16 de septiembre de 2010

CASO BERRIOS: CONDENA PARA 15 MILITARES URUGUAYOS-ORLETTI:CARA A CARA CON LOS REPRESORES.

Delitos. Impuntan "secuestro" y "asociación ilícita"

Caso Berríos: condena para los militares uruguayos

Juez chileno enjuició en total a 14 personas.

Eduardo Radaelli.
Eduardo Radaelli.
Tomás Casella.
Tomás Casella.
Wellington Sarli.
Wellington Sarli.

La Justicia chilena condenó a tres militares uruguayos por su participación efectiva en los hechos que desencadenaron el crimen del bioquímico chileno, Eugenio Berríos. Los militares fueron enjuiciados por delitos de "secuestro" y "asociación ilícita". El fallo recuerda que el crimen fue cometido en plena democracia.

El juez chileno Alejandro Madrid dispuso ayer la condena de 14 personas, entre ellas, tres militares uruguayos extraditados oportunamente al país trasandino, por el crimen del bioquímico chileno y ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, Eugenio Berríos, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en una playa de El Pinar, en 1995, tres años después de su desaparición.

El magistrado dispuso, en este sentido, la condena del coronel (r) Tomás Casella, y los coroneles, en actividad, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli. Casella fue condenado a 8 años y dos días por los delitos de "secuestro" y "asociación ilícita", mientras Radaelli fue enjuiciado a 5 años y 62 días por los mismos delitos, ambos con pena de penitenciaría. En tanto, el coronel Wellington Sarli fue condenado a 3 años y 61 días (también por "secuestro" y "asociación ilícita"), pero fue beneficiado con medidas de libertad vigilada, según informó ayer el diario La Nación de Chile.

Asimismo, el juez Madrid dispuso la condena de los militares chilenos Arturo Silva Valdés, Hernán Ramírez Rurange, Eugenio Covarrubias, Manuel Provis, Jaime Torres Gacitúa, Raúl Lillo, Pablo Rodríguez Márquez, Manuel Pérez Santillán, Fernando Torres Silva, Nelson Román y Marcelo Sandoval a penas entre 1 y 3 años de prisión, por su participación en el secuestro y posterior homicidio de Berríos. En tanto, cinco militares fueron exculpados y absueltos de los cargos imputados.

La pena más severa del proceso recayó sobre el teniente coronel (r) Arturo Silva Valdés ("secuestro con homicidio"); el enjuiciamiento de dos ex jefes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) como los generales (r) Covarrubias y Ramírez Rurange, demostraría el grado de vinculación de las altas autoridades del Ejército chileno con el crimen.

En este sentido, la resolución del juez Madrid establece tajantemente que el secuestro y posterior homicidio de Berríos fue perpetrado "durante un período de plena vigencia del orden constitucional", por "personal militar en servicio activo de los Ejércitos de Chile y Uruguay". El secuestro de Berríos ocurrió en 1992; su cuerpo apareció tres años después en la playa de El Pinar.

Los militares "se apartaron de las funciones propias de sus cargos, formando una organización paralela a la estructura regular", establecieron "una línea de mando jerárquica paralela", mediante la cual dispusieron de "recursos económicos" para la realización de "las misiones ilícitas". Además, establecieron "vínculos con militares extranjeros a los que invitan a participar en esta organización delictual, quienes en algunos casos actúan directamente, y, en otros colaboran en la perpetración de delitos", detalla la sentencia del magistrado según el diario "La Nación".

Los militares uruguayos fueron condenados por su participación efectiva en el secuestro de Berríos, tras permanecer cuatro años en territorio chileno desde su extradición dispuesta en abril de 2006, en un fallo unánime de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). "Los requeridos, aún antes de verificarse la comisión del ilícito penal, estaban dispuestos a colaborar con los militares chilenos en la custodia del secuestrado para eludir la acción de la Justicia, hecho que no puede reexaminarse en sede de casación penal porque 'no podrán discutirse los hechos dados por probados en la sentencia, los que se tendrán por verdaderos'", señaló la resolución del máximo órgano del Poder Judicial uruguayo.

