La conexión entre las dictaduras de la región en la década de 1970
Brasil investigará la participación de sus militares en el Plan Cóndor
Publicado el 14 de Febrero de 2011
La ministra de Derechos Humanos de Brasil, Maria do Rosario, anunció ayer que, por primera vez en el país, el Estado investigará el rol jugado por la dictadura (1964-1985) en el Plan Cóndor de coordinación represiva entre los gobiernos militares del Como Sur. “Es esencial que se esclarezcan las circunstancias del plan terrorista estatal y tomen estado público las conexiones de las dictaduras sudamericanas”,en el macabro plan de detenciones, torturas, asesinatos y desaparición de personas, dijo la ministra en una entrevista con la agencia Ansa.
Las acciones conjuntas de los regímenes de facto del Cono Sur “deben ser de conocimiento de los brasileños, argentinos, chilenos, paraguayos, uruguayos, todo el continente debe estar unido y hermanado en la construcción de la democracia y la búsqueda de la verdad y de la justicia”, agregó Do Rosario, quien destacó que la política de Derechos Humanos de la Argentina es “un ejemplo a emular por todos los gobiernos democráticos” de la región y del mundo.
La ministra señaló que la presidenta Dilma Rousseff, ex militante de una organización guerrillera que combatió al régimen y fue detenida y torturada durante tres años, tiene un “compromiso especial” con las investigaciones sobre violaciones a los Derechos Humanos. Durante el Plan Cóndor, creado en noviembre de 1975 por las dictaduras de la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay Chile, militantes argentinos y uruguayos fueron presos y desaparecidos en Brasil, así como activistas brasileños corrieron la misma suerte en la Argentina.
Organismos militares y de inteligencia de Brasil y la Argentina ya habían coordinado acciones terroristas antes de 1975. Así ocurrió con la desaparición del argentino Ernesto Gurría, ocurrida en 1974 en el sur de Brasil. Durante la reciente visita de Rousseff a Buenos Aires –en la que mantuvo un encuentro con las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo– los familiares de Gurría le pidieron que se investigara el hecho y se identificara a los responsables. Esa reu-nión de Rousseff con las Madres y las Abuelas “fue algo maravilloso, porque Dilma tiene un compromiso con el derecho a la verdad como elemento para fortalecer la democracia”, destacó la ministra.
Otro episodio aún no esclarecido es el de la muerte en territorio argentino, en diciembre de 1976, del ex presidente constitucional brasileño João Goulart. “La presidenta tiene que cumplir con su trayectoria y empeñarse en aclarar exactamente cómo fue que la red del Cóndor, que allí contó con ayuda de la Argentina y los Estados Unidos, mató a mi padre”, había dicho el mes pasado João Vicente, el hijo mayor del ex mandatario. Cuando se la consultó sobre el caso Goulart y el de otros desaparecidos, Do Rosario señaló que una de las prioridades del nuevo gobierno es la creación de una Comisión de la Verdad que se encargará de investigar los crímenes de la dictadura.
“Tenemos que ir al encuentro del período más difícil de nuestra historia, que fue el de la dictadura para ganarnos el derecho a la verdad y la memoria, no como una actitud de revancha sino como un derecho de todos los brasileños a conocer su historia”, dijo la ministra. En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por no haber investigado los casos de desaparición y mantener vigente la Ley de Amnistía sancionada en 1979 por el dictador Joao Baptista Figueiredo.
“En Brasil, la transición (hacia la democracia) fue así, tranquila y sin esclarecer las violaciones a los Derechos Humanos, a nosotros, como militantes de izquierda, nos hubiese gustado que tuviéramos respuestas como las que dio la Argentina”, donde los represores fueron juzgados y condenados, “pero aquí tenemos otra trayectoria” dijo Do Rosario con un cierto dejo de resignación. Luego mencionó la “agilización” en la búsqueda de cuerpos de desaparecidos. Rou-sseff creó un grupo especial para trabajar en la identificación de restos hallados en San Pablo.
