Cómo funciona la estructura legal y secreta para beneficiar a represores
Por Ricardo Ragendorfer.
El caso de los policías en actividad que encubrían a apropiadores de menores es la punta del ovillo de una vasta organización que opera entre la superficie y la clandestinidad.
Con el anuncio del último nieto recuperado, Estela de Carlotto denunció al subcomisario Carlos Garaventa por haber entorpecido en su momento la investigación al alterar las muestras genéticas. Esa denuncia, efectuada el 23 de agosto ante el Ministerio de Justicia, puso al descubierto una red destinada a encubrir apropiadores de bebés, la cual involucra a efectivos de la División Operaciones de Seguridad Interior de la Policía Federal. Tal elenco también habría malogrado las pruebas genéticas de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble y otros nueve casos más. Ello supone la existencia de una estructura aún mayor al servicio del desvío de pesquisas sobre delitos de lesa humanidad. Hechos tales como la desaparición de Julio López, el extraño suicidio del ex prefecto Héctor Febres en su lugar de detención, el asesinato de Silvia Suppo, quien fuera testigo del juicio contra el ex juez Víctor Brusa, junto a muchos otros testigos amenazados o secuestrados por horas, son los datos más extremos de semejante accionar. A ello se le suman operaciones psicológicas de diversa envergadura, además de un armado clandestino para financiar, alertar y proporcionar cobijo a los camaradas prófugos. Una fuente vinculada al mundillo de los militares retirados señaló a Miradas al Sur que la punta del ovillo estaría en algunas agencias de seguridad privadas vinculadas a viejos hacedores del terrorismo de Estado. Algunos hechos, personajes y circunstancias parecen darle la razón.
A puerta blindada. “Con esos muchachos tengo una amistad de 20 años, doctor.” Esa frase acababa de salir de la boca del entonces intendente de Escobar y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Luis Abelardo Patti. El doctor era Claudio Bonadío, a cargo del Juzgado Federal Nº 11. Y “los muchachos”, dos represores del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército: Jorge Granada y Luis Jorge Aras Duval. Ambos pudieron permanecer prófugos durante más de un año gracias a la cobertura y el financiamiento del ex subcomisario. Ahora, en la tarde del 26 de agosto de 2003, el magistrado lo indagaba por el delito de encubrimiento. En su momento, el asunto pasó como un caso aislado de ayuda a compinches en desgracia. Pero ciertas circunstancias que recién en estos días empiezan a trascender indicarían que ello no fue así.
Al menos, eso puntualizó el hombre que dialoga con Miradas al Sur en una mesa al fondo del salón de Los 36 Billares. Y agregó:
–Patti, en esa época, iba seguido a la oficina de la calle Florida.
El tipo parece saber de lo que habla; se trata de un ex suboficial del Ejército que supo mitigar el ostracismo de su exoneración con changas en la agencia de seguridad Scanner SA., cuyas oficinas justamente están en el quinto y sexto piso del edificio de Florida 868. Esa empresa fue fundada en 1998 por el ex teniente coronel Héctor Schwab, hoy prófugo de la Justicia por crímenes de lesa humanidad cometidos en Tucumán bajo las órdenes de Antonio Bussi.
El suboficial no tiene empacho de nombrar a otros frecuentes contertulios de su antiguo empleador: los carapintadas Emilio Nani y Gustavo Breide Obeid; también se reunía con ellos el general retirado Juan Miguel Giuliano y el coronel (por entonces, en actividad) Andrés Fernández Cendoya, hijo de un militar muerto en un atentado cometido en 1976 por Montoneros.
Con todos ellos, Schwab organizó la denominada Unión de Promociones, una organización integrada por efectivos retirados de las Fuerzas Armadas para reivindicar el terrorismo de Estado y oponerse a las cúpulas castrenses actuales, las que –de acuerdo con su óptica– son cómplices de los juicios contra sus camaradas. La fundación de dicha cofradía coincidió con el arresto de 45 represores por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral por pedido de su par español Baltasar Garzón.
Ya se sabe que el ex comisario Patti también tenía un estrecho vínculo con Schwab, junto a su suegra, la diputada Nélida Mansur, del Partido Unidad Federalista (Paufe). Poco después empezarían a dejarse ver en las oficinas de la calle Florida un joven militar en actividad y su simpática esposa: el mayor Rafael Mercado y Cecilia Pando. Lo cierto es que el dueño de casa tenía grandes planes para ellos.