"Los delitos por los cuales se les incrimina (asociación ilícita y secuestro) tuvieron su comienzo de ejecución en Chile, pero por tratarse de delitos de carácter permanente los involucrados pueden ser responsabilizados desde el comienzo de la conducta delictiva", estimó la Corte en dicha oportunidad.

Nueva Palmira. Investigan origen de registro sobre inhumación durante la dictadura

Juez asumió competencia en posible caso de desaparecido

El origen del cuerpo de un joven veinteañero que pudo ser víctima de la dictadura uruguaya en 1978, cuyo registro fue hallado en el cementerio de Nueva Palmira, está siendo investigado por estas horas en el Juzgado de Carmelo.

Gabriel Monteagudo | COLONIA

Cementerio. El cuerpo fue encontrado en 1978 en las costas de Nueva Palmira.
Cementerio. El cuerpo fue encontrado en 1978 en las costas de Nueva Palmira.

Así consignó este fin de semana el semanario "El Eco" de Nueva Palmira tras informar que Juan Pérez Quiñones, oriundo de Mercedes y familiar de desaparecidos en Argentina, encontró el registro de una presunta víctima de la dictadura militar, asentado en el libro del cementerio de esta ciudad al oeste de departamento de Colonia.

Quiñones y el Concejal Heber Márquez, quien intercedió para que Quiñones accediera a los archivos municipales, deberán presentarse a declarar en el Juzgado de Carmelo a cargo de la doctora Ana Claudia Ruibal, tras asumir competencia en el caso en primera instancia el juez de Paz de Nueva Palmira Javier Gandini.

Todo comenzó hace alrededor de un mes cuando Pérez Quiñones se encontraba trabajando en una obra en construcción en Nueva Palmira y
allí escuchó a un vecino contar que durante la dictadura, en el cementerio de Nueva Palmira "los milicos venían de noche a enterrar gente". Luego de contactarse con el Concejal Heber Márquez, Quiñones accedió a los archivos del cementerio local y encontró el registro perteneciente a "un fallecido sin hora" entre el 12 y 13 de setiembre de 1978 "del cual se ignora su edad" escrito con pluma "que tendría 20 y 25 años" según fue certificado por el médico forense de la época víctima de "asfixia por inmersión".

El cuerpo fue sepultado en el cementerio de Nueva Palmira, según el registro en la fosa 72 cuyo registro fue borrado en el terreno y por lo que puede corresponder a varios cuerpos, ya que hay sepulturas en tierra que sólo tienen una madera y una chapa grabada con el año de fallecimiento. Según pudo saber LA REPUBLICA, el cuerpo del joven podría estar sepultado más abajo, ya que antiguamente la normativa municipal señalaba 1,50 de profundidad para realizar los enterramientos y más adelante se cambió a 80 centímetros; "puede estar debajo de otro cuerpo" señalaron las fuentes consultadas. Según la periodista Nancy Banchero "el joven vestía remera roja, botas cortas y jean.

Su rostro no pudo identificarse por estar comido por los peces" y habría sido encontrado por personal de la sub prefectur al local flotando en las costas de Nueva Palmira.

Las especulaciones que se hacen por estas horas en la ciudad señalan que podría tratarse de una víctima de los vuelos de la muerte, que durante la dictadura en Argentina se utilizaban para tirar al Río de la Plata los cuerpos torturados de miles de víctimas de la represión militar. En aquellos años un total de 8 cuerpos llegaron a las costas de Colonia y sus restos preservados, se encuentran depositados en el cementerio de Colonia del Sacramento.

