El fiscal Bonvehí no acusará por hechos anteriores al golpe
La decisión ya está tomada, aunque no fue hecha pública. El fiscal Jorge Bonvehí acusará a los imputados de la Subzona 14 sólo por los hechos ocurridos a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976, pero no por los delitos que pudieron haber cometido anteriormente, durante el tramo final del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.
La información trascendió de una fuente inobjetable, ligada al juicio oral y público que se está realizando desde principios de mes, en el Colegio de Abogados, contra nueve represores. El argumento de Bonvehí será, cuando a mediados de diciembre se escuchen los alegatos, que tiene que centrarse exclusivamente en los hechos que figuran en la acusación efectuada por el fiscal porteño Federico Delgado y que fue leída en el inicio de las audiencias. "No puede hacer otra cosa porque los represores han sido indagados por lo que ocurrió desde esa fecha en adelante", acotó la fuente.
Delgado, que redactó la acusación el 19 de diciembre de 2006, no la circunscribió exclusivamente a los hechos imputados a los represores, sino que remarcó que las detenciones ilegales y los tormentos se produjeron dentro de un determinado contexto social y económico no sólo del país, sino también de Latinoamérica.
Los imputados que están siendo juzgados por privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia y amenazas, e imposición de tormentos, son el ex secretario general de la Gobernación, el coronel retirado Néstor Omar Greppi, y los ex oficiales de la Policía provincial, Roberto Esteban Constantino, Omar Aguilera, Roberto Oscar Fiorucci, Athos Reta, Carlos Roberto Reinhart, Antonio Oscar Yorio, Néstor Bonifacio Cenizo y Hugo Roberto Marenchino.Entre las 28 víctimas de la causa hay tres que sufrieron detenciones y tormentos antes del golpe. Todas son mujeres: Ana María Martínez, Dolly Girard de Villarreal y Raquel Barabaschi.
Martínez, que nunca había hablado públicamente de sus padecimientos, y que viajó especialmente desde La Plata para brindar su testimonio, dijo que fue detenida en noviembre de 1975 en Buenos Aires porque era la novia de Hugo Chumbita, el historiador que en aquella época era director del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de La Pampa. Esa fue la única razón por la que quedó presa y fue salvajemente torturada.
Ella había llegado a la provincia recién recibida de arquitecta y trabajaba en el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda y estaba al frente de un estudio sobre energía social en el IER. En el hospital Molas le practicaron un legrado y los tormentos sufridos le provocaron la pérdida de 15 embarazados. Martínez estuvo detenida en la Seccional Primera y fue el jefe de Policía, el militar prófugo Luis Baraldini, quien la liberó. "Me dijo que si hablaba, me iban a buscar y a matar". Por eso calló durante 35 años.
La víctima también mencionó, y no para bien, al cura Alberto Espinal. "Lo único que quería saber es si era de Montoneros o andaba en algo peligroso, y si sabía de las cosas que hacía Chumbita. Incluso, ese cura alguna vez fue a la casa de mi madre (cuando ya había sido liberada y estaba en La Plata) para ver si era cierto que vivía allí y cómo vivíamos. Yo soy cristiana, pero percibí todo. No fueron visitas de cortesía", sostuvo.
Girard fue detenida, junto a su esposo, en diciembre de 1975 en General Pico porque militaba en la Federación Juvenil Comunista. La mujer, que aún no testificó en el juicio, tenía apenas 19 años y su familia residía en la ciudad norteña, según se señala en el libro "Crónicas de fuego" de Juan Carlos Pumilla y Norberto Asquini. La pareja había estudiado el secundario en la Escuela Agrícola de Miramar y al terminar los estudios decidió mudarse a La Pampa.
Barabaschi era una estudiante de ingeniería de la Universidad Tecnológica de Pico cuando en enero de 1975 fue detenida por la policía junto a una veintena de alumnos. En diciembre de ese año su casa fue allanada en un operativo encabezado por Baraldini. Volvió a ser detenida y trasladada a Santa Rosa.
Permaneció diez días en la Seccional Primera, adonde Reinhart -uno de los principales torturadores- le tomó declaración.
