Se trata de los jueces Julio Petra Fernández, Alfredo López Cuitiño y Enrique Sosa Arditti. Casación Penal los separó de todos los procesos vinculados a crímenes de lesa humanidad en las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.
La Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió apartar a tres integrantes de la Cámara Federal de Mendoza de las causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad en toda la jurisdicción del tribunal, que incluye las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.
Se trata de los camaristas Julio Petra Fernández, Alfredo López Cuitiño y Enrique Sosa Arditti (este último ya renunció a la subrogancia que ejercía en el tribunal. Ver nota: "Casación integró la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza con nuevos jueces").
Fue en el marco de un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal contra la decisión de Cámara que entendiera que la recusación planteada contra sus miembros se extendía sólo a las causas provenientes de la Justicia Federal de primera instancia de Mendoza.
En su presentación, el fiscal había solicitado que se revoque esa decisión y se disponga que Petra Fernández, López Cuitiño y Sosa Arditti “carecen de jurisdicción y competencia para intervenir en causas en las que se ventilan delitos de lesa humanidad en su ámbito de jurisdicción (provincias de San Juan, San Luis y Mendoza)”.
La Cámara de Casación Penal hizo lugar al recurso. En la resolución, el camarista Gustavo Hornos (a cuyo voto adhirieron Mariano González Palazzo y Augusto Diez Ojeda) señaló que “la situación jurisdiccional en la región de Cuyo, en particular, aquella relativa a la actuación o apartamiento de los integrantes de la Cámara Federal de Mendoza en causas de lesa humanidad, presenta una gravedad inusitada”.
“Ello, no sólo como consecuencia de la existencia de expedientes en trámite en los que se investiga la actuación de algunos de los integrantes de ese tribunal en el marco de causas de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y/o su intervención en la comisión de esa clase de delitos durante su desempeño judicial en aquel período, sino también por las constantes y sucesivas intervenciones suscitadas por las diversas recusaciones y excusaciones de los miembros del tribunal que previno, sin que se cuente con un marco jurídico-teórico razonable que permita distinguir aquellas causas en las que se hace lugar al pedido inhibitorio y aquellas en las que no”, agregó.
Aseguró que “este antagonismo creado entre decisiones que no debieran ser antagónicas impide la consecución del trámite en los procesos que se realizan en la jurisdicción, generándose demoras injustificadas, produciéndose un desgaste jurisdiccional innecesario, y atentándose contra la previsibilidad y seguridad jurídica”.
“Existe en Mendoza una crisis judicial tal que impide el juzgamiento de delitos de lesa humanidad cometidos en la región de Cuyo, lo que compromete seriamente la responsabilidad internacional del Estado. Esta excepcional y singular problemática requiere de una solución rápida y efectiva, la que será, por carácter transitivo, también singular”, indicó.
En ese sentido, dijo que “los motivos aludidos en la recusación dispuesta exteriorizan elementos que pueden producir en las partes y en la sociedad dudas razonables acerca de la imparcialidad de los tres miembros del tribunal que previno en todas las causas de lesa humanidad que lleguen a su conocimiento. Es que, analizados bajo la aplicación de la doctrina judicial sobre la garantía de imparcialidad objetiva del juzgador… presentan razonable y conveniente el apartamiento de los señores jueces recusados en los términos que viene solicitado por la representación del Ministerio Público Fiscal”.
FuentedeOrigen:www.cij.gov.ar
Fuente:Agndh
PREGUNTAMOS. TOMARAN LAS MISMAS MEDIDAS CON LA JUSTICIA FEDERAL DE SALTA, JUJUY Y CATAMARCA?
LA MOROSIDAD EN LOS JUICIOS A LOS GENOCIDAS TIENE NOMBRE Y APELLIDOS COMO TANTAS VECES DENUNCIARON LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS DE ESAS PROVINCIAS.
ENTONCES ES OBLIGADO LA PREGUNTA: ¿ TOMARAN LAS MISMAS MEDIDAS?
Casación integró la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza con nuevos jueces
Es para resolver todas las causas penales, incluidas las que se investigan delitos de lesa humanidad. Designó a dos magistrados, que reemplazarán al suspendido Luis Miret y a Enrique Sosa Arditti, que renunciara a la subrogancia.
