Año 3. Edición número 139. Domingo 16 de enero de 2011
Por Francisco Yofre
En un predio del ejército, en Mendoza, empresas que alquilan ese terreno someten a trabajadores golondrina a condiciones inhumanas. Allí funcionó un centro clandestino En Campos Andes, Tunuyán, a casi 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza, más de un centenar de hombres, mujeres y niños recolectan ajos y zanahorias en condiciones inhumanas. Lo que es peor: lo hacen en terrenos que son propiedad del Ejército, en el mismo lugar donde –durante la última dictadura militar– funcionó el centro clandestino de detención El Refugio. Las parcelas son alquiladas, mediante licitación, a diversos intermediarios para que ellos a su vez negocien con las grandes empresas de horticultura. La edificación donde funcionó El Refugio es parte de Campos Andes y está a sólo 10 kilómetros de donde se emplaza la mayor parte de los asentamientos con trabajadores sometidos. Se trata de uno de los centros de tortura de los que menos información se tiene. Sí se sabe –de acuerdo al informe de la Conadep– que tenía sus paredes sucias y agrietadas y techos de chapa. Los organismos de derechos humanos intentaron identificar, en los alrededores, fosas comunes con restos de personas aún desaparecidas, pero la búsqueda todavía no dio los resultados previstos. Esto es un agravante fáctico y simbólico de que esas tierras sean utilizadas para someter a trabajadores a condiciones infrahumanas. Mendoza es, además, una provincia donde varios jueces federales obstruyeron los juicios de lesa humanidad por su complicidad con los genocidas.
Campos Andes es una extensión de terreno difícil de mensurar y llega hasta la Cordillera de los Andes. Está bajo la órbita de Remonta y Veterinaria y se estima que hay 1.400 hectáreas destinadas al arrendamiento para la agricultura. En ese terreno está asentado, además, el Batallón VIII de Ingeniería de Montaña.
Los hechos. Según información brindada por Ricardo Nasif, delegado de Tunuyán de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, quien habitualmente encabeza las inspecciones laborales, se han realizado decenas de operativos en los últimos tres años contra el trabajo insalubre en ese predio militar. Ya en noviembre de 2008, se hizo un procedimiento de oficio junto a representantes sindicales en una parcela arrendada por el Ejército al Consorcio Santa Clara SRL, una firma cuyo dueño es Juan José De Marchi, hombre fuerte de la zona de Tupungato, quien mantiene aceitados vínculos con los principales dirigentes del Partido Demócrata mendocino y es uno de los empresarios más poderosos de la industria vitivinícola de la provincia. Ese día se encontró a 80 trabajadores y 30 niños –un número difícil de disimular– apostados en tiendas de lona a la vera de la ruta provincial 92, un camino que atraviesa toda la finca militar. El cuadro es fácil de imaginar: 14 carpas en pésimas condiciones, chicos descalzos caminando entre los chiqueros de los chanchos, moscas e insectos que llevan y traen enfermedades, y en uno de los extremos, cuatro letrinas armadas con techos de zinc junto a un tanque de agua para abastecer a todas las personas que allí se encontraban.
En febrero de 2010, en la misma finca de Campos Andes se constató la presencia de trabajadores agrarios que desempeñaban tareas de recolección de zanahorias en idénticas condiciones para la empresa Bachiocchi Hnos. SRL, una de las firmas más poderosas de la provincia en el rubro frutihortícola. Allí, según surge de las actas elaboradas por los inspectores laborales, se detectó “una deficiente conservación de alimentos, falta de higiene elemental, proximidad a un chiquero de cerdos, inadecuada eliminación de excretas y la existencia de un pozo descubierto de unos dos metros de profundidad cercano a las carpas”. Los trabajadores no contaban con ningún tipo de documentación personal ni laboral.
Los inspectores han aplicado infracciones y observaciones a varias empresas pero por ahora sin resultados. “Cuando llegamos al lugar muchas veces logramos que los asentamientos se levanten. Pero enseguida los trabajadores suben al camión y se van a unos pocos kilómetros de allí para recomenzar la tarea. Además somos los malos de la película porque nos dicen de todo ya que nos acusan de dejarlos sin trabajo. Es un tema complejo. Necesitaríamos el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social nacional para que se les brinde contención a estas personas”, agrega una fuente que pidió reserva de su nombre.