Pero también podría tratarse de un uruguayo, ya que según supo Quiñones de boca de pobladores de Nueva Palmira, a los que conoció en este tiempo trabajando en la construcción, "vehículos con militares llegaban por la noche antes de 1980 al cementerio de Nueva Palmira y se iban en la oscuridad".

Justicia asumió investigación sobre posible víctima de la dictadura en Nueva Palmira.

FuentedeOrigen:LaRepublica
Fuente:Agndh
EL TESTIMONIO DE LA URUGUAYA ANA MARIA SALVO EN EL JUICIO POR AUTOMOTORES ORLETTI

Cara a cara con represores del Cóndor

Fue secuestrada el 14 de julio de 1976, llevada a Automotores Orletti y después a Montevideo. Reconoció a varios represores, entre ellos a Raúl Guglielminetti, Osvaldo Forese y Honorio Martínez Ruiz.

Ana María Salvo viajó desde Uruguay para declarar en la causa por los crímenes de Automotores Orletti.

Por Alejandra Dandan

En el sala de audiencias volvieron a escucharse los nombres de varios represores. Ana María Salvo viajó desde Uruguay para declarar en la causa por los crímenes cometidos durante la dictadura en el centro clandestino de detención Automotores Orletti. Frente a ella, con la misma campera beige que suele usar en los últimos días, la escuchaba el represor Raúl Guglielminetti, el mismo que ella nombró con el alias de “Ronco”. El mismo que luego reconoció en una carpeta de imágenes viejas. El mismo que la sacó de la casa de su hermano el día de su secuestro.

Ana María es una de las víctimas uruguayas que sumaron su declaración en la causa de Orletti, desde donde operaron fuerzas conjuntas uruguayas y argentinas en el marco del Plan Cóndor. Por donde pasaron además Carlos y Manuela Santucho, hermanos de Roberto Santucho. Y en donde los militares asesinaron sumergiendo en un tacho de agua de unos 200 litros a Carlos Santucho. Ana María, como lo habían hecho otros testigos, también habló de ese episodio. Nombró entre quienes estuvieron alrededor de esa muerte a Pajarovich, alguien “escandaloso”, dijo, que se vanagloriaba y se ufanaba de lo que hacía. Pajarovich es Honorio Martínez Ruiz, que metros atrás la miraba, a muchos años de ese momento, esta vez sentado entre los acusados, con la necesidad de levantar la vista para pedir ir al baño, esperar a que un guardia se le acerque, le ponga las esposas en las manos y por un momento lo saque de la sala.

Al lado de Guglielminetti suele sentarse su abogado Pablo Labora, encargado de hacer las preguntas y escudriñar densamente a los testigos cuando hablan. Ana María intentó no mirarlo, percibía los ojos del abogado frente a su cara.

Ana María Salvo llegó a Buenos Aires en abril de 1974. Hasta ese momento, era militante estudiantil, participaba de las actividades contra la dictadura uruguaya y había sido detenida en su país por las Fuerzas Armadas. Su pareja ya se había trasladado a Buenos Aires, él era militante sindical y estaba requerido en Uruguay. En Argentina, Ana María tuvo a su segundo hijo y dejó la militancia para criar a los chicos. Estudiaba enfermería y empezó a trabajar en un geriátrico. El 14 de julio de 1976 fue a visitar a su hermano, que vivía en un departamento de la calle Venezuela. Cuando tocó timbre la recibió una patota de civil que se presentó como “fuerzas conjuntas uruguayas y argentinas”. Le preguntaron quién era. Ana María vio la casa vacía. No estaban su hermano ni la familia, y tampoco estaban el televisor ni los equipos de música. En un vehículo particular la trasladaron a lo que muchos años después supo que era Orletti. La cortina metálica que se abría, muchos de sus compañeros tirados en el piso de ese taller manchado de aceite y de grasa. A poco de llegar, la subieron a una de las habitaciones de la planta alta, la sentaron ante un escritorio y le sacaron la venda.