Allí se planificó la instalación de ella en el star system de la ultraderecha procesista, a través de la ya famosa carta publicada en el correo de lectores del diario La Nación, en defensa del obispo castrense, Antonio Baseotto, quien había sugerido tirar al mar al ministro de Salud, Ginés González García. La repercusión de esa misiva –según el hombre que habló con este dominical– contemplaba la posible expulsión de Mercado del Ejército –lo cual, efectivamente, sucedió–, ante lo cual Schwab le había prometido de antemano un puesto ejecutivo en su agencia, además de un lugar de residencia para su familia.
En realidad, la actual líder de la autodenominada Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (Afyappa) fue una criatura minuciosamente diseñada por los represores y sus aliados para canalizar sus reclamos públicos. Pero, desde luego, también contarían con otros recursos menos visibles.
Las patas de la serpiente. Ciertas agencias de seguridad privada suelen ser las bases desde las que los antiguos represores articulan sus operaciones, tanto legales como encubiertas, para enfrentar los embates del presente.
A modo de muestra el nombre de la agencia Bridees –que proveía protección a las empresas del Grupo Yabrán– era en realidad un apócope de “Brigadas de la Esma”. Lo cierto es que los ejemplos abundan. Por caso, el ex coronel Aldo Álvarez, prófugo de la Justicia por crímenes cometidos en Bahía Blanca, encabezó la agencia Alsina SRL, prestadora de servicios a bancos, countries y edificios. El ex capitán Hugo Espeche, preso por su participación en la Masacre de Las Palomitas, es socio mayoritario de Espe SRL, contratada por una petrolera en Chubut. El ex coronel del Batallón 601 Víctor Gallo regenteaba la agencia Lince, famosa por su publicidad en Radio Continental. Y el coronel retirado Rodolfo Solís, tambíen del Batallón 601, fue directivo de la consultora de seguridad Lyons SRL, una pyme en la que también se reciclaron otros ex represores como Alberto José Jaime y Ezequiel Causada. Entre sus mejores empleados, figuraba nada menos que el hoy afamado espía Ciro James.
Lo cierto es que Solís es una importante pieza del engranaje articulado desde la sombra por los represores, ya que es el principal asesor castrense del sindicalista Jerónimo Momo Venegas, y por ende, de su mandante, Eduardo Duhalde. El Chino –tal como sus camaradas llaman a Solís– es además el nexo entre el ex presidente interino y familiares de presos por delitos de lesa humanidad. En resumidas cuentas, este frente tiene la ardua misión de cultivar en ciertos espacios de la política un freno a los juicios por delitos de lesa humanidad.
No es ajena a dicha tarea la pata eclesiástica de dicho club. Uno de sus referentes más activos es nada menos que Basseotto. Otro, el cura ultranacionalista Aníbal Fosbery, quien dirige la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta), la cual controla decenas de colegios en todo el país y, además una universidad que cuenta con sedes en Mar del Plata y Bariloche. Dicen que esa organización suele aportar financiamiento, consuelo espiritual y hasta techo a los ex uniformados en apuros. Lo cierto es que su titular posee una estrecha relación con algunos sectores castrenses. Tanto es así que mantiene un fluido nexo con el general retirado Daniel Reimundes, mano derecha del extinto jefe del Ejército Ricardo Brinzoni, autor intelectual de la repolitización de las Fuerzas Armadas.
No menor es el papel que juegan algunos estudios jurídicos. Sus cabezas visibles, además de proveer asesoramiento legal a militares y civiles acusados por haber ejercido la represión ilegal, también se encargan de gestionar todo tipo de beneficios para ellos en los escarpados pasillos del Poder Judicial.
Por caso, entre los abogados del estudio de Roberto Durrieu, quien fue nada menos que ministro de Justicia de Videla, figura el doctor Hernán Munilla Lacasa, que a la sazón es el hermano de Marcelo Munilla Lacasa, un fiscal que, casualmente, tramitó con tolerancia extrema y guantes de seda una causa por extorsión que tuvo como principal acusado nada menos que al ya mencionado Schwab.
