El diputado oficialista Luis Puig cuestionó en duros términos el tenor de la carta pública emitida por el grupo de militares retirados "Foro LIbertad y Concordia" y reclamó la condena "firme" y "sin ambigüedades" de todo el sistema político por el intento de presión "chantajista" contra la Justicia.
La carta es "una amenaza de una patota de asesinos, torturadores y violadores contra la Justicia y toda la sociedad, la cual debe ser condenada con absoluta firmeza y decisión por todo el sistema político. Esta patota busca presionar a la Justicia para que no pueda actuar, como forma de mantener la impunidad que han usufructuado por más de tres décadas", dijo Puig.
"La impunidad en Uruguay se está resquebrajando y quienes violaron los más elementales derechos humanos de hombres, mujeres y niños ahora buscan presionar a la Justicia mediante amenazas". "Este grupo que apareció hay que catalogarlo como una patota militar y criminal, por lo que no pueden existir posturas ambiguas: el conjunto de partidos políticos debe condenar con absoluta claridad esta situación", señaló Puig.
Gobierno. Sigue con atención carta de militares
Prosecretario Breccia: "No hubo amenaza"
Mujica había negado que el gobierno "hostigue" a la Justicia.
Alberto Breccia. "La interpreté como la transmisión pública de una molestia".
El secretario de Presidencia, Alberto Breccia expresó que todas las opiniones de cualquier estamento de la sociedad son "seguidas con atención" por el Ejecutivo, en referencia a la carta de los militares retirados en la cual cuestionan al gobierno por el procesamiento de ex integrantes de las FFAA por cometer delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura.
"Todas las opiniones de cualquier estamento de la sociedad son seguidas con atención y en este caso en particular esto no constituye ninguna amenaza. La interpreté como la transmisión pública de una molestia", dijo ayer Breccia al ser consultado por LA REPUBLICA sobre el contenido de la misiva de los militares retirados.
Acotó que el tema no fue analizado por el ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla y el presidente Mujica porque el secretario de Estado se encuentra en el Interior y el mandatario regresó ayer de Venezuela.
Breccia indicó que duda acerca de que el tema pueda ser planteado en el Consejo de Ministros del próximo lunes, aunque otras fuentes oficiales indicaron que quizás esté sobre la mesa.
A la vez, los informantes expresaron que si bien la opinión de los militares retirados representa a un grupo minoritario, de todas maneras no hay que minimizar la influencia que puedan tener. A la vez indicaron que cartas de similar tenor han circulado por correo electrónico. Por su parte, el presidente Mujica había negado desde Caracas que el gobierno "hostigue" a la Justicia como así denunció el grupo de militares.
"El gobierno no manda a los fiscales, no manda a los jueces, sería bueno recordarlo y el Presidente se va a mover en esos marcos", aseguró Mujica en Caracas al ser consultado por periodistas uruguayos sobre la carta difundida por un grupo de militares que denuncia el "hostigamiento" al que están sometidos con los procesamientos". "Es gente que intenta defender lo que considera son sus derechos, en el Uruguay hay un orden y hay una Justicia y el gobierno tiene que moverse en esos marcos, no manda a los jueces, no manda a los fiscales", reafirmó el mandatario. Agregó que ha leído cartas similares y que debe moverse en el marco planteado por la Constitución. Los militares están agrupados en el denominado Foro Libertad y Concordia. A través de la carta solicitaron a los comandantes de las tres armas que "hagan oír su voz en defensa de los procesados", o de lo contrario harán sentir la suya "a extremos que no desearían llegar jamás".
Coronel ( r ) Guillermo Cedres. "El cacique tiene que llamar a los indios"
Centro Militar pide a Mujica poner freno a "escalada" de denuncias
El presidente de la República, José Mujica, es el único capaz de poner fin a la "ola" de denuncias contra militares por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura, según expresó el presidente del Centro Militar.
Centro Militar. "Hay una situación de venganza; esto tiene que terminar. Pasaron 40 años".
El presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillemo Cedres, aseguró ayer que la única persona capaz de poner fin al cúmulo de denuncias contra efectivos militares por las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura, es el presidente de la República, José Mujica.
El cúmulo de denuncias por violaciones a los derechos humanos "es algo premeditado", siendo parte de "la escalada de venganza de la que somos víctimas", transformándose en "un tema político y lo tiene que resolver el político", dijo Cedres en Radio Carve. "El cacique (Mujica) tiene que llamar a los indios y ponerlos de acuerdo, que se arreglen. El puede hacerlo porque tiene suficiente dialéctica, convocatoria y carisma para poder hacer este tipo de cosas", expresó Cedres.
Cedres fue interrogado en el marco de la polémica desatada por la publicación de una carta por el grupo de militares retirados "Foro LIbertad y Concordia", la cual denuncia un presunto "hostigamiento" del gobierno, jueces y fiscales en los procesos judiciales por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
En este sentido, el presidente del Centro Militar coincidió con la preocupación de los foristas y cuestionó el accionar de la Justicia por no respetar lo dispuesto en la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado". "De acuerdo a la Ley de Caducidad solamente deberían estar presos quienes dieron las órdenes, (y) eso no es así. Es bastante irregular todo", señaló Cedres.