“Se aproxima un militar uruguayo –dijo–. Reconocí la voz porque me había interrogado en Uruguay, era Manuel Cordero.” Y Cordero le dijo: “Somos viejos amigos”. Con él estaba José “Nino” Gava-zzo. Cordero le aseguró que sabían que ella ya no estaba militando, que buscaban a su hermano, que ella era una “gila”, pero, recordó ella, “que igual me la iba a tener que comer, que ahí iba a encontrar a alguno de mis conocidos: ‘Los estamos haciendo pelota`”.

Habló de los gritos de personas, “no me cabe ninguna duda de que eran torturados”, del ruido del tren, y del “escándalo”.

–¿Puede explicarme qué quiere decir cuando dice escándalo? –preguntó el fiscal Guillermo Friele.

–Es que estaban los presos ahí tirados, los gritos, alguna vez hubo una fiesta ahí con mucho escándalo, como si estuvieran todos borrachos, todo el tiempo eran escenas de mucha agresividad.

Ana María está convencida de que un día después de esa fiesta comió la única comida. Normalmente les daban un pedazo de pan, si se los daban, pero ese día hicieron un guiso, creo, dijo, “con las sobras del día anterior, porque en la comida había escarbadientes, chapitas, por lo menos a mí me tocó un escarbadientes”. Poco más tarde, habló de la persona que habría preparado ese guiso, lo nombró como el “Jovato”, el alias de Aníbal Gordon.

En medio de otro escándalo, esta vez discusiones entre argentinos y uruguayos por parte del botín, se montó el operativo clandestino para llevar a un grupo de uruguayos de regreso a su país.

Varios testigos ya hablaron del edificio de la SIDE uruguaya en Boulevard Artigas, en Montevideo. Explicaron que pasaron de visita los militares argentinos. Ella lo repitió. También habló de Claudia García Iruretagoyena, madre de Macarena Gelman y nuera del poeta Juan Gelman. “La guardia hablaba de una mujer embarazada, una noche hubo movimientos para que llamen a una ambulancia, decían que había que llevarla al hospital militar, que si no se apuraban el bebé iba a nacer adentro”. El bebé volvió. “Me dijeron –dijo ella– si yo sabía preparar una mamadera porque sabían que yo tenía hijos chicos y se sentían llantos de un bebé.”

Cuando a ella la secuestraron, pudo ver a sus captores porque no tenía los ojos vendados. Ayer mencionó sus alias. Habló del Flaco, de Ronco o Guglielminetti y de Paqui u Osvaldo Forese, a quien luego vio dentro del centro, al que describió como otro de los escandalosos: “Cuando estaba él, el clima en el centro clandestino era de un terror bastante grande”.

Ronco seguía ahí, en la audiencia. También Pajarovich. A pedido del fiscal, ella revisó una carpeta de fotos viejas. Señaló a Paqui, a Ronco y a Pajarovich.

–Perdón, señora –le preguntó la defensa oficial de Martínez Ruiz–, si usted dice que adentro del centro estaba vendada, ¿cómo identificó a Pajarovich?

Ella respondió: –Por debajo de las vendas se veían algunas caras, puedo tener más o menos detalles, algunas las puedo reconocer, otras no.

Pajarovich había vuelto del baño. Los mocasines negros lustrados, el traje azul. Al lado estaba Eduardo Ruffo y contra la pared Eduardo Cabanillas.

Detrás, del otro lado del vidrio, cerca de los hijos de Ana María, dos mujeres de los represores seguían la audiencia. Cabanillas se dio vuelta durante la audiencia. La más arrugada de las dos, la de saquito color mostaza, decía una de las viejas militantes de la sala, es su mujer.

Ellos habían dejado de leer el diario La Nación, que hojeaban antes de la audiencia. Todo era silencio. Ana María dejó de hablar. El publico terminó de escucharla. Y aplaudió.

FuentedeOrigen:Pagina12

Fuente:Agndh

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