El primer juicio por delitos de lesa humanidad de la provincia franquea su último tramo. La extensa etapa indagatoria dejó en una difícil situación a los acusados lo cual supone pesadas sentencias para los responsables de las desapariciones de Francisco Tripiana, Roberto Osorio, José Guillermo Berón y Pascual Sandoval.
El último en declarar será uno de los acusados, Jorge Ruiz Soppe, ex jefe de la Unidad Regional II, concretamente la ronda de declaraciones ya finalizó, pero las autoridades le concedieron el pedido a Soppe que ya declaró en la primer jornada, pero que había solicitado volver a hacerlo.
Cuando finalice esta etapa, se dará comienzo a la fase de los alegatos, aquí las partes presentarán a través de sus defensores las razones que sirven de fundamento al derecho que los ampara. El primero en presentar sus alegatos será el abogado de las familias de los desaparecidos, Pablo Salinas. Los que le siguen en el orden son Diego Lavado como querellante, los abogados defensores y del Ministerio Público, el fiscal Dante Vega y su par de San Rafael, Francisco Maldonado.
Los acusados en la causa son Raúl Ruiz Soppe y Juan Roberto Labarta ambos están imputados por el caso por homicidio agravado de dos o más personas y por asociación ilícita en las desapariciones de Tripiana, Sandoval y Berón. Labarta, se desempeñó en el D2 de San Rafael también se lo señal como el autor de la desaparición de José Berón. En la misma situación que este último, se encuentra el ex teniente Aníbal Guevara, mientras que el cuarto acusado es Raúl Egea Bernal, quien fue abogado policial y se encuentra en juicio por los delitos de falsificación ideológica y material y asociación ilícita con el resto de los imputados.
Quien también está profundamente involucrado en la causa es Luciano Benjamín Menéndez, pero no asistirá a la sentencia por estar involucrado en otros procesos judiciales por crímenes contra la humanidad que están en pleno desarrollo. Los otros acusados ausentes son Cristóbal Ruiz Pozo, quien fue apartado por su estado de salud y falleció en agosto, y José Mussere, que falleció en su celda mientras se llevaba adelante este juicio.
Fuente:NoticiasMendoza.com
Juicio por delitos de lesa humanidad: La fiscalía también pidió perpetua
Agustín Mauricio/Mediamza.com
Como lo había hecho la querella la semana pasada, el Ministerio Público pidió prisión perpetua para Ruiz Soppe, Labarta y Guevara. Sin embargo, y a diferencia de la otra parte que había pedido 12 años de prisión para Egea Bernal, la fiscalía sólo pidió 6. por Max Belaeff
El Fiscal Dante Vega comenzó su segunda alocución en esta etapa de alegatos, hablando de manera más técnicamente jurídica que ayer. Habló de la Teoría de dominio del hecho en la que explicó que existe una coexistencia entre autoría mediata con la coautoría, existe la atribución delictiva para quienes se encontraban en posición jerárquica ante otros que eran sus subordinados.
Habló de un “plan sistemático por lo menos desde febrero de 1976 en San Rafael”. Los máximos responsables de la zona, dado sus cargos era el Mayor Suárez por el Ejército y el Comisario Ruiz Soppe por la Policía de Mendoza. Aunque este último haya insistido en deslindarse de los hechos que se investigan, su participación es necesaria por la cantidad de hombres que tenía bajo su mando, unos 600 efectivos, lo que le daba dominio de control de prácticamente la mitad de Mendoza. “Quiso disfrazar hechos para eludir su responsabilidad en el contexto delictivo que aquí se está investigando. Se ha escudado en el Mayor Suárez para eludir responsabilidades”, dijo Vega.
El Fiscal también habló del “cinismo” de Soppe que “juró por sus nietos que se enteró que en San Rafael había desaparecidos en 2006”. Aseguró que “eso insulta la inteligencia del tribunal, de los presentes y miente”. Al igual que la querella la semana pasada, la fiscalía mostró contradicciones en el discurso de este imputado, el único que declaró en el debate.
Sobre Labarta el Fiscal habló sobre su actuación en el D2, como alguien que “pasó a ocupar un lugar esencial en el aparato terrorista estatal”. Explicó que el D2 sanrafaelino no fue un centro de detención clandestino como el de Mendoza, pero que a menor escala cumplió las mismas funciones. Refiriéndose al trabajo de Labarta en esa dependencia policial, Vega dijo “el destacado deportista que a la vez era un oscuro funcionario policial se infiltraba en las organizaciones políticas y gremiales y recababa datos de sus integrantes a partir de febrero del ’76, se transformó en el proveedor de la información básica que necesitaban los militares para imponer el terror”.
Sobre el Dr. Egea Bernal dijo que “intentó barnizar de legalidad actos ilícitos”. Durante la etapa de instrucción, Egea perjudicó a Soppe al decir que “el otorgamiento de libertades mediante actas fue ideado por ese comisario, para resguardar a la Policía de Mendoza y evitar cuestionamientos contra la institución”.