Pero además de las víctimas hubo testigos que involucraron a algunos de los imputados en hechos previos al quiebre institucional. El director de LA ARENA, Saúl Santesteban, recordó que su cuñado Raúl D'Atri -uno de los hijos del fundador del diario- fue detenido en noviembre de 1975 y que en el operativo participaron Constantino y Aguilera. Incluso él mismo esa noche fue llevado a la Seccional Primera. Y Chumbita contó que fue detenido junto a su novia en Buenos Aires, los torturaron "por cuenta de la Subzona 14". Además identificó a Baraldini como quien lo interrogó en La Pampa, antes de que el 6 de enero de 1976 fuera enviado al penal de Rawson.
Dos doctrinas.
¿Qué puede hacer el tribunal si la fiscalía no acusa por los hechos anteriores al 24 de marzo? Lo poco que trascendió es que los jueces han escuchado atentamente los relatos y que se han interesado en lo que pasó antes.Ahora bien, la jurisprudencia actual de la Corte Suprema, basada en el caso Tarifeño del 28 de diciembre de 1989, indica que si un fiscal no acusa al imputado durante el debate oral y público, éste no puede ser condenado. Francisco Tarifeño había sido imputado de encubrimiento en concurso ideal con abuso de autoridad.
En agosto de 2002, esa doctrina sufrió un quiebre luego de mas de 10 años de permanencia, en ocasión de arribar al tribunal el caso Marcilese. En esa ocasión, los ministros de la Corte dieron marcha atrás con Tarifeño y confirmaron la pena de prisión perpetua impuesta por la justicia salteña al empresario Pedro Marcilese por haber encargado el homicidio del abogado Miguel de Escalada, quien durante el juicio clamó por su inocencia, pese a que el fiscal no había formulado cargos.
Sin embargo, luego la Corte reasumió la doctrina Tarifeño tras un debate que se definió por cinco votos contra dos. La mayoría estuvo integrada por los ministros Santiago Petracchi, Raúl Zaffaroni, Augusto Belluscio, Antonio Boggiano y Juan Carlos Maqueda; mientras que Carlos Fayt y Adolfo Vázquez votaron en disidencia.
Bajo esa mirada, el Tribunal Oral Federal debería centrarse exclusivamente en juzgar los hechos que fije Bonvehi. No obstante, la propia Corte también se guía por el caso Santillán, del 13 de agosto de 1998, que establece el papel del querellante particular en el proceso penal.
Esa doctrina expresa que un tribunal puede condenar a pedido del querellante, aunque la condena no haya sido requerida por la fiscalía. "Todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos, está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional, que asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma", señaló el Alto Tribunal.
Como seguramente las querellas incluirán en la acusación lo sucedido antes del golpe, la respuesta final sobre los alcances del juzgamiento quedará exclusivamente en manos de los jueces José Mario Tripputi, Mario Armando Márquez, y Eugenio Krom.
Otra causa penal
La fiscal federal Marta Odasso abrió otra causa penal relacionada con la Subzona 14. Se trata del único caso de tormentos ocurrido en General Acha, en 1978, contra una mujer que estuvo detenida en la comisaría local y que fue torturada y violada. El caso fue difundido en una entrevista publicada por este diario en 2006. La víctima identificó a un torturador. Odasso ya había impulsado otra investigación por los abusos sufridos por Stella Maris Barrios, en General Pico, luego de oír su testimonio en el juicio.
"Tecnócratas y FF.AA."
El fiscal Delgado, en la acusación, dijo que con el golpe del 24 de marzo se buscó cambiar el modelo industrial de sustitución de importaciones para imponer "el patrón de acumulación de valorización financiera" -que requería un altísimo grado de concentración del poder-, a través de "un grupo de personas aptas y confiables, los tecnócratas en coalición con otros sectores sociales que incluían a las Fuerzas Armadas". Más aún, acotó, por el surgimiento de organizaciones armadas.
Sostuvo que la movilización política de los sectores populares fue vista como "una amenaza desde los sectores dominantes" y que, si bien durante el gobierno de Isabelita se dispuso neutralizar a las organizaciones armadas a través de decretos que hablaban de "aniquilar" -pero siempre bajo las reglas del régimen constitucional-, luego "esa guía mutó bajo el gobierno de facto". Adujo que así se pasó a una "visión maniquea" donde "no hay sujeto, sino hay una cosa que hay que destruir porque ese enemiga".
Al referirse al rol de los imputados, Delgado apuntó a la organización interna de la Subzona 14 y dividió entre autores mediatos, por Greppi, e inmediatos, por los ex policías Constantino, Aguilera, Fiorucci, Reta, Yorio, Cenizo, Reinhart y Marenchino.
