3 de febrero de 2011

ASESINATO DE MARIANO FERREYRA.

INVESTIGAN UN INTENTO DE SOBORNO EN EL CASO DE MARIANO FERREYRA
Una peligrosa onda expansiva
La pesquisa se centraba en el ex juez subrogante y ex defensor de uno de los imputados, Octavio Aráoz de Lamadrid, involucrado a través de escuchas telefónicas. Ahora se extiende a otros abogados de la causa y a la cúpula de la Unión Ferroviaria.
Por Irina Hauser
Octavio Aráoz de Lamadrid, el ex juez que se sacó uno en un concurso.Imagen: Rolando Andrade

La investigación del intento de soborno a un juez de la Cámara de Casación Penal para que liberara a los detenidos por el asesinato de Mariano Ferreyra amaga con generar una onda expansiva. La Justicia no sólo puso la lupa sobre el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, escrachado a través de escuchas telefónicas en la cocina del presunto ofrecimiento al magistrado, sino que apuntaría a otros de los abogados que defienden a los detenidos por el homicidio del militante del Partido Obrero (PO) y a la cúpula de la Unión Ferroviaria (UF).

Sobre fin de año la jueza Susana Wilma López, que tiene a cargo la causa sobre el homicidio de Mariano, detectó conversaciones sospechosas entre unas 25 escuchas que había ordenado. Del análisis de los diálogos surgía –dijeron allegados a la causa a Página/12– la aparente planificación de una coima destinada a que la Cámara de Casación liberara a los detenidos, que son siete (y están procesados), todos ferroviarios menos Cristian Favale. La oferta, según las mismas fuentes, parecía tener origen en la UF, y como gestores surgieron los nombres de Aráoz de Lamadrid, quien hasta diciembre defendió al imputado Guillermo Uño, y un hombre de apellido Riquelme, que sería un “operador” cercano al gremio. El camarista aludido, dedujeron los investigadores, era Eduardo Riggi, de quien Aráoz fue secretario antes de convertirse en juez subrogante en 2005.

La jueza López concluyó que podía haber un delito e hizo la denuncia. Se abrió así un nuevo expediente, que quedó a cargo del Juzgado 11 (que subroga Osvaldo Rappa) y del fiscal Mariano Solessio. Investigan el intento de soborno que, como al parecer no se concretó, se reduciría a la figura de “tráfico de influencias”, que es excarcelable. En este contexto fueron allanados anteayer el estudio y la casa de Aráoz de Lamadrid.

Una versión de funcionarios cercanos a la investigación dice que entre las escuchas habría propuestas del ex juez a otros de los abogados que intervienen en la causa para que pusieran dinero. En los diálogos, en los que participaría también el intermediario Riquelme, se discute el monto y habría referencias a juntar 250 mil dólares. Al camarista lo mencionan por su nombre de pila. Por el momento no hay nada que lo involucre de manera directa ni pistas de que efectivamente haya recibido algo.

Los primeros cuatro imputados que reclamaron su excarcelación ante Casación fueron los barrabravas Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez (acusados de efectuar disparos en el ataque donde murió Mariano) y los delegados ferroviarios Pablo Díaz (imputado como instigador) y Jorge González. Uño, vinculado con la causa en la distribución de las armas, cuestionó ante el tribunal, con posterioridad, la prisión preventiva. Los primeros planteos debían ser resueltos en la feria judicial. En la primera quincena de enero, Riggi fue uno de los jueces de turno. Pero al final el fallo (que rechazó la excarcelación) fue firmado por los jueces de la segunda quincena. El planteo del picaboletos Uño quedó fuera de ese paquete, y ayer Casación recibió la noticia de que su caso había quedado radicado por un sorteo informático hecho el 26 de enero justamente en la Sala III, que integra Riggi, quien ahora podría ser recusado.

Según razonan en tribunales, Aráoz de Lamadrid había “abandonado” la defensa de Uño para que Riggi no tuviera que excusarse dado que había sido su jefe. Lo reemplazó Mariano Laporta. Ayer en el primer piso de Comodoro Py 2002, donde está la Casación, había un tremendo alboroto. Los camaristas se reunieron a puertas cerradas. Riggi se defendió. Ciertos jueces, en voz baja y en defensa de su colega, atribuyeron la maniobra a una jugada personal de Aráoz de Lamadrid de la que dicen, Su Señoría tal vez ni se haya enterado. Explican que es común que algún abogado haga gala de sus contactos y junte dinero para una virtual coima, total sabe que tiene la mitad de las chances de que el fallo salga a su favor.

