Subzona 14 - Novedades
Hernán Vidal, abogado defensor del militar Néstor Greppi, pidió este miércoles la "nulidad absoluta" del juicio oral y público que se le sigue a 9 represores pampeanos que actuaron en la Subzona 14 durante la última dictadura militar.
"Se está violando las garantías del juez natural, que lo establece el artículo 18 de la Constitución nacional", reclamó. Solicitó que Greppi sea juzgado por la Justicia Militar.
También se refirió al pedido que ayer realizó el fiscal Jorge Bonvehí para que los acusados sean condenados a 25 años de prisión. Fue una "acusación lacrimógena" dijo para hacer referencia a que durante elalegato Bonvehi lloró.
El abogado no disimuló su coincidencia ideológica con los represores durante el alegato. Pidió la anulación del juicio, la prescripción de la causa o la absolución del militar Nestor Greppi. Y salpicó su alegato con provocaciones: llegó a regocijarse de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner y a mencionar que la constitución nacional rige “por ahora, gracias a Dios”.
Sostuvo que la acusación contra Greppi “es un perfecto disparate” y que “está huérfana de sentido”.
Vidal cuestionó los “simulacros acusatorios” de las querellas y afirmó que “trataron de cubrir la fatla de pruebas directas” formulando lo que denominó “acusaciones ómnibus”. Según él, a los acusados “les imputan pertenecer a una institución” pero no se probaron los actos concretos. “Arbitrariamente asumen que son anormales por pertenecer a una institución”, insistió.
Nulidad
En primer término, el abogado pidió la nulidad del juicio porque cuando ocurrieron los hechos “se encontraba en vigencia el Código de Justicia Militar”. Y también porque las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que habían beneficiado a su defendido, fueron anuladas, a su criterio, “entre gallos y medianoche y a manera de venganza ideológica”.
“No se puede legislar hacia el pasdo. Es un engendro jurídico vilador de la seguridad jurídica”, sostuvo sobre la ley que se sancionó durnate el gobierno de Kirchner y reabrió las causas por delitos de derechos humanos.
Prescripción
Por otro lado, Vidal también solicitó la prescripción de la causa. Argumentó que cuando se produjeron los hechos no existía la figrua de delitos de lesa humanidad, de caracter imprescriptible. “A la Junta se la juzgó por delitos comunes. No puede haber dos Argentinas”, dijo.
“Al Código Penal lo di vuelta para arriba y para abajo, y la lesa humanidad no cae, no está”, se burló mirando a los querellantes. La frase y el tono parecieron emular el que usó en su momento el dictador Jorge Rafael Videla para negar entidad a los desaparecidos.
Genocidio
El abogado rechazó la figura del genocidio que planteó una de las “querellas ideológicas” porque, dijo, ese concepto no incluye como blanco del ataque sistemático a los grupos políticos.
Vidal justificó en ese momento el golpe del ‘76 porque había “una presidenta que era una inútil total para hacer frente a la guerrilla” e intrepretó que en el país “existió una guerra fratricida entre dos bandos militarizados, uno entrenado en Francia y la izquierda entrenada en Cuba y Libia. En el medio, estaba el pueblo”.
En La Pampa, dijo, “gracias a Dios no hubo muertes”, aunque describió el panorama previo al golpe como “un caos” con José Regazzoli al frente del Ejecutivo. “Era más policía y deportista que gobernador”, lo degradó.
El edecán de Alfonsín
En un tramo del alegato, Vidal confió que desistió de convocar al juicio a testigos sobre la personalidad de Greppi, porque eran suficientes los conceptos firmados por el ex presidente Raul Alfonsín, de quién el militar fue edecán ente 1983 y 1986, que aparecen en las fotocopias de su legajo personal. Entre otros elogios, allí el ex presidente habla de “honestidad profesional” o “elemento valioso para el ejército y el país”. “Esto descarta toda posibilidad de que mi defendido fuera un represor”, opinó.
