El fin de la justicia rancia
Miembros de la corporación judicial cómplices de la dictadura cívico-militar.
11-11-2010 / Este año, por primera vez en la historia de la provincia, se propició el jucio político a los camaristas Luis Miret y Otilio Romano. Además, en los últimos meses sumaron puntos en su contra: el juez Bento los imputó de no haber investigado violaciones a los DD.HH. durante el Proceso.
Por María Eva GuevaraEl santo oficio de la defensa del terrorismo de Estado se vio en serios problemas el pasado 21 de mayo. Ese día, por unanimidad de los miembros del Consejo de la Magistratura, al fin había una respuesta a los organismos de derechos humanos en su reclamo de juicio político a los camaristas Luis Miret y Otilio Romano por sus actuaciones en la pasada dictadura militar.
Por primera vez desde la instauración de la democracia, se abría la posibilidad de investigar a integrantes de la corporación judicial que por su explícita complicidad con los represores podría decirse que representan la dictadura residual en la Argentina. Nos referimos a magistrados acostumbrados a moverse entre los pliegues del poder durante casi cuatro décadas. Miret, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional de la Región de Cuyo, además de profesor de la cátedra de Filosofía Jurídica en la Universidad Nacional de Cuyo. Otilio Roque Romano, también camarista, vicepresidente; un hombre capaz de lograr un alineamiento de la corporación judicial si de lo que se trata es de evitar el develamiento de su oscuro desempeño en el pasado ya que fue fiscal federal y omitió promover investigación de más de 97 detenciones y desapariciones. Entre esos delitos graves hay uno que sigue consumándose: la apropiación de Celina Manrique Terrera, hija de desaparecidos.
De algún modo estos hombres fuertes de la Justicia lo han sido por el respaldo de importantes medios de comunicación. El diario Los Andes ha sido la red de Luis Miret desde el día que juró junto a la plana mayor del gobierno de facto de 1976, mientras que Diario Uno ha servido de teatro de operaciones recientes que como son difíciles de sostener ante la opinión pública se presentan bajo la forma de escritos periodísticos anónimos.
Desde el mes de julio y hasta el presente, la seguidilla de hechos bochornosos adentro y afuera de los tribunales federales parece no tener fin. Para frenar cualquier intento de ser juzgado y eventualmente destituido, Romano presentó un recurso de amparo con una medida cautelar. Invocó para eso el hecho de que no podría ser removido como juez por hechos cometidos cuando era fiscal de la justicia federal mendocina.
El amparo debía ser resuelto por la jueza Olga Pura de Arrabal –conocida por haber frenado la Ley de Medios en todo el país– pero esta optó por excusarse, convocándose a un extraño sorteo de abogados que dio por ganador a Carlos Parrellada. Un abogado amigo de Romano que el 19 de julio hizo lugar la medida cautelar y ordenó suspender los procedimientos del máximo organismo regulador de actividad de magistrados y jueces federales.
Poco después ocurrió un hecho histórico. El 20 agosto, el juez federal Walter Bento decidió imputar a Romano, Miret, y a los ex jueces o ex fiscales Guillermo Max Petra Recabarren, Gabriel Guzzo y Rolando Carrizo, por no haber investigado graves hechos de violaciones a los derechos humanos de detenidos políticos durante la última dictadura militar. Bento no hacía más que formalizar con su firma un pedido que estaba pendiente desde hacía varios meses por el fiscal Omar Palermo, quien viene exigiendo agilidad en la resolución de todas las causas referidas a derechos humanos.
El día 27 empezaron las indagatorias y Romano se sentó en el banquillo de los acusados aunque ejerciendo su rol de camarista. Fuera de todo procedimiento formal denostó en más de una ocasión al juez Bento y acusó a Palermo, con insultos mediante, de estar “apoyando a los Montoneros con esto”. A continuación, sin haber terminado el procedimiento formal, pidió una prórroga por razones de salud. Según las constancias que Romano presentó, una serie de dolencias se vieron agravadas por las indagatorias y su cuadro ameritaba una licencia médica de 60 días.
Como había recusado al juez Bento por “enemistad manifiesta”, a los días, una vez que esta se le dio, suspendió su licencia médica y volvió a trabajar.
Tanto el fallo a favor de Romano como la integración de esa Cámara tienen irregularidades y ribetes de escándalo. Asombrada, la periodista Irina Hauser, de Página 12, relataba los pormenores del caso, y es que pocas veces se ha visto a un imputado elegir a los jueces que quiere para ser juzgado. La Cámara quedó integrada por el camarista Julio Petra Fernández y los sanjuaninos Leopoldo Rago Gallo y Miguel Angel Gálvez. Julio Petra debió haberse excusado por ser compañero de Romano desde 1993 y apartado para intervenir en las causas de lesa humanidad –también tiene un pedido de juicio político porque al haber liberado a los máximos represores de la provincia habría cometido mal desempeño en sus funciones–.
