo Pinto (defiende a los hermanos De Cándido), Ezequiel Avila Gallo (h) (representa a Albornoz) y Horacio Guerinau (Menéndez) expondrán el 7 de julio. Se descuenta que todos pedirán la absolución para sus clientes. Y el 8 de julio los jueces del Tribunal Oral Federal, Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi, darán a conocer el fallo histórico que podría condenar a prisión perpetua por segunda vez en Tucumán al ex Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército.
El histórico juicio comenzó el 16 de febrero de este año y desde marzo tuvo varias suspensiones a raíz de los problemas de salud de Antonio Domingo Bussi, Mario Zimmermann y Alberto Cattáneo. Bussi zafó del juzgamiento y fue separado del debate, mientras que Zimmermann y Cattáneo llegaron al punto final biológico. Se trata del segundo juicio por violaciones a los derechos humanos que se realiza en Tucumán. En el primero, el 28 de agosto de 2008 Bussi y Menéndez fueron condenados a prisión perpetua por la desaparición y asesinato del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse.
En esa oportunidad, los jueces del TOF mantuvieron el criterio de no establecer la modalidad del cumplimiento de la pena hasta que no esté firme el fallo condenatorio, por lo que los imputados quedaron en sus casas. En este juicio, algunos querellantes ya manifestaron que esta vez esperan que el TOF cambie su criterio y envíe a los acusados a cárcel común.
FuentedeOrigen:PrimeraFuente
Pedirán condena perpetua y cárcel común para los represores
Hoy comenzará los alegatos de los querellantes y se espera que pidan la máxima pena y cárcel común para Luciano Benjamín Menéndez, “El Tuerto” Albornoz y Luis De Cándido. El 1 de julio será el turno de la exposición del fiscal Alfredo Miguel Terraf y el 8 de julio será la hora del veredicto.
Condena perpetua y cárcel común para los represores de la última dictadura. Desde que se reactivaron las causas por delitos de lesa humanidad en 2003 este fue un reclamo constante por parte de los familiares, hijos y defensores de los derechos humanos y ahora los querellantes tendrán por primera vez la oportunidad de pedirlo ante los jueces del Tribunal Oral Federal de Tucumán en el marco del juicio que se sigue a Luciano Benjamín Menéndez, Roberto “El Tuerto” Albornoz y a los ex policías Luis y Carlos De Cándido por las 22 víctimas que estuvieron en cautiverio en la ex Jefatura de Policía durante la última dictadura militar.
Este martes se iniciarán los alegatos de los querellantes y el primer turno, a las 9.30, será de la abogada Laura Figueroa, quien representa a los familiares de las víctimas Carlos Román Apaza, Hugo Díaz y Joaquín Fariño. Luego, seguirán los abogados Valentina García Salemi y Daniel Weisamberg (ANDHES), quienes a partir de las 12.30, expondrán en representación de la familia de la médica desaparecida Graciela Bustamante de Argañaraz.
El miércoles 30 de junio será el turno de los querellantes Emilio Guagnini y Julia Vitar (FADETUC-H.I.J.O.S), por el caso de Rolando Coronel y su hija Marta, secuestrados en mayo de 1977. Precisamente por este caso está acusado Luis De Cándido, quien está procesado por los delitos de privación ilegítima de libertad y de usurpación de la casa de las víctimas ubicada en Chacabuco al 400. En tanto, su hermano, Carlos, el imputado menos complicado en el juicio, está procesado por encubrimiento y usurpación por este hecho.
Después, a las 12.30, expondrá Daniel Mendivil, querellante de la familia de Diana Oesterheld y su esposo Carlos Araldi. A la tarde, 15.30, será el turno de Bernardo Lobo Bugeau, quien por un lado es querellante por el caso del periodista desaparecido Eduardo Ramos, junto a su esposa Alicia Cerrota, y por el otro, representa a la Secretaría de Derechos Humanos en la causa Coronel.
El 1 de julio tomará la palabra el fiscal federal general Alfredo Miguel Terraf, quien realizará su alegato por las 22 víctimas que fueron secuestradas y estuvieron en cautiverio en la ex Jefatura de Policía, uno de los centros clandestinos de detención más sangrientos que funcionó durante los años negros de los ‘70.
