Por Laura Vales
El primer detenido en la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra fue Pablo Díaz, el dirigente de la Unión Ferroviaria que el miércoles pasado comandó la patota. La Justicia también pidió la captura nacional e internacional de Cristian Favale, señalado como el barrabrava contratado para la ocasión que disparó sobre los manifestantes.
EL DIRIGENTE FERROVIARIO FUE DETENIDO ACUSADO DE COMANDAR LA PATOTA, EL BARRA ES BUSCADO POR TIRAR
Díaz adentro, el barrabrava Favale, prófugo
Según la Justicia, uno organizó la agresión a los militantes que buscaban cortar la vía y el otro sería uno de los tres tiradores. No fue señalado por los agredidos: lo habría identificado uno de la patota, arrepentido.
Pablo Díaz, dirigente de la Unión Ferroviaria y hombre clave de José Pedraza, fue detenido en el marco de la investigación del crimen de Mariano Ferreyra. Díaz fue señalado por numerosos testigos como la persona que comandó la patota que el miércoles atacó a los tercerizados del Roca que, junto a militantes de izquierda, intentaron cortar las vías del tren en Avellaneda. La hipótesis de la investigación es que habría sido además el responsable de reunir a un grupo de barrabravas que hicieron de fuerza de choque de la Unión Ferroviaria. Este es el primer detenido de la causa en la que hay además un prófugo, Cristian Favale, barra de Defensa y Justicia. Según el juzgado, Favale habría sido quien disparó contra el militante del Partido Obrero, causándole la muerte.
A Díaz lo detuvieron ayer por la tarde en Adrogué, en un local de la Unión Ferroviaria. Es el hombre fuerte del sindicato dentro del ramal del Roca y ocupa el cargo de representante de la UF ante la Ugofe, el ente que administra la empresa.
La presencia de Díaz al frente de la patota está documentada por testigos y filmaciones. El miércoles, antes de que Mariano Ferreyra fuera asesinado, hizo de vocero del grupo de la Unión Ferroviaria y advirtió ante las cámaras de televisión que “los trabajadores” no iban a permitir que se cortaran las vías. Hablaba todo el tiempo con un Nextel; fuentes de la investigación aseguraron que recibía órdenes de Juan “el Gallego” Fernández, el adjunto de la Unión Ferroviaria.
El prófugo Cristian Favale habría sido señalado como el autor material del asesinato por un testigo de identidad reservada. Como la causa está bajo secreto de sumario, sobre este punto sólo se conocen por ahora versiones. El testigo sería un integrante del grupo de la Unión Ferroviaria, que habría sido reclutado para impedir el corte de vías, pero que, espantado por el asesinato, se acercó a la fiscalía a declarar. El es quien habría identificado a Favale, de quien habría dicho además que estaba de remera roja.
Una fuente allegada a la investigación dijo a Página/12 que se cree que fue el único tirador y que usó un arma de calibre 38, que es la que hirió a Elsa Rodríguez y de la que también se encontró una vaina en el lugar del enfrentamiento. Los testigos entrevistados por este diario hablan, en cambio, de que hubo hasta tres personas con armas de fuego. La identificación de Favale como tirador no salió de los testigos del PO ni de los trabajadores tercerizados, según pudo constatar este diario.
El barrabrava no fue encontrado en dos allanamientos que se hicieron en Florencio Varela, y anoche la policía continuaba buscándolo.
Testimonios
La hipótesis de la investigación es que Pablo Díaz, como hombre fuerte de la Unión Ferroviaria en el ramal, organizó al grupo agresor. Además de convocar a trabajadores del ferrocarril, habría reclutado a los barrabravas, entre los que llegó Cristian Favale, para apretar a los activistas de izquierda. Durante todo el operativo de apriete, Díaz habría estado en comunicación con el adjunto de la UF, el Gallego Fernández.
No era la primera vez que la patota corría a las agrupaciones de izquierda, opositoras a Pedraza en la interna sindical y que venían liderando el reclamo por el pase a planta permanente de los tercerizados. El mes pasado les habían impedido hacer un acto en el hall de Constitución. Y en la semana previa al asesinato de Mariano Ferreyra habían hecho una campaña pegando en los trenes volantes que advertían: “Los trabajadores no cortamos las vías”.
