La idea es boicotear de manera original el regreso del camarista federal a la UNCuyo, de donde lo expulsaron por estar sospechado de haber sido cómplice de la dictadura. En tanto, los estudiantes denunciarán hoy a Luis Santamaría, el conjuez federal que le permitió volver a clases.
El gobierno provincial está preparando una suerte de escrache para llevar a cabo si el camarista federal Luis Francisco Miret vuelve a dar clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Consiste en organizar una clase pública dentro de la ciudad universitaria a la misma hora en la que Miret debería dar su cátedra. Se tratarán temas vinculados con los Derechos Humanos en el país y, particularmente, en la provincia.Será el modo sutil elegido para repudiar el regreso de Miret a esa casa de estudios, de donde fue echado luego de ser denunciado por su presunta complicad con el aparato represivo de la última dictadura militar. Entre el camarista y la UNC existía un contrato vigente hasta diciembre de este año para el dictado de la materia “Filosofía del Derecho”, pero todo quedó trunco cuando desde el rectorado consumaron el pedido de destitución realizado por la Comisión de Estudiantes por los Derechos Humanos y la Etica (Cedhe). Sin embargo, Miret encontró la fórmula de volver a las aulas. A través de una medida cautelar, logró que el conjuez Luis Santamaría le diera la razón y obligara a la UNC a volver a contratar al camarista expulsado. El segundo paso, fue solicitar el listado de los alumnos que propiciaron su expulsión; situación que fue interpretada como un “apriete” o una persecución dirigida a quienes opinaron en su contra.Para los estudiantes, la decisión de Santamaría carece de toda lógica jurídica: Miret no tenía ningún derecho adquirido, sino que había sido contratado. Por lo tanto, aseguran que nadie puede obligar a la Universidad a retomarlo como profesor.El Gobierno, que se constituyó como querellante en las causas por violaciones de Derechos Humanos en la provincia y que denunció a los camaristas Luis Miret y Otilio Romano en el Consejo de la Magistratura, dio su beneplácito –a través del ministro de Gobierno Mario Adaro- para promover la denuncia contra Santamaría, conocido también por ser un abogado contratado por la Corte local para llevar adelante las negociaciones paritarias.Por eso, este jueves los estudiantes presentarán una denuncia para que se investigue a Santamaría por una serie de irregularidades que se desprenden de su resolución. A eso se agrega el grado de parentesco entre el conjuez federal y una de las personas mencionadas en el requerimiento hecho por el fiscal Omar Palermo para que se investigue a Miret y a Romano por más de cien casos de detenciones ilegales, torturas, violaciones y homicidios.
FuenteDeOrigen: http://www.mdzol.com
Fuente:Agndh
ESTABA INTERNADO
Falleció otro imputado por desaparición de personas en la dictadura
Ayer alrededor de las 15 falleció en la Policlínica Privada de nuestra ciudad el doctor Cristóbal Ruiz Pozo, uno de los acusados en el juicio por crímenes de lesa humanidad que lleva adelante en San Rafael el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Mendoza.El profesional, que fue médico de la policía durante la dictadura militar, tenía 75 años y murió a causa de cáncer de colon que le impidió asistir a las audiencias que se llevan a cabo en dependencias de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria.
Ruiz Pozo estaba internado desde que se inició el juicio a principios de julio y su muerte es la segunda que se produce entre los imputados, teniendo en cuenta que el 2 de este mes dejó de existir el ex comisario de la Policía de Mendoza José Martín Mussere Quinteros a causa de una afección cardíaca.
Mussere actuó durante los días de la represión como enlace entre la policía y las fuerzas del ejército, a cargo del capitán Luis Faustino Suárez, alías El Colorado. Los imputados en la causa que juzga la desaparición, tortura y otros vejámenes contra cuatro militantes de la Juventud Peronista, son Raúl Alberto Ruiz Soppe, ex jefe de la ex Unidad Regional Segunda de Policía; el ex coronel Aníbal Alberto Guevara; Juan Roberto Labarta, ex integrante del D2; y Raúl Egea Bernal, abogado de la policía sanrafaelina.
Todos los nombrados, a los que hay que sumar a los ya fallecidos Mussere y Ruiz, están imputados en la causa de desaparición de Francisco Tripiana, Pascual Sandobal, José Guillermo Berón y Roberto Osorio.
El médico Ruiz Pozo y el abogado Egea Bernal quedaron atados a esta causa en el período de instrucción cuando se comprobó que los dos habían firmado el acta de libertad de Francisco Tripiana, posteriormente desaparecido, donde se dejó constancia de quedar en libertad de la cárcel clandestina que funcionaba por ese entonces en la llamada "Casa Departamental", en los tribunales de la Segunda Circunscripción Judicial.
FuentedeOrigen:DiariodeSanRafael
Fuente:Agndh
No hay comentarios:
Publicar un comentario