Remarcó que los autores mediatos fueron "los que dieron la orden de matar, porque controlaban la organización, tuvieron incluso más responsabilidad que los ejecutores". Acotó que "en este modelo, cuando más alejado está el autor de la víctima, esa pérdida de proximidad al hecho, lejos de alejar la responsabilidad, la incrementa; porque se compensa con el dominio organizativo, que va aumentando según se asciende en la escala jerárquica del aparato".
El fiscal manifestó que los militares cumplieron funciones jerárquicas y los policías -que estaban bajo el mando del Ejército-, cumplieron funciones operativas. Indicó que los imputados "fueron engranajes de una maquinaria aceitada y compleja, que desdobló las actividades del poder público en un segmento legal y otro ilegal".
Además detalló que "el ejecutor directo se presenta como una figura anónima y sustituible (si no era un policía el que detenía y torturaba, sería otro), aunque libre y responsable" porque "las órdenes de manifiesto contenido ilícito no poseen carácter vinculante para el subordinado". Por eso Delgado lo ejemplificó con una pirámide por la que baja líquido. Todos los eslabones, de una u otra manera, terminan mojados.
Historia del día - “Acá pasó y mucho”
Jorge Irazusta fue uno de los médicos que integraron el Servicio Provincial de Salud en La Pampa durante los años 70 y que cayó preso de la Subzona 14 todavía en tiempo del gobierno constitucional. En 1976, un día antes del golpe del 24 de marzo, tuvo que irse a Canadá exiliado. Actualmente está radicado en ese país y la semana pasada viajó junto a su esposa Cecilia Cornejo a Córdoba para asistir al juicio contra el dictador Jorge Rafael Videla. Es que su hermana, María Eugenia Irazusta, junto a Daniel Eduardo Bártoli y Víctor Hugo Chiavarini, fue torturada y luego asesinada en la jefatura de Policía de esa capital.
Pero el médico también sigue de cerca otro juicio: el que se desarrolla en Santa Rosa contra los nueve represores pampeanos por secuestros y torturas. Varios de ellos fueron los que lo detuvieron el 13 de noviembre de 1975.
El momento.
Irazusta hace 34 años que está exiliado. Tiene 66 años y durante su visita a Córdoba fue entrevistado por la página web Prensared. “Que haya juicios es lo más maravilloso que ocurre. Algún día tenía que salir todo este pus afuera y no como dice la Iglesia de que haya amnistía. Eso no soluciona nada, es como decir que acá no ha pasado nada. Acá pasó y mucho y los que no sobrevivieron y los 30 mil que no supimos que infierno tuvieron. Hacía años que lo esperábamos. No solo militares y policías lo hicieron. El clero, la justicia, los empresarios y otros sectores de poder también participaron. Nada hubiera sido posible si no hubiera habido un interés además de político, económico. No habrá país si esto no sucede. No se puede perdonar a quien no pide perdón”, expresó el hermano de María Eugenia, apodada Ivonne.
Cecilia, su esposa, que lo acompañó hasta Córdoba, coincide con sus apreciaciones y entre lágrimas manifestó que “nunca pensamos que iba a llegar este momento; para nuestra vida es como cerrar un círculo”. Sus hijos ya adultos los apoyan y acompañan. Eran niños cuando hace 34 años partieron al exilio.
En los montes.
A comienzos de los 70, Jorge ya era médico y su esposa asistente social. Luego de casarse, emprendieron juntos un camino de militancia social que los llevó sucesivamente a Chancaní, al norte de Santa Fe, y por último a La Pampa.
Jorge explica: “Nunca participamos en un movimiento político como tal pero tuvimos mucha militancia social. Con Cecilia nos conocimos en los campamentos universitarios de trabajo que nacieron en Mendoza con el cura (José María) Llorens en la época en que una parte de la Iglesia tomó el compromiso con los pobres, este cura jesuita fue el primero en irse a vivir en un barrio con los pobres”. Esa fue la opción que asumieron y que los llevó a Chancaní y a la zona de la cuña boscosa de La Forestal argentina.
“En esos territorios vivimos y muy asociados a los hermanitos de la Fraternidad Foucauld, comunidad en la que se encontraba el cura irlandés Patrick Rice, gran defensor de los derechos humanos que fue secuestrado y luego preso.