Para la abogada del PO, Claudia Ferrero, la hipótesis de los investigadores es verosímil. “Coincide con los datos que tenemos. Nosotros sabemos, por nuestros testigos, que la mayoría de la patota estuvo formada por trabajadores del taller de Remedios de Escalada, que son miembros de la lista Verde (de Pedraza), que a la patota la comandaba Díaz, y nuestra impresión es que los que dispararon eran tipos contratados, barrabravas. Sabemos además que existe un mail que mandó Pedraza (el secretario general de la Unión Ferroviaria) a la patronal, solicitando que la empresa le diera el día libre a 120 trabajadores para que fueran a impedir el corte de las vías”. Ese mail es el que buscó la Gendarmería el jueves, cuando allanó las oficinas de la Ugofe, de donde también se llevó legajos.
En el expediente hay testigos de dos vertientes: por un lado están los damnificados, que van reconstruyendo lo que sucedió el miércoles. Ellos cuentan que al ser atacados por la patota se defendieron, por lo que en la cuadra de Perdriel y Luján los dos grupos se agarraron a los golpes, con palos y piedras, hasta que las agrupaciones de izquierda (estaban el PO, el Movimiento Teresa Rodríguez, Convergencia de Izquierda y trabajadores despedidos) lograron hacer retroceder a los de la Unión Ferroviaria. Entonces, cuando los de la UF tuvieron que recular, dos o tres integrantes de la patota sacaron las armas y les dispararon. Además de causar la muerte de Ferreyra, hirieron a Elsa Rodríguez –quien quedó en coma con un balazo en la cabeza–, a Nelson Aguirre y a Ariel Pintos.
La otra vertiente de testigos son trabajadores del Roca cercanos a la lista Verde, que son los que conocen con nombre y apellido a los integrantes de la patota. También declaró en el expediente Alfonso Severo, que trabajó en el Roca hasta hace un año, donde ocupó un cargo de dirección como gerente de área de Ferrobaires. Severo denunció que la semana pasada le balearon la casa, y asegura que en el Roca operan grupos armados de la Unión Ferroviaria junto a barrabravas de Banfield, de Defensa y Justicia y de Lanús. Según Severo, estas patotas están vinculadas al duhaldismo a través de figura de Alberto Tressa.
Estas son las dos líneas que aparecen en el expediente. Todavía está por verse si ambas coinciden, si todas las sospechas tienen sustento y si entre los damnificados hay quien pueda reconocer a los que hicieron fuego. En la causa, bajo secreto de sumario anoche se continuaban realizando instrucciones. Además del detenido Díaz y del prófugo, hay otros sospechosos que están bajo la lupa judicial.
Muchos de ellos son dirigentes de la Unión Ferroviaria en los Talleres de Remedios de Escalada, como Jorge Krasacoski, que es congresal suplente de la seccional Sur del Gran Buenos Aires y los delegados de los Talleres Ricardo Arias y Gustavo Alcorce. Otro integrante de la patota ya identificado es Aldo Amuchéstegui, quien habría formado parte de la barra brava de Banfield y es encargado de coches de los Talleres. También se está tirando del hilo de un grupo que, comandado por Héctor Carruega, quien trabaja en Ferrobaires, ha sido denunciado por aprietes y amenazas.
Las fotos de Facebook
En su perfil de Facebook, Cristian Favale aparece en fotos con los ministros de Educación y Economía, Alberto Sileoni y Amado Boudou, y con la periodista Sandra Russo. Página/12 los consultó sobre estas imágenes. “Es una persona que se acercó a sacarse una foto, como tantas otras. Y ésa es toda la relación”, dijo Boudou. Sileoni aseguró que no conocía ni había hablado con Favale durante el evento en el que los fotografiaron. “Sólo me pidió una foto y accedí, como lo hago con toda la gente que me lo pide. En infinidad de actos públicos la gente me pide que me saque fotos y lo hago sin pedir antecedentes”, aseguró. Russo, columnista de Página/12 y del programa 6,7,8, contó que luego de que le avisaran que Perfil había publicado una foto suya con Favale se dio cuenta dónde fue tomada por cómo estaba vestida: “Fue el 9 de septiembre en la Puerto Rico, en la peña de Boudou. Esa noche había varios intendentes de la provincia de Buenos Aires. A los integrantes de 6,7,8 en algunos ámbitos les piden que se saquen fotos. Cuando me piden, no le pregunto a la persona el nombre”. Además, reflexionó sobre cómo estaba editado el material en Perfil: “Nadie me llamó para preguntarme si yo sabía dónde había sido tomada esa foto. La nota no explicita que lo sacaron de Facebook, sino que lo presentan como un material propio. También me presentan como biógrafa presidencial, lo que refuerza otra mentira: que escribo un libro porque me paga el Gobierno. Mi contrato es con la Editorial Sudamericana. Lo que quieren es ligar al Gobierno con el crimen y eso demuestra la mala leche de Perfil”.