En cuanto a Rago Gallo y Miguel Angel Gálvez, hay un par de curiosidades por decir. Mucho antes de que trascendiera su complicidad con el terrorismo de Estado, Romano se había inhibido de intervenir en una demanda promovida por Rago Gallo por la “amistad íntima” que los unía. Gálvez, por su parte, era el representante de los jueces en el Consejo de la Magistratura y el día 16 de setiembre, justo en el momento en que se producía la votación para determinar la suspensión del camarista mendocino Luis Miret imputado penalmente junto a Romano, Gálvez se retiró repentinamente sin votar. Sólo por añadir otro dato más de curiosidad: el juez federal Miguel Angel Gálvez es quien acaba de suspender la Ley de Protección de Glaciares en la provincia de San Juan, haciendo lugar a un amparo de empresas mineras de esa provincia.
Por si esta trama de protección mutua y calculada entre jueces fuese poco, está el frente mediático en el cual opera Romano.
El 10 de octubre, Los Andes (propiedad de Clarín) publicó una carta de Otilio Romano. Fue un gesto solidario del diario para con aquel camarista que había respaldado la medida cautelar de Olga Pura de Arrabal en el sentido de impedir la implementación de la Ley de Medios. La carta se tituló “La utilización política de los derechos humanos”. En ella se amplificó la idea de que hay una embestida del kirchnerismo contra la Justicia. O sea, la misma idea que fogonea Diario Uno. Primero publicaron una nota sin firma al solo efecto de identificar qué jueces mendocinos asistieron en calidad de público a una charla que dio en Mendoza el periodista Horacio Verbitsky, con la clara intencionalidad de ensuciarlos. Sucedió esto con Juan Antonio González Macías, justo en momentos en que los defensores de los represores lo recusaron, con argumentos poco serios y nada fundados. También hubo artículos sin firma para denostar al fiscal Omar Palermo. No es casualidad. Tanto González Macías como Omar Palermo son magistrados respetados por su seriedad en el tratamiento de las causas de derechos humanos.
Hacia el 14 de octubre, la crisis institucional del fuero se hizo evidente. El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, se presentó ante el plenario del Consejo de la Magistratura para expresar su preocupación por la situación de Romano que no hacía más que agravar la de otros magistrados que vienen siendo cuestionados por paralizar las causas por violaciones a los derechos humanos. Righi ya había expresado que el camarista Romano estaba entorpeciendo el avance de la investigación penal en su contra y también el proceso que se le sigue en el Consejo de la Magistratura.
Y entonces llegó el 21 de octubre. Quizá confiado en el cerco que le proporcionan los medios, Romano desbarrancó. El camarista salió a festejar junto a Julio Petra en un bar de la coqueta Arístides Villanueva. La foto de esta cena con vino y dos botellas de champán de por medio, pasará a ser la postal misma de la falta de pudor.
Si cenaban juntos, si festejaban con vino y champán, había amistad. Y si había amistad era manifiesta la parcialidad de Petra al haber firmado el fallo que desplazó al juez Bento que había citado a indagatoria a Romano. Según pudo saber Veintitrés, ese miércoles por la noche había dos personas cenando en un bar de la calle Arístides Villanueva cuando una de ellas reconoció a los comensales de al lado. Se quedó boquiabierto porque conocía a ambos magistrados del ámbito judicial y decidió contárselo a un periodista. Según este observador, como parte de la conversación lo que dijo Romano fue: “Quedate tranquilo, ahora vos sos el que maneja todo”.
La frase deberá ser dimensionada por lo que pasaría días después.
Es que a esta altura Romano coordina una suerte de raid de sucesos que se filtran a la prensa. Como el del miércoles 27 de octubre. Ese día el camarista chocó con su vehículo por la tarde. No fue un accidente grave pero hubo heridos –el coche de Romano embistió una camioneta en la que viajaba un matrimonio– pero lo sugestivo fue la actitud del camarista que rehuyó el dosaje de alcohol que es de rigor en estos casos.
Poco después se develó en qué sentido Julio Petra tendría el manejo de todo. El camarista retiene, al menos hasta la fecha de cierre de esta crónica, un expediente en el cual no tiene competencia. Es justo el expediente referido a la medida cautelar pedida por Romano. Se trata de una maniobra irregular con la que busca evitar que su amigo y colega pueda verse perjudicado. De acuerdo con lo informado por el periodista Jorge Hirchsbrand, hace varios días Romano comentó que si la causa penal avanzaba y su situación se comprometía, tomaría la decisión drástica de matar al juez federal Walter Bento y haría lo mismo con Palermo y luego se suicidaría.
