El juicio por violaciones a los derechos humanos en Rosario ha desatado un fuerte debate entre querellantes, sobrevivientes y organismos de derechos humanos por el trato que debe recibir uno de los imputados.
Ricardo Miguel Chomicky, un ex militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), fue detenido durante la dictadura militar pero estando en cautiverio pasó a colaborar con la patota del gobierno de facto de Rosario.
Chomicky es uno de los seis imputados que tiene la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en el Servicio de Informaciones, un centro clandestino de detención que funcionó en la Jefatura de Policía de Rosario. Se le imputan 19 casos de privación ilegal de la libertad mediante el uso de violencia y amenazas, cinco casos de aplicación de tormentos físicos y psíquicos a detenidos y como integrante de una asociación ilícita.
Sin embargo, el caso ha generado una importante discusión entre querellantes, sobrevivientes y organismos de derechos humanos. Aunque muchos testimonios lo involucran directamente como partícipe de sesiones de torturas a sus ex compañeros, la Fiscalía, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos) han decidido no querellarlo bajo un polémico criterio de no juzgar a las víctimas, a partir de un documento elaborado por la Unidad Fiscal Nacional en el año 2008.
RECLAMO. Más de sesenta sobrevivientes que pasaron por el Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario, en su carácter de testigos y querellantes en el juicio, han solicitado que sean juzgados todos los involucrados en la causa, incluidos los civiles, tal es el caso de Chomicky, su esposa Nilda Folch y otras tres personas.
Los ex detenidos políticos elevaron una carta abierta en la que cuestionan el cambio de actitud de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, respecto de la postura que tuvo al momento de hacer la requisitoria de elevación a juicio, en la que acusó a Chomicky, junto con los ex militares Ramón Genaro Díaz Bessone, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara y José Carlos Scortecchini por detenciones ilegales, tormentos, homicidios y asociación ilícita.
“No es la primera vez que escuchamos argumentos similares, lo grave es que esta vez, bajo argumentos técnicos, pretenden desconocer nuestra identidad política y el derecho que nos cabe a exigir que los tribunales argentinos determinen, a partir de nuestros testimonios, si cabe o no sanción legal a las conductas que denuncian nuestros compañeros”, plantearon en una nota que lleva más de sesenta firmas de querellantes que ratifican su condición de militantes, rechazan cualquier apelativo que los tilde víctimas o héroes y plantean fuertes críticas a los criterios de la Unidad Fiscal Nacional.
“No estamos pidiendo tribunales revolucionarios, como expresan los que hoy tienen todas las garantías legales que les da el sistema jurídico argentino, beneficios éstos que les otorga la democracia que sistemáticamente despreciaron y avasallaron, y que nos fuera negado a nosotros, los afectados directos”, acotaron los querellantes en otro tramo de la carta abierta.
Por último, ratifican su reclamo para que sean los jueces quienes determinen las responsabilidades que les quepan a cada uno de los acusados y establezcan, “con la carga de la pena, la diferencia entre los imputados”.
El juicio se inició el 21 de julio del año pasado y por la feria judicial, las audiencias se suspendieron hasta el 7 de febrero. Sin embargo, cinco de los seis imputados permanecen en libertad –Díaz Bessone está detenido por otras causas–. Ante ello, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe solicitó al tribunal que disponga medidas restrictivas tendientes a garantizar la seguridad y los derechos de los testigos y querellantes.
En el caso de Chomicky estuvo detenido en el pabellón de represores en la unidad penitenciaria de Marcos Paz, pero hace algunos meses fue puesto en libertad por una decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal. En tanto, su esposa Nilda Virginia Folch, también acusada, es la única prófuga que tiene la causa.
Fuente:ElDiario.com
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