A partir de hoy, la Policía Federal y el Instituto Médico Legal de San Pablo comenzarán a trabajar en un centro de investigaciones montado para analizar los huesos encontrados en dos cementerios de la región paulista.
Fuente:TiempoArgentino
EL DRAMA DE LOS CARIOCAS QUE DEBEN OPTAR POR LOS JEFES NARCOS O UNA POLICIA CORRUPTA
Río y la elección de dos tipos de criminal
Desde que la policía y los militares ocuparon las favelas, disminuyó la violencia en la ciudad, pero se multiplicó en las urbes que integran la zona metropolitana. Bajó el comercio de drogas, pero los precios no subieron.
Por Eric Nepomuceno
Opinión
Desde Río de Janeiro
Los medios brasileños son pródigos en loas a la política de seguridad pública implantada en Río, con la ocupación policial de las favelas controladas por las muy violentas pandillas de narcotraficantes. La omisión de las autoridades a lo largo de décadas permitió la implantación de un poder paralelo de parte de los traficantes. Y, a la vez, favoreció la creación de milicias parapoliciales, que disputan espacio y poder con los traficantes, en otra vertiente de la violencia. Ahora se trata de recuperar esas áreas.
La acción de ocupar favelas, instalar puestos policiales –las llamadas UPPs (por Unidad de Policía Pacificadora)– integrados por tropas recién egresadas de las academias y, por lo tanto, todavía inmunes, al menos en teoría, a la corrupción generalizada que impera en las fuerzas de seguridad de Río, es recibida como una iniciativa redentora. La prensa y la televisión no cesan de exaltar la “nueva vida” en esas comunidades. Y se destaca, además, la súbita valorización inmobiliaria de los barrios vecinos a la favela, como si a raíz de un solo gesto de las autoridades el perdido paraíso fuese súbitamente recuperado, hasta en lo que se refiere a los negocios.
La ocupación, el pasado fin de año, del inmenso conglomerado de favelas llamado de Complexo del Alemán, donde viven alrededor de 400 mil personas, pasó a ser una especie de modelo de acción conjunta, ya que a las fuerzas policiales se sumaron tropas del Ejército, Marina y Aeronáutica. Ahora mismo, en la primera semana de febrero, la policía de Río ocupó, otra vez en acción con las Fuerzas Armadas, nueve favelas entre el centro y la zona sur de la ciudad, vanagloriándose de no haber disparado un solo tiro.
El gobernador Sergio Cabral anuncia, entre oleajes de sonrisas, que el modelo implantado en Río puede –y debe– ser exportado para todo el país, principalmente a las grandes ciudades dominadas por la violencia, es decir, todas.
Bueno, hasta ahí, al menos en las apariencias, vamos bastante bien. En los cerros ocupados por las UPPs ya no se avistan traficantes fuertemente armados dictando órdenes y consignas, ya no se amenaza más a los moradores, y hasta turistas deslumbrados se aventuran por las encuestas para ver de cerca cómo viven los exóticos habitantes de esas comunidades y conocer sus hábitos pintorescos.
Sería conveniente, en todo caso, bucear un poquito en lo que se avista, para que se vea lo que está por detrás –y por debajo– de toda esa maravilla. Para empezar, esas ocupaciones “pacíficas” son precedidas por amplios avisos del gobierno. Parece razonable: si los narcos no salen, habría enfrentamientos violentísimos, con riesgo desmesurado para la población. Sin embargo, nadie explica por qué, al salir calmadamente, las pandillas no son debidamente monitoreadas para que se sepa hacia dónde se dirigen. Si disminuyó la violencia en las favelas ocupadas –y ése es un dato indiscutible–, en las ciudades que integran la zona metropolitana de Río esa misma violencia se multiplicó. Bajó el comercio ostensible de drogas, pero los precios no subieron: la oferta y la demanda se mantuvieron como antes. ¿Por qué? ¿Dónde se vende la cocaína, la marihuana y el crack que antes tenían verdaderas ferias en los cerros ahora ocupados?