Vidal también aludió a los supuestos “valores democráticos” de Greppi y relató que acudió desde la provincia de Santa Cruz al frente de una brigada de tanques leales para sofocar el levantamiento de Monte Caseros que encabezó el carapintada Aldo Rico. “Puso lo que había que poner para defender la democracia. Si ese levantamiento hubiera ganado, este juicio no se hacía”, dijo.
A esa altura del alegato, sacó un recorte del diario Clarín con la foto del ex presidente Alfonsín y el edecán Greppi a su espalda como respaldo a sus dichos. “A no ser que Clarín se haya asociado con los represores”, ironizó. Y soltó la provocación más audaz: “Estash nerviosho, Clarín.... como diría... que hoy no lo puede decir”.
Después de la falta de respeto, hubo unos segundos de silencio incómodo en la sala. En la segunda fila de sillas del público, una militante de derechos humanose se levantó y se retiró de la sala.
Las pruebas
Vidal afirmó que Greppi ni detuvo ni torturó a las víctimas por las cuales está acusado. Intentó desvirtuar los testimonios que lo mencionan o lo involucran y soltó frases despectivas sobre varios. De Miyi Regazzoli dijo que hizo “un desopilante relato, con imaginaicón literaria”. Del diputado Erverto Cuevas, que fue detenido en la legislatura, señaló que “solo los delincuentes sacan las cosas por las ventanas”, y de Santiago Covella, dijo que “le va a crecer la nariz como a Pinocho”.
Y atacó a los funcionarios secuestrados por los represores. “Regazzoli era honesto, pero abajo había una manga de delincuentes que se llevaban las cosas del estado”, escupió.
En cambio, Vidal rescató a Rubén Marín porque “fue el mejor gobernador que tuvo la provincia” y relativizó que haya declarado que Greppi manejaba la inteligencia después del golpe porque “se dejó llevar” por comentarios.
Por otro lado, el abogado sostuvo que Greppi “no perteneció al aparato represivo militar” de la Sub Zona 14 y recordó que el jefe del comando, Favio Iriart, en su indagatoria declaró que cumplía tareas administrativas. Dijo que si lo acusan por haber sido Secretario General del gobierno de facto “también tendrían que haber imputado al (gobernador Oscar Mario) Jorge por estar en el Ejecutivo”.
“No tenía nada que ver con la Subzona 14”, repitió.
Sumario
El abogado fustigó el “tierno sumario” que fue base del juicio contra los imputados porque, según su criterio, el entonces Asesor Legal Juan Carlos Tierno “lo usó como plataforma política” y el sumariante Timoteo Trohuill “aprovechó para vengarse” de los policías con los que se había enfrentado antes. “Tierno le vendió un buzón a Marín”, tiró.
La pena
Vidal consideró “desmesurado e irracional” el pedido de 25 años de condena contra el militar porque la acusación “es una suma de suposiciones”. Sugirió entonces que el fiscal Jorge Bonvehi habría recibido una orden en tal sentido de parte de Jefe de Procuradores de la Nación, Esteban Righi, “el mismo que en el ‘73 ordenó liberar a los subversivos de Caseros”.
“No se lo puede condenar por indicios de presencia. Acusan a Greppi sin prueba alguna. Buscan condenar a un militar para condenar al Ejército. Suerte que no pasó cerca el Sargento García, el enemigo eterno de El Zorro, porque sino también lo acusan”, completó sus irreverencias.
La defensa de Constantino, Fiorucci y Aguilera: "Decidían los militares, la policía estaba sometida"
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En primer lugar, Riera planteó que la acción penal contra sus defendidos está prescripta porque pasaron 22 años desde que prestaron la primera declaración indagatoria y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad a los cuales adhirió el país en el año 2003 “no puede ser retroactiva”.
También cuestionó la ley que anuló el Punto Final y la Obediencia Debida. “¿Puede el mismo estado otorgar un derecho y después retirarlo?”, preguntó. Y dijo que el juicio también viola las garantías de un plazo razonable para arribar a una sentencia “sin una actitud dilatoria de parte de ellos”.
