EL CASO DE LOS REPRESORES QUE SOÑABAN CON SER PENSIONADOS.

El caso de los represores que soñaban con ser pensionados
Año 3. Edición número 143. Domingo 13 de febero de 2011
Por Martin Soler

La cúpula de la Concentración Nacional Universitaria en un acto junto al Secretario General de la CGT José Rucci.
Miembros de la CNU intentan cobrar como víctimas de la dictadura Vamos a ver cómo es el reino del revés”, escribió María Elena Walsh, pero su interminable talento y creatividad no se hubieran atrevido a tanto. Ex integrantes de la represora agrupación Concentración Nacional Universitaria, conocida por su sigla CNU, reclaman ser beneficiarios de pensiones graciables que fueron creadas para víctimas del terrorismo de Estado y presos políticos en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar. La mayoría de los trámites fueron abiertos por ex CNU La Plata en la sede central del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires.
Carlos Indio Castillo, Gustavo Guillermo Fernandez Supera, Juan José Pipi Pomares, David Mazzota, Ricardo Calvo, Alfredo Ricardo Lozano, Martín Sánchez y Juan Pedro Asaro formaron parte de la patota civil con apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado que secuestró, torturó y mató a estudiantes universitarios de la facultades de La Plata y Mar del Plata.
Uno de los casos más resonantes de los que participaron data del 1 de mayo de 1976. Ese día fueron a secuestrar al militante de la Juventud Peronista Juan Carlos Vaca Arias, quien años más tarde sería electo concejal de La Plata.
Aquel día El Vaca se encerró en el baño de su casa, mientras su padre policía, llamaba por teléfono para pedir ayuda. De inmediato llegó un grupo del Ejército Argentino y detuvo a la patota parapolicial.
Ya encerrados, los CNU compartieron durante horas su aislamiento con un joyero de apellido Gozzolino “a quien saludaron efusivamente”, recordaron testigos de ese encuentro carcelario. ¿De dónde se conocían?, fue la pregunta que surgió enseguida. La respuesta fue inmediata. El joyero y la patota estuvieron “presos” porque formaban parte de la misma banda que saqueaban las casas de las víctimas y Gozzolino era el encargado de reducir las alhajas que eran robadas en los operativos clandestinos.
“Ese botín se lo repartían entre los muchachos y no participaban a las autoridades militares”, recordó un testigo de esos hechos ante la consulta de Miradas al Sur.
La pensión graciable que reclaman estos represores, mencionados sistemáticamente por víctimas del terrorismo oficial que declararon en los Juicios por la Verdad en la Cámara Federal de La Plata, está contemplada en la ley provincial 14.042, que en su artículo primero establece los lineamientos para acceder al beneficio.
El texto deja en claro que la pensión es “para aquellas personas que durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 hayan sido condenadas por un Consejo de Guerra, puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y/o privadas de su libertad, como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, por causas políticas, gremiales o estudiantiles”. Es decir, ellos se consideran víctimas del terrorismo de Estado, pero las miles de víctimas que los identificaron en los procesos abiertos, los ubicaron de pie al costado de las camas metálica donde, picana en mano, sometían a los secuestrados.
Según consta en la base de datos pública del IPS el primero en pedir el beneficio fue Fernández Supera, DNI 10.931.940. Su número de expediente es 21557-159354-10. Con la cabecera de playa desplegada y sin que nadie advirtiera su oscuro pasado, llegaron el resto de las solicitudes.
Veinte días después fue el turno de Pipi Juan José Pomares, DNI 11.231.988, con expediente número 21557-160943-10. En la actualidad Pomares milita junto al precandidato a intendente de La Plata Carlos Castagneto. Hace años fue el esposo de la ex concejala del PJ platense, Susana Gordillo. El 25 de 3 junio de 2010 se presenta David Claudio Mazzota, DNI 4.643.878, y abrió el expediente 21557-161306-10.
Diez días después se sumó Ricardo Oscar Calvo, DNI 8.364.084. Su expediente lleva el número 21557-162238-10.
A los dos días, es decir el 7 de julio siempre de 2010, fue el turno de Martín Osvaldo Sánchez, DNI, 10.270.711 y su guardó en su agenda el comprobante 21557-162649-10.
Pero la familia burocrática se siguió agrandando y el 15 de julio del año pasado se caratularon dos nuevos legajos. El 21557-163621 pertenece a Carlos Ernesto Indio Castillo, DNI 10.558.985; mientras que el 21557-163629-10 fue para Alfredo Ricardo Boxer Lozano, DNI 7.618.459.
Tres meses después, en Mar del Plata, el hoy librero y procesado Juan Pedro Asaro o Piero, DNI 8.614.982, se presentó a reclamar el beneficio cuyo expediente lleva el número 21557-172235-10.
Los expedientes fueron girados a la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense que dirige la Madre de Plaza de Mayo, Sara Derotier de Cobacho. Los asesores legales del organismo, advertidos de esta situación, frenaron los expedientes por entender que no corresponde el pago de la pensión graciable que, con descuentos, asciende a $2.800 y que, en caso de muerte del titular, puede ser heredada por esposas, concubinas, hijos menores de edad e hijos incapacitados para el trabajo.
Salvo Pomares, el resto hizo distintos planteos en la justicia Civil y en el Contencioso Administrativo, sin resolución hasta el momento.
La Concentración Nacional Universitaria fue una organización de extrema derecha a la que se le atribuyen múltiples asesinatos de militantes de izquierda. Nació en 1968 como una fuerza de choque dentro de la derecha peronista y en 1975 se convirtió en una herramienta del Estado. Dependía de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de las Fuerzas Armadas y tenía contactos dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense.
El caso CNU es un ejemplo contundente del rol de civiles que colaboraron con el terrorismo de Estado a quienes el corto brazo de la Justicia hace pocos meses comenzó a buscarlos.
La sigla CNU utilizada por los represores es una deformación que proviene de la ley nacional 13031, que fue sancionada en el año 1947 durante el primer gobierno peronista que estableció la creación del Consejo Universitario Nacional.
Los creadores de este grupo de choque, para disfrazarse de peronistas, apelaron a esas tres emblemáticas letras que fueron el primer antecedente de la ley de Educación Superior.
Con identidad usurpada y luego distorsionada, comenzaron una larga serie de asesinatos, cuyo bautismo de fuego fue el 6 de diciembre de 1971, durante una asamblea en la entonces Universidad Provincial de Mar del Plata donde un grupo encabezado por Juan Carlos Gómez y Héctor Corres asesinó a la estudiante Silvia Filler.
Fuente:MiradasalSur