La Unión Ferroviaria
La Unión Ferroviaria publica hoy una solicitada en la que asegura que “jamás intentamos imponer por la fuerza nuestros objetivos ni nuestra visión de la realidad” y que “los balazos (que mataron a Mariano Ferreyra) no partieron de los ferroviarios”. “Los trabajadores ferroviarios eventualmente involucrados no tenían armas de ninguna naturaleza”, señala el texto, en el que también se dice que “este crimen será usado por quienes quieren enturbiar la realidad y ensombrecer el futuro”. También manifiesta que la situación de los trabajadores tercerizados del Roca condujo a “un asedio constante a los trabajadores ferroviarios por activistas de tiempo completo”
OPINION
Víctimas, historias, cambios
Las víctimas y los protagonistas políticos. La fiscal y un acierto. La Federal, fuera de la investigación. Pedraza, una trayectoria. Moyano, otra distinta. Sindicalismos en pugna y también unidos: contradicciones, conflictos, paradojas. La necesidad de respuestas políticas, además de las judiciales.
Por Mario Wainfeld
Imagen: DyN
Un asesinato político divide aguas, connota nuevas etapas. El kirchnerismo restringió la represión a la protesta social como ningún gobierno anterior lo hizo. Fue una decisión relevante, hasta fundacional, un giro tras los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad, con anuencia e incitación de los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. Por años, con la trágica y tremenda excepción del maestro Carlos Fuentealba a manos de la policía neuquina, no hubo que añadir nombres a la interminable lista de militantes, luchadores y dirigentes que dejaron su vida. Mariano Ferreyra fue víctima de un crimen político diferente, pues (todo lo indica) fue cometido por una patota sindical. Político es el crimen, sus consecuencias y repercusiones lo son y lo serán.
Las víctimas, conforme las mejores tradiciones, merecen ser nombradas. La negación del otro, ínsita en el homicidio, se combate (en parte) con la exaltación pública, la individuación de la persona asesinada. El joven militante Ferreyra debe ser nombrado, una y otra vez. Su imagen, recordada y repetida.
La condición de víctima otorga en la Argentina un grado de audibilidad a los sobrevivientes, de memoria a los muertos, de respeto a todos.
Víctimas de la matanza de Barracas son los que murieron, los heridos (como Elsa Rodríguez, que sigue luchando por sobrevivir), sus familiares, sus amigos. También, entiende el cronista, sus compañeros de militancia. Para ellos, van la solidaridad, el abrazo y la promesa de no olvidar, que acá se formulan.
En esa enumeración se agotan las víctimas del crimen. La política impregna todo (no es una crítica ni una celebración, apenas una corroboración), Barracas producirá consecuencias. Beneficiará a algunos protagonistas o sectores, perjudicará a otros. Por mal que le fuera ninguno es víctima, ninguno puede arrogarse esa condición..., una obviedad que vale resaltar.
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Sencillo y complejo: Las responsabilidades penales se dirimen en los tribunales. En el estadio actual el caso parece, en ese aspecto, sencillo en general. El autor material estuvo dentro de un grupo bastante identificado. Los cómplices pueden rastrearse en la propia patota, en quiénes la reclutaron y orientaron. Quizás haya instigadores más arriba, debe averiguarse a fondo.
