PARANÁ: LA CORTE SUPREMA TIENE LOS PEDIDOS DE EXCARCELACIÓN DE APPIANI, ZAPATA y MOYANO.

Los ex represores se encuentran detenidos en la UP Nº 1 de Paraná
Causa Área Paraná: la Corte Suprema tiene los pedidos de excarcelación de los imputados Appiani, Zapata y Moyano

El recurso del médico ingresó el 16 de junio y sólo ha recibido el voto de Zaffaroni.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió los recursos de apelación de tres ex represores procesados en la Causa Área Paraná. Se trata de Jorge Humberto Appiani, Carlos Horacio Zapata y Hugo Mario Moyano, quienes se encuentran detenidos en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná con serias acusaciones de haber cometidos delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Ante el rechazo de la Cámara Federal de Apelaciones de la capital provincial, el primero en arribar al Máximo Tribunal fue Appiani, el 9 de junio último. Luego le siguió Zapata, cuyo recurso ingresó el 16 de junio y al igual que el anterior ya pasó por los votos de Eugenio Zaffaroni y Enrique Petracchi y ahora está en manos de Elena Highton de Nolasco. En tanto, Moyano, por el momento, sólo recibió el voto de uno de los magistrados. Ante el rechazo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, el primero en arribar a la Corte fue Appiani, el 9 de junio último. Su recurso ya fue analizado por Zaffaroni y Petracchi y ahora, desde el 15 de julio, se encuentra en el despacho de Highton de Nolasco.

Luego le siguió Zapata, cuyo recurso ingresó el 16 de junio y al igual que el anterior ya pasó por los votos de Zaffaroni y Petracchi y ahora está en manos de Highton de Nolasco. En tanto, Moyano también llegó a la Corte el 16 de junio y por el momento sólo recibió el voto de Zaffaroni, según pudo determinar Uno.

Appiani, oriundo de Rosario y abogado, al momento de cometer los delitos se desempeñaba como Auditor del Ejército y Auxiliar del Consejo de Guerra Estable N° 1 y N° 2 de la Subzona de Defensa 22 – 2/22 “Paraná”. Se le imputa su participación, en calidad de autor mediato de los delitos de: privación ilegítima de la libertad agravada por la especial calidad de funcionario público, en abuso de funciones, mediante el uso de violencias y amenazas; aplicación de severidades, vejaciones y apremios ilegales, e imposición de tormentos, conductas agravadas por haber durado mas de un mes, que se enmarcan dentro del tipo genérico de delito de lesa humanidad de desaparición forzada de personas.

Por su parte, el otorrinolaringólogo Hugo Mario Moyano se desempeñaba como agente civil médico del Servicio Penitenciario de Entre Ríos durante la última dictadura. Se le imputan en calidad de partícipe necesario los delitos de: Privación ilegítima de la libertad agravada por la especial calidad de funcionario público, en abuso de funciones, mediante el uso de violencias y amenazas; aplicación de severidades, vejaciones y apremios ilegales, e imposición de tormentos, conductas estas que se enmarcan dentro del tipo genérico de delito de lesa humanidad de desaparición forzada de personas.

Carlos Horacio Zapata, oriundo de Diamante, se desempeñaba como agente de la Policía de Entre Ríos, oficial de la Dirección de Investigaciones. Conformó un grupo de tareas integrado por personal de investigaciones de la Policía de Entre Ríos. Se le imputa su intervención en carácter de coautor, de los delitos de: privación ilegítima de la libertad agravada por la especial calidad de funcionario público, en abuso de funciones, mediante el uso de violencias y amenazas; aplicación de severidades, vejaciones y apremios ilegales, e imposición de tormentos, conductas agravadas por haber durado más de un mes; que se enmarcan dentro del tipo genérico de los delitos de lesa humanidad y de desaparición forzada de personas en su calidad de funcionario público.
FuentedeOrigen:AnalisisDigital

DESDE LA CÁRCEL. Habla por primera vez un militar imputado por violaciones a los derechos humanos

