Año 3. Edición número 141. Domingo 30 de enero de 2011
Por Francisco Yofre
En Misiones hallaron un campamento con trabajadores en condiciones inhumanas que cosechaban para establecimiento Las Marías, dueña de Taragüí, y cuyo propietario fue funcionario de dos dictaduras Esta vez fue en Colonia Caraguatay, Misiones, en un campamento situado a 130 kilómetros al norte de Posadas. Trece personas, entre ellos dos adolescentes, fueron halladas en condiciones inhumanas en plena cosecha de la llamada hoja verde que se utiliza para hacer yerba mate. Dirigentes del sindicato de tareferos, del Movimiento Social Misiones y de la CTA local llegaron hasta ese lugar hacia el mediodía del jueves pasado, cuando los trabajadores estaban descansando. El cuadro fue el habitual: personas hacinadas, sin agua, sin baños, sin luz eléctrica y durmiendo en condiciones medievales junto a chanchos e insectos. Una clásica foto del trabajo rural que esta vez retrató a los tareferos -llamados así como derivación de la palabra tarefa, que en portugués significa tarea- y al Establecimiento Las Marías S.A., un Goliat que comercializa las marcas Taragüí, Unión, La Merced y Mañanita, y que concentra el 30 por ciento de la producción yerbatera nacional.
La bisagra entre la empresa y los tareferos es el cuadrillero, que también estaba presente el día del operativo, encargado de reclutar y pagarle a los trabajadores, y a quien la firma le compra la hoja verde que los tareferos recolectan. Los cuadrilleros corporizan la tercerización a la que las grandes compañías apelan para trasladar sus costos laborales al limbo de lo no registrado. Establecimiento Las Marías S.A. es considerada la firma yerbatera más importante del mundo y hasta hace muy poco tiempo atrás estuvo timoneada por Adolfo Navajas Artaza, funcionario de dos dictaduras y a quien la Justicia investiga por su presunta responsabilidad en desapariciones de delegados ocurridas en 1977.
La historia de los tareferos misioneros y Las Marías, es una historia de explotación que lleva décadas pero que en su edición 2011, tiene una nueva versión.
Inhumanos. El 20 de enero integrantes del sindicato de tareferos llegaron hasta un predio en las afueras de Colonia Caraguatay cuya propietaria es la firma Compañía La Misionera S.A., una empresa que fue muy poderosa años atrás pero que ha dejado de serlo, según relatan los tareferos consultados. Los trabajadores estaban sentados, esperando que baje el calor. “Al mediodía se deja de trabajar porque si se recolecta hoja a esa hora, se quema”, explica Rubén Gómez, representante de los tareferos y secretario adjunto de la CTA regional a Miradas al Sur.
Entre los trabajadores una señora cuidaba a su beba recién nacida. También estaba Simón Lolo Martínez, el cuadrillero contratado por Las Marías. Ninguno de los cosechadores estaba registrado. Además, Lolo Martínez está denunciado por la Anses de estafar a sus tareferos, exigiéndoles 300 pesos para tramitar supuestamente la Asignación Universal por Hijo, algo que nunca sucedió porque para ello debía registrar a sus trabajadores. Pero la injusticia para los tareferos fue doble. Y es que más allá de este plus de estafador de Lolo Martínez, lo cierto es que estos intermediarios son los que se encargan de hacer el trabajo sucio que las grandes empresas no hacen y cuyos dueños dicen no tener absolutamente nada que ver. Así, días atrás, los tareferos le plantearon a su intermediario que de acuerdo a la cantidad de luz solar que había en esta época del año tenían tiempo para volver a sus casas luego de cada jornada de labor. “Ni loco, señores, eso sería mucho gasto de traslado. Ustedes ganarían menos. No les conviene”, fue la respuesta que obtuvieron de Martínez, tan cínica y egoísta como habitual. La periodista Alicia Rivas Zelaya, en una reciente nota publicada en la página web Argenpress.info mostró otro detalle del cuadro general: “A 20 metros de donde duermen, la empresa tiene un galpón con conexión eléctrica pero los trabajadores tienen prohibido utilizarlo. Todos reconocen que allí bien podrían haber puesto una heladera para guardar la carne y proveerse de hielo, sumamente apreciado para refrescarse al volver de las jornadas de cosecha”.