En tanto, los abogados de los acusados, el defensor oficial público Ciro Lo Pinto (defiende a los hermanos De Cándido), Ezequiel Avila Gallo (h) (representa a Albornoz) y Horacio Guerinau (Menéndez) expondrán el 7 de julio. Se descuenta que todos pedirán la absolución para sus clientes. Y el 8 de julio los jueces del Tribunal Oral Federal, Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi, darán a conocer el fallo histórico que podría condenar a prisión perpetua por segunda vez en Tucumán al ex Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército.
El histórico juicio comenzó el 16 de febrero de este año y desde marzo tuvo varias suspensiones a raíz de los problemas de salud de Antonio Domingo Bussi, Mario Zimmermann y Alberto Cattáneo. Bussi zafó del juzgamiento y fue separado del debate, mientras que Zimmermann y Cattáneo llegaron al punto final biológico. Se trata del segundo juicio por violaciones a los derechos humanos que se realiza en Tucumán. En el primero, el 28 de agosto de 2008 Bussi y Menéndez fueron condenados a prisión perpetua por la desaparición y asesinato del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse.
En esa oportunidad, los jueces del TOF mantuvieron el criterio de no establecer la modalidad del cumplimiento de la pena hasta que no esté firme el fallo condenatorio, por lo que los imputados quedaron en sus casas. En este juicio, algunos querellantes ya manifestaron que esta vez esperan que el TOF cambie su criterio y envíe a los acusados a cárcel común.
FuentedeOrigen:PrimeraFuente
Fuente:Agndh
Cuando en Tucumán El Tuerto era rey
Por: Marcos Taire
Sus palabras destilaban odio. Primero, contra Juan Carlos Clemente, el ex detenido –luego asimilado a la Policía– que con la entrega de documentación inédita hasta ahora provocó un vuelco formidable en el juicio que se realiza en Tucumán por crímenes cometidos en la Jefatura de Policía durante la Operación Independencia y la dictadura militar. Después, contra los militares. El resentimiento pudo más que la estrategia procesal y los responsabilizó por todo lo ocurrido: “Esos coroneles y tenientes que no aparecen”.
Arriba, el plano del campo de concentración que funcionó en la Jefatura de Policía de Tucumán. Abajo, El Tuerto Albornoz, en una foto inédita, cuando era jefe del D-2.
Sus palabras destilaban odio. Primero contra Juan Carlos Clemente, el ex detenido - luego asimilado a la Policía- que con la entrega de documentación inédita hasta ahora provocó un vuelco formidable en el juicio que se realiza en Tucumán por crímenes cometidos en la Jefatura de Policía durante la Operación Independencia y la dictadura militar. Después, contra los militares. El resentimiento pudo más que la estrategia procesal y los responsabilizó por todo lo ocurrido: “Esos coroneles y tenientes que no aparecen”. Los llamó “cabrones” y apuntó contra dos de ellos: el entonces teniente primero Arturo Félix González Naya, de quien dijo que fue “el único responsable de lo que se hizo en la Jefatura” y el capitán Mario D’Ursi, ambos supervisores militares designados por el Comando de la Quinta Brigada de Infantería en el Departamento de Inteligencia (D-2) de la policía tucumana.