Tuvo que irse a Europa pero regresó en 1984. Todos los curas de la cuña boscosa estaban comprometidos con la Teología de la Liberación, muchos fallecieron, otros terminaron en la cárcel y tantos compañeros que trabajamos juntos y muy cercanos con las ligas agrarias y con la organización sindical de los hacheros que por primera vez en la vida vieron un salario familiar porque se lo quedaban los patrones porque no sabían escribir”, afirmó. Durante ese trabajo bajo la consigna “no se firma si no se lee” en 1971 los hacheros recibieron su primer sueldo y ellos participaron de ese hecho.
Asimismo junto a otros compañeros pusieron en marcha un plan de salud que permitió bajar los índices de mortalidad materna con el apoyo de la comunidad y del gobierno de Santa Fe. Pero ya en esa época y en el mismo contexto había una guardia rural que controlaba toda la zona. Los “pumas” los vigilaban permanentemente y tuvieron que irse.
El SPS.
Recalaron entonces en La Pampa siempre con la idea de trabajar para que la medicina les llegue a todos. Irazusta ingresó junto a unos trescientos profesionales a las filas del Servicio Provincial de Salud (SPS), y llegó a ser director de Atención Médica del hospital Lucio Molas.
El 13 de noviembre de 1975, cuando se firmó el decreto que autorizó al Ejército a combatir a la llamada “subversión” y las policías provinciales fueron puestas bajo jurisdicción militar, Irazusta fue preso y puesto a disposición a del Poder Ejecutivo Nacional. Todo el equipo de salud que lo acompañaba terminó encarcelado en la Unidad Penal 4 de Santa Rosa.
“Ahí el director nos reunió y nos dijo que mientras estemos a su cuidado no sufriríamos torturas”, afirmó. Ya hacia fines de 1974 la pareja había recibido una amenaza de la Triple A y les habían puesto una custodia policial que los acompañaba a su lugar de trabajo.
Irazusta indicó: “Nos detienen en noviembre acusados de estar preparando un equipo de salud para la guerra que se venía… una locura de (Ramón) Camps”, que fue el jefe de la Subzona 14 hasta diciembre de 1975. Por la intervención directa de Albano Hardinguegui y por pedido del padre de Cecilia que era coronel retirado lo liberaron con la condición de que debía quedar bajo la tutela de su suegro. El resto de los médicos detenidos fue a parar a Devoto y después accedieron a la opción de irse del país.
La historia de Ivonne.
Cecilia relató que cuando su marido se fue del país ella permaneció en Salta, su provincia de origen, con sus cuatro hijos. Regresó a Córdoba a la morada de sus suegros porque sabía que pronto iba a partir hacia Canadá. Allí también se encontraba su cuñada Ivonne. Hasta que la joven desapareció. Un primo fue a buscarla a la casa de su novio, Alberto Cacopardo. Tocó timbre y nadie respondió. Entonces se acercó un vecino y le comentó que los habían llevado a todos los que se encontraban en ese lugar. Al otro día fueron a hacer averiguaciones a la Policía y les informaron que allí estaba detenida. Poco después aparecería muerta. Tenía 28 años y era afín a la izquierda comunista, aunque no partidaria de la lucha armada y no estaba afiliada a ningún partido.Según tituló el diario “La Voz del Interior”, en un frustrado intento de fuga de la Jefatura de Policía había sido acribillada. “El día 30 de abril en horas de la mañana se produjo un intento de fuga por parte de tres detenidos en el local de la jefatura de Policía de la provincia. En circunstancias que María Eugenia Irazusta (detenida por asociación ilícita) concurrió al baño y le fueron sacadas las esposas, aprovechó para abalanzarse sobre el custodio derribándolo. En ese momento acudieron en su apoyo otros dos detenidos: Héctor Chiavarini (asociación ilícita) y Daniel Bártoli (a disposición del PEN) produciéndose un forcejeo en que los delincuentes lograron arrebatarle el arma al vigilante caído. Atraídos por el pedido de auxilio del agente caído concurrió personal policial que se encontraba próximo al lugar el que adelantándose a la acción de los delincuentes abrió fuego provocando la muerte de los tres en forma instantánea”, decía el comunicado del Tercer Cuerpo, publicado en el diario. Después se supo que habían sido fusilados. FuentedeOrigen:LaArena
Fuente:Agndh
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