Lo cierto es que los abogados vienen marchando. No todos, pero sí un grupo más o menos numeroso que se juntó hace seis meses para hacer algo por los “presos políticos”, ese eufemismo con el que llaman a los militares detenidos por crímenes cometidos durante la última dictadura.
La génesis de la red de leguleyos sucedió hace casi dos años, en el verano de 2009. Se juntaron primero 20, que pronto se multiplicaron por diez. En agosto último dijeron todos para uno, uno para todos, y parieron la asociación. De Abogados por la Concordia y la Justicia, la bautizaron. Concordia, una palabra de moda entre los seguidores de las dos pe: pandistas y procesistas. Cinco meses después, ya son 300. Con un férreo compromiso por la defensa y el apoyo a los reos de las fuerzas armadas y de seguridad.
El objetivo de la ONG es, dicen, “bregar por la vigencia irrestricta del estado de derecho, fomentar y difundir el conocimiento de las ciencias jurídicas y sociales y contribuir al perfeccionamiento de la legislación y de los procesos judiciales”. Y buscar la “pacificación nacional”, esas palabras que lo que en verdad buscan decir es: amnistía a los criminales de la dictadura. Diego Guelar, al menos, no dio tantas vueltas al pedir un perdón para los militares. La gacetilla que dio cuenta del nacimiento de la asociación asegura: “Con auspicio de la fuerte presión ideológica del Gobierno, se ha conseguido forjar en los tribunales una visión asimétrica, falsa y unilateral, de lo ocurrido en el país hace treinta años, inmolándose los principios jurídicos más básicos de las sociedades civilizadas”. Como consecuencia de ello –argumentan– cientos de sus camaradas son “sometidos a procesos viciados, en condiciones vejatorias, algunos con años de encierro y sin condena”. En este “momento oscuro que vive la Patria” se proponen levantar –sostienen– las banderas de la “concordia y la reconciliación”. Dos palabras que repiten mucho, en sus escritos y cuando hablan.
A comienzos del 2009, el teniente coronel Schwab tuvo que alejarse de los sitios que solía frecuentar en razón de un pequeño traspié: la citación por parte del tribunal tucumano que investiga la desaparición en 1977 del empleado municipal Carlos Rocha. Desde entonces es uno de los 17 militares prófugos que la Justicia busca denodadamente.
Sin embargo, su paradero no es un misterio. Se sabe que Schwab logró huir a Miami apenas supo que había una orden de detención en su contra. Schwab fue citado dos veces a declaración indagatoria y nunca se presentó. Desde las costas de La Florida, donde permanece prófugo, el Pigmalión de la lobbista castrense Cecilia Pando se desespera por departir con sus antiguos camaradas que lo visitan en su paso por la península.
Sus camaradas y los jueces lo añoran.
El doble standard del abogado de Saguier
Por Daniel Cecchini.
Durante la dictadura, Carlos Fontán Balestra defendió a víctimas relacionadas con el Grupo Graiver. Hoy representa al presidente del directorio de La Nación en la causa de Papel Prensa.
Carlos Fontán Balestra, abogado de Julio César Saguier en la causa Papel Prensa. || Facsímil de la foja 35 de la acusación contra el ex gobernador bonaerense, Ibérico Saint Jean, donde consta la detención ilegal de Matilde Matraj en Puesto Vasco.
La elección de los abogados que representan a los directivos de Clarín y de La Nación en la causa en que se investiga si se cometieron delitos de lesa humanidad en la apropiación de Papel Prensa durante la última dictadura, amenaza con transformarse en un capítulo aparte de la instrucción del proceso. Miradas al Sur pudo saber que Carlos Fontán Balestra (hijo) –flamante letrado del presidente de la sociedad anónima propietaria del diario La Nación, Julio Saguier– representó en el pasado a personas estrechamente relacionadas con el Grupo Graiver, una de las cuales fue secuestrada por los grupos de tareas comandados por los genocidas Ramón Camps y Miguel Etchecolatz en el marco de la llamada Operación Amigo, que tuvo como blanco a herederos, familiares, socios y empleados de David Graiver. Esa persona, Matilde Matraj de Madanes, estuvo detenida-desaparecida en el centro clandestino de Puesto Vasco junto con Lidia Papaleo, Jorge Rubinstein y Juan e Isidoro Graiver. Al presentarse como abogado de Saguier, Fontán Balestra podría evitar que los fiscales lo citaran como testigo para que aportara información sobre la desaparición de Matraj de Madanes, indudablemente ligada a la causa que ahora se investiga.