Cedres denunció, además, la existencia de procesamientos de militares sin pruebas, en sintonía con lo expresado por la ex ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti. "No se cómo terminará esto cuando lleguen a instancias finales de la Justicia (pero) en la mayoría de las cosas que se les acusan no hay pruebas, casos de homicidios sin cuerpos", indicó Cedres.
Sin embargo, el procesamiento del general Miguel Dalmao por el "homicidio muy especialmente agravado" de la militante de la UJC, Nibia Sabalsagaray, fue uno de los casos más notorios. "Se trata de un general en actividad, que era alférez en ese momento. No tuvo nada que ver, (y) por estar de guardia se come ese sapo", valoró Cedres.
Asimismo, Cedres catalogó como "un disparate" que los años de la dictadura (1973-1985) no sean incluidos para estimar los plazos de prescripción de los delitos. "Si la Justicia tuvo un impasse, (y) dicen que eran presionados y no podían juzgar, entonces no podían juzgar nada. Todos los juicios penales que hubieron durante el período de la dictadura, deberían reverlos. Si no vale para dictadura esto, no vale para nadie; los divorcios de la época de la no deberían valer tampoco", estimó Cedres.
Alterar la paz
El presidente del Centro Militar vaticinó, además, la existencia de un cambio de óptica en la población sobre los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. "Hay gente del pueblo que se está dando cuenta de que se está jugando un partido que no se debe jugar, que hay una situación de venganza, que esto tiene que terminar. Pasaron 40 años", dijo.
La prosecución de los procesos contra militares, por tanto, puede alterar la paz social, en el sentido de provocar la resistencia por parte de personas inocentes acusadas sin pruebas, señaló. Sin embargo, el Centro Militar seguirá "siempre" manejándose legalmente, intentando "defender a nuestros camaradas".
Los dichos de Cedres procuraron distanciarse de las expresiones vertidas por el integrante de la Comisión Directiva del Círculo Militar, coronel (r) Gonzalo Pérez, llamando a resistir un posible accionar de la Justicia. "Yo me resistiría, no tengo ninguna esperanza de que una vez detenido la Justicia haga justicia. No han dejado alternativas: perdido por perdido, vamos a jugar a muerte", dijo Pérez al diario "El País".
Cedres insistió, por tanto, en una intervención del presidente Mujica para poner fin a la escalada de procesos judiciales. "No estoy diciendo que mandate (a la Justicia), pero si usted habla con la persona que va a hacer la denuncia y le dice que no la haga, no está hablando con la Justicia", afirmó Cedres.
Asimismo, el presidente del Centro Militar cuestionó la afirmación del "Foro LIbertad y Concordia" sobre la presunta inacción de los mandos actuales de las Fuerzas Armadas.
Los mandos "tienen sus obligaciones, están sujetos a normas y reglamentos", por lo que "hay que ponerse en el lugar de cada uno", ya que no pueden hacer "mucho más" de lo actuado hasta el momento.
Lorier, Gallinal y Amorín Batlle. Cuestionan contenido de misiva que demanda respuesta de FFAA ante procesamientos
Reacción ante carta de retirados militares
"Bravuconada", "peligrosa", "preocupante" y "amenaza", fueron algunas de las reacciones de integrantes del espectro político para calificar la carta enviada por un grupo de militares al comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, a quien reclaman acciones firmes para enfrentar los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos.
Senador Eduardo Lorier. "Bravuconada".
Senador Francisco Gallinal. "Amenaza".
Senador José Amorín Batlle. "Peligrosa".
Concretamente, los militares denunciaron "una política de hostigamiento" por parte del gobierno, algunos jueces y fiscales y amenazan con llegar "hasta extremos que no quisiéramos llegar", si Rosales no alza su voz por la libertad de sus colegas procesados.
Los retirados, agrupados en el denominado "Foro de Libertad y Concordia" enviaron una dura carta al comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, cuyos principales tramos fueron publicados ayer por LA REPUBLICA.
En ella hacen referencia al supuesto "hostigamiento" hacia las fuerzas militares y policiales por parte del actual gobierno, pero también por parte de algunos jueces y fiscales, con nuevos encarcelamientos.
Señalan que el procesamiento con prisión del general Miguel Dalmao fue "el punto de inflexión" y de "quiebre", ya que no hubo una "reacción visible y contundente por parte de las FFAA".
En la carta se le solicita a Rosales alzar su voz por la libertad de los militares procesados, ya que de lo contrario el ""Foro Libertad y Concordia" amenaza con hacer sentir la suya, "hasta extremos que no quisiéramos llegar jamás".
El senador del Partido Comunista del Uruguay (PCU), Eduardo Lorier, dijo a nuestro matutino que en este tipo de casos el que debe actuar es el Poder Judicial, "con total libertad, con total desenvolvimiento, sin ningún tipo de trabas y ningún tipo de presión".