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA AVANZA CONTRA JULIO PETRA
La complicidad cuyana
Un camarista quedaría hoy a un paso del juicio político y podrían suspenderlo. También se debatirá la situación del juez Otilio Romano, que se amparó en una cautelar.
Por Irina Hauser
El camarista mendocino Julio Demetrio Petra, acusado de proteger a represores y obstaculizar el avance de las causas por los crímenes de la última dictadura, quedaría hoy a un paso del juicio político por “mal desempeño”, y hasta existe la chance de que el Consejo de la Magistratura ya disponga su suspensión. El organismo tiene previsto analizar un dictamen donde se lo acusa de haber actuado con visible parcialidad al menos en dos expedientes sobre violaciones a los derechos humanos. El texto, impulsado por Héctor Masquelet (representante del Poder Ejecutivo), además responsabiliza a Petra por “contribuir al estado de gravedad institucional por el que atraviesa en la actualidad la Justicia federal de Mendoza, procurando, entre otros artificios, retardar la investigación criminal que se sustancia contra su amigo y colega de la Cámara Federal, Otilio Romano”, por su complicidad con el terrorismo de Estado. La situación de Romano, que con una medida cautelar dictada por un juez ad hoc amigo frenó la investigación del Consejo que complica su futuro, volvería a ser debatida hoy. La diputada Diana Conti propone enjuiciarlo por la ilegalidad de ese amparo. Tampoco se descarta que en breve otros camaristas provinciales dejen la cautelar sin efecto.
El cuadro de “crisis judicial” en Mendoza, donde varios jueces que son investigados por su connivencia o participación en los crímenes dictatoriales buscan protegerse entre sí, fue señalado ayer en un fallo de la Cámara de Casación Penal que resolvió apartar al propio Petra, a Alfredo López Cuitiño y Enrique Sosa Arditti de los expedientes sobre delitos de lesa humanidad (ver página 11).
Petra Fernández, un camarista que liberó en forma masiva a represores de Mendoza, San Luis y San Juan, tiene una decena de denuncias ante el Consejo de la Magistratura promovidas por víctimas y organismos de derechos humanos de Mendoza. Hay dos casos en condiciones de ser votados hoy en el organismo, por los que Masquelet pide que se lo suspenda. Lo acusa, por un lado, de haber firmado la excarcelación del sargento Osvaldo Martel a pesar del contundente relato de una de sus víctimas, la jueza Margarita Camus, que lo reconoció como su torturador. Petra no puso en duda los hechos, pero sí la coautoría de Martel y el testimonio de Camus. Masquelet recuerda la relevancia de la palabra de los sobrevivientes en estos juicios. Es evidente, dice, la “falta de imparcialidad” del camarista. Esa conducta, agrega, también se reflejó al insistir Petra en no excusarse en la causa que encabeza como imputado Luciano Benjamín Menéndez, a pesar de que otros camaristas lo apartaron después de que descalificara públicamente al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y al fiscal Jorge Auat, de la Unidad especial sobre delitos de lesa humanidad.
El dictamen debe ser votado primero por la Comisión de Disciplina y Acusación, que se reúne al mediodía, pero existe la chance de que el plenario, convocado por la mañana, se “constituya en comisión” y hasta se vote la acusación y la apertura del juicio político en el acto. Si no la suspensión se votaría el jueves que viene. El texto de Masquelet también muestra las acciones de Petra para amparar a su colega Romano. Entre ellas, no haberse excusado pese a su amistad y resolver junto con otros dos jueces subrogantes –no menos cuestionados– el apartamiento del juez Walter Bento, que había citado a indagatoria a Romano por considerarlo partícipe en 55 privaciones ilegítimas de la libertad y 39 hechos de torturas cuando era fiscal durante la dictadura.
Romano eludió la citación con un parte de enfermo y se tomó licencia médica. A pesar de todo, después de correr a Bento –describe el dictamen– ambos cenaron a la vista de todo el mundo con vino y dos botellitas de champán en un bar céntrico de Mendoza, según consignaron los diarios locales, lo que “no hace más que poner de manifiesto no sólo la imprudencia y la falta de decoro (...) sino también su absoluta indiferencia hacia la indignación que sienten todas aquellas víctimas del terrorismo de Estado que aún reclaman una respuesta de la Justicia federal de Mendoza”.