Como los tareferos hallados en Caraguatay hay miles. Exactamente 14.000 en toda la provincia de los cuales “el 60 por ciento está en situación irregular”, según admitió Juan Carlos Agulla, subsecretario de Trabajo de la provincia a Miradas al Sur. “A partir de mañana nos comunicaremos con Las Marías, ya que ellos han reconocido que en esas tierras había proveedores suyos”, agregó el funcionario. A diferencia de otros trabajadores rurales que son llevados a los lugares de cosecha desde provincias lejanas, casi todos los tareferos son misioneros y en menor número provienen de pueblos limítrofes de Paraguay.
Ocho de cada diez pequeños productores cosechan el 30 por ciento del total de hoja verde de Misiones. Diez mil tienen menos de seis hectáreas con muy bajos rendimientos ya que les cuesta mucho invertir para renovar su tierra. El 20 por ciento restante de los productores de hoja verde acapara el 70 por ciento de lo que se produce y comercializa. “En la década del ’90 se produjo la llamada desregulación de la yerba mate que extremó las condiciones de desigualdad entre ricos y poderosos con la incorporación de un fenómeno nuevo, la extranjerización de las plantas fabriles”, apunta el sindicalista Rubén Gómez. En esos años, muchos tareferos que trabajaban para pequeños productores se trasladaron a diferentes villas ubicadas en la periferia de los pueblos de la zona. Eran tiempos en los que gobernaba Ramón Puerta, poseedor de vastas extensiones de tierras cultivadas con yerba y molinos que la trabajan. Hoy, esos tareferos expulsados de sus antiguas parcelas hacen la misma tarea que hicieron siempre, pero en beneficio de las grandes empresas a través de intermediarios. Por ley, deberían cobrar 249 pesos cada mil kilos. Un trabajador promedio, con un buen día de labor, cosecha entre 400 y 500 kilos. Pero nadie cumple porque casi todos están en negro y se paga muchísimo menos de lo que la norma legal plantea, coinciden las fuentes consultadas.
Para Roberto Abitanzi, docente universitario y conocedor de la realidad misionera, hasta los ’70 había cierta resistencia gremial o social, pero “todo se fue al demonio cuando se desregularizó. Es muy difícil parar a las grandes yerbateras”. En el mismo sentido, Ricardo Maciel, diputado del oficialista Bloque Frente Renovador señala: “En Misiones una empresa mediana tiene más peso que un intendente o un concejal, lo pone y lo saca. Es fácil imaginar el enorme poder que tiene en la provincia una yerbatera grande”. Maciel forma parte del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), un ente de derecho público no estatal integrado por 12 miembros, nueve de ellos del sector privado, que se constituyó por ley en 2002 y cuyas finalidades son ayudar a los pequeños productores y frenar los posibles abusos de las compañías que manejan el mercado, como por ejemplo Establecimiento Las Marías.
Ecos del ingenio Ledesma. La compañía encargada de comercializar la marca Taragüí es una de las productoras agroindustriales más grandes del país y la principal firma yerbatera del mundo. También cultiva té y se dedica a la ganadería y la forestación, además de ser accionista principal del diario misionero El Territorio, una de las publicaciones más conservadoras del noreste argentino.
Entrar a la página web www.establecimientolasmarias.com.ar es una reconfortante invitación para conocer la calidad de sus productos y la filosofía de la empresa cuya planta principal está en la localidad de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro, al noreste de la provincia de Corrientes. La compañía fue fundada en 1924 por dos hermanos uruguayos de apellido Navajas Centeno, quienes rápidamente se constituyeron como una de las familias más poderosas de la región. Actualmente, es conducida por Víctor Navajas, tercera generación de la dinastía Navajas. Hasta hace poco tiempo, quien timoneaba la firma era Adolfo Navaja Artaza. Adolfo, conocido popularmente como Don Toco, fue gobernador de facto de Corrientes entre 1969 y 1972 y ministro de Salud y Acción Social durante el gobierno de Reynaldo Bignone, quien se habría ocultado en Las Marías cuando lo buscaba la Justicia. Actualmente, Don Toco es investigado por su participación en la desaparición de Neri Pérez, un delegado tractorista de Las Marías que fue secuestrado el 4 de julio de 1977 en su casa. Ese día la empresa le había dado franco, sin motivo alguno. Además, organismos de derechos humanos misioneros sospechan que en su cementerio privado habría cuerpos de militantes desaparecidos. Hace dos años, merced a una ley del Congreso, Don Toco dejó de cobrar su jubilación de privilegio por sus cargos ejecutivos.