Este conflicto de intereses que genera la irrupción de Fontán Balestra en la causa Papel Prensa –que, por orden del juez Arnaldo Corazza, instruye la Fiscalía Federal para delitos de lesa humanidad de La Plata– se suma a la evidente maniobra de presión sobre el magistrado que significa la participación de Hugo Wortman Jofré y Alfredo Gascón Coti como letrados del CEO de Clarín, Héctor Magnetto, y del ex director de La Nación, Bartolomé Mitre. Como señaló Miradas al Sur, a fines de 2008 estos dos abogados acusaron a Corazza de no haber protegido a Jorge Julio López durante el juicio oral contra Miguel Etchecolatz, lo que provocó, meses después, que el juez se alejara de la investigación por la desaparición del testigo, que estaba a su cargo.
Los secuestrados en Puesto Vasco. Matilde Matraj estaba casada con Manuel Madanes, socio del ex ministro de Economía del tercer gobierno de Perón, José Ber Gelbard, un hombre que tenía fuertes vínculos personales y económicos con David Graiver. Gelbard y Madanes controlaban Fate y, a través de esta empresa, eran propietarios de la mayoría del paquete accionario de Aluar (Aluminios de Argentina S.A.), la empresa nacional de aluminio surgida a principios de la década de los ’70 con fuerte ayuda estatal. Las garras económicas de la dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976 hicieron de Aluar una de sus presas más preciadas, y la asociación Madanes-Gelbard-Graiver fue la excusa utilizada en la ofensiva mediática para justificar la ofensiva sobre los propietarios de la empresa. Hace dos semanas, Eduardo Anguita reprodujo en Miradas al Sur una pieza emblemática de esta embestida, publicada por la revista Somos, de Editorial Atlántida. Allí decía: “Todos los días aparecen nuevas conexiones económicas vinculadas al grupo Graiver-Gelbard. El último y penoso episodio de este turbio caso es el capítulo ‘Medios de comunicación’ que tratamos en este número. Otro caso latente es el de la empresa Aluar. Ha trascendido, al respecto, que la Armada, al igual que la Fuerza Aérea y el Ejército, estarían firmemente dispuestos a llevar las investigaciones a fondo ante la imperiosa necesidad de preservar la autodeterminación nacional en el tema del aluminio”.
Luego del golpe de 1976, Gelbard se exilió en los Estados Unidos, donde murió en octubre de 1977. Unos meses antes, en marzo de ese año, mientras su socio Manuel Madanes se encontraba en el exterior, Matilde Matraj de Madanes fue secuestrada por un grupo de tareas en el aeropuerto internacional de Ezeiza, cuando esperaba para abordar un avión que la conduciría fuera del país. Desde allí fue llevada a Puesto Vasco, donde compartió el cautiverio clandestino con los integrantes del Grupo Graiver que también habían sido secuestrados por esos días, en el marco de la misma operación.
Finalmente, después de una negociación secreta con los militares, Manuel Madanes logró la liberación de su mujer, a cambio de su regreso a la Argentina. Mientras tanto, la presentación del infructuoso hábeas corpus para que la Justicia de los dictadores indicara el paradero de Matilde Matraj estuvo a cargo del estudio de Carlos Fontán Balestra. La conexión entre los secuestros de los miembros del Grupo Graiver y el de la mujer de Madanes salta a la vista. El secuestro de Matilde Matraj figura en numerosas causas por crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión ilegal en la provincia de Buenos Aires. Entre ellas, la que se sustanció contra el primer gobernador de la dictadura, Ibérico Saint Jean, y su ministro Jaime Lamont Smart. Allí, en la foja 35, al enumerarse los detenidos-desaparecidos relacionados con este proceso, dice: “Matilde Matraj (o Natraj de Madanes). Estuvo detenida ilegalmente en Puesto Vasco en un período entre abril y octubre de 1977. Tal circunstancia se encuentra demostrada por los dichos de sus compañeros de cautiverio”. En la misma lista figuran, por ejemplo, Isidoro Graiver, Osvaldo Papaleo, Jacobo Timerman, Luis Jara (jefe de redacción de La Opinión), Gustavo Caraballo, Silvia Fanjul y Lidia Gasualdi (secretarias del Grupo Graiver), Juan Graiver y Lidia Papaleo de Graiver.