"Ese es un elemento central de nuestra visión con respecto al tema, y vale para cualquier aspecto de la vida nacional, incluyendo este que se vincula con los derechos humanos", explicó.
"Esa es nuestra opinión genérica y muy abarcativa, pero que también incluye estos casos. Aquí no puede haber elementos ajenos a la Justicia operando e interviniendo para torcer el juzgamiento de cualquier delito, incluyendo los delitos de lesa humanidad, torturas y demás", enfatizó.
Acerca de la afirmación de los firmantes de la carta, sobre que no quieren llegar "hasta extremos que no quisiéramos llegar jamás", el legislador respondió: "Eso es una bravuconada que no tiene más intencionalidad que influir sobre la Justicia".
Para el senador colorado José Amorín Batlle, "si la carta queda solamente en eso, es decir, una carta que militares le mandan al comandante en jefe, están en su derecho de hacerlo; estamos en un país libre y la gente puede escribir y opinar lo que quiera".
"Lo que preocupa es cuando se dice que esperan no llegar a extremos que no desearían llegar jamás, porque yo no sé lo quieren decir, pero eso sí es peligroso", advirtió.
"Creo que dentro de la Constitución y la ley, la gente tiene todo el derecho a actuar. Obviamente, yo discrepo con muchas de las cosas que dice esa carta, pero tienen todo el derecho a actuar. Ahora, lo que no se tiene derecho es a amenazar lo que me parece preocupante- con llegar a extremos a los que no se querría llegar jamás, aunque también es bastante vago eso que se dice", señaló a nuestro matutino.
Acerca del mecanismo de enviarle una carta al comandante Rosales, el parlamentario de Propuesta Batllista (Proba) señaló: "Se le puede mandar una carta al comandante diciendo cuál es la opinión sobre tal tema.
Estas personas aparentemente no son una institución.
Yo personalmente recibo decenas de cartas por mes diciéndome lo que hay que hacer en tal o cual asunto y uno lee las cartas y ve lo que hace".
"Además, en este caso no hay ninguna firma específica, y esto es de una institución que nadie sabe quién es, ni quién la integra. Se puede mandar la carta, pero el tema es que seguramente el comandante en jefe no va a hacer nada.
Lo que habría que analizar es la actitud del comandante en jefe, para ver si actúa dentro de la Constitución y la ley, porque mandar una carta cualquiera la puede mandar", sostuvo.
"Obviamente, discrepo con los contenidos de la carta y lo que más preocupa es eso de llegar a extremos a los que no se quisiera llegar, porque se está amenazando con algo que no se sabe bien qué es. No hay que olvidar que Uruguay hace más de 30 años tuvo un golpe de Estado, y los que somos demócratas lo recordamos con enorme fastidio, por lo tanto, cuando viene una cosa de éstas nos preocupamos con exceso, cosa que no está mal", subrayó.
El senador de Unidad Nacional (UNA), Francisco Gallinal, dijo que "el contenido de la carta no me gusta y me parece que mucho más que una advertencia, es una suerte de amenaza".
El líder de Correntada Wilsonista (CW) señaló a LA REPUBLICA que a su entender, los autores de la nota "están exigiendo cosas que los destinatarios no están en condiciones de cumplir, porque cuando actúa el Poder Judicial actúa el Poder Judicial, y aún cuando se puedan cometer injusticias -que no hay que descartarlo- es la palabra de un poder independiente que todos tenemos la obligación y necesidad de respetar, aún en la discrepancia"
No obstante, el legislador mencionó que "la carta también está referida a otra suerte de hostigamiento, que se está dando desde hace ya un tiempo, donde el Poder Ejecutivo debería cuidar un poco el relacionamiento con las Fuerzas Armadas, porque no tienen derecho a actuar en forma injusta para con sus integrantes".
A modo de ejemplo, el parlamentario dijo que entre esos hostigamientos figura la censura a militares cuando hablan en contra del gobierno, pero nada se dice cuando hablan a favor; a la ley que obliga a los efectivos a actuar como custodias en la entrada y salida de los establecimientos carcelarios; así como algunas actitudes del ministro Rosadilla con respecto a funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.
"No son hechos de una dimensión extraordinaria, pero el solo hecho de existir y de repetirse los hace sentirse segregados o discriminados; eso es una realidad", opinó.
Para el legislador, en esta situación "también pesa la actitud que tiene la bancada del Frente Amplio y el propio gobierno, con un cuestionamiento permanente de la Ley de Caducidad, con lo que de alguna manera, hay que admitirlo, están ejerciendo una presión sobre el Poder Judicial; será o no de recibo, será o no efectiva, pero se está ejerciendo desde hace ya mucho tiempo", afirmó.
Gallinal dijo que la sociedad "se siente agredida" cuando un sector se expresa en los términos que contiene esta carta, aunque también señaló que desde su punto de vista la misiva "no es representativa de lo que piensan los integrantes de las Fuerzas Armadas, aunque sí existen situaciones que deben preocupar".
FuentedeOrigen:LaRepublica
Fuente:Agndh
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