La fiscal y la jueza a cargo deben apurarse para colectar las pruebas de cargo porque el transcurso del tiempo borra las huellas, juega a favor de los encubridores. Empero, la pesquisa debe ser larga, no atolondrada. El encadenamiento de culpables “hacia arriba” es irrenunciable y central, por eso mismo no debe bartolearse. Quienes sean acusados o procesados gozarán de las garantías constitucionales: hay que precaverse de una instrucción determinada por la lógica mediática, siempre inmediatista y ansiosa. Puede, queriéndolo o no, facilitar la impunidad en el juicio.
La fiscal Cristina Caamaño se maneja razonablemente, dentro de lo que se conoce. Acertó (y se jugó) al excluir a la Policía Federal de la investigación, porque los uniformados están bajo sospecha. Los militantes atacados denunciaron que hubo “zona liberada”: es su percepción, no una comprobación acabada. Pero no suena delirante, conociendo los precedentes de la Federal: muchos vecinos porteños se han quejado de acciones parecidas, en los últimos meses. Aun sin haber mediado dolo, puede haber culpas graves. Negligencia en llegar al lugar de los hechos, por desidia, mala onda hacia los intervinientes, falta de profesionalismo. Este es un cargo muy creíble, sujeto a la presunción de inocencia, pero de forzosa investigación.
Tras unas horas de silencio, búsqueda de data y estupefacción, el primer nivel de la Casa Rosada habló con sensatez. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, condenaron el hecho y prometieron investigarlo a fondo. Luego, sobraron y faltaron palabras en el Gobierno. Sobraron, por ejemplo, los prematuros avales de Aníbal Fernández a la Federal. Contra lo que suele creer el Gobierno, la Federal es (como todas las policías provinciales) demasiado autónoma del poder político, con escasa internalización de las garantías democráticas, inepta para la prevención del delito, torpe cuando tiene que valerse de la fuerza. Muchos hechos recientes lo corroboran. La muerte más que dudosa del joven Rubén Carballo, cuando iba a un recital del grupo Viejas Locas, sigue en proceso. La causa muestra pericias contradictorias, no cabe aún la certeza penal de que lo mataron. Sobran, eso sí, pruebas (incluidas tremendas filmaciones periodísticas) que muestran a policías golpeando a mansalva y con salvajismo a pibes que iban al recital.
Puestos en tela de juicio la negligencia o el dolo, la Federal queda afuera de la instrucción, en buena praxis. La Presidenta expresó que sólo está casada con Néstor Kirchner, para transmitir que no tiene compromiso de impunidad con nadie. La expeditiva defensa de Aníbal Fernández a sospechosos relevantes contradijo ese mensaje.
También se ha dicho de más acerca de los manifestantes, de sus manejos, de su supuesta búsqueda de un mártir. Esas palabras excesivas sobreabundan mientras choca el silencio del ministro de Justicia y Seguridad Julio Alak. Es sabido, por los iniciados, que Alak es un ministro cuasi virtual, que delegó todo su poder en Aníbal Fernández. Esos gambitos de Palacio son opinables, a los ojos del cronista siempre disfuncionales. Pero cuando hay un asesinado y falta de precisiones sobre el obrar policial, la ausencia del ministro es censurable, sin ambages.
La fiscal está en desventaja objetiva frente a la corporación policial, el poder político debe hacer su parte para contrapesar.
También fue penoso y criticable que militantes del PO, testigos del hecho, supeditaran su declaración a negociaciones políticas o gremiales. Ellos mismos bastardearon la gravedad del asesinato de su compañero, amén de negarse a cumplir una carga pública. Afortunadamente, ese reflejo fue revisado y los testigos van contando su verdad.
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“Tirar un muerto”: La frase “tirar un muerto” fue un clásico de los ’70. Su eco resonó en estos días, en una coyuntura muy diferente que dificulta la analogía. Las organizaciones armadas “tiraban” muertos, por ejemplo a Juan Domingo Perón: el asesinato de José Ignacio Rucci fue, acaso, el más resonante. El propio grupo ejecutor direccionaba el crimen. El símil es aventurado, con los datos actuales. La impresión es que los homicidas tenían como móvil principal la lucha interna. Para eso se conformó la patota agresora, con matones y barrabravas armados, con autonomía de accionar y un endémico desprecio por la vida.