Las extensiones de campo propiedad de Establecimiento Las Marías S.A., sumado a lo que se obtiene mediante la tercerización, permiten que la firma exporte hasta 38 mil toneladas anuales de yerba. Sólo en Virasoro cuenta con una extensión de 30 mil hectáreas para ser cosechadas, secadas, y elaboradas como yerba.
El parque Las Marías, en Virasoro tiene dos puertas de entrada. La delantera, usada por aquellos que visitan la planta como paseo turístico. La trasera, la que se oculta, es por donde ingresan los camiones cargados de yerba. Por esa puerta trasera, en las próximas horas estará llegando la hoja verde que recolectaron los tareferos de Caraguatay, al norte de Misiones y en condiciones vergonzosas, tan vergonzosas como la tercerización de la que abusa el Establecimiento Las Marías S.A..
Fuente:MiradasalSur
Cinco siglos de esclavitud
Año 3. Edición número 141. Domingo 30 de enero de 2011
Por Florencia Gómez, abogada especialista en tenencia de tierras
El trabajo esclavo es, desde hace tiempo, denunciado por algunos sectores y ocultado por otros.
Los recientes casos descubiertos de explotación laboral y reducción a servidumbre, por parte de algunas empresas agropecuarias, es la realidad dolorosa e injusta que padecen los campesinos santiagueños sin oportunidades para permanecer en sus tierras en virtud del corrimiento de la frontera agropecuaria.
Emerge en la memoria aquel Decreto-Ley Nº 28.169/44 del peronismo, por el que se aprobaba el Estatuto del Peón de Campo, y la Ley 13.020 de protección del trabajador temporario, medidas políticas por las que se comienzan a reconocer derechos inherentes a su actividad por fuera de lo correspondiente al salario. Ambos instrumentos establecían descansos o pausas en las tareas para el desayuno, el almuerzo y la colación de la tarde; el descanso dominical para los peones de campo; y la obligación de atender los intereses del patrón sólo ante una urgente necesidad que implique un grave perjuicio. Las normativas atendían también a la alimentación y alojamiento de los trabajadores rurales, costas a cargo del empleador debiendo estas comidas ser dadas en abundancia y en las condiciones de higiene adecuadas, dada la paupérrima situación habitacional y alimentaria en que se encontraban hasta ese momento los peones rurales.
La norma establecida por J. D. Perón fue resistida fervorosamente al punto que la Sociedad Rural, en 1944, dijo al respecto: “Este Estatuto no hará más que sembrar el germen del desorden social, al inculcar en la gente de limitada cultura aspiraciones irrealizables, y las que en muchos casos pretenden colocar al jornalero sobre el mismo patrón, en comodidades y remuneraciones… La vida rural ha sido y debe ser como la de un manantial tranquilo y sereno, equilibrado y de prosperidad inagotable”.
Ambas iniciativas, sin embargo, tuvieron vigencia hasta su derogación en 1980.
Cabe entonces recordar que el artículo 38 de la Constitución de 1949, hacía referencia a la función social de la propiedad privada y, en consecuencia, sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines del bien común: “Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo o intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva”. Asimismo el artículo 39 citaba: “El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social”. Esta Constitución fue derogada por el gobierno de facto de 1955, y nunca más alguna convención constituyente retomó la necesidad de volver a hablar de la tierra, de la propiedad y de su función social.
¿Y por qué reflotamos esta idea? Porque en el constitucionalismo latinoamericano la cuestión de la función social, y ecológica en algunos casos, está siendo recuperada, como el Estatuto de la Tierra de Brasil, que asegura a todos la propiedad de la tierra condicionada por su función social, y define a la función social como aquella en la que simultáneamente se favorece: 1) el bienestar de los propietarios y los trabajadores que trabajan en ella, así como a sus familias, 2) el mantenimiento de niveles satisfactorios de productividad, 3) la conservación de los recursos naturales, y 4) el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan las relaciones justas de trabajo entre quienes las poseen y quienes las cultivan.