En forma subsidiaria, sostuvo que tampoco están todas las condiciones necesarias para considerar los hechos como delitos de lesa humanidad. “No se corroboraron en este juicio que estuvieran insertos en un plan sistemático y generalizado”, opinó.
En ese sentido, dijo que no hubo tareas de inteligencia antes de las detenciones, que no fueron violentas ni clandestinas, que no se ocultó a los detenidos de sus familiares y en algunos casos incluso intervinieron jueces, y que permanecieron en la Seccional Primera y la Colonia Penal “que no pueden considerarse centros clandestinos”.
Por otra parte, pidió la nulidad del juicio porque se basó en un sumario que fue “un claro avance del Poder Ejecutivo arrogándose facultades del poder judicial”. Además, dijo que tuvo serias irregularidades producto del “enfrentamiento” que tenía el instructor, el comisario Timoteo Trohuill, con su defendido, el imputado Roberto Constantino. En ese sentido, descalificó la reconstrucción de los tormentos contra Hermes Acáttoli y Roberto Gil realizada en la comisaría de Catriló. “Fue el resultado de una operación previa orquestada por la Asesoría letrada, Trohuil y Beigel. El juez apareció luego de cuatro horas”, dijo.
También considero causa de nulidad la elevación a juicio de con la acusación del fiscal Federico Delgado. “No hay un relato claro y preciso de los hehcos que se imputan. No se pueden defender deun relato vago e impreciso y mucho menos de una abstracción. Debería haber descritpo hechos concretos y materiales”, estimó.
En segundo término, Riera pidió la absolución de los tres policías por considerar que no hay certezas y por el beneficio de la duda a favor del reo.
La estrategia fue descargar responsabilidad en las autoridades militares. “Acá se apunto a la policía y se soslayó la intervención militar en La Pampa. La Sub zona 14 no era policial, era militar. Quienes decidían eran los militares. Lapolicía estaba sometida”, argumentó.
Por otra parte, dijo que la resolución 129 que desingó a los policías que integraron el grupo de tareas no puede utilizarse como prueba de culpabilidad. Razonó uqe allí aparecen policías que no fueron acusados y que en el juicio declararon como testigos. “Si tuviera entidad vinculante, no tendrían que haberlos llamado como testigos”, eles dijo a losjueces. Además, mecionó que Reihnart y Marenchino no figuran allí pero están acusado y también que no hay constancia de que los policías hayan sido notificados de la resolución. “Estar ahi, no es señal de certeza”, dijo.
En otro tramo del alegato, Riera cuestionó los testimonios de las celadoras y de otros policías que comprometen a sus defendidos por algunas “incongruencias”.
Argumentó que las detenciones las disponían “los militares” y que “su eventual libertad no estaba en manos de mis defendidos” y subrayó que no hay una descripción clara de su participación en los tormentos. “Son pruebas indiciarias y confusas. No alcanza con decir que los vieron en la planta alta. No alcanza con nombrarlosentre los que trabajaban allí”, insistió, para reclamar que no se invierta la carga de la prueba.
Finalmente, Riera rechazó el monto de la pena pedido por el fiscal y las querellas. “No se fundó personalmente. Solo se dijo genéricamente que no hay atenuantes”, se quejó.
Señáló entonces que “es desproporcionado” pedir 25 años de cárcel porque los tres defendidos tienen más de 70 años. “Viola la humanidad de las penas. Es un castigo puro, sin pauta de utilidad social ni de resocialización”, dijo.
Para concluir, aseveró que el cese de las jubilaciones es “improcedente” y que el pedido de cárcel común “excede la atribución del Tribunal, que es la de dictar sentencia”.
