Sospechan de "RL", otra ex policía, como autora de las esquelas de los vinos envenenados
Una ex policía de iniciales RL, que revistó en los cuadros de la institución policial durante la dictadura con el grado de sargento 1º, es ahora la principal sospechosa de haber escrito las esquelas que llevaban los vinos envenenados en 1978. Fuertes indicios sobre la participación de la CIA.
Por Víctor Carrato
La conexión con la CIA. "RL" trabajaba para la Embajada de los EEUU.
Otro ex integrante de la Policía, un oficial principal de iniciales HF sería quien los habría enviado a los domicilios de los dirigentes nacionalistas Luis Alberto Lacalle, Carlos Julio Pereyra y Mario Heber.
Fuentes consultadas por La República aportaron información sobre este hecho que aún sigue siendo indagado por la Justicia. En estos días se supo que una junta de peritos determinó que una policía retirada de iniciales ML no fue la autora de las esquelas entregadas con los vinos envenenados enviados y que causaron la muerte de Cecilia Fontana de Heber, madre del senador Luis Alberto Heber. La conclusión de la pericia coincide con los testimonios recogidos por LA REPUBLICA.
Según pudo saber La República la verdadera autora de la esquela es una mujer que también fue policía por aquellas épocas cuyas iniciales son RL. Según confiaron las fuentes, esta ex policía tenía entonces el grado de sargento 1ª y tres hermanos también policías. RL había hecho un curso de policía especializado e integraba una brigada que trabajaba para la Embajada de los Estados Unidos. Posteriormente al conocido episodio de los vinos envenenados, RL dejó de trabajar en la Policía hasta 1982 en que se reintegra.
Las fuentes agregaron que efectivamente la pista lograda a través de las esquelas que acompañaban los vinos envenenados son correctas en cuanto a que la escritura pertenece a una mujer que tuvo formación en el Sacre Coeur (Sagrado Corazón).
En tanto, la persona que habría llevado los vinos a los distintos domicilios se trata de otro policía, un oficial principal de iniciales HF conocido como "el flaco", quien estuvo viviendo en Paraguay y en España.
Las fuentes confirmaron que la operación fue organizada por la propia Embajada de los EEUU como se sospecha y fue llevada a cabo por elementos de a brigada policial que efectuaba distintos trabajos para esa representación extranjera y que era directamente financiada a través del encargado de negocios. La brigada era conocida entonces como Gamma, nombre que provenía de la característica radial Gamma 1 y operaba a las órdenes del fallecido inspector mayor Hugo Campos Hermida. En ella operaba un agente cubano llamado José Hinojosa que supuestamente pertenecía a la DEA. Sin embargo, según otros datos, José Hinojosa era en realidad un agente de la CIA.
En "La estación montevideana de la CIA", la historiadora Clara Aldrighi menciona a Hinojosa en Uruguay ya en el año 1971. Allí se cuenta que en las famosas actas tomadas a Nelson Bardesio por los tupamaros sobre el escuadrón de la muerte, el fotógrafo y ex policía "pretextó ignorancia y mencionó, del nuevo equipo de estadounidenses que había sucedido al de Mitrione, solamente al consejero de entrenamiento Richard Biava". Agrega este trabajo que Bardesio "nada dijo de los nuevos consejeros de seguridad pública Roy Driggers, José Hinojosa y Lee Echols; tampoco mencionó, naturalmente, su propia condición de agente de la CIA, ni la identidad de los funcionarios que lo atendían. Indicó al MLN los estadounidenses que ya habían partido de Uruguay: Sáenz, Cantrell, Noriega, Bernal y Richard Martínez. El MLN no se percató de ello, ni estaba en condiciones de hacerlo: su infiltración en los servicios de seguridad era absolutamente marginal, y así lo comprobaban los analistas de Estados Unidos que seguían muy de cerca la evolución de las guerrillas uruguayas".
LA REPÚBLICA LO REPORTÓ
EL 30 DE ENERO DE 2007
El 30 de enero de 2007 LA REPUBLICA reportó en su tapa y en una nota de Roger Rodríguez que ex agentes de Inteligencia acusaban del crimen a dos policías de iniciales HF y RL y denunciaban una conexión con la Embajada de Estados Unidos coincidente con los nuevos testimonios que no provienen de las mismas fuentes.
LA REPUBLICA tituló hace más de tres años que "estarían identificados los dos asesinos de la madre de Heber". Además adelantaba que desde el 1º de febrero de 2007 la Justicia volvería a instruir el caso del operativo con botellas de vino envenenado contra el Partido Nacional en 1978, que causara la muerte de Cecilia Fontana de Heber.