Roberto Heriberto Albornoz (a) El Tuerto , fue una pieza fundamental en la represión de los militantes populares tucumanos desde comienzos de la década del ’70 y hasta el final de la dictadura. Feroz e implacable contra estudiantes y trabajadores que protagonizaron luchas memorables en la primera mitad de esa década, fue puesto en disponibilidad por el gobierno democrático en 1973.Pero a comienzos de 1974 fue reintegrado a la policía y siguiendo instrucciones de Luciano Benjamín Menéndez, entonces comandante de la Quinta Brigada, formó un grupo ilegal y clandestino junto a los militares del Destacamento 142 de Inteligencia. Sembraron muerte y terror en el campo y las ciudades y sobre la base de su estructura, una vez lanzada la Operación Independencia, organizaron el Servicio de Información Confidencial, con campo de concentración propio en el ala sur del edificio de la Jefatura de Policía.Albornoz, en su declaración, despegó de sus críticas a Bussi y Menéndez, de quienes dijo que “son comandantes que se hacen cargo y asumen su responsabilidad, no como los otros (militares) que huyen despavoridos”. Se ensañó particularmente con González Naya, a quien responsabilizó por los secuestros, interrogatorios y crímenes cometidos. De él dijo que, contrariamente a lo que se informó –que está muerto– “deambula por las calles de Buenos Aires” y que “habría que encontrarlo y traerlo”.Según Albornoz, González Naya “elegía el personal que iba a acompañarlo para salir” (a secuestrar) y también que “participaba en las reuniones de la Comunidad Informativa”. Y en cuanto al funcionamiento del centro clandestino de detención de la Jefatura, señaló que “es cierto que se llevaban personas, algunas quedaban registradas y otras no”. Finalmente, dijo que en ese lugar nunca se mató, que a los secuestrados se los trasladaba a otro lugar en distintos vehículos, a algunos en automotores “operativos” y a otros en “camiones militares”.Al ser interrogado por su propio abogado defensor sobre el destino de esos viajes a la muerte, Albornoz estimó que los llevaban al campo de concentración que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. En medio de sus críticas a Clemente, El Tuerto confirmó que en el ex ingenio Nueva Baviera, donde funcionó el Comando Táctico de la Operación Independencia una vez desactivada la sede de Famaillá, después de marzo de 1976, “había un centro de detención”.Hasta ahora nunca una voz oficial había admitido la existencia de la Comunidad Informativa. Albornoz lo hizo y aunque no dio precisiones sobre su funcionamiento ni sus integrantes, sus palabras prueban lo que siempre se denunció: que allí se decidía la vida y la muerte de los ciudadanos. Según él, las reuniones “eran presididas por Cattáneo y el jefe de policía o el subjefe y participaban supervisores y jefes de otras fuerzas, de la Policía Federal, la Gendarmería y muchos jefes de destacamento”.Allí “se analizaba (la situación de los prisioneros) y aconsejaban, evidentemente se decidía la disposición final”. Según Albornoz, a esa Comunidad iba la información que suministraban los supervisores militares (en el caso de la Jefatura, González Naya y D’Ursi) y después de ser estudiada allí, “volvían a manos del supervisor para ser ejecutadas las decisiones”. Cuando su abogado Avila Gallo le preguntó “y dónde ejecutaban” (los asesinatos), El Tuerto dijo: “No me consta. Pero por intuición, se resolvía de prepo, al estilo de los militares. Acá hay una orden, se cumple. La gente se trasladaba, puedo pecar, pero por intuición, presumo que podrían ser llevados a un lugar como Arsenales”.La Comunidad de Servicios de Inteligencia, como era su verdadero nombre, funcionaba en la sede del Comando de la Quinta Brigada de Infantería. Presidía sus reuniones el coronel Alberto Cattáneo en su calidad de segundo de Bussi, pero quienes manejaban toda la información y aconsejaban las decisiones eran los oficiales del Destacamento 142 de Inteligencia, el verdadero motor de la represión ilegal. El jefe del 142 en el período más duro de la represión fue el coronel Eugenio González Breard, un egresado y profesor de la Escuela de las Américas de los Estados Unidos, autor de un libro póstumo titulado La guerrilla en Tucumán, una historia no contada , obra prologada con elogios por Rosendo Fraga.La Comunidad estaba integrada por los titulares de todos los servicios de inteligencia destacados en Tucumán, tanto de las tres Fuerzas Armadas como de las Policías Federal y Provincial, la Gendarmería y la Side. La Comunidad realizaba dos tipos de reuniones. Una para decidir a quiénes secuestrar y otra para adoptar decisiones sobre la suerte final de los que ya estaban prisioneros en los campos de concentración.A las reuniones para elegir los blancos a ser secuestrados asistían también, además de los hombres de Inteligencia, empresarios, sacerdotes, periodistas y alcahuetes de distinta laya que señalaban a sus comprovincianos que consideraban “subversivos”. De inmediato las distintas patotas que se movían en la provincia, entre ellas la de la Jefatura, encabezada por González Naya y Albornoz, salían a la búsqueda de las víctimas.La otra reunión de la Comunidad era para resolver el destino final de los que ya estaban en cautiverio. En esa reunión jugaban un rol central los supervisores que actuaban en los campos de concentración, quienes iban con las declaraciones arrancadas en las mesas de tortura y evaluaban si esos prisioneros debían continuar secuestrados, ser liberados o asesinados. A esto último se denominaba DF (disposición final).