A los efectos penales, pues, el dolo es innegable. Más allá de los tribunales, es sabio dosificar las teorías conspirativas o las elaboraciones sofisticadas cuando se desconocen referencias esenciales. Medir todo desde el propio interés es un error, que cualquiera puede cometer, pero que protagonistas de primer nivel no deben extrovertir con ligereza.
Una de las rémoras de la política actual es confundir Estado y gobierno. Los opositores lo hacen de continuo, lo que los lleva hasta a boicotear el Censo. El oficialismo, que recrimina con razón ese dislate, debería internalizar que su voz, emitida desde el Estado, debe ser más cauta que la de una fracción política.
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Hablemos de política: Verdes eran las pecheras de los atacantes, aludiendo al clásico color de la agrupación de José Pedraza. En tiempos pasados, no tan remotos, las listas verdes o naranjas marcaban en su color la confrontación con las “celestes y blancas” o “azules y blancas” de la tradicional burocracia sindical. Pedraza fue un cuadro del sindicalismo combativo, durante décadas, incluyendo la dictadura y la recuperación democrática. Formado, buen lector de textos de izquierda, orador con clase, combinaba representación entre sus compañeros con buen ascendiente en la izquierda o la renovación peronistas. Luego, se sabe, fue pieza sustancial en la entrega del patrimonio ferroviario, el desguace de las vías, la jibarización de su sindicato. Se vendió, se enriqueció, se hizo empresario. Persistió hasta ahora, cuando su imagen es una parodia de lo que fue: enjoyado, con ojos enturbiados, incapaz de hacer nada creíble, así fuera sonreír.
Es de manual que la Unión Ferroviaria se desentendiera de sus compañeros tercerizados y hasta que los enfrentara. Es una prueba de su desdén por aliados potenciales y de ligazón con las patronales. Porque la tercerización, es (no siempre pero muy a menudo) un mecanismo de fraude laboral. No un hecho de la naturaleza, ni una decisión estatal, aunque algunas narrativas de estos días lo sugieran. El fraude es una táctica empresaria para potenciar su poder y su lucro: eludir deberes o evadir cargas sociales o impuestos. En la década del 90 la legislación amparó y fomentó esos abusos, en plan de desmantelar conquistas sociales. El menemismo dictó leyes consolidando la tendencia, comprobando la teoría del laboralista Perogrullo: no hay Estado inerte. La supuesta pasividad o ciertas mal llamadas “libertades de mercado” son artificios para que prime la ley del más fuerte.
Pedraza no sólo desampara a los trabajadores tercerizados, los enfrenta. En días de tremenda hipocresía discursiva, es atinente evocar que semanas atrás Hugo Moyano defendió a los tercerizados de Techint, vía acción directa. La cadena privada de medios pidió que tronara el escarmiento. Dos lecturas, relativas a dos formas de construir poder sindical: Moyano suma porque afiliarse a su gremio mejora las condiciones de los laburantes, Pedraza resta.
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Carácter idéntico versus espejo: La oposición y los medios que la conducen abusan del principio de identidad: Pedraza es igual a Moyano, quien es igual a los Kirchner. Un sofisma de aquéllos, que hasta fastidia consignar.
Desde el oficialismo se tientan por responder en espejo: todo lo que critican los adversarios es, por definición, defendible y hasta bueno. En ambos casos se resta complejidad a la realidad, se construyen simplificaciones.
Moyano se opuso firmemente a las reformas regresivas de los ’90, a diferencia de los “Gordos” cegetistas y de la mayoría de los dirigentes del peronismo, incluida buena parte de los actuales kirchneristas. Ese es uno de sus blasones, el otro es que sus representados (los camioneros primero y luego los trabajadores formales desde que lidera la CGT) mejoraron su condición económica y laboral.
Los Gordos son sus contrincantes en la CGT, desde siempre. Pero, verdad dialéctica, también sus compañeros de ruta. Los conflictos sobre encuadramiento, una novedad de los años recientes, reflejan esa tensión. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), su sindicato-socio durante años, es desafiada con éxito por comisiones internas combativas, coherentes. Con menos poder, sin herramientas institucionales, interpelan mejor a los trabajadores, consiguen conquistas inalcanzables para (¿no deseadas por?) los popes de la UTA.
