EL TRIBUNAL NIEGA LA BUSQUEDA DE INFORMACION
Causa ESMA: un sobreviviente indica donde estarían los archivos de la represión
“Ocultar información es contribuir a la impunidad”, dicen los querellantes de las causas de los genocidas
Durante los juicios desarrollados contra los genocidas de la dictadura militar en la causa ESMA se dio a luz un elemento sumamente importante. Uno de los testigos, sobreviviente de ese campo de concentración y actualmente funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, reveló una serie de apreciaciones sobre dónde se hallarían los archivos de la dictadura que registraron los destinos de más de 5000 detenidos desaparecidos que pasaron por la ESMA.
Ante la revelación del testigo, Luis Zamora, representante de las víctimas de la Iglesia Santa Cruz, y Myriam Bregman, abogada de Patricia Walsh y miembro de Justicia Ya!, solicitaron que la justicia ordene inmediatamente un allanamiento en los lugares señalados por el testigo, una medida elemental que dispondría cualquier juzgado común.
Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 5 rechazó la solicitud apelando a meros argumentos formales, sin vergüenza alguna. Con justa razón, el espacio Justicia Ya! denunció que a pesar de que “indican dónde estarían los archivos de la represión… el tribunal niega su búsqueda”
La apertura de los archivos de la dictadura es imprescindible porque los juicios omiten toda información proporcionada por el Estado y dependen pura y exclusivamente de los datos aportados por los ex detenidos desaparecidos. De ese modo, además, más de 400 hijos de detenidos desaparecidos apropiados ilegalmente continúan sin el legítimo derecho democrático a conocer su verdadera identidad. Como dice Justicia Ya!, “ocultar información es contribuir a la impunidad”.
Si bien los Kirchner niegan la existencia de los archivos de la dictadura, ahora es un funcionario de su gobierno el que lo afirma. Es más, recientemente, Juan Carlos “El Perro” Clemente aportó una nómina que sustrajo de la oficina administrativa del Servicio de Información Confidencial de la Policía de Tucumán con 239 nombres de cautivos detenidos desaparecidos, más 250 hojas de documentación diversa. En el mismo sentido, la desclasificación de la información del Batallón 601 permitió conocer a cientos de agentes que hacían tareas de inteligencia, infiltrados en partidos de izquierda y organizaciones populares, aún en democracia.
Los Kirchner mienten, pues, con entero cinismo, administran información de la dictadura en función de sus necesidades políticas. Cuando la jueza Sarmiento falló a favor del ex titular del Banco Central, Martín Redrado, los Kirchner lanzaron un “carpetazo” revelando que su padre, el coronel Luis Sarmiento, fue el genocida de la dictadura conocido como “el mago de la picana”. Cuando Juan José Alvarez comenzó a operar para el duhaldismo (aunque hoy haya retornado al redil nac & pop), los Kirchner lanzaron otro carpetazo revelando que el ex ministro de Seguridad prestó servicios en la SIDE nada menos que en época de la dictadura.
Del mismo modo que los sucesivos gobiernos constitucionales durante los últimos 30 años, la Justicia ignoró el reclamo de familiares, víctimas y organismos de derechos humanos por la irrestricta apertura de los archivos que posee el Estado. Qué otra cosa podría esperarse de esa institución corporativa con cientos de jueces y funcionarios que provienen de la época de la dictadura y juraron fidelidad a los estatutos del Proceso de Reorganización Nacional.
Los organismos de derechos humanos, las organizaciones de trabajadores combativos, el movimiento estudiantil y los partidos de izquierda debemos levantar una gran campaña democrática con acciones en las calles para exigir la apertura de los archivos de la dictadura y así avanzar en la lucha contra la impunidad hasta que todos los genocidas se pudran en la cárcel.
Fuente:PTS
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