La causa por tráfico de influencias está bajo secreto de sumario. Este diario habló con los abogados Carlos Froment (cercano a la UF, defensor de Díaz y González), Sergio D’Amico (de Favale) y Gustavo D’Elía (de Sánchez) y negaron haber siquiera hablado con Aráoz de Lamadrid. Aráoz tuvo una época de fama cuando se sacó un uno en el concurso para quedar como juez del juzgado que subrogó durante más de cuatro años. Impulsó causas contra el kirchnerismo y terminó renunciando, asediado por una investigación del Consejo de la Magistratura. Entonces empezó con su estudio. Su nombre rondó a la patota ferroviaria desde los inicios de la causa por el crimen de Mariano, donde crecen las chances de que el líder de la UF, José Pedraza, y su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández, sean llamados a indagatoria, tal como pidió la fiscalía.
Fuente:Pagina12


Tiempo argentino anticipó el “destino probable” de tres pedidos de excarcelación por el crimen del militante
Un sugestivo sorteo en el caso Ferreyra
Publicado el 3 de Febrero de 2011
Por Néstor Espósito

Desde ahora, todo lo relacionado con la causa recaerá en la Sala 3ª de la Cámara de Casación Penal. La integra el juez Eduardo Riggi, quien aparece mencionado en una escucha telefónica como supuesto destinatario de un soborno.
La investigación por un presunto intento de soborno a un juez de la Cámara de Casación Penal para la lograr la excarcelación de los siete detenidos por el homicidio del militante del PO Mariano Ferreyra anotó ayer un dato sugestivo: por “sorteo”, todo lo que pase de ahora en más en la causa irá a parar a la Sala 3ª del tribunal, justamente la que integra el juez Eduardo Riggi, quien aparece mencionado en una escucha telefónica como presunto destinatario del pago ilegal.
Seis integrantes de la Unión Ferroviaria y un barrabrava de Defensa y Justicia están procesados por el crimen de Ferreyra. Los procesamientos fueron dictados por la jueza Wilma López y revisados por la Cámara del Crimen. Los abogados defensores intentaron un paso más, la Cámara de Casación, para mejorar la situación de sus clientes. La Casación es el máximo tribunal penal del país. Allí está, desde ayer, el expediente.
Como una premonición, este diario adelantó en su edición de ayer, en la que dio cuenta de la investigación sobre el presunto tráfico de influencias que salpica también al ex juez federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, que la causa por el crimen de Ferreyra tenía como “destino probable” la sala que integra el camarista Riggi. Por la tarde, el sitio oficial de información de la Corte Suprema confirmó la presunción y aportó como dato nuevo que la designación de esa sala fue consecuencia de un “sorteo realizado el 26 de enero último por la Secretaría General del tribunal”. Ayer mismo, cuando Tribunales estaba bajo un virtual estado de conmoción por la revelación de Tiempo Argentino, el expediente fue enviado al tribunal integrado por los jueces Liliana Catucci, Wagner Gustavo Mitchell y, justamente, Eduardo Riggi.
El martes pasado se conoció la resolución que rechazó las excarcelaciones de cuatro de los siete detenidos por aquellos episodios de octubre de 2010. Sin embargo, el fallo había sido firmado casi una semana antes: tiene fecha 27 de enero. Es decir que cuando fueron rechazadas las excarcelaciones de los detenidos Cristian Favale, Gabriel Sánchez, Pablo Díaz y Jorge González, ya estaba establecido que después de la feria judicial debía intervenir la sala de Riggi. ¿Para resolver qué?: un “recurso de queja” presentado por tres de los siete detenidos contra el procesamiento por el “homicidio agravado” de Ferreyra.
Los tres detenidos son Favale, Sánchez y Guillermo Uño. Este último fue defendido en los comienzos de la causa por el ex juez Aráoz de Lamadrid, quien renunció después del procesamiento de primera instancia y no volvió a participar, por lo menos oficialmente, en el expediente. Aráoz de Lamadrid fue secretario letrado del juez Riggi. Y en una escucha telefónica aparece, según interpretan los investigadores, ofreciendo sus servicios para obtener un fallo favorable a las excarcelaciones, justamente en el tribunal que integra su ex jefe.
“No sé nada de este tema, no he hablado con nadie”, respondió Riggi ayer ante la consulta sobre la investigación en la que aparece mencionado, aunque por el momento sin ningún grado de compromiso ni duda sobre su honorabilidad. Fuentes del área de seguridad del gobierno nacional no ocultaban su ofuscación por el estallido de la causa por presunto tráfico de influencias. “Es como abortar una entrega controlada de drogas: nunca se sabrá quién debía recibirla. Esto es lo mismo: se frenó la maniobra antes de llegar al final. Nunca sabremos si efectivamente le iban a ofrecer algo a Riggi, ni qué hubiera hecho este en ese caso”, explicó la fuente, que reconoció que “como están las cosas”, el camarista “está limpio”.
Fuente:TiempoArgentino