El historial de operativos realizados en esa dependencia del Ejército es extenso. El 12 de febrero de 2010 se encontró un campamento con personas recolectando ajo contratadas por el empresario Antonio Pelegrina, en junio fue acusado el empresario Gabriel Blanco Martínez por los mismos motivos, y el 10 de enero de este año se hicieron dos inspecciones en las que se pudo constatar la presencia de 14 trabajadores agrarios bajo la dependencia nuevamente de la empresa Bachiocchi Hnos. SRL. Ese día también se realizó una inspección a la vera de la ruta 92 en la que se detectó a ocho trabajadores provenientes de Salta, Santiago del Estero, Jujuy y Tucumán y un bebé de 20 días.
Miradas al Sur se comunicó con el general de Brigada Luis María Carena, director de Remonta y Veterinaria y responsable militar del predio, quien señaló: “No nos va a temblar la mano para rescindir el contrato con esas empresas y hacer las denuncias que correspondan si se comprueban estos casos. Mañana mismo comenzaré una profunda investigación a estas empresas. Ya me he comunicado con el jefe de campo en Tunuyán para que prepare un informe exhaustivo acerca de la situación”, dijo.
Dinámica de la expoliación. Las tierras son alquiladas por el Ejército a diversos intermediarios. Estos concesionarios arriendan las tierras y cuando llega el momento de cosechar venden su producción a grandes empresas que son las que, a su vez, subcontratan en negro a los cuadrilleros. Los cuadrilleros son personas encargadas de reclutar a los trabajadores –casi todos de Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Bolivia–, llevarlos hasta los campos, pagarles y quedarse con lo recolectado para vendérselo a las grandes firmas. Se trata de personas de confianza de esas empresas que viven en las mismas condiciones que los trabajadores de la cuadrilla pero que ganan un poco más, ya que hacen una diferencia entre la compra de lo recolectado y el precio al que se lo venden a las empresas. La “infraestructura” (las carpas, tanques de agua, letrinas, cables de electricidad) la pone la gran empresa (llega a lo grotesco que en algunos casos los nombres de estas empresas están grabados en las carpas en grandes letras). Además es la que manda camiones a la zona que trasladan los productos a sus galpones de empaque, de donde la mayoría de la producción se exporta.
Los cuadrilleros deben garantizar un buen nivel de productividad. En el caso de las zanahorias, por ejemplo, se paga a cada trabajador de $ 1,70 a 2,00 por cada “taco” (paquete) de 33 kilogramos cosechado. Un adulto experimentado suele hacer 80 tacos por día en 10 horas. El cuadrillero le paga al trabajador lo recolectado. Al ser un trabajo a destajo ese peón muchas veces recurre a su esposa e hijos para aumentar su capacidad de recolección.
En esas fincas también se confeccionan los cordones de ajo. Sentados en el suelo, deben cortar el ajo y llenar cajas que luego son llevadas por contenedores o camioneros. El precio que se paga por caja oscila entre 1,70 y 2,50 pesos. Cada trabajador produce un promedio de 40 cajas diarias, para lo que necesita el trabajo de todos los miembros de su familia.
Según inspectores de la delegación Tunuyán de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, muchas de las empresas establecidas allí cumplen con todas las normativas de empleo registrado y en buenas condiciones. El conflicto se da principalmente en los establecimientos dedicados a la zanahoria y al ajo. La provincia cuyana es una de las regiones más importantes del mundo en la producción de estas hortalizas y sus empresarios conforman un poderoso factor de poder nucleado en la Asocam (Asociación de empresarios de ajo de Mendoza) cuyo presidente es José Spitalieri.
Mirar para otro lado. ¿Sabe el Ejército lo que sucede en los campos que arrienda? “Es imposible que los militares desconozcan esta situación, ya que en algunos casos los trabajadores son explotados a la vista, a la vera de una ruta provincial de acceso público, por donde a diario transita numeroso personal militar de distinto rango y en otras situaciones los obreros deben pasar por puestos de control del Ejército donde hay guardia permanente”, apunta Nasif.