No se trata de la única conexión de Fontán Balestra con la investigación sobre Papel Prensa que lleva adelante la Fiscalía platense. Durante la dictadura también fue letrado del ex titular de la Confederación General Económica, Julio Broner, investigado por la Conarepa, la herramienta maestra creada por los golpistas para apropiarse de las empresas que –como las del Grupo Graiver– consideraba vinculadas a “la subversión económica”. Doli, la mujer de Broner, era hermana de Jorge Rubinstein, la mano derecha de David Graiver en Egasa, quien también fue secuestrado durante la Operación Amigo montada contra el Grupo Graiver. Rubinstein murió en Puesto Vasco en marzo de 1977, durante una brutal sesión de torturas. Por esta muerte fue condenado, entre otros, el número 2 de Camps en el aparato de represión ilegal que funcionaba dentro de la Bonaerense, Miguel Etchecolatz.
Hoy, por su condición de abogado de Saguier, Carlos Fontán Balestra podría eludir presentarse si se lo citara a declarar como testigo –por estos casos– en la causa que investiga la Fiscalía de crímenes de lesa humanidad durante la apropiación de Papel Prensa. “Se trata, sin duda, de un conflicto de intereses. Si se lo mira sin inocencia, se lo puede ver también como una maniobra para evitar una declaración”, dijeron a Miradas al Sur fuentes tribunalicias.
Más chicanas judiciales. Por otra parte, la Fiscalía tomó nota pero no dio mayor relieve al pedido presentado la semana pasada por Fontán Balestra para que Julio Saguier declare sobre la reunión que mantuvo con Lidia Papaleo de Graiver. Saguier sostiene que durante ese encuentro, la viuda de Graiver le habría revelado un ofrecimiento monetario del Gobierno para que se sumara a la “operación” contra Clarín y La Nación por Papel Prensa.
Mientras tanto, Lidia Papaleo desmintió terminantemente las afirmaciones del presidente de la empresa propietaria del diario La Nación. En un primer momento, Saguier anunció, a través de las páginas del diario, que presentaría un escrito autenticado ante escribano sobre su testimonio. Pero, hasta el momento, el único documento que Fontán Balestra hizo llegar a la Fiscalía fue ese artículo de La Nación.
Mientras tanto, los defensores de Bartolomé Mitre y Héctor Magnetto volvieron a fracasar en sus intentos por embarrar la cancha con una nueva chicana judicial. El jueves, la Fiscalía rechazó, mediante un auto, un pedido que apuntaba a la anulación de parte de la prueba presentada por la querella. Wortman Jofré y Gascón Coti habían solicitado a los fiscales que declararan nula la prueba basada en el informe “Papel Prensa. La Verdad”. Fundamentaron el pedido en que ese informe fue elaborado por la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno. “Intentaron que no se valore la prueba obtenida en la Secretaría de Comercio, debido a que Mitre y Magnetto denunciaron a Moreno por amenazas en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Acusaron también a Moreno de arrogarse facultades judiciales al preparar el informe”, explicaron fuentes tribunalicias. Miradas al Sur pudo saber también que la Fiscalía basó su rechazo en dos razones: primero, porque la acusación de Magnetto y Mitre a Moreno es apenas una simple denuncia que no ha tenido comprobación; y segundo, porque las pruebas de la causa no se originan en el informe mencionado, sino que están sostenidas por alrededor de 27.000 fojas de documentación, incluidos la investigación del Fiscal Ricardo Molinas, el expediente de la sucesión de David Graiver y las actuaciones de la Conarepa, entre muchos otros documentos y testimonios recogidos en diversas instancias y durante muchos años. “Fue una chicana realmente infantil, pero todo suma a la hora de complicar para demorar el desarrollo de la instrucción de la causa”, confirmaron a Miradas al Sur las mismas fuentes.
FuentedeOrigen:MiradasalSur
Fuente:Agndh
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