Los que vienen zafando
Los pedidos de la fiscalía de detener a los responsables de las condiciones de semiesclavitud en zonas rurales de la provincia fueron rechazados por el juez y su subrogante.
Por Emilio Ruchansky
Ya hubo al menos diez pedidos de detención e indagatoria, por parte de la Fiscalía Federal 2 de San Nicolás, contra encargados y directivos de las empresas que reducían a condiciones de semiesclavitud a los peones rurales en la provincia de Buenos Aires. Y todos esos pedidos fueron rechazados por el juez Carlos Villafuerte Ruzo y también por quien lo subroga hasta el próximo martes, Martín Alberto Martínez. A su vez, los abogados de las empresas Satus Ager S.A. y Suthern Seeds Production –el caso de la multinacional Nidera aún no llegó a la Justicia federal–, consiguieron la eximición de prisión para todos los sospechosos señalados por la fiscalía, excepto uno porque “la expectativa de la pena era muy alta”, comentó ayer una fuente judicial. Nadie quedó preso aún por someter a condiciones inhumanas en distintos campos a casi 500 jornaleros del norte argentino.
“Varias de las eximiciones de prisión las apelamos y vamos a seguir pidiendo medidas de pruebas, seguro. De todas formas, para nosotros hay pruebas suficientes para que sean indagados los directores y algunos encargados de los campos allanados, aunque en el juzgado creen lo contrario. Y esto no obedece a una ‘estrategia judicial’, como quien dice, como si los jueces quisieran tener más elementos antes de detener a alguien porque es gente defendida por grandes estudios de abogados. El Código Procesal Penal es el mismo para todos”, observó ayer una fuente de la fiscalía a cargo de los casos.
La negativa a detener de los jueces federales no es recurrible ante la Cámara Federal. Por ende, hasta que el magistrado no decida la vinculación de los sospechosos con el caso, la fiscalía no puede hacer reclamo alguno. “Pero igual podemos pedir nuevamente la detención y lo vamos a hacer”, dijeron anoche fuentes de la fiscalía de San Nicolás. Allí se mostraron sorprendidos por las negativas del juzgado a cargo y recordaron que el juez Villafuerte Ruzo estuvo en uno de los allanamientos, lo que lo dejaría “sin justificaciones razonables”.
“Es lo mismo que en un allanamiento por drogas, uno secuestre un cargamento grande y a la gente que está en el lugar no se la meta presa. Eso no suele pasar. Acá el juez vio el padecimiento de las personas sometidas a un trato semiesclavo”, insistieron ayer desde la fiscalía federal a cargo de Juan Patricio Murray. Aún quedan ciertas diligencias judiciales para conseguir más pruebas, agregaron, por lo que se intentará “dar vuelta la situación para acreditar la vinculación de los directivos”. A favor están los elementos secuestrados durante los allanamientos a las oficinas comerciales de las empresas implicadas, señalaron las fuentes. Tal como adelantó Página/12 la semana pasada, cuando la fiscalía a cargo pidió detener e indagar a cinco directivos, los investigadores que instruyeron los casos en las primeras instancias consideraron probada la trata de personas, en distintos dictámenes. Incluso uno de ellos, el fiscal Rubén Giagnorio, pidió que se analice un posible delito de lesa humanidad, ya que la esclavitud es una de las conductas tipificadas en el artículo 7 del Estatuto de Roma, donde se describen este tipo de delitos y se menciona “el tráfico de personas, en particular mujeres y niños”.
Las acciones (o la falta de las mismas) por parte del juzgado ante las acusaciones a la plana directiva de Satus Ager S.A. y Suthern Seeds Production responden, en parte, al tiempo de las ferias judiciales. Pero sobre todo a un código interno, no escrito, que indica que cuando un funcionario judicial subroga a otro, éste no toma decisiones “fuertes”, excepto que sea absolutamente necesario. “Puede que acepten un allanamiento por la urgencia, pero una detención es distinta porque en este caso no hay peligro de fuga”, admitió una fuente judicial.
La causa que investiga a Nidera llegó el jueves pasado al Juzgado de Garantías 1 de San Nicolás, a cargo de la jueza Laura Vázquez. El pedido concreto de la fiscalía es que se eleve el caso a la Justicia federal porque los delitos de trata son federales. Sin embargo, la jueza, que había negado la orden de allanamiento pedida por el fiscalía de instrucción contra la multinacional, aún no resolvió inhibirse.
La fiscalía fue apartada de los casos, por lo que su papel se limita a proponer medidas, como ya lo viene haciendo. Algunas pruebas son determinantes, según consideró el fiscal de instrucción de San Nicolás, Giagnorio. “Por ejemplo, las pericias planimétricas que demuestran que en muchas casillas, los peones no tenían ni dos metros cuadrados para dormir. Hay que tener en cuenta que el mínimo dispuesto en el caso de los presos es de cuatro metros cuadrados”, señaló el fiscal.
