Sábado, 11 de Diciembre de 2010
Durante una maratónica jornada los defensores Ricardo Ozuna y Oscar Gómez concluyeron sus alegatos, la parte acusadora dio su réplica, los abogados duplicaron y los imputados cerraron el debate emitiendo su última palabra.
La tercera audiencia de alegatos y la cuadragésima quinta del juicio comenzó con el descargo que presentó Ozuna, el abogado de Gabino Manader, Francisco Orlando Álvarez, Rubén Héctor Roldán, José Marín (cabo Sotelo) y Oscar Alberto Galarza.
Él, como sus colegas, trató de presentar un marco histórico parcial para explicar el contexto en el que ocurrieron los hechos, pero en rigor quiso introducir la teoría de los dos demonios.
Su alegato también desacreditó a los testigos que imputaron a Manader, considerado uno de los jefes del grupo de tareas que actuó en la provincia desde el ‘74 y hasta bien entrados los ‘80.
Para la fiscalía y la querella, el ex policía --que tenía grado de suboficial-- es uno de los uniformados que más sabe de la represión ilegal porque estuvo presente en casi todos los secuestros, torturas y desaparición forzada de personas.
A este juicio llegó imputado de 25 hechos y, en efecto, fue el único acusado nombrado por todos los testigos víctimas; es decir, los ex presos políticos. Otro ex policía que declaró dijo: “Manader mandaba más que el jefe de Investigaciones”.
Ozuna en varias oportunidades se refirió a que participar de una detención o allanamiento no lo hace coautor de tormentos agravados. Además, indicó --sin aceptar las acusaciones-- que su cliente siempre actuó bajo las órdenes de sus superiores, como lo disponen los reglamentos y las leyes vigentes en aquellos años.
Contra Mirta Clara
Los defensores, en una extraña actitud, mostraron un notable ensañamiento contra Mirta Clara, la esposa de Néstor Carlos Sala, asesinado en la Matanza de Margarita Belén y ex presa política que sufrió un brutal ensañamiento durante su cautiverio.
El abogado de los dos ex jerarcas policiales Lucio Humberto Caballero y Ramón Andrés Gandola, Oscar Gómez, la acusó de mentirosa y de buscar un rédito económico con el pago de las indemnizaciones del Estado nacional.
Se apoyó en la declaración que realizó ante la Justicia Federal en 1975 con la asesoría de Guido Leunda (h), en la que no mencionó que sus defendidos habían participado del allanamiento de su casa.
Gandola, acusado sólo de este hecho, durante su descargo sostuvo que “se trasladó hacia ese domicilio porque se enteró del procedimiento relacionado con el ataque al Regimiento de Monte de Formosa, perpetrado el 5 de octubre de 1975”.
Para Gómez, Mirta Clara buscó desvincularse del ataque al regimiento y sostuvo que su arresto fue el 5 y no el 9 de octubre, como figura en la causa federal que la condenó a seis años de prisión. El abogado se atrevió a sostener que “Mirta Clara no fue una presa política, sino una delincuente común”, condenada conforme con las normas del procedimiento penal vigente ese año.
Gandola, el bueno
En otro pasaje de su alegato, Gómez mencionó el episodio que vivió Antonio Zárate cuando fue alojado en el centro clandestino de detención que funcionó en al Jefatura de Policía. En aquella ocasión Gandola, subjefe de la fuerza provincial, medió para que cesaran los tormentos contra Zárate y además ordenó que le dieran todos los días una taza de cocido con leche y bizcochos.
Este argumento fue usado por la querella y la fiscalía, durante la réplica, para demostrar que Gandola tenía facultades para hacer cesar los tormentos; es decir, pleno dominio de los hechos.
“Mientras Zárate fue beneficiado por este trato especial, en ese mismo momento había otros tres detenidos políticos que sufrieron feroces golpizas y torturas”, disparó el querellante Mario Bosch.
El testigo que graficó mejor las condiciones de detención en la Jefatura fue Carlos Aranda, detenido en la misma fecha que Zárate. “Una vez tuve que bañar a Carlos Tereszecuk, que estaba hecho pelota”, subrayó.
La réplica
Pasadas las 13, Bosch comenzó su réplica, posibilidad que tiene la parte acusadora para rebatir los argumentos de la defensa. Mencionó que la nulidad planteada por defensor oficial Juan Manuel Costilla y Ozuna ya fueron definidas en varias oportunidades.
