Año 3. Edición número 140. Domingo 23 de enero de 2011
Por Miguel Russo
Guillermo Valera es el coordinador del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación. (ALBERTO DIRENZO)
Desde hace cinco meses, el abogado Guillermo Valera coordina el programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es el mismo Valera que en 1999 presentó ante el Tribunal de Estrasburgo una demanda contra el Reino Unido por entender que, el 24 de marzo de ese año, siete jueces lores habían violado el Convenio de Derechos Humanos en el caso contra el dictador chileno Augusto Pinochet. Es el mismo que, en ese caso (y en muchos otros), trabajó al lado de Baltasar Garzón. El mismo que, mientras partidos de izquierda y el abogado querellante Joan Garcés pedían que se retuviera al genocida para interrogarlo, pedía su encarcelamiento por crímenes de lesa humanidad. El mismo que desde 1976 hasta 2009 litigó y litigó en su exilio español, tanto que los medios de ese país hablan de él como del abogado español Guillermo Valera. Hoy, Valera, argentino, espera los nombramientos en su equipo de otros dos pesos pesados en el terreno de los derechos humanos: los abogados Beinusz Szmukler y Mirta Mántaras.
“La única forma de trabajar es en equipo –dice Valera–. Con dos personas como Szmukler y Mántaras, adquiere una categoría de fuerza terrible el programa.”
–¿Cuándo se creó este programa?
–Se creó después de la desaparición de Julio López para proteger a los testigos. En aquel momento, sólo se protegía a testigos de tráfico de drogas y trata de personas. Luego se amplió a testigos de delitos de lesa humanidad. El problema es que dentro de la estructura del Programa Nacional de Protección a Testigos, las medidas son drásticas, preparadas para otros delitos. Implican cambio de identidad, de domicilio...
–Casi un pase a la clandestinidad...
–Es una barbaridad. En este tipo de juicios hay que proteger a testigos, pero también a abogados, familiares, miembros del tribunal, oficiales y hasta jueces. El plan nacional no los contempla. Entonces se creó este programa.
–¿Con qué fuerzas de seguridad están trabajando?
–No tenemos estructura de seguridad. Coordinamos con todas las fuerzas de seguridad del país. Fundamentalmente trabajamos con Gendarmería, con fuerzas locales o con la Policía Científica, que ya atrapó a 60 u 80 prófugos de estos delitos.
La línea fundamental del nuevo proyecto para el programa Verdad y Justicia, con la llegada de Szmukler y Mántaras, es la de “acelerar los juicios contra crímenes de lesa humanidad”. Y la palabra está ahí, servida: “Aceleración”. Valera disipa las dudas: “Este gobierno siempre tuvo interés, primero en que los juicios se realicen y, segundo, en acelerarlos. Siempre. El programa ya está asentado y ahora se busca un nuevo envión, la posibilidad de pasar a una segunda etapa”.
–Esa segunda etapa, ¿implica ampliar las imputaciones?
–Al ritmo actual, estaríamos a una década de juicios si no aumentaran los imputados. Y lo más seguro es que aumenten. La Argentina se convirtió en el centro de la defensa de los derechos humanos en el mundo gracias a estos juicios y a la política del Gobierno con respecto a los crímenes de lesa humanidad.
–¿Puede haber marcha atrás en los juicios, otra forma de Punto Final, de Obediencia Debida?
–Garantizado no está jamás. Pero hay una casi certeza de que los que se pueden postular en contra del gobierno de Cristina Kirchner no serán capaces de eliminar los juicios porque se encontrarían con una opinión pública nacional e internacional enorme en contra. Claro que sí pueden intentar frenar todo lo posible.
–Algunos candidatos ya lo dicen...
–Sí, Carrió con su pedido de libertad a los viejos cuando se sabe que los viejos son tipos como Videla o Menéndez. Duhalde dice que va a acabar con los juicios. El resto no lo dice, pero lo piensa.
–Trabajó 32 años en España. ¿Hay posibilidad de que lo que ocurrió con el freno a Baltasar Garzón ocurra acá?
–No. En España se mantiene una ley de amnistía del ’78 que vulnera los tratados internacionales firmados por España. Se basan en esa ley de amnistía para juzgar a Garzón. Aquí, esas leyes fueron derogadas por Néstor Kirchner y no hay ninguna justificación legal para poder hacerlo.
–¿En qué situación están los nombramientos de Szmukler y Mántaras?
–Están terminando de recorrer el circuito de los expedientes del Ministerio de Justicia para pasar a Presidencia para el nombramiento final de Cristina.
Fuente:MiradasalSur
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