"Ex agentes de Inteligencia policial acusan de participar directamente en el atentado a un oficial de iniciales HFy a una mujer de iniciales RL. Además señalan que hubo injerencia de la Embajada de Estados Unidos en esa época; el abogado denunciante pidió a Washington la desclasificación de todos los documentos que tengan información sobre el caso", decía en su tapa LA REPUBLICA.
Un dato interesante además era que el señalamiento principal era contra el ex agente de Narcóticos, de iniciales HF, quien habría sido el encargado de trasladar las botellas. "Curiosamente, el carné policial de HF habría sido el que mostró para ocultar su identidad el coronel Gilberto Vázquez cuando estaba prófugo", informaba LA REPUBLICA.
Ex agentes de Inteligencia policial aportaron a LA REPUBLICA, en enero de 2007, nuevos datos sobre el homicidio político de 1978.
El móvil político apunta a las negociaciones que buscaban una apertura de la dictadura y a diferencias internas de las Fuerzas Armadas. Ex miembros de la DNII señalaron a un funcionario de iniciales HF y una mujer de nombre RL como partícipes del operativo. Una conexión estadounidense demuestra injerencia desde el exterior, cuando Jimmy Carter imponía una nueva política en la región.
La última investigación judicial que data del jueves 1º de febrero de 2007, busca echar luz sobre lo que ocurrió hace 32 años, cuando tres botellas de vino envenenadas enviadas a dirigentes del Partido Nacional cobraron la vida de Cecilia Fontana de Heber, esposa de Mario Heber y madre del hoy senador Luis Alberto Heber.
Dos juzgados penales, agentes policiales, funcionarios de Inteligencia y hasta oficiales de las Fuerzas Armadas investigaron el caso sin que se señalaran responsabilidades materiales o intelectuales de un atentado político cuyo esclarecimiento tendría impensadas derivaciones.
"Una investigación de LA REPUBLICA, en la que se pudo acceder a los expedientes judiciales y parlamentarios, y se contactaron fuentes que estuvieron en contacto con las investigaciones, permite afirmar que el caso ha sido cubierto intencionalmente con un manto de secretismo y ocultamientos", informaba Roger Rodríguez.
Las actuaciones policiales y judiciales en los años de la dictadura y, luego de la reinstitucionalización del país, en un juzgado penal al que había derivado su estudio una comisión investigadora parlamentaria del Senado, dejaron una multiplicidad de "cabos sueltos" y solicitudes fiscales sin instrumentar.
"Varios artículos periodísticos de distintas publicaciones y el libro "El vino de la muerte", del periodista Alvaro Alfonso, han sembrado dudas e interrogantes que en estos años nadie parece haber querido responder, luego de una decisión de la familia Heber de no utilizar el caso como una bandera político partidaria.
Sin embargo, el veterano senador Carlos Julio Pereyra, uno de los objetivos de aquellas mortales botellas de vino, replanteó la causa judicial a través del abogado Javier Barrios Bove (hijo del ex diputado Javier Barrios Anza), quien ha avanzado en una investigación", reportaba LA REPUBLICA.
"El trabajo periodístico reafirma la hipótesis de que el atentado fue alentado desde la Embajada de Estados Unidos y ejecutado por miembros de la Brigada de Narcóticos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) e implican a un funcionario policial de iniciales HFy una mujer de iniciales RL", escribía Roger Rodríguez.
El 20 de setiembre de 1978 el comisario Hugo Campos Hermida, jefe de la Bridada de Narcóticos de la DNII, elevó al juez letrado Juan Carlos Larrieux el Oficio Nº 211 con sus conclusiones de la investigación sobre el homicidio de Cecilia Fontana de Heber.
Nunca se aclaró por qué el caso lo tomó la Brigada de Narcóticos, una dependencia financiada por el gobierno norteamericano (que también había creado la DNII) y nunca hubo un grupo policial de la División Homicidios en la investigación de un evidente asesinato.
En su informe, Campos Hermida aclaró que de todo el procedimiento fueron enteradas las autoridades policiales, quienes se hicieron presentes en el lugar: el jefe de Policía, coronel Julio César Bonelli, el jefe de día, inspector Yamandú Castro, y el director de DNII, Víctor Castiglioni, entre otros.
En la investigación se interrogó a Heber, a Pereyra, a Lacalle, a Julia Pou, al personal doméstico, a amigos y familiares, y a casi todos los vecinos (un contador que vivía junto a lo de Lacalle nunca fue interrogado) de la finca de Echevarriarza para intentar averiguar quién había llevado el vino.
