Durante años, los tribunales federales parecieron impenetrables. Las disputas internas y la presión de los organismos de Derechos Humanos cambiaron por completo esa realidad. Quiénes tienen el poder y quiénes lo pueden perder. Camaristas, jueces, fiscales y dos bandos claramente diferenciados.
Hasta hace unos meses, la Justicia Federal de Mendoza se podía representar como una esfera hueca, pero de superficie oscura e impenetrable. No había manera de saber lo que ocurría adentro. Todo comenzaba y moría en el edificio ubicado en calle España y Pedro Molina… Hasta que las denuncias en contra de diferentes magistrados tuvieron un efecto corrosivo en esa capa blindada a la opinión pública.
Algunos jueces se sintieron cercados. Y frente a la posibilidad de enfrentar un eventual jury de enjuiciamiento, comenzaron a blanquearse los bandos en pugna; cómo están repartidas las fuerzas y a qué intereses responde cada uno.
¿Quiénes mandan? Los gruesos hilos del poder son manejados en la Cámara Federal de Mendoza, como corresponde por ser el tribunal de mayor rango. Quienes toman las decisiones finales son Otilio Romano y Luis Miret, los dos camaristas que actualmente están imputados por ser cómplices de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
Enquistados en sus cargos desde hace más de 25 años, se dedicaron a construir durante ese tiempo una estructura clientelar. Fue un aparato sustentado por empleados rasos, secretarios y nombramientos irregulares de conjueces, y ligado directamente con grupos económicos de la provincia que dependían de sus fallos judiciales.
En la misma Cámara, Julio Petra y Alfredo López Cuitiño actúan como una especie de satélites o líberos. Lo hacen bajo órdenes concretas en aquellos casos en los que, por diferentes motivos, Miret y Romano son recusados o no tienen más remedio que inhibirse.
El quinto camarista en cuestión es Antonio Endeiza, ideológicamente alejado de sus colegas, pero sin peso específico para convertirse en opositor. Es, en otras palabras, un camarista neutral con una influencia limitada.
El principio del fin. La reactivación de las causas por violaciones de Derechos Humanos entre 1975 y 1983 puso incómodos a Miret y a Romano. Sabían perfectamente que sus nombres aparecerían en las testimoniales y comenzaron a ejecutar medidas tendientes a la dilación y a la postergación de los juicios. A eso, se sumaron sus cada vez más comprometidos fallos a favor del Grupo Uno, con antecedentes que remontan al histórico litigio entre Alfredo Vila (padre) con la Universidad Nacional de Cuyo por los terrenos donde actualmente se asienta el barrio Dalvian.
En esa estructura actuaba el ex juez de primera instancia Alfredo Manuel Rodríguez, quien alguna vez apareció abrazado a Alfredo Vila en una foto de cumpleaños. En los últimos años, el papel de Rodríguez fue tomado por la jueza Olga Pura Arrabal, responsable directa de frenar durante meses la nueva Ley de Medios; de intentar impedir la transmisión del Canal 7 Televisión Pública en Mendoza, y de intervenir de manera arbitraria en las denuncias contra los casinos privados que se presentaban como competencia de ciertos intereses presuntamente ligados con la sociedad entre Daniel Vila y José Luis Manzano.
Cuando la Corte Suprema de Justicia dio vuelta el fallo de la Cámara referido a la Ley de Medios, el mensaje fue concreto: los vicios de la justicia menemista eran parte del pasado y no había lugar para desprolijidades jurídicas.
El equipo contrario. El sistema de subordinación creado por la Cámara nunca logró abarcar a los Tribunales Orales Federales. Allí militan los jueces que realizan los juicios orales y cuyas doctrinas filosóficas son radicalmente opuestas a las de Miret, Romano y compañía. Ellos son Roberto Burad, Héctor Cortez, Roberto Naciff y Juan Antonio González Macías.
En el mismo bando militan los fiscales federales Omar Palermo y Dante Vega, reconocidos por los organismos de Derechos Humanos de Mendoza.
Además, y sin proponérselo, el juez federal de instrucción Walter Bento también quedó de este lado de la vereda. Se convirtió en enemigo público del “clan Miret-Romano” cuando imputó a los camaristas, aunque la relación tirante era preexistente.