El episodio del expediente dice dos cosas respecto del cuadro de crisis institucional que genera Romano. Es claro que busca ganar tiempo, porque como efecto inmediato del asunto del expediente se dilata la conformación de un nuevo tribunal de apelación con jueces de zona. Esto pasa porque ya la Corte Suprema de la Nación estableció que los camaristas naturales no estaban en condiciones de actuar por la cercanía con el personaje involucrado.
Por otro lado, Romano no salta sin red y es que en rigor son varios los hombres de la Justicia –o ex funcionarios de ese fuero– que enfrentan cargos y están a la defensiva o en el fragor de la resistencia. El pasado 4 de noviembre se conoció un último episodio escandaloso. Como el juez Walter Bento viajó a Estados Unidos para actuar como veedor internacional en las elecciones legislativas de ese país, la Cámara Federal integrada por Otilio Romano y Julio Petra nombró a un sustituto. El elegido resultó ser Carlos Pereyra González, acusado en San Luis de haber sido testigo de las torturas a los detenidos ilegales. Hasta el año pasado Pereyra González era camarista pero renunció en cuanto públicamente fue señalado por testigos por haber estado al tanto de las sesiones de torturas que se realizaban en los centros clandestinos de detención.
Quién es quién. Mucho antes de amenazar de muerte al juez que osó pedir su citación a indagatoria pero un tiempo después de haber encubierto secuestros y torturas, se produjo un episodio completamente desconocido en la historia de los derechos humanos que pintan al personaje Otilio Romano.
El escenario era la década del ochenta. Por entonces el Dr. Alfredo R. Guevara ya había descifrado todas las claves de la trama de impunidad tejidas por jueces y fiscales del fuero federal. Él era quien impulsaba los pedidos de justicia para los más de 200 desaparecidos de Mendoza, entre ellos, el estudiante Luis Moriña.
En sus escritos, Guevara alegó que tanto Miret como Romano habían sido cómplices de la desaparición de Moriña en 1976. Romano, que ya había sido ascendido a camarista, le inició una querella criminal. No había dudas de la complicidad ni faltaban pruebas pero Guevara tenía todo para perder. No existía posibilidad de abrir causas penales porque el gobierno de Raúl Alfonsín las fue liquidando y tampoco se había formulado el concepto de delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles. La tarea de Alfredo Guevara era contra toda una corporación, no sólo contra sus principales autoridades. Sin embargo, en aquella ocasión los jueces debieron reconocer que las irregularidades eran palpables pero que se trataba de meras responsabilidades administrativas ya prescriptas. Redoblando la apuesta, Guevara insistió con la complicidad y pidió que los magistrados fuesen citados a declarar porque ese era un amparo que tenía como objeto establecer dónde estaba Luis Moriña. Eran ellos quienes debían decirlo. Eran ellos quienes recibían el informe del Ejército que decía que Moriña estaba preso y eran ellos quienes hacían como que la detención no continuaba en cuanto el Ejército cursaba un pedido de captura a nombre del prófugo Moriña. Eran ellos la Justicia pretoriana de los señores que disponían de la vida y la muerte. Pretores esenciales para que un señor de horca y cuchillo, como llamaba Guevara a Luciano Benjamín Menéndez, pudiese hacer desaparecer a 200 personas.
Romano, a la hora de la verdad, en la primera audiencia de conciliación que es de rigor en estos procesos donde se defiende el honor, estuvo pálido al momento de tomar la palabra y en cuanto lo hizo pidió conciliar, mientras que Guevara se rehusó a desdecirse de la supuesta ofensa.
Como Menéndez, ahora que sí hay justicia y es la sociedad la que intenta salvar el decoro esencial para vivir en una democracia sólida, Romano tendrá que escuchar más tarde o más temprano la pregunta que lo hará palidecer: ¿dónde está Moriña?
Y más preguntas, que no querrá escuchar. ¿Por qué en el secuestro del matrimonio Galamba que denunció, además, el robo de camas, roperos, heladera, lavarropa y ropa, el entonces fiscal Romano rechazó investigar el tema porque “se convertiría al tribunal en una oficina de informes de cosas perdidas”?