LOS "INTERROGADORES DE PRISIONEROS"La capucha fue el emblema de la Operación Independencia y su continuidad durante la dictadura militar. Con Acdel Vilas primero y con Antonio Bussi después, los militares desarrollaron la tarea represiva en forma nocturna, ilegal y clandestina. Mientras los militares ocuparon la provincia con fuerzas de tareas, destacamentos y retenes, otro ejército actuó en la oscuridad. En la primera etapa, dos fuerzas de tareas, una en San Miguel de Tucumán y otra en Concepción, dedicaron sus esfuerzos, según palabras del propio Vilas, “a la caza del subversivo urbano”. Una vez capturadas las personas y tras su paso por algún chupadero donde los secuestradores procedían a la primera tarea de “ablande”, trasladaban a los prisioneros a dos campos de concentración: la Escuelita de Famaillá y la Jefatura de Policía. Bussi, en la segunda etapa, inaugurada tras el golpe del 24 de marzo de 1976, clandestinizó aún más la represión. A la criminalidad pública de Vilas, que arrojó personas desde helicópteros y depositó cadáveres hasta en la Plaza Independencia de la capital tucumana, Bussi la reemplazó por una acción menos visible, aunque igualmente criminal. Aumentó los grupos operativos y tras cerrar la Escuelita de Famaillá y trasladar ese campo al ex ingenio Nueva Baviera, abrió otros centros de concentración y exterminio. En esos campos cumplían su macabra tarea los IPG (Interrogadores de Prisioneros de Guerra). Eran militares, efectivos de las fuerzas de seguridad y civiles, con un denominador común: todos eran de Inteligencia y la mayoría había sido instruida en las escuelas yanquis de Panamá y Estados Unidos. Como lo confirmó esta semana El Tuerto Albornoz, rotaban cada 45 días e iban a Tucumán desde Córdoba y Buenos Aires. Los supervisores militares de los campos duraron períodos muchos más extensos. Si se tuviera la decisión de llegar hasta las últimas consecuencias en la búsqueda de la verdad y se revisaran expedientes y legajos, podría conocerse la identidad de todos los torturadores y asesinos, deuda hasta ahora incumplida por la Justicia.
FuentedeOrigen:MiradasalSur
Fuente:Agndh
Cuando en Tucumán El Tuerto era rey
Por: Marcos Taire
Sus palabras destilaban odio. Primero, contra Juan Carlos Clemente, el ex detenido –luego asimilado a la Policía– que con la entrega de documentación inédita hasta ahora provocó un vuelco formidable en el juicio que se realiza en Tucumán por crímenes cometidos en la Jefatura de Policía durante la Operación Independencia y la dictadura militar. Después, contra los militares. El resentimiento pudo más que la estrategia procesal y los responsabilizó por todo lo ocurrido: “Esos coroneles y tenientes que no aparecen”.
Arriba, el plano del campo de concentración que funcionó en la Jefatura de Policía de Tucumán. Abajo, El Tuerto Albornoz, en una foto inédita, cuando era jefe del D-2.Sus palabras destilaban odio. Primero contra Juan Carlos Clemente, el ex detenido - luego asimilado a la Policía- que con la entrega de documentación inédita hasta ahora provocó un vuelco formidable en el juicio que se realiza en Tucumán por crímenes cometidos en la Jefatura de Policía durante la Operación Independencia y la dictadura militar. Después, contra los militares. El resentimiento pudo más que la estrategia procesal y los responsabilizó por todo lo ocurrido: “Esos coroneles y tenientes que no aparecen”. Los llamó “cabrones” y apuntó contra dos de ellos: el entonces teniente primero Arturo Félix González Naya, de quien dijo que fue “el único responsable de lo que se hizo en la Jefatura” y el capitán Mario D’Ursi, ambos supervisores militares designados por el Comando de la Quinta Brigada de Infantería en el Departamento de Inteligencia (D-2) de la policía tucumana.