Hace un tiempo, Bento –a cargo de la Justicia Electoral- no renovó el contrato por el cual uno de los hijos de Romano cumplía funciones en ese fuero. La decisión habría tenido que ver con la baja calidad del trabajo hecho por el chico y por su poca disciplina y apego a las tareas.
Casi como una coincidencia, desde la Cámara se inició un sumario en contra de un cuñado del juez y se lo exoneró.
Estrategia de combate. Luego de resolver la excarcelación de todos los imputados por delitos de lesa humanidad en Mendoza, Miret y Romano motorizaron denuncias en el Concejo de la Magistratura contra los jueces del Tribunal Oral. Los acusaron de demorar el inicio de los juicios y de estar perjudicando a los familiares de las víctimas. Como testigo, ofrecieron a Eduardo San Emeterio, un abogado hijo y nieto de militares, conocido a nivel nacional por defender a diversos represores que requirieron de sus servicios.
Miret, Romano y San Emeterio parecen trabajar en grupo. En una denuncia hecha por el abogado en contra de los representantes legales de los organismos de Derechos Humanos en marzo de este año, hizo una devolución de gentileza y puso a los camaristas como testigos. Y misteriosamente, reapareció la semana pasada para denunciar al Tribunal Oral (Burad, Naciff y Cortez) que está llevando adelante el juicio contra represores en San Rafael.
Todas las denuncias fueron desestimadas.
Mientras esto sucedía, y para terminar de embarrar la cancha, los camaristas fueron contra el juez Bento y contra fiscal Palermo (máximos responsables de sus imputaciones). Los acusaron por violar el secreto de sumario y haber dejado trascender información a la prensa. Justamente a ellos dos, que están lejos de ser amigos, y que además tienen escaso o nulo contacto con los periodistas. Sobre todo Bento, que resulta prácticamente impenetrable.
Miret y Romano saben que esas presentaciones no prosperarán. Pero como la idea es ganar tiempo, apuestan a que la fiscal federal Alejandra Obregón –cercana a ellos- tenga esas denuncias en “stand by” al menos unos días, semanas o meses. Con eso alcanza.
¿Final cantado? La disputa plantea dos modelos. Dos modelos de hacer justicia. Y dos modelos para entender la incidencia política en el sistema judicial. Y quienes apostaban al mantener el halo de oscurantismo y misterio, hoy se sienten desnudos.
FuentedeOrigen:http://www.mdzol.com/mdz/nota/234826
Fuente:Agndh
La Magistratura le apunta a Petra y quiere avanzar en el Jury a Miret
El futuro de los camaristas se complica. La semana que viene se reúne la Comisión de Disciplina y Acusación para votar por ambas causas
Por DANIEL CALIVARES
Miret
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza está en la mira, y la tranquilidad de sus integrantes parece resquebrajarse de a poco. A las imputaciones que pesan sobre los camaristas Otilio Romano y Luis Miret y las sospechas avanzadas contra estos en el Consejo de la Magistratura se suma ahora la investigación que recayó sobre Julio Demetrio Petra, respecto de quien los consejeros decidirán la semana que viene si lo citan o no por mal desempeño de sus funciones tras haber ordenado la excarcelación de todos los imputados por delitos de lesa humanidad en la provincia.
Al mismo tiempo, diversos consejeros coincidieron en que la imputación del juez federal Walter Bento contra Romano y Miret, quien será indagado hoy, puede haber sellado la suerte de ambos. Justamente, la semana que viene también se tratará de avanzar en el proceso que la Magistratura tiene en contra de este último, quien está acusado de no haber investigado denuncias de torturas y desapariciones durante 1975/1983.
LOS IMPUTADOS. El Sol consultó a diversas fuentes del Consejo de la Magistratura y todas coincidieron en un punto: las imputaciones dictadas por el juez Walter Bento en contra de los camaristas Otilio Romano y Luis Miret podría haber sellado su futuro. En el caso de Romano, se encuentra imputado por 55 privaciones ilegítimas de la libertad y 39 hechos de torturas, mientras que Miret por 31 hechos, entre los que hay presuntas desapariciones, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y robos. De hecho, la situación de Miret podría complicarse mucho más el jueves que viene, cuando el consejero Héctor Masquelet informe, en la reunión de la Comisión de Disciplina y Acusación sobre la presentación contra este y pida que lo suspendan del ejercicio de sus funciones.