¿Por qué basó su acusación contra presos políticos en declaraciones efectuadas bajo tortura? ¿Qué hizo cuando un grupo de presos ingresó a los tribunales semidesnudos, descalzos y con evidentes signos de tortura? ¿Por qué en el caso de Luz Faingold, una adolescente de 17 años que fue detenida en 1975, hay un dictamen de Romano que precisa que “si bien el juez Miret no ordenó directamente la detención de la menor, habría sido anoticiado –probablemente de manera telefónica– el mismo día del resultado del allanamiento”? ¿Cómo es que si tomó conocimiento de que tenía privada de su libertad a una menor de edad, en un centro clandestino de detenidos junto a personas adultas perseguidas por causas políticas, no hizo nada para evitar que Luz Faingold siguiera incomunicada y privada de hablar al menos con su madre? ¿Cómo es que si estaba al tanto de las torturas y del abuso sexual del que fue víctima la menor por parte del personal policial, omitió promover la persecución y represión de los delincuentes?
El velo sobre la complicidad ha empezado a correrse. Pero no es como da a entender Romano que es por venganza del kirchnerismo por haber fallado en contra de la Ley de Medios y que recién ahora se acuerdan de lo que pasó hace más de treinta años. Es por efecto de las normas que existen y aseguran que los delitos de lesa humanidad deben ser juzgados en su carácter de tales. Esto vale tanto para un camarista en ejercicio como para un hombre común que carece de fueros. La diferencia está en los procedimientos.
En lo que hace al Consejo de la Magistratura, tanto Romano como Julio Petra serán citados, y cada episodio que protagonizan, cada irregularidad manifiesta y probada será añadida al proceso y entonces habrá una carpeta bien gorda para cada uno. Un tercer magistrado mendocino, el juez ad hoc Carlos Parrellada, también será citado a raíz de haber concedido la medida cautelar que frenó la investigación de Otilio Romano en el Consejo de la Magistratura.
Recordemos que Julio Petra fue uno de los que liberó en mayo de 2008 a todos los detenidos acusados de los asesinatos del estudiante Amadeo Sánchez Andía y Romano Rivamar, ex integrantes de fuerzas armadas y de seguridad, a pesar de que existe un testimonio persistente de Carmelo Cirella Paredes en contra de ellos.
Ese mismo año fue uno de los camaristas que ordenó liberar al coronel Oscar Orlando Dopazo, quien fuera jefe de Inteligencia del G2 en los años ’70 y murió en libertad, ese mismo año. Liberó junto a Carlos Pereyra González al sargento del Ejército Osvaldo Benito Martel implicado en los delitos de tormentos agravados en perjuicio de Margarita Rosa Camus, nieta del entonces gobernador de San Juan, Eloy Camus (que también fue detenido), y actual jueza de garantías de la Justicia sanjuanina, y liberó también a los ex comisarios Armando Osvaldo Fernández y Eduardo Smaha Borzuk, procesados por delitos de lesa humanidad, entre ellos el homicidio del escritor y periodista Francisco “Paco” Urondo y la desaparición de su esposa, Alicia Raboy.
Como para que no quepan dudas de su sistemática colaboración con los represores, Petra otorgó en forma irregular falta de mérito al capitán Luis Sthuldeher, quien fue parte del aparato represivo de la dictadura en San Rafael además de funcionario de Julio Cobos en su gestión de seguridad. Gracias a esta medida, Sthuldeher zafó de sentarse en el banquillo de los acusados en el primer juicio por delitos de lesa humanidad que está por concluir en San Rafael.
La complicidad con el horror envuelve a ex funcionarios como Gabriel Guzzo, Guillermo Max Petra Recabarren, Ernesto Peñaloza, Carlos Fuego y Edgardo Díaz Araujo. Todos ellos deberán enfrentar los cargos formulados por el fiscal Omar Palermo.
El caso de Carlos Fuego es bien elocuente de la clase de funcionario que hace a la fama de la “familia judicial” mendocina. El 30 de abril de 1982, durante el gobierno de facto de Bonifacio Cejuela, hubo una marcha de protesta brutalmente reprimida por efectivos de Gendarmería. A toda costa la dictadura cívico-militar quiso tapar la muerte del obrero José Benedicto Ortiz, que recibió un disparo en el pulmón. Fuego, quien era fiscal federal, dictaminó que Ortiz había sido el culpable de su propio asesinato. Se valió de un falso dictamen médico que aseguraba que el dirigente obrero había fallecido por problemas pulmonares. Se le pasó advertir que dos días antes ese obrero había caído al suelo ensangrentado porque había recibido un disparo de los gendarmes, homicidio perpetrado a la vista de cientos de personas, en plena calle y a plena luz del día.
FuentedeOrigen:Revista23Fuente:Agndh
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