Roberto Heriberto Albornoz (a) El Tuerto , fue una pieza fundamental en la represión de los militantes populares tucumanos desde comienzos de la década del ’70 y hasta el final de la dictadura. Feroz e implacable contra estudiantes y trabajadores que protagonizaron luchas memorables en la primera mitad de esa década, fue puesto en disponibilidad por el gobierno democrático en 1973.Pero a comienzos de 1974 fue reintegrado a la policía y siguiendo instrucciones de Luciano Benjamín Menéndez, entonces comandante de la Quinta Brigada, formó un grupo ilegal y clandestino junto a los militares del Destacamento 142 de Inteligencia. Sembraron muerte y terror en el campo y las ciudades y sobre la base de su estructura, una vez lanzada la Operación Independencia, organizaron el Servicio de Información Confidencial, con campo de concentración propio en el ala sur del edificio de la Jefatura de Policía.Albornoz, en su declaración, despegó de sus críticas a Bussi y Menéndez, de quienes dijo que “son comandantes que se hacen cargo y asumen su responsabilidad, no como los otros (militares) que huyen despavoridos”. Se ensañó particularmente con González Naya, a quien responsabilizó por los secuestros, interrogatorios y crímenes cometidos. De él dijo que, contrariamente a lo que se informó –que está muerto– “deambula por las calles de Buenos Aires” y que “habría que encontrarlo y traerlo”.Según Albornoz, González Naya “elegía el personal que iba a acompañarlo para salir” (a secuestrar) y también que “participaba en las reuniones de la Comunidad Informativa”. Y en cuanto al funcionamiento del centro clandestino de detención de la Jefatura, señaló que “es cierto que se llevaban personas, algunas quedaban registradas y otras no”. Finalmente, dijo que en ese lugar nunca se mató, que a los secuestrados se los trasladaba a otro lugar en distintos vehículos, a algunos en automotores “operativos” y a otros en “camiones militares”.Al ser interrogado por su propio abogado defensor sobre el destino de esos viajes a la muerte, Albornoz estimó que los llevaban al campo de concentración que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. En medio de sus críticas a Clemente, El Tuerto confirmó que en el ex ingenio Nueva Baviera, donde funcionó el Comando Táctico de la Operación Independencia una vez desactivada la sede de Famaillá, después de marzo de 1976, “había un centro de detención”.Hasta ahora nunca una voz oficial había admitido la existencia de la Comunidad Informativa. Albornoz lo hizo y aunque no dio precisiones sobre su funcionamiento ni sus integrantes, sus palabras prueban lo que siempre se denunció: que allí se decidía la vida y la muerte de los ciudadanos. Según él, las reuniones “eran presididas por Cattáneo y el jefe de policía o el subjefe y participaban supervisores y jefes de otras fuerzas, de la Policía Federal, la Gendarmería y muchos jefes de destacamento”.Allí “se analizaba (la situación de los prisioneros) y aconsejaban, evidentemente se decidía la disposición final”. Según Albornoz, a esa Comunidad iba la información que suministraban los supervisores militares (en el caso de la Jefatura, González Naya y D’Ursi) y después de ser estudiada allí, “volvían a manos del supervisor para ser ejecutadas las decisiones”. Cuando su abogado Avila Gallo le preguntó “y dónde ejecutaban” (los asesinatos), El Tuerto dijo: “No me consta. Pero por intuición, se resolvía de prepo, al estilo de los militares. Acá hay una orden, se cumple. La gente se trasladaba, puedo pecar, pero por intuición, presumo que podrían ser llevados a un lugar como Arsenales”.La Comunidad de Servicios de Inteligencia, como era su verdadero nombre, funcionaba en la sede del Comando de la Quinta Brigada de Infantería. Presidía sus reuniones el coronel Alberto Cattáneo en su calidad de segundo de Bussi, pero quienes manejaban toda la información y