Para un acusado de represión, “en Paraná no hubo torturas”
LESA HUMANIDAD. Jorge Humberto Appiani está acusado por 33 hechos de privación ilegítima de libertad; torturas y desapariciones forzadas de personas.
JOSÉ CARMINIO
En diálogo con EL DIARIO, Jorge Humberto Appiani negó los cargos por los cuales está detenido en la cárcel de Paraná. El abogado y militar rosarino aseguró que nunca participó de interrogatorios a detenidos ni de sesiones de torturas, pero admitió que eso pudo haber ocurrido en otras jurisdicciones de país y atribuyó el avance de las causas judiciales por crímenes de la dictadura a las “escuelas de testigos y denunciantes” con las cuales los organismos de derechos humanos pretenden “obtener lucros indebidos”.
Juan Cruz Varela
Se presenta con un equipo deportivo negro y extiende la mano, como tomando distancia. “Appiani”, dice a secas. Hosco, serio, distante en el trato, adusto en sus respuestas y con un tono de voz particularmente foráneo sostiene que aceptó la entrevista porque no tiene “nada que ocultar” ni “inconvenientes en brindar información y colaborar con la labor periodística”.
Jorge Humberto Appiani tiene 57 años. Nació en Rosario, actualmente está separado, tiene dos hijos que cada tanto lo visitan y continúa ejerciendo su profesión de abogado mientras pasa sus días en una celda del pabellón 5 de la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, imputado por su participación, en calidad de autor mediato, de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por la especial calidad de funcionario público, en abuso de funciones, mediante el uso de violencias y amenazas; aplicación de severidades, vejaciones y apremios ilegales; e imposición de tormentos, conductas agravadas por haber durado más de un mes, que se enmarcan dentro del tipo genérico de delito de lesa humanidad de desaparición forzada de personas.
–¿Participó usted de sesiones de torturas a detenidos?
–Para nada, para nada. Ni siquiera tenía participación en los interrogatorios porque eso ocurría mucho antes de mi intervención. El consejo de guerra lleva todo un procedimiento en el que intervienen, como autoridades preventoras, las Fuerzas Armadas, Gendarmería, Prefectura o Policía Federal, ellos hacen los interrogatorios. Una vez que concluye el sumario, es elevado al consejo de guerra y el auditor interviene en la última etapa. Pero por supuesto que los detenidos pudieron haberme identificado, porque era el único que llevaba distintivo de la Justicia Militar y mi nombre inserto.
Appiani estuvo asignado en comisión a la provincia entre febrero de 1976 y mayo de 1977 y tuvo un rol clave en el armado de los consejos de guerra, una parodia de juicio en el que fueron condenados 42 presos políticos a penas de entre 4 y 25 años de cárcel. Treinta y tres personas lo denuncian. Algunos aseguran que participaba de sesiones de torturas; otros que dirigía los interrogatorios y obligada a los detenidos a firmar declaraciones autoincriminatorias; y también hay quienes denuncian que aplicaba picana eléctrica. La Cámara Federal de Apelaciones lo citó a prestar declaración indagatoria el 4 de mayo de 1987, pero fue beneficiado por la ley de obediencia debida.
–¿Cuál era específicamente su rol en los consejos de guerra?
–Una vez que se hacía toda la investigación y se confeccionaban los interrogatorios, el sumario se elevaba a los consejos de guerra, ahí acusaba el fiscal, el defensor formulaba su descargo, se le daba al imputado la posibilidad de hablar y luego intervenía el auditor. ¿Por qué? Porque el consejo de guerra es la única institución por jurados que existía en la legalidad de aquel momento en la República Argentina.
Al ser jueces legos, oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, para cubrir ese defecto de fundamentación jurídica, el auditor formulaba las preguntas que debía votar afirmativamente el jurado y que conformaban los resultandos de la sentencia.
–Sin embargo, hay más de 40 personas que dicen que usted participaba de sesiones de torturas, dirigía interrogatorios clandestinos, obligaba a los detenidos a firmar declaraciones autoincriminatorias bajo amenazas.
–Sí, pero fíjese que si uno examina detenidamente a los denunciantes, llegan a decir una serie de incoherencias: hablan también de reconocimiento de voces y el juez lo acepta ligeramente, cuando una prueba espectográfica debe reunir una serie de condiciones para que pueda darse ese reconocimiento; también hay gente que reconoce a su supuesto victimario por las fragancias y perfumes, un argumento que ya usaron en otras causas, y acá se toma con una falta de rigor jurídico y probatorio total.