Muchas veces, de hecho, los funcionarios ingresan a estos predios para hacer las inspecciones junto a los uniformados. “Les hemos dejado copias de las diversas actas que labramos y que presentamos ante los organismos correspondientes. Tengo en mis manos los duplicados de esas actas firmados por ellos. Además, nuestros operativos salen publicados en los principales diarios de la provincia. No pueden decir que no saben”, remata el funcionario.
El mapa del trabajo forzado en el campo
Año 3. Edición número 139. Domingo 16 de enero de 2011
Por Ana Laura Cleiman
A poco que se busca información se multiplican las denuncias sobre hiperexplotación de trabajadores rurales a lo largo de la geografía del país: de Formosa a Salta, de Mendoza a Entre Ríos, de Buenos Aires a Misiones o Jujuy. Según el caso, fenómenos como el negreo sistemático, las condiciones de virtual esclavitud, las pésimas condiciones sanitarias o los descuentos arbitrarios sobre los magros ingresos que reciben los trabajadores golondrina son a la vez parte de procesos de transformación en las condiciones de producción, la expansión de las fronteras agropecuarias y la concentración de la tierra. Según datos del Plan Nacional de Regularización del Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, seis de cada diez asalariados rurales trabajan en negro.
Benigno López es el presidente del Movimiento Campesino de Formosa (Mocafor). Además de sostener que “la mayor parte de los trabajadores rurales en la provincia está en negro”, López dice que “en los campos de importantes políticos y empresarios, al margen del río Pilcomayo, en la frontera con Paraguay, el 75% de los trabajadores son paraguayos indocumentados que trabajan en condiciones infrahumanas. La empresa Caminos Ganadera está comprando tierras de pequeños productores de la zona y alambrando tierras fiscales. El 60% de los campos tienen mano de obra en condiciones de servidumbre. En Paraguay hay mucha gente con necesidades y se abusan de eso. Entonces los punteros los traen y los hacen trabajar bajo la promesa de que van a juntar dinero para regresar a su país. Por lo general salen empatados o con muy poco margen de ganancia”.
El Mocafor denunció en un comunicado que son “centenares de trabajadores” los que son explotados “y viven en condiciones inhumanas en los nuevos establecimientos ganaderos propiedad de los que algunas autoridades llaman ‘inversionistas’”. Esos trabajadores realizan trabajos de desmonte, destronques, limpieza de campo, postes, alambrados, corrales o galpones. Tal como se denunció ya sea en el caso Nidera o en otros similares que suceden en las zonas más ricas de la pampa húmeda, a los trabajadores se les descuentan las mercaderías que los propios patrones les venden a precios exorbitantes: yerba mate, aceite de girasol, arroz, fideos, harinas. “Por cada kilogramo de comestible que cuesta $ 3 en el mercado –sostiene el comunicado– el patrón le descuenta al trabajador $ 10.”
Diego Montón, mendocino y miembro del Movimiento Campesino Nacional Indígena, asegura que la situación de los trabajadores del campo en su provincia tiene muchos puntos en común con la del NOA y el NEA. “En el modelo del agronegocio es inherente la explotación a los trabajadores. En Mendoza, la vid y el ajo son los principales cultivos. En los momentos en que se requiere la mayor cantidad de mano de obra se utilizan trabajadores golondrina, más un porcentaje de trabajadores temporales locales. Más del 80% es trabajo en negro”, dice Montón. Sobre las condiciones de trabajo a las que son sometidos los peones rurales, cuenta que “en las fincas se arman grandes carpas, como las de circo, y ahí viven los trabajadores. Sin baño, muchas veces sin agua ni sombra”. Los salarios, además de paupérrimos, muchas veces son efectuados mediante el pago con fichas en vez de dinero; fichas que, como en las épocas de los mensú, luego pueden ser cambiadas por productos alimenticios en negocios de la zona. Hoy sigue siendo habitual ver en las rutas mendocinas a los grandes camiones que transportan trabajadores hacinados hacia los campos, como si fueran ganado.