El fiscal Bonvehí pidió 25 años de cárcel, por torturas y detenciones ilegales, para todos los acusados
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Documento histórico: el alegato fiscal
Pedido de absolución
Plan sistemático
Los acusó de torturas y detención ilegal a todos los acusados: Nestor Greppi, Roberto Constantino, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci, Nestor Cenizo, Oscr Yorio, Athos Reta, Hugo Marenchino y Carlos Reinhart.
"¿Cuál es la pena que repare los agravios cometidos? No se puede morigerar la pena, por estos delitos aberrantes a quienes no mostraron ningún arrepentimiento. Se aprovecharon ", dijo Jorge Bonvehí. "A quien ofenden estos delitos. Primero a las las víctimas después a toda la humanidad", dijo el fiscal.
"Debemos saber que la vida vale, vale la dignidad del hombre, la integridad física vale, la libertad vale", dijo el fiscal Bonvehí antes de pedir la pena. Dijo que en la medida que no establezcan una condena ejemplar esos valores no serán restablecidos.
"La imposición de la pena a los acusados es la forma que tiene el Estado de decir que ningún gobierno ninguna persona puede cometer esos delitos", aseguró el fiscal.
Es una forma de advertir al mundo que "crimenes como estos tarde o temprano no quedarán impunes", dijo Bonvehí. "La necesidad de aplicar pena resulta ineludible para reestablecer el sistema de derecho", agregó.
"No existe razón para limitar la aplicación de la pena", dijo Bonvehí.
Consideró que estuvo comprobado la detención ilegal de Dully Ginart de Villarreal, Ana María Martinez, Ricardo Gil, Hermes Accátoli, Santiago Covella, Hugo Ferrari, Mireya Regazzoli, Carlos Aragones, Raquel Barabaschi, Erberto Cuevas, Clemente Bedis, Nicolás Navarro, Avelino Cisneros, Justo Ivalor Roma, Hector Zolecio, Nicolas Navarro, Julian Flores, Carlos Samprón, Samuel Ezel Bertón, Luis Valentín Carlino, Nery Greta Sanders de Trucchi, Olga Edith Juárez, Maria Zulema Arizó,
También dijo que estuvo comprobada la tortura en diferentes casos de las personas detenidas.
El Plan sistemático según Bonvehí consistía en la detención ilegal, el traslado a la Seccional Primera o a la Unidad de la Colonia Penal de Santa Rosa y el sometimiento a un régimen inhumano de detención, en algunos casos con la aplicación de torturas.
En cuanto a la participación dijo que estaban los autores materiales y por otro lado, los roles eran intercambiables. Pero que todos formaron parte de la estructura que permitieron la realización de los delitos.
Los casos incluidos son las detenciones en Santa Rosa, General Pico y el operativo de la detención de profesores y directivos de un colegio secundario en Jacinto Arauz.
Bonvehí sostuvo que todos participaron de la Subzona 14, incluidos Nestor Greppi, Hugo Marenchino y Oscar Yorio. este último en su alegato negó terminantemente que hubiera cumplido rol alguno en la Subzona 14.
De Greppi dijo que aparece en los casos de los ex funcionarios (navarro y Zolecio) de la Secretaría General de la Gobernación, repartición de la que se hizo cargo: busó antecedentes para acusar a los funcionarios. También el caso de el ex diputado provincial Erberto Cuevas, quien lo vio en la Seccional Primera. Greppi se hizo cargo del personal y el manejo de lo remanente de la Cámara de diputados de la provincia después del 24 de marzo de 1976.
Para Bonvehí estuvo comprobada la tortura, definida como la coacción física o síquica que tienda a disminuir la capacidad y la personalidad de las personas. En esta práctica incluyó los golpes, picana, simulacro de fusilamiento, submarino seco, presenciar otras torturas y el impedimiento de la palabra. "Hubo trato degradante, sufrimiento extremo, y condiciones de higiene infrahumanas. esto produce el colapso de la persona", dijo el fiscal.
Otras conductas como aislamiento, encapuchamiento, atado de manos, la mala o nula atención médica y tabicamiento pueden considerarse torturas en el régimen analizado.