–Usted no tiene en cuenta que eso se daba en condiciones de clandestinidad, donde las personas estaban esposadas, encapuchadas y sometidas a torturas.
–No, no, esa gente estaba detenida a disposición del Poder Ejecutivo. Ese es un argumento que ha sido utilizado hasta el hartazgo. Además, hay un estereotipo muy común al hablar de centros clandestinos de detención y se pretende instalar que esto surgió durante una mañana del mes de marzo, que un grupo de alucinados militares se levantó en armas para exterminar a una parte de la población.
Pero este proceso se inició durante el gobierno de Isabel Perón, cuando el Estado perdió el monopolio de la fuerza legítima y no encontraba vías legales aptas para reprimir a las organizaciones subversivas. Esa lucha se dio en un contexto de guerra irregular.
Las Fuerzas Armadas cometieron una serie de errores, pero fueron sorprendidas por una agresión que no estaba prevista en los reglamentos militares y no se daban las condiciones de combate para las cuales estaban preparadas, salvo algunos trabajos de la Escuela Superior de Guerra por las experiencias de Argelia e Indochina y los norteamericanos en Vietnam.
–Usted asegura que no participó de sesiones de torturas, pero hay detenidos que lo reconocen y que eran obligados a firmar declaraciones autoincriminatorias.
–Yo ya conozco de estas causas porque me ha tocado ser abogado defensor en muchas de ellas y le puedo decir que hay escuelas de testigos y denunciantes, asesorados por las organizaciones defensoras de derechos humanos para obtener lucros indebidos. No tengo ninguna duda de que se trata de denunciantes asesorados. Cómo será que hay gente que cuando se iniciaron las actuaciones no recordaba nada y ahora recuerdan todo. Es un curioso caso fisiológico que traiciona todas las teorías sobre el tema.
–Cuáles fueron esos “errores” que admite que cometieron las Fuerzas Armada?
–No puedo desconocer que estas organizaciones guerrilleras lograron aislar a las Fuerzas Armadas como enemigo interno a partir del 24 de marzo de 1976. Ese es un logro importante de la guerrilla. Otro logro es haber inducido a las Fuerzas Armadas a imitar sus métodos: la gran carta de triunfo de las organizaciones guerrilleras es haber logrado que se las combata muchas veces ilegalmente.
–¿Considera la posibilidad de que hayan existido lugares de detención clandestinos, que se produjeran secuestros, torturas y desapariciones de personas?
–En Paraná, no me consta la existencia de apremios ilegales ni la sujeción de civiles a ningún tipo de prácticas aberrantes. No soy iluso para pensar que en otras jurisdicciones sí hubo. Pero no tengo conocimiento de la existencia aquí de esos llamados centros clandestinos de detención, para nosotros había lugares de reunión de detenidos; y para nada participé en sesiones de torturas porque mi función era muy posterior a todo ese tema.
Memoria frágil, a veces“NO RECUERDO”. Appiani utilizó esa muletilla en varias ocasiones. No recordaba en qué había consistido su breve paso por la Fiscalía de Estado, en los primeros meses de la dictadura, cuando se produjo la mayor cantidad de cesantías y sanciones disciplinarias a empleados públicos. No recordaba la frecuencia con la que veía a Juan Carlos Trimarco, el hombre que manejó la provincia a su antojo durante la dictadura. Dijo no recordar con precisión la relación que tenía con el entonces juez federal Jorge Enríquez. No recordaba tampoco a Norma Beatriz González, Claudio Marcelo Fink, Oscar Alfredo Dezorzi, Victorio Erbetta ni María de las Mercedes Fleitas, todos declarados prófugos por el Consejo de Guerra que se realizó en los primeros meses de 1977, a pesar de que habían sido secuestrados por las “autoridades preventoras” y estaban desaparecidos.
EL DATO
11 personas están imputadas en la denominada Causa Área Paraná, en la que se investigan las violaciones a los derechos humanos cometidas en la zona oeste de la provincia durante la última dictadura: Jorge Humberto Appiani, Luis Francisco Armocida, José Anselmo Appelhans, Ramón Oscar Balcaza, Rosa Susana Bidinost, Cosme Ignacio Marino Demonte, Ramón Genaro Díaz Bessone, Hugo Mario Moyano, Oscar Ramón Obaid, Alberto Rivas y Carlos Horacio Zapata.
FuentedeOrigen:ElDiario
Fuente:Agndh