A los/as compañeros/as, hermanos/as, militantes y en especial a quienes honran la memoria de Silvia.
Queremos que se investiguen todas la hipótesis y, fundamentalmente, la de “crimen político por encargo”, lo seguimos reclamando a casi seis meses del asesinato mas cruel y sangriento a una compañera militante y testigo de juicios de terrorismo de estado.
Hace meses que venimos sosteniendo que no se debía cerrar el caso con la simplificación y mentiras que planteaban los funcionarios de gobierno, que se debía investigar hasta que todos quedemos convencidos de cuales habían sido los móviles del asesinato de Silvia.
El desarrollo del expediente nos lleva a plantear demasiadas dudas por la impericia policial, las tremendas contradicciones de los funcionarios policiales en sus testimoniales, las llamadas anónimas nunca investigadas y la escasez de medidas que abran una línea de investigación distinta al “homicidio en ocasión de robo”. Nuestro compromiso y nuestro deber, fue y sigue siendo: insistir en el esclarecimientos de los hechos.
A lo largo de estos meses ha habido indicios que nos llevaron a insistir mucho mas en la profundidad de la duda.
Y últimamente, tomaron contacto con nosotros personas que tenían datos e información importante para la causa, a ser tenida en cuenta para su posterior investigación.
Por la seriedad de la información y por razones de seguridad no pudimos informar abiertamente por lo que acudimos a las autoridades nacionales, que nos brindaron todo su apoyo y pusieron a trabajar en el tema al organismo competente: el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados y el Programa Nacional Verdad y Justicia, ambos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Con estos elementos, nos presentamos a Juzgado Federal Nº 1, a cargo del Dr. Rodríguez en la causa “Hattemer-Suppo-Destéfani” donde los hijos de Silvia –Marina y Andrés- son querellantes, solicitando se autorice una testimonial con identidad reservada.
A lo solicitado, el juez corrió vista a la fiscalía, a cargo de la fiscal Cintia Gómez de Martínez y el día martes 31 de agosto se concretó la testimonial. Ese día se hicieron presente los funcionarios de nación mencionados.
El juez federal tomó la testimonial, en presencia de la fiscalía y la querella. Al día siguiente corrió vista a la fiscal Gómez de Martínez, quien presentó un escrito propiciando el desglose (separación) de la declaración testimonial y su remisión al juzgado de Rafaela.
El juez federal resolvió desglosar la testimonial y remitirla al juzgado de Rafaela junto con el sobre con los datos del testigo que declaró bajo la figura protegida de identidad reservada, sin comunicar ni a la querella ni a las autoridades del programa nacional con la gravedad que esto implica para la seguridad de los intervinientes.
Y una vez mas se comprueba lo que decimos, sin la notificación a las partes y sin conocimiento aún de la querella que recién es notificada de todo lo actuado el día 6 de septiembre: desde el juzgado de Rafaela se “filtra” el contenido de esa declaración bajo identidad reservada y sale publicado en el diario local (Castellanos día 8/9/2010), plagado de inexactitudes, de mentiras y de adjetivaciones contra la querella.
Pero lo que no dice el artículo del diario y que es absolutamente necesario mencionar, es que el testigo identifica como responsables del armado del ataque homicida a Silvia, a condenados e imputados por crímenes de lesa humanidad.
Con extrema prudencia y con las reservas que la situación requiere, hemos intentado manejar esto, por la seguridad de la investigación y de las personas pero, ante la gravedad de lo que está sucediendo queremos compartir estas líneas con todos/as ustedes porque es la única manera de protegernos y que entre todos/as vayamos viendo los pasos a seguir.
Beatriz Pfeiffer, Anatilde Bugna, Víctor Salami,Valeria Silva, Guillermo Munné, Paula Condrac, Lucila Puyol
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