La explotación de los trabajadores mediante la creación de cooperativas es una metodología muy común en Mendoza, sobre todo utilizada por las empresas productoras de ajo. Manipulados por un responsable a cargo del operativo de reclutamiento, los trabajadores son inscriptos como socios de la cooperativa, logrando de esa manera que la empresa agropecuaria se desligue de todos los aportes y sueldos mediante esta tercerización. Es el caso de la Cooperativa Campo Grande, que trabaja para los grandes empresarios del ajo. El año pasado, trabajadores se movilizaron en repudio a esta metodología, y la brutal represión que sufrieron terminó con la vida de uno de los manifestantes.
En Tucumán, el caso de los cítricos tiene una particularidad: la mayoría de los trabajadores rurales son de esa provincia y de residencia urbana. Pero en el citrus, como en la mayoría de las actividades agrarias que no están mecanizadas, no existen los trabajadores permanentes, sino que son todos temporarios. Y el porcentaje de trabajo en negro es altísimo. Esta cercanía con la ciudad ayuda a los reclamos por mejoras en las condiciones de trabajo y salarios. Pero como los períodos de cosecha son cortos, los trabajadores del citrus se ven obligados a migrar a Entre Ríos para cosechar arándanos, o al sur para ocuparse de las frutas. Julia Egan, del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (Ceics), advierte que “más allá de que la superexplotación en las fincas de citrus en Tucumán no es tan terrible como en otras, hay cuestiones generales como el trabajo en negro, los bajos salarios, la inexistente seguridad e higiene y la tercerización son muy fuertes, como en todos los establecimientos rurales”.
En Jujuy, la producción de porotos, tabaco y caña de azúcar concentra la mayor actividad agraria. “Acá, los peones son expuestos a condiciones inhumanas. Las jornadas de trabajo se extienden hasta la madrugada y el pago es deplorable. Además, la mayoría trabaja en negro, o les exigen ser monotributistas, por lo que terminan siendo deudores del Estado al no poder pagar los impuestos”, dice Cristián Cabrera, del Movimiento Campesino de Jujuy. Cabrera cuenta que el ingreso de los trabajadores a los establecimientos agrarios, a pesar de ser voluntario, responde a una necesidad de subsistencia. Y que en su mayoría se ven obligados a migrar por las distintas provincias de acuerdo a las épocas de cosecha. “Jujuy es una provincia claramente feudal. Los emprendimientos privados son rurales; no hay fábricas y el gobierno no articula los medios para que esto suceda. No existen controles estatales y las manifestaciones directas a los establecimientos para pedir por la regularización de los trabajadores siempre conllevan el riesgo de la pérdida del puesto de trabajo. El Estado está ausente, y la Federación Agraria y la Cámara de Tabacaleros son cómplices de las empresas que explotan a los trabajadores”, dispara Cabrera.
“La ley actual la firmó, en 1980, Martínez de Hoz”
Año 3. Edición número 139. Domingo 16 de enero de 2011
Por Eduardo Anguita y Santiago Diehl
El ministro de Trabajo habla de las políticas que buscan impedir el trabajo esclavo y de la ley que debería reemplazar a la sancionada por la dictadura
–La última vez que lo entrevistamos para este semanario usted volvía del Chaco. Había estado con el gobernador Jorge Capitanich y habían incorporado a la seguridad social a unos 10.000 trabajadores rurales. Esto fue hace unos meses y me acuerdo que su comentario fue de cierta sorpresa, no por mí en particular, sino porque no era una actitud típica de los medios de comunicación la de interesarse por lo que pasaba con los derechos de los trabajadores.