En la charla íntima, Moyano se jacta de ser más representativo que Roberto Fernández, el secretario general de la UTA, que “no puede bajar al subte porque sus compañeros lo chiflarían”. Pero en la acción, en aras de la sacrosanta unidad, se esforzó para que no se otorgara la inscripción al sindicato alternativo que promueven los delegados.
En Krafts Foods, más allá de una metodología discutible (hace poco crucificada por la oposición y los medios dominantes) también se procuraba inclusión y no ruptura: tutela legal, para ser un sindicato más y no un foco revolucionario, la protección contra los despidos masivos, la preservación del fuero sindical, la inscripción a sindicatos alternativos.
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Diferentes pero unidos: Hay facciones bien diferentes dentro de la CGT pero todas reivindican un modelo de unicato, con muchas falencias. Es una rémora del pasado que no dio respuesta a los cambios letales de los ’90, a la pobreza creciente, ni a las nuevas expresiones gremiales del siglo XXI.
Así las cosas, “tira para atrás” aferrarse a un modelo que cobija a sindicalistas representativos y luchadores con auténticos traidores a su clase.
El esquema, además, viene acollarado con el sistema de salud que hace agua por todos lados. Las obras sociales nacieron, como el esquema gremial, en tiempos de pleno empleo. En algún momento, levantaron un piso común, digno. Ahora, mestizado con el sistema privado de prepagas, el paradigma sanitario argentino es pésimo. Acentúa las desigualdades, permitiendo a algunos trabajadores que cobran con sobre emparejar su atención con segmentos privilegiados de sectores medios. La escisión con otros trabajadores es enorme. El sistema es enmarañado, el hospital público es uno de los patos de esa boda. La inversión per cápita es alta en términos comparativos internacionales, los logros sanitarios retroceden respecto de épocas pasadas pero no remotas.
En ese intríngulis, Moyano es una suerte de bisagra, dentro de lo que hay. El modelo sindical no pasó indemne la prueba ácida de la dictadura y del menemismo. Aggiornarlo es un imperativo, de compleja dilucidación. Tanto como encarar un nuevo sistema de salud, que no sólo afectaría intereses gremiales sino también de poderosos actores privados, buenos auspiciantes en los medios. Ese debate, uno de los tantos pendientes, requeriría un clima diferente al de estos años. Y una calidad dirigencial que falta por doquier, no sólo en el movimiento obrero.
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Cortar y pegar: Los dos párrafos precedentes, con variantes mínimas de actualidad, fueron publicados ya por el cronista. Se permite este recurso para comprobar que es posible mantener coherencia, algo que suele faltar.
La política laboral kirchnerista produjo mejoras notables en lo legal, en lo económico, en el empleo, en las jubilaciones. Moyano fue un sostén de la gobernabilidad y de ese rumbo. El proyecto de participación en las ganancias de las empresas se suma a un eslabón de meritorias recuperaciones institucionales: las convenciones colectivas anuales, el Consejo del Salario, la movilidad jubilatoria y la reestatización del sistema.
En la batida de la derecha nativa que ya se percibe, la intención será (como de costumbre) arrojar al niño con el agua. Tirar por la borda todos esos avances. El mejor modo de defenderlos es poner en debate todos los defectos de la representación gremial, sus aspectos anquilosados. También importantes tramos de su cultura política. Mezclar militantes o laburantes “pesados” con barras no es una primicia de Pedraza. Consentir compañeros de ruta pésimos porque son un freno a una izquierda “loca” puede derivar en San Vicente (donde la providencia o el azar impidieron un desenlace más grave) o en Barracas, con el peor final.
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Subjetividades: Mientras se espera el avance del expediente y el apresamiento del autor material, el cronista arriesga dos subjetividades. La primera, destacar dos columnas escritas por sociólogos: Horacio González en Página/12 y Eduardo Fidanza en La Nación. Las dos tienen la, poco cotidiana, virtud de eludir los lugares comunes del sector al que pertenecen. González resalta la gravedad de la muerte, su troncalidad histórica, la necesidad de entender que va más allá de las actuales contiendas entre oficialismo y oposición. Fidanza contradice un slogan opositor: el kirchnerismo no es violento, sino de palabra. “Juegan con fuego sin quemarse. Usan la jerga agresiva de Perón pero no puede atribuírsele ni un rasguñado. Los arrebatos discursivos de Néstor y de Cristina, los exabruptos de Bonafini y el empujón de D’Elía a un ruralista forman parte del psicodrama argentino, no de su tragedia.” El problema, en la mirada de Fidanza, es previo al kirchnerismo y lo excede: deterioro y fragmentación. Y reseña signos “aparentemente inconexos” desde la mafia a la anomia, pasando por la inseguridad vial o la tevé basura.