Fuente:Pagina12
DETECTAN MALAS CONDICIONES LABORALES EN CAMPOS DE LA EMPRESA NIDERA
El calvario del trabajo rural
Inspectores laborales encontraron “notables deficiencias” en la seguridad e higiene de peones rurales en partidos de la costa atlántica. Una de las empresas con irregularidades es Nidera, la misma en la que se detectaron situaciones de trabajo semiesclavo.
Por Pedro Lipcovich
Inspecciones en establecimientos rurales bonaerenses detectaron “notables deficiencias en seguridad e higiene”, que afectaban a un total de 269 trabajadores. Tres de las plantas pertenecen a la empresa Nidera, con un total de 145 empleados. Todas ellas se encuentran en la costa atlántica, en los partidos de General Alvarado y Lobería. Otro de los campos pertenece a la firma El Deseo, y otro, en la localidad de Tandil, a la empresa Satus Ager. Se detectaron “baños escenográficos”, como denominó un funcionario de la cartera laboral bonaerense a la presencia de duchas con calefones eléctricos totalmente montados... pero sin electricidad ni agua corriente. También se registró almacenamiento de pesticidas en los dormitorios de los trabajadores, “lo cual es práctica frecuente en establecimientos rurales”. En cuanto a prácticas como las arbitrariedades en el pago o los castigos colectivos –ya denunciadas por trabajadores migrantes–, “enfrentarlas requiere cambiar la Ley nacional de Trabajo Rural: mientras tanto, la actividad se rige por usos y costumbres como el ‘trabajo de sol a sol’”, explicó el funcionario.
El campo San José del Retiro –paraje La Escuelita, partido de General Alvarado– emplea a 35 trabajadores y pertenece a la firma Nidera, al igual que el campo La Quimera –Ruta 227, km. 3, partido de Lobería–, donde trabajan 35 hombres procedentes de la provincia de Formosa. “Encontramos problemas de higiene y salubridad: faltaba agua en los sanitarios; hay un baño químico pero sin agua ni funcionamiento del mecanismo. En realidad los baños de estos establecimientos son, podría decirse, escenográficos: había un sector de duchas con calentadores eléctricos, pero sin provisión de electricidad ni de agua: estaban para la foto nomás”, contó Oscar Kindsersky, director provincial de Inspecciones del Ministerio de Trabajo bonaerense. También se registró “hacinamiento en los dormitorios, carromatos metálicos de pequeñas dimensiones con hasta 18 cuchetas”. La inspección a San José del Retiro se originó en una denuncia de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre).
En la planta La Ballenera, también de Nidera –en el kilómetro 37,5 de la Ruta 88, cerca de Miramar–, se detectó “la falta de condiciones de higiene y seguridad, y quedó pendiente la documentación del registro y la forma de pago a los trabajadores”, según el Ministerio de Trabajo bonaerense, que efectuó ayer todas estas inspecciones. El personal de La Ballenera “no reside en la empresa, sino que es gente de la zona, que se traslada todos los días”, precisó Kindsersky.
Se fiscalizaron campos de cultivo de papa pertenecientes a la empresa El Deseo –también en el paraje La Escuelita, de General Alvarado–. Allí había 35 trabajadores, todos los cuales residen en la cercana localidad de Otamendi: “Faltaban baños adecuados y agua, con el agravante de que el vehículo que los transportaba todos los días desde Otamendi no contaba con la revisión técnica vehicular”. En el campo La Baguala –Ruta 226, km. 30–-, propiedad de la empresa Santa Sabina y arrendado por Marcelino Coraza, había tres trabajadores, también bajo “deficientes condiciones de higiene y salubridad”. También, en varios de estos establecimientos, “se constató que en el mismo recinto donde duermen los trabajadores se almacenan pesticidas e insecticidas, lo cual es una práctica frecuente y peligrosa en establecimientos rurales”.
En el campo La Alcira –Ruta Nacional 226, kilómetro 136, zona de Tandil–-, perteneciente a la firma Satus Ager, había 86 trabajadores procedentes de Santiago del Estero: “Se constató que vivían en barracas y casillas de chapa sometidos a altas temperaturas, sin electricidad ni heladeras. Las viviendas tenían piso de tierra, ventilación limitada y en algunos casos servían también como depósito de elementos como gomas en desuso. No había duchas sino lugares improvisados donde los trabajadores se higienizan con baldes de agua; y los elementos de seguridad y de salud eran escasos”, según el comunicado de la cartera laboral. “En este caso, como las condiciones eran realmente muy malas y la tarea para la que habían sido contratados estaba prácticamente realizada, se acordó en dar por finalizado el período de trabajo, con liquidación de jornales hasta el miércoles inclusive. Mañana (por hoy) se efectuará la liquidación en el local de nuestra delegación de Tandil: así nos aseguramos de que efectivamente les paguen”, señaló Kindsersky.
–Los trabajadores rurales migrantes suelen quejarse de que no les liquidan las horas extras, no les pagan si no se trabaja por lluvia o directamente no saben cuánto van a cobrar (ver nota del 10 de enero pasado en este diario). ¿Pudo verificarse algo de esto en los establecimientos inspeccionados? –preguntó Página/12.