Como si se tratase de un ejemplo paradigmático, durante el 2010, el señor José Adán Vines, un agricultor de 82 años nacido en Chile y residente en la Argentina desde hace más de 30 años, era amenazado de desalojo de las tierras en las que trabajaba y vivía, en Chos Malal, Neuquén. Se trataba de una relación laboral informal, por la que José Vines trabajaba para el propietario, quien venía sólo a retirar las cosechas. No tenía salario y sólo poseía un permiso para vivir y trabajar esas tierras. En una oportunidad, Don José se cortó un dedo en un aserradero del propietario y no recibió auxilio ni remedio. Finalmente, decidió iniciar acciones judiciales laborales, y en el marco de un acuerdo, el propietario decidió pagarle con una hectárea. Casi como en un cuento, Vines no llegó a escriturar su tierra y con mal tino su antiguo patrón decidió vender la propiedad con Vines adentro, por lo que posteriormente el nuevo propietario inició el desalojo. Otra vez, el trabajo esclavo y el doblegado sin la tierra.
Trabajo esclavo en la Ciudad. La explotación de mano de obra, principalmente boliviana, en los talleres textiles da cuenta de una división racial del trabajo y de los mecanismos institucionales operados para intentar dejar sin efecto, parcialmente, la Ley de Trabajo a Domicilio N° 12.713, también del peronismo, que menciona en su artículo 35: “El empresario, intermediario o tallerista que por violencia, intimidación, dádiva o promesa, realice actos que importen abonar salarios menores que los que se establezcan de acuerdo a los procedimientos que estatuye la presente ley, tendrá prisión de seis meses a dos años”, considerando delito en los casos en que medió violencia y sustracción de la legislación laboral, siendo quizás el mayor aporte de esta norma la obligación de todos los intervinientes en la cadena de producción y comercialización del producto de responder ante la explotación.
En cuanto a las políticas migratorias en nuestro país, que en este caso importan porque configura el escenario para la trata de personas, hasta el año 2004 se encontraba vigente la ley Videla, de corte discriminatorio. Esta ley restringía el acceso a derechos esenciales y obligaba a empleados y funcionarios públicos a denunciar a los inmigrantes que no tuvieran la residencia legal, ya que la misma ley contemplaba la deportación de personas indocumentadas y construía la escenografía para el trabajo esclavo textil.
Paradójicamente, la Dirección Nacional de Migración sólo proveía obstáculos burocráticos para que estas personas pudieran regularizar su situación. Esa ley fue derogada, y la actual 25.871 considera a la migración como un derecho humano, haciéndoles extensivos a los inmigrantes los derechos sociales de cualquier trabajador, aun no habiendo regularizado su situación al momento de llegada al país.
Las diferencias culturales que vienen siendo nomencladas hace cinco siglos, desde una cosmovisión eurocentrista, como diferenciaciones jerárquicas son parte de este dispositivo colonizador y subalternizador que inferioriza a aquellas sociedades no europeas.
Si bien la precarización laboral, y por ende la existencia de servidumbres asimilables a la esclavitud, resulta sólo una faz de esta exclusión sistémica de la diáspora, también ha resultado un efecto común de la implementación de un modelo productivo agroexportador, concentrador y sin sustentabilidad que se retroalimenta con más exclusión. En vez de la oveja de Tomás Moro, es la soja la que aparece devorándose al hombre.
Es la división racial del trabajo la que permite que hoy existan personas trabajando en esas condiciones, bolivianos que en las ciudades padecen toda clase de discriminaciones. Los mismos trabajadores golondrinas son los campesinos e indígenas desalojados de sus tierras, y por otro lado siempre son los mismos a través de los años los que aparecen defendiendo la conservación y el mantenimiento del privilegio, subalternizando aun más al peón rural, al costurero boliviano, a los indígenas, a las mujeres. Y esta subalternidad exacerbada e institucionalizada a través de procesos antidemocráticos con una finalidad común a estos intereses económicos concentrados desde tiempos de la Colonia y que aún hoy persisten.
Fuente:MiradasalSur
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