Romano tiene dos grandes expedientes en el Consejo por su complicidad con la dictadura, pero el abogado Carlos Parellada, nombrado juez ad hoc por la propia Cámara que Romano integra, dictó una medida cautelar a su favor que suspendió el proceso. El Consejo apeló, pero todos los camaristas se excusaron. Para Romano es ideal el paso del tiempo: en dos semanas el Consejo cambiará casi por completo sus integrantes. Los consejeros debatieron ignorar la cautelar, pero primero intentaron una intervención de la Corte Suprema, que sólo les hizo un guiño extraoficial para que avanzaran, ya que ningún amparo puede impedir juzgar a un juez, si no todos harían lo mismo. En el ínterin, Petra –que en esto estaba excusado– decidió anular por “superintendencia” el sorteo de jueces suplentes para el amparo y mandó el expediente “en consulta” a la Corte, que hoy devolvería las actuaciones, y podría haber una resolución que suspendiera el amparo. La diputada Conti presentó un dictamen donde acusa a Romano y a Parellada por la ilegalidad de ese amparo y pide citarlos como sospechosos que se debatirá hoy. Quizá la semana que viene también llegue la hora de la suspensión a Romano.
FuentedeOrigen:Pagina12
Fuente:Agndh
Pidieron la absolución de Labarta y Egea Bernal
Dado que uno de los imputados que más veces sonó en las voces de los testigos es Juan Labarta, que además habría amenazado en la plaza San Martín a los padres del Dr. Armando Dauverné, parece uno de los más complicados en esta causa. Por ese motivo las especulaciones generales y entre la prensa eran que su abogado defensor (que además defiende a Raúl Egea Bernal), iba a ser quien iba a tener el alegato más complicado. Sin embargo El Dr. Ramiro Dylon se explayó durante casi 3 horas dando toda clase de fundamentos para pedir después la absolución de sus defendidos.
Con respecto a los dicho pos fiscales y querellantes, en principio este abogado considera que aparentemente “han querido completar un álbum de figuritas”, ya que era necesario armar ese “grupo de tareas” que se les imputa a los acusados. “Necesitaban completar el equipo, desde el puntero delantero hasta el ‘arquero’” (dijo sarcásticamente dado que Labarta era arquero en el club Pedal).
El Dr. Dylon manifestó además que no queda muy claro cuál es el delito puntual por el que se los imputa a sus defendidos. Se los ha puesto en determinados lugares ocupando un “rol” pero según este letrado, “el rol no es prueba”. Al respecto hizo una analogía entre la actitud de los militares de tildar de “subversivo” a cualquiera y los nombres de los acusados en los libros de novedades, y por ello su acusación como cómplices o autores de los delitos.
Por otra parte el defensor hizo una crítica –que ya había manifestado al comienzo del debate- al hecho de que las demás partes hicieron la ampliación de la acusación en el momento de elevación a juicio y no antes, no dándole así a los imputados la oportunidad de defenderse respecto de esos nuevos delitos. “Ampliaron la acusación en el debate y no en la Instrucción, por lo que violaron el derecho de defensa”, dijo.
Por estos y por muchos otros aspectos, pidió compulsa contra algunos testigos, la invalides de algunos testimonios y la nulidad de los alegatos de la Querella y la Fiscalía porque considera que hay vicios que el Tribunal se va a llevar a la sentencia. “Sé perfectamente que los querellantes conocen el principio de congruencia y han caído en una arbitrariedad porque en el caso de Egea si no se le inventaba esta acusación de la aplicación de tormentos, nos encontramos frente a un delito que está prescripto. S muestra la hilacha del interés propio que hay detrás de las acusaciones”.
Por ese motivo el Dr. Dylon pidió la absolución del abogado Egea Bernal, ya que “falsificación de instrumento público” no es un delito imprescriptible como sí lo es cualquiera de lesa humanidad. En cuanto a Juan Labarta y teniendo en cuenta que “no se pudo probar la acusación que pesa sobre él”, el letrado dijo “sin acusación el Tribunal debe absolver”.
Luego de un cuarto intermedio la Querella y la Fiscalía se pronunciarán en función de hacer un descargo frente a lo planteado por el defensor.
FuentedeOrigen:http://www.mdzol.com
Fuente:Agndh
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