–Esto debería verificarse cuando veamos la documentación –contestó Kindsersky–. De todos modos, para estas cuestiones tendría que modificarse la Ley nacional 24.248, que regula el trabajo rural y data de la última dictadura. En la Argentina, a falta de una legislación adecuada, las tareas rurales se rigen por usos y costumbres que datan de muchos años, por ejemplo el trabajo “de sol a sol”. La actividad debería asimilarse a la Ley de Contrato de Trabajo: en los frigoríficos, por ejemplo, cuando no se trabaja porque no hay faena, rige una garantía horaria.
–Estos trabajadores también se quejan del régimen de cuadrillas, donde el conjunto es castigado por “faltas” o “indisciplina” individuales.
–Es el mismo caso: en la construcción, por ejemplo, se trabaja en cuadrillas pero eso no implica sanciones colectivas, porque se atiene a la Ley de Contrato de Trabajo –respondió el funcionario.
Fuente:Pagina12
El sindicato denunció “condiciones laborales insalubres”
Esclavitud en Las Marías
Publicado el 25 de Enero de 2011
Un relevamiento del gremio comprobó que una tercerizada que responde al grupo yerbatero empleaba de modo no registrado y también a menores.
En un comunicado, el gremio describió que existe "hacinamiento, insalubridad, trabajo en negro, incumplimiento del jornal diario, trabajo de menores, pago con vales, algunas de las irregularidades que se pudo relevar en un campamento de tareferos en Caraguatay".
El campo pertenece a la empresa La Misionera, que le provee al establecimiento Las Marías, ubicado en Virasoro Corrientes, para la producción de yerba mate.
El comunicado no detalló la cantidad de personas, pero mencionó que se detectó la presencia de dos menores de edad, y que "estos trabajadores viven en lo que queda de un secadero –propiedad de la compañía–, hacinados en un galpón donde duermen en el piso, o trepados a las viejas estructuras, en colchones que ellos mismos deben llevar, expuestos a todo tipo de riesgos".
"De más está decir –agrega– que en la cuadrilla visitada en Caraguatay no encontramos ningún trabajador registrado formalmente: todos están en negro. Había dos menores de edad y un grupo familiar". También afirmó que no poseen agua potable ni luz eléctrica y que cobran por debajo de los $ 56 que por día deben percibir los tareferos, de acuerdo con las disposiciones legales para el sector.
Ayer por la tarde, según confirmaron fuentes de la Central de Trabajadores Argentinos, funcionarios del gobierno provincial se comprometieron a avanzar en el monitoreo de una actividad con altos niveles de informalidad.
Fuente:TiempoArgentino
EN TANDIL
Hallan otros 86 esclavos rurales en condiciones insalubres
El Ministerio de Trabajo bonaerense detectó trabajadores oriundos de Santiago del Estero que vivían en dos campamentos "con notables deficiencias en materia de seguridad e higiene". Se intimó a la empresa Satus Ager a poner en condiciones de habitabilidad el lugar.
24.01.2011
El Ministerio de Trabajo bonaerense halló 86 esclavos rurales en condiciones insalubres.
El Ministerio de Trabajo bonaerense detectó hoy en Tandil a 86 trabajadores rurales oriundos de Santiago del Estero que vivían en dos campamentos "con notables deficiencias en materia de seguridad e higiene".
Durante la inspección, realizada en el campo La Alcira -ubicado a la altura del kilómetro 136 de la ruta nacional 226-, propiedad de la empresa Satus Ager SA, se constató que los trabajadores vivían en "barracas y casillas de chapa".
Las condiciones de vivienda exponían a esos trabajadores rurales a altas temperaturas, cuando no contaban con electricidad ni heladeras que permitieran mantener los alimentos con la cadena de frío adecuada, señaló la cartera laboral.
Además, las viviendas tenían piso de tierra, ventilación limitada y en algunos casos se observó que servían también como depósito de otros elementos, como gomas en desuso.
No había duchas sino lugares improvisados donde los trabajadores se higienizan con baldes de agua; y los elementos de seguridad y de salud eran escasos, indicó Trabajo bonaerense en un comunicado de prensa.
"Estas inspecciones son parte de las tareas que realizamos regularmente sobre las distintas actividades económicas existentes en la Provincia", explicó el ministro de Trabajo de la provincia, Oscar Cuartango.
Ante la situación relevada en Tandil, el director provincial de Delegaciones, Jorge Gómez de Saravia; y el delegado regional de Trabajo en Tandil, César Sosa -a cargo del operativo- determinaron la suspensión de actividades.
Los funcionarios intimaron a la empresa Satus Ager -propietaria del lugar- a poner en condiciones de habitabilidad el lugar y a presentar la documentación necesaria para acreditar la relación laboral con los trabajadores.
Según la página web de la firma, Satus Ager SA nació en 1996 y cuenta con un plantel permanente de más de 200 personas y emplea alrededor de 4.000 empleados temporales en época de campaña para brindar servicios de producción de semillas.
"Cultiva anualmente más de 20.000 hectáreas en la mejor tierra de cultivos de Argentina (Pampa Húmeda)", sostiene la empresa en su perfil.
Fuente:ElArgentino.com
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