Sobre el Teniente Coronel Guevara (entonces Teniente), el Fiscal dijo “niega los hechos que se le atribuyen. Se cuida de no mencionar ningún episodio en particular. Reconoce haber participado en dos o tres operativos de detención de personas aclarando que fueron ordenados por su superior pero que no presenció ni participó de interrogatorios de personas”, y agrega que “su problema es justificar su presencia en la departamental a partir del 31 de marzo o sea la ‘fatídica’ fecha de libertad de Sandoval y Tripiana, en la que figura como presente junto con otros imputados”. Encuentra algunas contradicciones en su testimonial de la etapa de instrucción.
El Fiscal explicó que entre el grado de mayor y el de teniente hay grados intermedios, y que según Guevara “recibía órdenes de distintos superiores de la carrera de mandos pero no quiere dar nombre de los mismos y su identificación es responsabilidad de otra persona, no de el”. Al respecto Vega le da la razón y admite que en Estado de Derecho no es el imputado el que tiene que aportar la prueba, pero eso hace referencia a la prueba incriminativa, no a la de descargo. “Evidentemente el mencionar qué mandos intermedios existían entre Suárez y Guevara le hubiese ayudado a éste a clarificar su posición dentro del aparato militar que usurpó el poder en San Rafael”, dijo.
Luego de un cuarto intermedio hizo la última exposición de Ministerio Público el Fiscal Francisco Maldonado. Primeramente solicitó que se extraiga compulsa contra: Braulio Navarro Chirino, el policía Hugo Trentini, el policía Pedro Carrió López, el policía Oscar Pérez, el policía Daniel Guajardo, el reverendo Franco Revérberi, el médico José Miguel Ruiz Pozo, Luis Sabes, el policía Orlando Gutiérrez, el policía Tomás Rojas y el jefe de infantería al momento de los hechos, Pierino David Massaccesi.
Después fundamentó el pedido de penas. “Deben ser aplicadas para evitar la impunidad, y la imposición de penas a los enjuiciados por estos hechos significa que el Estado no omitirá rendir cuentas respecto de crímenes que fueron la expresión de la exorbitancia, de la arbitrariedad, del sistema punitivo acaecido hace 34 años”, dijo. Aseguró que no se los trató a los imputados “como enemigos” y “de no hacer lo que ellos hicieron con sus víctimas”. Explicó que “no existen dos derechos sino que fueron los miembros de ese gobierno quienes usaron la fuente productora del derecho, el Estado para cometer los hechos. Son ellos quienes rompieron las reglas de reciprocidad preestablecidas que dan base al principio de legalidad”.
El pedido de penas fue:
A Raúl Alberto Ruiz Soppe, por el delito de privación ilegítima de la libertad agrabada en concurso real con el delito de tormentos agrabada, por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en concurso real con homicidio agrabado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas por tres hechos en concurso real y en relación a las desaparición forzada de Tripiana, Osorio y Sandoval como autor mediato y todo a su vez en concurso real con los delitos de falsedad material y falsedad ideológicas de instrumento público por tres hechos en concurso real y en relación a los casos Tripiana, Osorio y Sandoval en calidad de autor y todo a su vez en concurso material con el delito de asociación ilícita calificando a los anteriores como delitos de lesa humanidad, la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua con accesorias legales y costas.
A Aníbal Alberto Guevara Molina y a Juan Roberto Labarta, por los delitos de privación ilegítima de la libertad en concurso real con el delito de tormentos agrabada por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, en concurso real con homicidio calificado por alevosía y en concurso premeditado de dos o más personas, todo lo anterior por cuatro hechos en concurso real y en relación a la desaparición forzada de Tripiana, Osorio, Sandoval y Berón, todo en calidad de coautores en concurso real con el delito de asociación ilícita agrabada y calificando a los anteriores como delitos de lesa humanidad, la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua con accesorias legales y costas.
Al Dr. Raúl Egea Bernal, por el delito de falsedad intelectual y material en el caso del acta de libertad de Francisco Tripiana y falsedad intelectual en los casos de las actas de libertad de Osorio, Sandoval y Berón en concurso real con el delito de asociación ilícita agrabada y calificados los mismos como delitos de lesa humanidad, la pena de 6 años de prisión e inhabilitación durante el tiempo que dure la condena.
“Porque no es posible conformarnos con migajas de legalidad, un poco de garantías y de derecho, en representación de la comunidad argentina y de las víctimas, de las que no están, solicito la condena en los términos expuestos a los acusados como forma de ofrecer la debida y suficiente tutela de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Nacional”, finalizó el Fiscal.
Terminando la jornada, el hijo del desaparecido Francisco Tripiana iba saliendo y les gritó a los acusados “¡rompan el pacto de silencio y digan dónde están los cuerpos!”. El imputado Egea lo apuntó con el dedo al escuchar sus palabras.
La semana que viene empiezan los alegato de los abogados defensores, primero será la defensa del Teniente Guevara integrada por los Doctores Eduardo San Emeterio y Ricardo Curutchet, luego la de Ruiz Soppe a cargo de Rufino Troyano y el miércoles terminaría con las de Labarta y Egea Bernal cuyo abogado es Ramiro Dillon.