–Sí, qué casualidad, ¿no? Porque esta dificultad para hacer visible lo que pasa en algunos sectores del trabajo rural y lo que hemos venido tratando de transformar y de modificar y de regularizar en el trabajo de ese sector, ha cobrado en estos días una visibilidad importante. Y eso expresa varias cosas. Por un lado, cómo la trama de intereses, las redes de vinculaciones, para no utilizar otras palabras más duras, muchas veces invisibiliza ciertos problemas. Si algo creo que tenemos que rescatar de este gobierno es que muchos de los problemas, algunos de larga data y otros más vinculados con la destrucción del trabajo y de lo público en nuestro país en los últimos años, ha emergido en estos años y ha sido puesto arriba de la mesa. Lo que antes era oculto, no trasparente, ninguneado en la información, que también es una de las formas de toma de conciencia, logra ahora a través de algunos medios empezar a hacerse visible. El otro punto tiene que ver con lo que decimos cuando hablamos de profundizar este proceso que hoy lidera Cristina Fernández de Kirchner. ¿De qué hablamos? ¿Hablamos de las deudas que todavía tenemos pendientes? ¿De la necesidad de que las políticas públicas lleguen cada vez más? ¿En términos de extensión o en términos de profundidad? Hace varios años que venimos registrando denuncias en materia de trabajo rural. Eso ha dado lugar al cierre de establecimientos, a multas, a recolocación de trabajadores que estaban en estos casos. Pero se trata de los casos que hemos podido detectar, por supuesto. Siempre nos falta y no es fácil en el sector rural.
–Ha habido otros proyectos para responder a esta situación…
–Por ejemplo, una respuesta muy concreta que ha dado la Presidenta que deriva en un proyecto de ley de trabajo rural. ¿Por qué? Porque por un lado les da derechos a estos trabajadores que no tenían. No hay ninguna razón que explique por qué un trabajador rural no puede tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador de nuestro país. Pero, al mismo tiempo, nos da instrumentos para revertir situaciones como las que hoy emergen facilitando la detección a través del registro de los trabajadores. Por ejemplo, el tema de los trabajadores de cosecha es importante, es un tema particular, es una problemática muy específica. Y fíjense que una de las respuestas de las patronales es, por ejemplo, “no registremos esos trabajadores porque es muy complicado”. Ayer en 6,7,8 se veía cómo (Alfredo) De Angeli o el mismo (Hugo) Biolcati decían: “Bueno, lo que pasa es que es difícil”. No, no es difícil. Lo que pasa es que siempre encuentran argumentos para justificar estos niveles de explotación que no son mayoritarios, pero ni uno debería haber y mucho menos cámaras patronales que no repudien y encima intenten justificar la existencia de este tipo de explotaciones. Contra todo eso, la nueva ley de trabajo agrario que está en el Parlamento, se alza para proponer un modelo distinto, un modelo de trabajo rural que tenga más que ver con esta Argentina inclusiva y para todos que tenemos.
–Ante el escenario actual en el Congreso, que es de predominio opositor, ¿cuáles son las perspectivas para que esa ley pueda avanzar? ¿Hay alguna estrategia de demorarla o de esperarla hasta las próximas elecciones? Y, además, ¿cuál es el rol que está teniendo, más allá de la patronal, el gremio de los trabajadores rurales?
–A la ley la venimos trabajando desde comienzos del 2009 e ingresó el año pasado al Parlamento, por supuesto que recogiendo los antecedentes, la experiencia, nuestra propia tarea en el terreno rural. Me parece que vale citar que una de las fuentes ha sido un proyecto que en su momento había preparado la Uatre (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores). Lo cierto es que una vez presentado el proyecto en este Parlamento, con una conformación mayoritaria de la oposición, ha habido una importante tarea de casi todos los afectados para que esta ley se diluyera en tiempo y no tuviera un tratamiento adecuado. Y, la verdad, nosotros recuperamos algunos instrumentos que están en poder de la Uatre y de las cámaras empresarias y pretendemos darle otro sentido incluyéndolo dentro del sistema general de seguridad social, no como en la actualidad, que funciona como un negocio particular del sindicato y las cámaras. Creemos que el sistema de seguridad social podrá tener un consejo asesor. Siempre hemos sido partidarios de este tipo de participación de los actores sociales, pero creemos que debe ser administrado desde el Estado. Esto ha generado el rechazo de la Uatre junto con otras medidas. Uno nunca sabrá si son meras excusas o verdaderamente una oposición a que finalmente el proyecto salga. Por eso vamos a insistir durante el año que viene no solamente con la fuerza propia de los diputados, sino también con aquellos que pensamos convocar para que se sumen a esta transformación de las condiciones actuales en que se presta el trabajo rural. Creemos que hay muchas fuerzas que acompañan a nuestro proyecto, inclusive fuerzas opositoras.