aconsejaban las decisiones eran los oficiales del Destacamento 142 de Inteligencia, el verdadero motor de la represión ilegal. El jefe del 142 en el período más duro de la represión fue el coronel Eugenio González Breard, un egresado y profesor de la Escuela de las Américas de los Estados Unidos, autor de un libro póstumo titulado La guerrilla en Tucumán, una historia no contada , obra prologada con elogios por Rosendo Fraga.La Comunidad estaba integrada por los titulares de todos los servicios de inteligencia destacados en Tucumán, tanto de las tres Fuerzas Armadas como de las Policías Federal y Provincial, la Gendarmería y la Side. La Comunidad realizaba dos tipos de reuniones. Una para decidir a quiénes secuestrar y otra para adoptar decisiones sobre la suerte final de los que ya estaban prisioneros en los campos de concentración.A las reuniones para elegir los blancos a ser secuestrados asistían también, además de los hombres de Inteligencia, empresarios, sacerdotes, periodistas y alcahuetes de distinta laya que señalaban a sus comprovincianos que consideraban “subversivos”. De inmediato las distintas patotas que se movían en la provincia, entre ellas la de la Jefatura, encabezada por González Naya y Albornoz, salían a la búsqueda de las víctimas.La otra reunión de la Comunidad era para resolver el destino final de los que ya estaban en cautiverio. En esa reunión jugaban un rol central los supervisores que actuaban en los campos de concentración, quienes iban con las declaraciones arrancadas en las mesas de tortura y evaluaban si esos prisioneros debían continuar secuestrados, ser liberados o asesinados. A esto último se denominaba DF (disposición final).
LOS "INTERROGADORES DE PRISIONEROS"La capucha fue el emblema de la Operación Independencia y su continuidad durante la dictadura militar. Con Acdel Vilas primero y con Antonio Bussi después, los militares desarrollaron la tarea represiva en forma nocturna, ilegal y clandestina. Mientras los militares ocuparon la provincia con fuerzas de tareas, destacamentos y retenes, otro ejército actuó en la oscuridad. En la primera etapa, dos fuerzas de tareas, una en San Miguel de Tucumán y otra en Concepción, dedicaron sus esfuerzos, según palabras del propio Vilas, “a la caza del subversivo urbano”. Una vez capturadas las personas y tras su paso por algún chupadero donde los secuestradores procedían a la primera tarea de “ablande”, trasladaban a los prisioneros a dos campos de concentración: la Escuelita de Famaillá y la Jefatura de Policía. Bussi, en la segunda etapa, inaugurada tras el golpe del 24 de marzo de 1976, clandestinizó aún más la represión. A la criminalidad pública de Vilas, que arrojó personas desde helicópteros y depositó cadáveres hasta en la Plaza Independencia de la capital tucumana, Bussi la reemplazó por una acción menos visible, aunque igualmente criminal. Aumentó los grupos operativos y tras cerrar la Escuelita de Famaillá y trasladar ese campo al ex ingenio Nueva Baviera, abrió otros centros de concentración y exterminio. En esos campos cumplían su macabra tarea los IPG (Interrogadores de Prisioneros de Guerra). Eran militares, efectivos de las fuerzas de seguridad y civiles, con un denominador común: todos eran de Inteligencia y la mayoría había sido instruida en las escuelas yanquis de Panamá y Estados Unidos. Como lo confirmó esta semana El Tuerto Albornoz, rotaban cada 45 días e iban a Tucumán desde Córdoba y Buenos Aires. Los supervisores militares de los campos duraron períodos muchos más extensos. Si se tuviera la decisión de llegar hasta las últimas consecuencias en la búsqueda de la verdad y se revisaran expedientes y legajos, podría conocerse la identidad de todos los torturadores y asesinos, deuda hasta ahora incumplida por la Justicia.
FuentedeOrigen:MiradasalSur
Fuente:Agndh
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