En el caso de obtener la mayoría de los votos de la comisión, la acusación pasaría al plenario del Consejo de la Magistratura, que sería la que finalmente determine si se le debe realizar a Miret un juicio especial, que puede concluir en su destitución como camarista federal. Esto sólo se lograría en caso de que se consigan, en el plenario, las dos terceras partes de los votos entre un total de 13 consejeros. Los consejeros consultados también afirmaron que las imputaciones hechas por Bento pueden provocar el empuje necesario para que se consigan los votos necesarios. En el caso de que la semana que viene la acusación contra Miret sea girada al plenario, este daría a conocer su decisión el 16 de setiembre.
Diferente es el caso de Romano, ya que la imputación serviría para avanzar la acusación en su contra en el Consejo de la Magistratura, ya que contempla delitos que no estaban abarcados en el amparo que presentó a través del juez ad hoc Carlos Parellada y que sirvió para frenar la investigación que había sobre él, que aún se encuentra parada, con la defensa de Romano pendiente.
EL TERCERO. Otro que también está en la mira de la Comisión de Diciplina y Acusación es el juez federal Julio Demetrio Petra, quien, igual que Romano y Miret, es miembro de la Cámara Federal de Apelaciones. Según confirmaron diversos consejeros, en la reunión del jueves de la Comisión de Disciplina y Acusación se tratará la citación del magistrado por el expediente 434/08, caratulado Yanzón Rodolfo y otros c/Dres. López Cuitiño, Pereyra González y Demetrio Petra Fernández. Esta denuncia fue hecha por Yanzón, y entre los firmantes figuran los abogados de los organismos de derechos humanos de Mendoza Pablo Salinas, Viviana Beigel y Alfredo Guevara.
Según confirmaron desde el Consejo de la Magistratura, la denuncia contra Petra se refiere a cuando la sala integrada por Alfredo López Cuitiño, Carlos Pereyra González y el mismo Petra ordenó la libertad de todos los acusados por crímenes de la dictadura que se encontraban encerrados en la provincia. Según el reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación, en caso de que los consejeros decidan citarlo a través del artículo 20, Petra deberá presentar su defensa en un plazo no mayor a las dos semanas, y lo podrá realizar de manera escrita o personalmente. Entre los liberados por la Cámara Federal de Apelaciones se encuentran Eduardo Smaha y Orlando Dopazo, quien era coronel de Inteligencia militar.
Además, a Petra se le imputa falta de imparcialidad por no haberse inhibido en una causa en la cual, en una conferencia de prensa, ensayó una suerte de defensa de su labor en los expedientes relacionados a causas de lesa humanidad y criticó a los organismos de derechos humanos. Según explicaron fuentes de la comisión, lograr la citación de Petra es el equivalente a una citación de indagatoria en el Código Procesal Penal. El tratamiento de la citación de Petra iba a ser la semana pasada, pero se suspendió debido a un pedido del consejero Mario Candioti, quien, según las fuentes, suele votar junto a los dos consejeros radicales (Oscar Aguad y Ernesto Sanz), que no estaban presentes.
Rechazan nulidad y señalan a Guevara
El Tribunal Oral Federal 2 rechazó el pedido de nulidad del juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva adelante en San Rafael. Asimismo, en el único testimonio que hubo ayer, Ana Sueta señaló que a su marido, Héctor Massini, lo torturó el imputado Aníbal Guevara en agosto del 76.
La Corte, a favor de González Macías
La Corte Suprema de Justicia, a través de un fallo, permitió que se hiciera un avance que puede provocar que en las próximas semanas comience un nuevo debate oral por delitos de lesa humanidad, pero esta vez en la Ciudad de Mendoza. El mayor órgano de Justicia revocó la sentencia de la Cámara de Casación que provocó a principios de marzo que el juez Juan Antonio González Macías fuera separado del tribunal que iba a llevar adelante un debate oral que debía comenzar el 11 de marzo contra 11 imputados en 18 causas de delitos de lesa humanidad. La Corte nacional, en su fallo, se mostró de acuerdo con lo dicho anteriormente por el procurador general Esteban Righi, quien aseguró que casación cayó en una confusión al creer que González Macías había participado en la instrucción de una de las causas. Sin embargo, el análisis de los expedientes demostró que no era así. A través del fallo, los magistrados le ordenaron a Casación un nuevo pronunciamiento que arreglara aquel que provocó la separación de González Macías y, en consecuencia, la suspensión del debate.
Fuente:Agndh
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