–Respecto del caso de Nidera, el fiscal que actuó en la causa contó en un programa de radio que era una cosa que lo había impactado. Se supone que un fiscal es alguien acostumbrado a ver situaciones que requieren la presencia del Estado. Sin embargo, uno después ve que La Nación y Clarín lo único que hicieron sobre este tema fue reproducir el comunicado que sacó Nidera explicando que fueron todos contratados en Santiago del Estero, que todos tenían ART, que los menores tenían permiso de sus padres. Parecían dos realidades completamente diferentes…
–Primero: el comunicado de Nidera y algunas declaraciones de las cámaras patronales, llegan a un nivel de negación del tema y ocultamiento del problema que realmente sorprende. He escuchado a algunos representantes de las patronales hablar de que esto no estaba todavía demostrado, como si el problema fuera la demostración, como si fuera una cuestión de un juicio penal. Esto es tan brutal que estremece. Me parece que lo que ocurre es otra cosa. Lo que ocurre es exactamente lo contrario de lo que pretendió hacer una editorial de La Nación de hace unos días, que señaló como eje de su argumentación acerca de los problemas con el trabajo rural que esperan que esto se analice “sin connotaciones políticas e ideológicas”. Yo quisiera expresar que espero que esto se analice con connotaciones políticas e ideológicas porque las tiene, porque esto es lo que ocurre. Quienes están tolerando, apañando, justificando este tipo de organización del trabajo, en realidad lo hacen desde una concepción ideológica que arranca por un especial desdén por el trabajo, pero sigue luego con pretender un mundo del trabajo desregulado. No sé si recordamos qué es esto. Un mundo sin fiscalización, un mundo del trabajo sin sindicatos, sin negociación colectiva, es decir, una verdadera concepción ideológica sobre el trabajo. Pero también es una concepción política. Porque cuando Nidera dice que ellos están cumpliendo la ley, sería bueno recordar que la ley vigente, que ningún gobierno intentó modificar hasta el actual, es una ley sancionada en 1980 y que lleva la firma de Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz. Pocas veces una ley laboral ha tenido un contenido, ya no solamente sectorial o de defensa de intereses patronales, sino que además lleva la firma de alguien que está defendiendo intereses personales. Porque a nadie escapa que Martínez de Hoz es un hombre que viene de una familia de larga tradición agraria.
–¿Además de la ley se van a crear herramientas de fiscalización o de poder de policía sobre las peores formas de explotación y que incluya, además, el tema de los niños?
–Uno de los objetivos que nos trazamos a partir de que pusimos en marcha el Programa Nacional de Trabajo Registrado fue caracterizar los distintos tipos, porque hay una gran heterogeneidad entre los distintos tipos de trabajo en negro, las distintas formas de trabajo fuera de la ley. Y una de esas formas es específicamente el tema de los trabajadores migrantes de los que estamos hablando en estos días. ¿Qué hicimos nosotros? Cuando empezamos a ver esto empezamos a trabajar con los distintos gobiernos provinciales tratando de revertir una práctica habitual que consistía en trasladar a los trabajadores en camiones de una provincia a otra, donde iban padres, madres, hijos y donde, naturalmente, en ese intento de naturalizar esas prácticas aberrantes se decía: “Bueno, estos niños adónde van a ir. Mejor que acompañen a sus padres mientras trabajan”. Y esto se convertía, entonces, en una forma más de expresión del trabajo humano. Nosotros, con las distintas provincias con las que hemos ido trabajando, hemos empezado por bonificar el mecanismo de transporte, subsidiamos el transporte en medios de transportes razonables. Esto nos permite un mayor registro de los trabajadores que se desplazan de una provincia a otra y nos permite un cierto control y una mejor fiscalización. En algunas provincias estamos avanzando, acá debo decirlo, junto con el sector empresario, en la generación de jardines de cosecha que hacemos junto con el Ministerio de Desarrollo Social, donde los niños quedan al cuidado de gente especializada mientras los padres van a trabajar. Esto recién comienza, pero es una expresión de un gobierno y de una política que va en un sentido absolutamente diferente al de aquella que pretendía naturalizar estas formas de explotación. En la ley, todo esto que hoy forma parte de las políticas, pasa a ser obligación y responsabilidad del Estado, de los empresarios y, en algunas cosas, también responsabilidad compartida con las organizaciones sindicales. Como le dije a las cámaras empresarias el otro día en una reunión que tuvimos, les propuse que trabajáramos concretamente sobre la registración de los trabajadores, siempre y cuando no vengan a sentarse a la mesa a proponerme que lo que quieren es que no haya ninguna regulación o que lo que pretenden es rebajar cargas sociales y desfinanciar la seguridad social.
