OPINIÓN.

Mariano Ferreyra
Responsabilidades en el crimen de un militante
Publicado el 23 de Octubre de 2010
Por Ricardo Ragendorfer
Periodista.

No hay elemento alguno que vincule el hecho en sí con un plan concebido de antemano en las altas esferas del poder. Por el contrario, el paso de las horas va despejando los enigmas.
Todo indica que la masacre del Puente Pueyrredón, ocurrida el 26 de junio de 2002, había comenzado a gestarse unas semanas antes, cuando el entonces titular de la SIDE, Carlos Soria, sorprendió al gabinete del presidente interino Eduardo Duhalde con un informe que señalaba la existencia de un hipotético “plan insurreccional”. Tanto es así que en vísperas de aquel miércoles se tejió una fina maniobra para deslucir los cortes en Avellaneda, impulsando primero una situación de caos, con el apoyo de provocadores e infiltrados. La idea era aplicar sobre ella una represión medida, disciplinante y con un alto contenido mediático, para así instalar la ilusión de que el orden había sido restaurado. No contaban con la sutileza de La Bonaerense. Lo cierto es que la incompetencia brutal de sus efectivos derivó en el asesinato de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, a la vista de innumerables testigos, muchos de ellos con cámaras fotográficas y televisivas. Es posible que dicha escena también haya sido observada por un pibe de 14 años que por entonces se iniciaba en el activismo político; su nombre: Mariano Ferreyra.
Cabe recordar que el diario Clarín, en su edición del 27 de junio de ese año, tituló su cobertura al respecto con las siguientes palabras: “La crisis causó dos nuevas muertes”. Extraña frase para describir un doble crimen cometido desde el Estado. Ocho años después, una patota de la Unión Ferroviaria atacaría con armas de fuego a trabajadores tercerizados que intentaban cortar una vía. Ya se sabe que en tal ocasión la víctima fatal no fue otro que Mariano Ferreyra, quien acababa de cumplir 23 años y pertenecía al Partido Obrero. Se trató, sin ninguna duda, del hecho institucional más grave sucedido desde 2003 hasta la fecha, al punto de que, el 21 de octubre, el título principal de Clarín fue: “Fuerte conmoción por el asesinato de un militante”.
Ese mismo jueves, TN transmitió en directo y sin interrupciones la multitudinaria marcha en Plaza de Mayo para repudiar lo ocurrido. En esa oportunidad, los noteros soslayaron –quizás por única vez– la presencia de manifestantes con palos y rostros cubiertos. Y le concederían al Partido Obrero el trato respetuoso que, en otro contexto, sólo acostumbran a dispensarle, por caso, al socialcristianismo europeo. Al día siguiente, el título del diario de Héctor Magnetto fue: “Presión al Gobierno por el crimen de un militante”. A ello se le sumó una gran insistencia en evocar la participación de enviados del líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza –el jefe político de los agresores–, al acto oficialista por el 17 de octubre en el estadio de River. Y por si fuera poco, remarcarían una y otra vez la circunstancia casual de que Ferreyra, siendo casi un niño, estuviera en el Puente Pueyrredón cuando asesinaron a Costeki y Santillán. Como si aquellos dos crímenes y el suyo hubiesen salido de la misma cantera.
En cuanto a lo del Puente Pueyrredón, resulta ineludible la responsabilidad del poder de entonces. El informe Soria, pese a su carga descabellada, tuvo una enorme acogida entre los “halcones” del gobierno, alineados detrás del jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof. Los ministros del Interior y Justicia, Jorge Matzkin y Jorge Vanossi, junto al secretario general de la Presidencia, Ángel Fernández, y el canciller, Carlos Ruckauf, fueron desde entonces los encargados de endurecer el discurso oficial y de propagarlo. Hasta llegaron a enviar comunicaciones a los gobernadores de todo el país alertando sobre el presunto complot y dar el visto bueno a posibles rebrotes represivos. Súbitamente había variado la estrategia oficial de no interferir en las protestas sociales. En ese giro estaba el germen de la masacre.
Lo ocurrido durante el mediodía del miércoles fue diametralmente distinto, aunque, desde luego, no menos grave ni dramático. En el aspecto fáctico, no hay elemento alguno que vincule el hecho en sí con un plan concebido de antemano en las altas esferas del poder. Por el contrario, el paso de las horas va despejando los enigmas. La fiscal Cristina Caamaño ya ha identificado a algunos agresores de Ferreyra. Y determinó, por ejemplo, que Roberto Prado, un afiliado de la UF de los talleres de Remedios de Escalada, y el delegado de ese mismo gremio, Daniel González, participaron en la sangrienta emboscada, tal como lo confirman las imágenes televisivas y también las captadas por cámaras de seguridad. En la madrugada del viernes se le tomó declaración a un testigo clave vinculado al mismísimo sindicato de Pedraza, quien habría aportado los nombres de otros cuatro atacantes.
En el aspecto político, el asunto es más complejo. Al respecto, cabe recordar la torpe exculpación efectuada por el dirigente de la UF, Pablo Díaz, en el sentido de que su gremio “no dejará cortar las vías”. Tales palabras no fueron sino una reivindicación del uso de la “violencia legítima”, como si un conglomerado de matones y barrabravas tuviera el atributo de ejercer la facultad de reprimir, convirtiendo ese acto en una suerte de justicia por mano propia.
A su vez, la pasividad cómplice de la policía tampoco debe dejar de ser tomada en cuenta. Ni el rol de los empresarios del sector, quienes –con sus eventuales socios sindicales– han articulado un sistema de trabajo basado en la supresión de todo tipo de garantías para potenciar el lucro y disminuir sus responsabilidades legales y sociales.
Conjurar esta perversa constelación de factores es, desde luego, una deuda del Estado.
Fuente:TiempoArgentino