El cronista discrepa con el pesimismo sombrío de Fidanza o con el carácter integral que da a la discusión, pero valora su afán de entender que casi todos los hechos graves que suceden tienen raíces más hondas y remotas que el actual oficialismo. En cualquier caso, con palabras propias, que el kirchnercentrismo es una óptica que distorsiona.
La segunda subjetividad, que este escriba supone más conectada con la notable columna de González, es que un sistema democrático no puede responder a un crimen político exclusivamente con su (más vale acuciante) dilucidación en sede penal. Escribió González: “Investigación. Desde ya. Condenas. Desde ya. Proyectos para desmantelar los nódulos de complicidad burocrática e instrumental que abriga a un tropel de asesinos asalariados. Desde ya. Pero, sobre todo, poder renovar la vida política con una cuota excepcional de esfuerzos, que espero todos podamos recrear en nuestra conciencia”. Una muerte, se parafrasea, tiene ser elaborada como promotora de cambios: de leyes, de sistemas, de elencos de gestión eventualmente. Un asesinato no puede pasar sin generar cambios, ni la justicia real puede ser relegada al Poder Judicial, exclusivamente. El asesinato agrede al sistema político, debe convulsionar fronteras y rutinas.
A diferencia de Fidanza, el cronista cree que, ambivalente y contradictoria, la sociedad argentina es vivaz y progresa. Padeció (generó) azotes tremendos en menos de cuarenta años: el atroz final del peronismo de Perón, la dictadura con el terrorismo de Estado, varios fiascos democráticos, la arrasadora eficacia regresiva del menemismo, la crisis de comienzos de este siglo. De todas sobrevivió, en muchos casos generando formidables instancias de organización social y popular.
En contados años concretó logros interesantes, hasta ejemplares: derechos humanos, matrimonio igualitario, ley de medios, ampliación gigante del universo de jubilados. Subió un escalón aunque sigue en una cuerda floja que signó su historia. Castigar a los culpables penales, condenar en otras instancias a los responsables políticos, empresarios o gremiales, es parte de la tarea. La otra es entender que el asesinato de Ferreyra no fue un delirio de un bravabarra o un ataque de furia de algunos burócratas, sino un síntoma de lacras vigentes, de cosas para cambiar. No para volver atrás el péndulo de la historia, no para derogar lo avanzado, sino para sustentarlo.
Es muy difícil, el cronista renuncia a la tentación o al facilismo de formular propuestas que deben surgir de un debate amplio y plural. Pero es imprescindible.
Fuente:Todas las notas que preceden corresponden a Pagina12,con fecha de hoy.
Por Mariano
Desde Alternativa Popular queremos expresar nuestro más enérgico repudio por los hechos ocurridos el pasado 20 de octubre y que se llevaron la vida de Mariano Ferreyra, un joven Militante. Creemos que es necesaria la celeridad de la justicia para que los autores materiales e intelectuales sean identificados y procesados con el respeto que el estado de derecho se merece.
Además, como jóvenes militantes del Proyecto Nacional y Popular, rechazamos la malintencionada maniobra que algunos realizan sobre este lamentable suceso con el propósito de desestabilizar al gobierno nacional.
Nos produce una inconmensurable sensación de desprecio la forma en la que algunos han intentado utilizar la muerte de un joven compañero, de un militante para sus propios y mezquinos propósitos.
Es momento para recordar que nunca desde la asunción de Néstor Kirchner en 2003, ni tampoco durante la gestión de Cristina Fernández, se utilizó la fuerza pública para reprimir la protesta social. Seguimos sintiendo que este es el camino, que la Argentina del pasado no puede volver, Juicio y Condena para los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Mariano.
Alternativa Popular
Juventud del Movimiento Santafesino por la Justicia Social
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