–En general, los trabajadores cosecheros, que es gente de bajo nivel de instrucción, son escuchas de radio. Eso es un dato comprobadísimo. ¿Están pensando alguna manera de generar algún tipo de comunicación, así como se han pensado en radios que estén en las comunidades autóctonas, en una radio que sea de los mismos cosecheros?
–No con ese grado de propuesta de una radio de cosecheros. Lo que sí estamos planteando nosotros es una muy activa campaña a través de los medios y a través de la difusión, en el lugar de origen, de los derechos laborales que les corresponden a estos trabajadores. Incluso, cuando suben a los colectivos que los llevan a los lugares de trabajo, se les entrega material para que conozcan también cuáles son sus derechos. Admito que eso no alcanza, estoy diciendo en qué dirección se va y todo es susceptible de ser profundizado. Nosotros firmamos con la provincia de Santiago del Estero, que es de donde proviene mucha de la gente involucrada, un acuerdo en ese sentido en noviembre del 2010, cuando paralelamente ya estaban produciéndose estas contrataciones que hoy se denuncian. Espero que en la cosecha del año que viene no tengamos que volver a ver estas cosas. Confío en que, muy por el contrario, podemos pensar en retroceder en este tipo de prácticas.
–Para ir adentrándonos en el tema de la Ciudad de Buenos Aires, aunque en continuidad con éste, ¿cuál es la situación en cuanto a la supervisión a nivel local de las condiciones de trabajo, en particular en relación con los talleres textiles clandestinos?
–La competencia primaria en materia de fiscalización del trabajo está en cabeza de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se ha pretendido, con la reforma de la llamada ley Banelco, generar una mayor centralización pero, el Senado, celoso custodio de las competencias provinciales, no nos permitió avanzar en ese sentido. Nosotros pretendíamos tener un rol coordinador más activo en términos de apoyo y asistencia técnica a las autoridades provinciales para que tengan una acción más efectiva en esta materia, algo para nosotros fundamental. El caso de la Ciudad de Buenos Aires es, por lo menos, llamativo. La Ciudad de Buenos Aires armó hace algún tiempo, no mucho, un cuerpo de inspección en materia laboral. Uno hubiera pensado que ya en el año 2007 el retroceso de las ideas sobre el Estado mismo, sobre la necesidad del juego de mercado, había retrocedido lo suficiente como para que en todos lados a lo que se apuntara fuera, como estaba haciendo el Gobierno Nacional, a la recuperación de la inspección del trabajo, al incremento de los inspectores, al fortalecimiento de la tarea de fiscalización. A lo mejor era válido para todo el resto del país. Pero lo curioso es que en la Ciudad de Buenos Aires se empezó primero a congelar, y luego a retroceder. Si ustedes lo analizan de cerca, comprobarán que casi ninguno de los descubrimientos que ha habido en materia de trabajo textil responde al ejercicio de las facultades que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y si hay una ciudad que debería tener un cuerpo de inspección importante, técnicamente preparado, conceptualmente dispuesto a meterse en cuanto lugar sea necesario, es la Ciudad de Buenos Aires. No se tolera una ciudad tan desigual como Buenos Aires. No es posible que en la ciudad más rica del país, con uno de los presupuestos más importantes, se tenga estos niveles de inequidad, de desbalance.
–Está el caso de las denuncias hechas por La Alameda, que es una ONG. ¿Se puede promover ese tipo de acción para que ustedes no invadan la jurisdicción y terminen con un problema?