Además determinó que el marco histórico que ilustraron los defensores careció de un elemento, que el plan sistemático comenzó mucho antes del golpe de Estado con los crímenes cometidos por la Triple A y el Comando de Organización, la derecha peronista. Es decir la complicidad política, más concretamente del gobierno de Deolindo Felipe Bittel. En ese sentido, Bosch ilustró que el accionar de la policía motivó una interpelación al ex jefe de la Policía Rolando Mora.
Mora había admitido que no podía controlar a los cuadros superiores y también emitió una circular que recomendaba no usar las porras. Hasta hoy la fuerza sigue implementando el uso del bastón.
Por parte de la fiscalía, el encargado de replicar fue el fiscal general Germán Wiens Pinto. Con la claridad y la contundencia que lo caracterizan, afirmó: “En una frase que se atribuye a Hitler, que al justificar la solución final mencionó: Ya nadie se acuerda del genocidio armenio, yo no quiero que en el futuro se comente: Ya nadie se acuerda de los crímenes aberrantes que cometió la última dictadura militar argentina”.
Wiens Pinto también aprovechó la ocasión para defenderse de las acusaciones que presentó la defensa a la hora de alegar a favor de los represores y atacó a los abogados que trataron de mentirosas a las víctimas.
Acto seguido, comentó: “Me causaron estupor algunas declaraciones de los defensores que espero aclaren que no hicieron una apología de la dictadura”. Concretamente, se refirió al defensor oficial Federico Carniel, quien usó el término costo social.
Las dúplicas
Efectivamente minutos después Carniel aclaró qué quiso decir, pero en lo que concierne a lo estrictamente jurídico no aportó mucho más de lo que ya expuso en las jornadas anteriores.
Con una estrategia muy similar, su colega Costilla argumentó que quizás se malinterpretaron sus dichos. En esta ocasión desistió de disparar contra los testigos.
En tanto, Pedro Mañanes, que defiende e Enzo Breard, indicó: “Mi cliente no formó parte del grupo de tareas, ingresó en 1976 y hasta el ’79 no tuvo un ascenso, si hubiera luchado contra la subversión seguramente hubiera logrado obtener el grado de cabo antes, como pasó con el resto”.
El tribunal y las partes se pusieron de acuerdo para que esta etapa del juicio sea breve y en efecto los seis abogados respondieron uno tras otro. En menos de una hora se agotó la dúplica.
Ninguno de ellos se animó a ridiculizar a las víctimas y sus aclaraciones no atacaron el planteo de la acusación. Básicamente se limitaron a ratificar la inocencia de los imputados.
Última palabra
En todo juicio penal la última palabra la tiene el imputado y la causa Caballero no fue la excepción. El presidente del tribunal, el correntino Víctor Alonso, determinó que los acusados hagan uso de este derecho desde sus sillas.
El primero en decir sus últimas palabras fue Caballero, segundo jefe de la Brigada de Investigaciones e imputado por 14 hechos. “Entregué dos carpetas con 200 hojas donde hay muchas pruebas y la fiscalía agravó el pedido de mi pena, es decir que no tomaron en cuenta mi descargo”, dijo.
Luego habló José Francisco Rodríguez Valiente, acusado de 15 hechos. “Soy inocente, nadie me acusó de torturar o violar. Por suerte mi familia presenció este juicio y quedó claro que no cometí ningún delito”, manifestó.
El micrófono inalámbrico pasó a manos de Enzo Breard, con una causa. “Han pasado más de 100 testigos por esta causa, sólo uno me nombró”, argumentó. José Marín (cabo Sotelo) aseguró que “la gente se aprovechó de él porque todos saben que ejecuta el bandoneón, pero a quien acusan tocaba un acordeón y hay muchas diferencias”.
Gabino Manader no desaprovechó la posibilidad para decir que “fue formado como policía, que es un hombre de bien y que es totalmente inocente” de las imputaciones formuladas.
Ramón Esteban Meza, ex subcomisario, manifestó al tribunal: “Soy inocente, no conozco el plan sistemático, yo era policía, soy inocente”.
Oscar Alberto Galarza, que prestó servicios en la alcaidía, reconoció “pertenecer a la guardia de Octavio Ayala”, la más dura del penal. Pero sostuvo que “sólo controlaba el perímetro externo”. El otro carcelero imputado, Francisco Orlando Álvarez, se limitó a decir: “Soy inocente”. Gandola y Roldán fueron más breves, ambos indicaron: “No tengo nada que agregar”.
Por su parte, los ex militares Luis Patetta y José Tadeo Luis Bettolli tomaron actitudes diferentes. El primero no habló, mientras que el segundo ratificó su descargo y agregó: “No tengo, ni tuve nada que ocultar”.
Fuente:DiarioNorte
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