Los fachos
Año 3. Edición número 143. Domingo 13 de febero de 2011
Por Daniel Cecchini
Los integrantes de la Concentración Nacional Universitaria que hoy reclaman pensiones graciables no terminaron presos en la Unidad 9 por ser víctimas del terrorismo de Estado sino por formar parte de una patota paraestatal que actuaba tan por la propia que se hacía difícil de manejar incluso para los jefes militares que conducían la represión ilegal.
No se habían adaptado a los nuevos tiempos y estaban fuera de control. Después del golpe del 24 de marzo de 1976, la represión ilegal quedó completamente integrada al aparato terrorista del Estado. Ya no había lugar para bandas de asesinos que, si bien habían actuado con el visto bueno –y a veces por órdenes directas– del gobierno peronista de la provincia de Buenos Aires, tenían un grado de autonomía intolerable dentro del plan sistemático de exterminio diseñado por la dictadura.
Similar en la superficie, la metodología del terror de la CNU iba a contramano de la que había empezado a aplicar el terrorismo de Estado. La banda creada por el latinista Carlos Di Sandro –aunque nunca la condujo operativamente– sembraba el terror exhibiendo los cuerpos acribillados de sus víctimas, que en la zona de La Plata, por lo general, arrojaban a la vera del camino que une Villa Elisa con Punta Lara. Esa política de cuerpos iba a contramano de la imagen de orden que pretendían vender los dictadores, que en lugar de exhibirlos los desaparecía. Y si decidía mostrarlos, lo hacía fraguando falsos enfrentamientos.Sin embargo, si se los disciplinaba un poco, los asesinos de la CNU podían seguir siendo útiles. Y lo fueron, una vez presos.
La mayoría sus integrantes que ahora reclaman las pensiones por haber estado presos por razones políticas durante la dictadura fueron detenidos la noche del 1º de mayo de 1976, cuando intentaban secuestrar, en su casa, al militante de la Juventud Peronista de la República Argentina Juan Carlos Arias, a quien se la tenían jurada no tanto por diferencias ideológicas sino por cuestiones personales. Con la patota en la puerta de su casa, el padre de Arias, ex policía, llamó a la comisaría. Como la CNU estaba operando por la propia, no había zona liberada, de modo que pronto la bonaerense los tuvo rodeados. El Indio Castillo, que lideraba el grupo, se identificó. Es imposible saber cómo se hubiese resuelto la situación si, en ese momento, no hubiera llegado el Ejército, que los detuvo a todos, incluido Arias.
Cuatro días después, la lista de detenidos dada a conocer por el Ejército –y publicada por el diario El Día – incluía a 11 personas. Llamativamente, Arias no figuraba. El militante de la Jpra permaneció desaparecido seis meses en el centro clandestino que funcionaba en 1 y 60, de La Plata, hasta que fue liberado. Los integrantes de la CNU, en cambio, terminaron presos en la Unidad 9. Desde allí, según múltiples testimonios de ex presos, salieron decenas de veces para integrarse a los grupos de tareas del terrorismo de Estado.
Fuente:MiradasalSur