En los peritajes se llegó a hacer pruebas caligráficas de decenas de mujeres que estudiaron en el Sacre Coeur, porque según el calígrafo Pedro María Achard de allí provenía la letra de las tarjetas. Hasta se hizo la prueba a personal policial de la DNII, pero sus nombres no están en el expediente.
Indagaron todas las ventas del plaguicida "FoXdrín" (dimetoxifosfinil) con el que el vino fue envenenado. Incluso a un sobrino del derechista Celio Riet, a cuyo nombre adquirió ese veneno. Riet, autor de La Orientalidad como Doctrina Nacional, quien estaba vinculado al semanario ultraderechista Azul y Blanco, nunca declaró ante un juez.
Siete años después, reabierto el caso, el senador frenteamplista José Germán Araújo declaró que, según fuente propias, Celio Riet había sido sindicado como ideólogo del crimen y una mujer policía la autora de las notas. Ninguno de ellos fue citado por el juez que volvió a archivar la causa.
El Senado marcó en sus conclusiones de 1986 que había existido una "crisis de conducción" en la indagatoria. Algunos interrogatorios recuerdan a los breves "Informes Sambucetti", el fiscal militar que preguntó a los torturadores si habían hecho desaparecer a fulano y aceptaba el "No" de los denunciados.
El fiscal Martín Salaberry escribió: "Han transcurrido casi dos años de los hechos que ameritan estas actuaciones y es la primera intervención que se otorga a la Fiscalía del Crimen, lo que torna totalmente inoperante su posibilidad de coadyuvar en la averiguación de un ilícito de magnitud desconocida en los anales criminológicos de nuestro país".
A principios de 1978 se había producido un fuerte choque entre la Armada Nacional y el Servicio de Información y Defensa (SID) por la detención de un par de dirigentes montoneros y los posteriores operativos de captura contra opositores a la dictadura en Argentina y Uruguay.
A esos enfrentamientos se sumaba el que sostenían los Tenientes de Artigas con el comandante del Ejército Gregorio Alvarez, quien luego de suscribir la Orden Nº 77/77 por la que el mando se responsabilizaba de violaciones a los derechos humanos, comenzó a evidenciar una sospechosa ambición política.
En ese marco puede entenderse el ataque que Prantl (otro hombre cooptado por Estados Unidos) realizó contra Alvarez a través de "El Talero" en los meses de mayo y junio de aquel 1978, poco después que el secretario de Estado de los EEUU, Cyrus Vance había llevado a Buenos Aires la nueva política de Jimmy Carter.
Ex miembros de la DNII reiteraron ya en el 2007 a LA REPUBLICA que aquel homicidio fue "alentado" por la Embajada de Estados Unidos en Montevideo, que "sugirió" a sus agentes "tocados" de la Brigada de Narcóticos que "neutralizaran" el operativo político. Pasiones y odios políticos llevaron a ejecutar un asesinato.
Las fuentes reiteraron que el director de la DNII, inspector Castiglioni, elaboró un informe paralelo, en el que denunciaba la responsabilidad de la gente de la Brigada de Narcóticos en el homicidio, que fue llevado en mano al general Prantl, quien pese a su destitución seguía teniendo todo el poder en el SID.
El documento concluía que había sido un "trabajo interno" que adjudicaban a Hugo Campos Hermida. "Fue un disparate. Desde la embajada habían dicho que se debía 'neutralizar' a la dirigencia blanca y se entendió que había que matarlos", narró uno de aquellos agentes ( LA REPUBLICA, 7/12/2006).
Campos Hermida era uno de los policías más implicados con los agentes de la CIA (el norteamericano Frank, el portorriqueño Raúl o el "ruso" Pedro) quienes mensualmente les pasaban un sobre con dinero. El "combo" con la sorpresita de McDonald's", diría el ex agente José Calacce ( LA REPUBLICA, 1/1/2007)
"Los informantes -dos fuentes separadas- coinciden en señalar a un ex agente de Narcóticos, de iniciales HF, como el hombre que trasladó las botellas al domicilio de Lacalle. Ambos apuntan a una funcionara de iniciales RL como la posible autora de las misivas que llevaban los vinos envenenados en 1978", publicaba LA REPUBLICA en enero de 2007.
Curiosamente, el carné de Policía de HF habría sido el que mostró a los agentes de Interpol el ex coronel Gilberto Vázquez cuando fueron a detenerlo en un departamento del barrio Palermo, donde se había ocultado durante su breve fuga del Hospital Militar.
La conexión norteamericana con la muerte de Cecilia Fontana de Heber no era descartada por el abogado Javier Barrios Bove, quien solicitó al Departamento de Estado abrir todos los archivos secretos que puedan tener información sobre el caso. Ningún documento desclasificado hasta hoy menciona el tema.
Fuente:LaRepublica
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