Otro punto: ¿cómo depender de una policía notablemente corrompida? El Complejo del Alemán, luego de la expulsión de los narcotraficantes, pasó a ser para sectores de la policía –tanto la civil, investigadora, como la militar, de prevención y represión– una inmensa mina de oro. Las distancias abisales entre lo que se incautó en drogas, armas, joyas y dinero y lo que efectivamente se depositó en la Justicia hicieron la alegría de los corruptos. Se sabe que grandes depósitos siguen siendo descubiertos, pero no se oye una palabra sobre esas aprehensiones. Un capitán del Ejército y todo su pelotón fueron detenidos por haber robado de dinero a aparatos de aire acondicionado, de motos a aparatos de televisión, a los habitantes del Alemán.
Ahora mismo, el pasado viernes, una operación de la Policía Federal desmanteló a una pandilla especializada en desviar armas y drogas aprehendidas en operaciones y venderlas a sus antiguos dueños o a otros grupos rivales. La “Operación Guillotina” detuvo a 37 policías civiles y militares, entre ellos el comisario Carlos Antonio Oliveira, subjefe de la Policía Civil de Río hasta hace pocos meses, y que ahora ocupaba la subsecretaría municipal de Orden Público.
Está bien, los del Ejército fueron detenidos, el comisario y parte de su bando están en la cárcel. Pero conviene meditar: con esos ejemplos –que no pasan de ser exactamente ejemplos de una desviación endémica en las fuerzas de seguridad pública de Brasil–, pues, ¿en quién confiar? El comisario Oliveira logró crear una fuerte estructura de desvío de armas, drogas y dinero y, al mismo tiempo, un eficaz sistema de información, que consistía en avisar a los jefes del tráfico de operaciones que serían deflagrados para detenerlos (nada que ver con la instalación de UPPs: Oliveira avisaba de acciones aisladas, cuyo objetivo eran determinados jefes). Es notorio que el caso de Oliveira no es único. ¿Cómo explicar que nadie haya hecho nada hasta ahora? El actuó a lo largo de por lo menos dos años. ¿Dónde estaban sus superiores? ¿Hacia dónde miraban?
Bueno, con una policía así, no queda a los moradores de Río otra alternativa que decidir a quién temer más, si a los criminales con o sin uniforme.
Fuente:Pagina12
Dilma refuerza la búsqueda de desaparecidos durante la dictadura
El gobierno de la presidenta brasileña Rousseff, ex presa política durante la dictadura militar (1964-1985), creó un grupo de trabajo especial para identificar cuerpos de presuntos desaparecidos en Sao Paulo.
14.02.2011
Dilma anuncio la busqueda de desaparecidos en Sao Paulo
El gobierno de la presidenta brasileña Rousseff, ex presa política durante la dictadura militar (1964-1985), creó un grupo de trabajo especial para identificar cuerpos de presuntos desaparecidos en Sao Paulo.
La Policía Federal y el Instituto Médico Legal paulista comenzarán a trabajar conjuntamente mañana en un centro de investigaciones creado para analizar restos sin identificación de los cementerios Vila Formosa y Perus, ambos en Sao Paulo.
En su discurso de toma de posesión, el primero de enero, la presidenta brasileña anunció su intención de esclarecer los cerca de 400 asesinatos y desapariciones de opositores al régimen militar. Jeferson Evangelista Correa, jefe de medicina forense de la Policía Federal, dijo que los trabajos serán realizados con la mayor celeridad posible
Rousseff integró una organización armada que enfrentó a la dictadura y permaneció presa por casi tres años en un reclusorio de Sao Paulo, donde fue torturada.
Los peritos de la Policía Federal concentrarán su tarea en el hallazgo de los cuerpos de los guerrilleros Sergio Correa y Virgilio Gomes da Silva, ambos pertenecientes a la Alianza Nacional Libertadora.
Fuente:ElArgentino
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