Luego el Tribunal podrá tomarse hasta 10 días hábiles para dictar sentencia.
FuentedeOrigen:Mediamza.com
Fuente:Agndh
El caso de los jueces mendocinos se coló en una audiencia de la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Estado Argentino que especifique el abordaje que se le puede dar al tema.
En el marco del 140 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se celebró una audiencia pública, a pedido del Estado Argentino, para dar a conocer la situación actual de los procesos judiciales sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
Allí el gobierno brindó a la CIDH los datos sobre los procesos que se están suscitando en nuestro país, aunque también participo el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), que puso sobre la mesa el caso de la Justicia Federal de Mendoza. “Está dando muestras de complicidad con la impunidad”, sostuvo durante su presentación la representante de la organización, Andrea Pochak.
Pochak mencionó el tema de la Justicia mendocina mientras argumentaba acerca de los “aspectos preocupantes” a tener en cuenta en los procesos. “El primer problema es la demora” dijo y agregó: “Del total de las causas en movimiento 344, más del 70% (273) se encuentran en etapa de instrucción. A este ritmo, este proceso puede demorar 20 años más. Ni las victimas, ni los familiares ni los imputados van a estar en condiciones de esperar 20 años más”.
También la demora se presentan en la Cámara de Casación, donde se “esta demorando un promedio de 2 a 3 años para confirmar esas sentencias”, y similar situación ocurre en la Corte Suprema. “De los 24 recursos en espera en casación el 50 % corresponde a sentencias de hace mas de un año”, dijo.
“No podemos dejar de mencionar un escollo fundamental en algunas jurisdicciones que es la complicidad de la corporación judicial en la impunidad de los crímenes y un caso emblemático, resonante y vergonzoso es el de Mendoza” donde “esta corporación judicial…está dando muestras de complicidad con la impunidad” ya que “el único juez que había avanzado fue recusado y la Cámara Federal, aceptó esa recusación”. Por ello bregó por la importancia del monitoreo por parte de la CIDH “para acelerar los tiempos”.
Desde la Comisión plantearon preguntas al gobierno, que serán contestadas por escrito, como “¿qué abordaje se le puede dar a la situación de Mendoza que tiene que ver con resistencia del sistema judicial para darle seguimiento a estos casos?” y si existe inseguridad para los operadores jurídicos, victimas, testigos e imputados relacionados con los procesos judiciales ya que “se percibe que entes involucrados permanecen activos en la actualidad”.
La audiencia fue solicitada por el propio Estado Argentino para dar cuenta de los avances en materia de procesos judiciales en el marco del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar en Argentina. Andrea Gualde, directora nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos, fue la encargada de explicar a los comisionados los avances.
Explicó el motivo por el cual fue el gobierno el que solicito la audiencia ya que es un “proceso histórico de juzgamiento de crímenes cometidos por el terrorismo de estado es con sus desafíos y problemas que no ocultamos motivo de orgullo para todos los argentinos”. Pochak en correspondencia con la representante del Estado sostuvo que se “está atravesando un proceso histórico singular en el mundo motivo de orgullo, que se debe al papel que están jugando los tres poderes del estado y por la tenacidad de los familiares de las víctimas y de las victimas”.
Gualde, también se refirió a la importancia del giro de las investigaciones hacia los responsables civiles ya que por ejemplo en el juicio en la causa sobre los hechos ocurridos en la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata el “13 de este mes, el Tribunal de La Plata condenó a tres médicos por su participación en torturas. Este veredicto es singular porque encomienda al juez de instrucción la continuación de la investigación de los jueces de la dictadura mencionados en los debates orales de ese juicio”, dijo.
“La participación civil reviste especial significación en las causas en que se investigan defraudaciones económicas”, explicó citando como ejemplo, entre otros, la causa en la que se investiga a Massera por apropiación de bienes en la causa ESMA, la causa por el golpe de estado en sí mismo, donde esta imputado el ex ministro de economía y la causa donde se investigan los hechos por la apropiación ilegitima de Papel Prensa. “Más de 600 empresas fueron apropiadas ilegítimamente por la dictadura, sin contar los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a detenidos desaparecidos, lo que impuso la necesidad de crear una unidad especial de investigación de delitos de lesa humanidad con motivación económica, actualmente en proceso de aprobación”, agregó.
Datos encontrados
Según datos brindados por el gobierno Nacional durante la audiencia, existen 127 causas en trámite, 13 se encuentran en debate oral, 76 elevadas para realizar debate y 38 con requerimiento de instrucción. En total, hay 656 procesados y 126 condenados que por decisión del Poder Ejecutivo no pueden ser alojados en dependencias de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas.
Mientras que los datos brindados por el CELS hablan de que de las 739 personas procesadas, solamente son 127 las que se encuentran en juicio. Y de las 1317 en condiciones de ser juzgada sólo hay 104 personas sentenciadas. Asimismo poco más de 200 personas que murieron “inocentes”, por el retardo de los procesos.
Fuente:Agndh
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