–Yo creo que el control y la fiscalización debe estar en manos del Estado. Eso no impide que todas aquellas organizaciones que tengan una verdadera preocupación por estos temas actúen como agentes de denuncias, inclusive como parte querellante en algunas de estas tareas de inspección y de sus resultados. Creo que hacen un aporte, como decía la Presidenta los otros días, para una tarea que nos convoca a todos en una gran cruzada. En esa convocatoria entran empresarios, las organizaciones sindicales particularmente y, por supuesto, el Estado. Yo siempre digo que la Argentina tiene uno de los mejores sistemas sindicales en materia de tutela de los delegados sindicales. Esa tutela que nuestra ley establece promueve una activa participación de los delegados en la vida interna de la provincia. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Trabajo teníamos 21 delegados, no alcanzaba a uno por provincia. Ahora tenemos 450 inspectores y estamos en un proceso de profundización de la tecnología disponible para hacer mayor inteligencia fiscal. Pero siempre digo que si los delegados sindicales –que los hay, muchos, muy buenos y muy comprometidos– asumieran esta tarea propia del rol del delegado, creo que tendríamos 60.450 inspectores.
Un proyecto para derogar la ley de la dictadura
Año 3. Edición número 139. Domingo 16 de enero de 2011
Por Pablo Galand
Desde mediados del año pasado, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados tiene en sus manos un proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, tendiente a reformar el actual régimen de trabajo agrario que fue sancionado durante la última dictadura militar. La vigente ley 22.248 reemplazó al Estatuto del Peón, sancionado desde la Secretaría de Previsión Social por Juan Perón en 1944, y es la que brinda resquicios legales para que las patronales agropecuarias lleven adelante condiciones de trabajo semiesclavistas como las que fueron denunciadas en las últimas semanas.
“Conceptualmente, la ley que actualmente rige el trabajo agrario les da prioridad absoluta a los usos y costumbres que se dan en el campo y que son de servidumbre del tipo feudal”, asegura a Miradas al Sur José Robles, abogado laboralista y miembro del Instituto del Mundo del Trabajo. “La actual ley no lo permite, pero al ser tan laxa e insuficiente en cuanto a la protección de los trabajadores, promueve o facilita que aparezcan formas ilegales de trabajo forzado”, completa.
A partir del crecimiento económico que se dio en los últimos ocho años y de las políticas oficiales tendientes a mejorar la calidad en las relaciones laborales, el empleo registrado creció en ese período en un 58 por ciento. Sin embargo, en el sector agrario, el alza fue sólo del 36 por ciento. Parte de esa diferencia se explica justamente por el amparo con el que cuentan en la actual ley los patrones para mantener a sus trabajadores en negro. Uno de los aspectos que contiene el proyecto oficial, tendiente a ponerle coto a la explotación del trabajo agrario, tiene que ver con la incorporación de la modalidad de contrato de trabajo permanente discontinuo que establece las jornadas de 8 horas diarias y de 44 semanales. Lo que se traduce en el pago de horas extra y la consiguiente mejora en las remuneraciones.
Como el trabajo temporario es muy usual en el ámbito agrario, el proyecto de ley que tiene en estudio la Comisión de Trabajo contempla la implementación de un servicio de empleo, a través de la creación de una Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral, que sirva para contrarrestar el trabajo no registrado y mejore las condiciones entre la oferta y la demanda laboral. También contempla la protección de los campesinos contratados por intermediarios y de esa manera avanzar en la precarización que impone la subcontratación.
Aunque cueste creerlo, el Régimen Nacional de Trabajo Agrario vigente pone restricciones al derecho de huelga, en contradicción con las garantías constitucionales. “La actual ley garantiza que en el campo se mantengan las condiciones de trabajo que se dieron tradicionalmente en las estancias y que son de carácter semiesclavista. Es lo que denuncia el Martín Fierro cuando hace referencia al estaqueo. Se trata de formas de explotación precapitalistas y consecuentemente también afloran formas de relación laboral precapitalistas como las que son corrientes en diferentes lugares del país”, remata Robles.
Fuente:MiradasalSur
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