FuentedeOrigen:DiariodelaPampa
Fuente:Agndh
Subzona 14: Los querellantes pidieron 25 años de prisión a los acusados por genocidio.
"Estos seguro son los genocidas, pero no son todos", dijeron
Escrito por marcelo
Esta querella representa a Raquel Barabaschi, Guillermo Quartucci, Asociación Anahí, Centro de Estudios Legales y Sociales, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Instituto de Relaciones Ecuménica y Funladdhh. El abogado Curupachagüe agradeció a testigos por haber declarado. También a Marcelino Acosta y a los periodistas Norberto Asquini y Juan Carlos Pumilla, por su libro "El Informe 14", donde investigaran la metodología represiva y la implementación del "Terrorismo de Estado" en la Subzona 14. "A su capítulo primero lo titularon ‘La Periferia del terror' y resultó ser que durante el transcurso de estas audiencias hemos podido demostrar que aquí, en la ‘periferia', funcionaron no menos de cinco centros clandestinos de detención y exterminio y fueron víctimas del estado terrorista decenas de pampeanos". "La Pampa no fue una ‘isla' como a muchos les gustó decir durante estos años. En la provincia se secuestró, torturó y aún no sabemos si se desapareció a personas como en cualquier otra parte del territorio nacional", dijo Curupachagüe. "Lamentablemente, un dato concreto para manifestar en esta audiencia, es que al día de hoy las fuerzas armadas institucionalmente siguen sin aportar un solo dato sobre el destino de los desaparecidos, los niños (hoy ya adultos) nacidos en cautiverio y apropiados", dijo. "Aún hoy no sabemos como estaban compuestos en su totalidad los grupos de tareas, y sabemos porque existe documentación secreta, que fue prueba en otros juicios, que todas las operaciones represivas, fueron burocráticamente asentadas en partes y órdenes de operaciones, con una descripción detallada del objetivo a secuestrar, que obviamente eran seres humanos y el destino de cada uno de ellos una vez producido el secuestro". "Hoy (...) podemos sostener que el golpe cívico militar del 24 de marzo, tuvo por finalidad, destruir, aniquilar la construcción social realizada por el pueblo argentino. Cimentado en un desarrollo histórico, sostenido en la lucha inter generacional, que permitió el avance de la clase trabajadora en las conquistas sociales. Ese trabajo de clase creó lazos de solidaridad y le dio identidad cultural a la misma clase. Por ello sostenemos que el golpe de estado no fue para implantar el neoliberalismo como sostienen algunos, fue realizado para crear nuevas condiciones sociales y culturales, fue realizado porque la burguesía sintió realmente miedo al pueblo y presintió que éste le disputaba el poder de la nación y, ante esta disputa, utilizó todo su odio de clase para destruir esa identidad cultural y retrasar el ascenso de los trabajadores al poder". La organización del Terrorisimo de Estado fue realizada bajo "una estricta lógica militar", bajo las órdenes del Comando Conjunto, consistiendo esta en la división del territorio de la nación, en zonas, subzonas y áreas. En cada uno de ellos, dijo, actuaban "patotas" que respondían a directivas jerárquicas con respecto a sus "objetivos" seres humanos. "La actuación se realizaba en forma clandestina e ilegal, generalmente al amparo de la noche, siendo alojados todos los secuestrados en Centros Clandestinos de Detención". "Al organizarse el operativo, el ‘grupo de tareas' solicitaba al comando de zona, subzona y área, la correspondiente ‘zona liberada' para efectuar el mismo. Dicha situación era asentada en los ‘partes secretos' (ordenes de detención clandestina) donde figuraba el apellido, nombre, alias, grado de peligrosidad, de la víctima", manifestó. "Estos, los aquí imputados, seguros son los genocidas pero no lo son todos", lanzó. También hizo un repaso del adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas según la escuela francesa y del Plan Conintes.
Fuente:RadioDon
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